Juan José Miramontes Sarabia
Expediente 655/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan José Miramontes Sarabia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
...se ordena devolver al quejoso *****, el billete de depósito ****, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de******debidamente endosado a su favor, previa identificación a satisfacción de este juzgado de las personas que autoriza para tal efecto, dejándose asentada en autos la razón correspondiente.-...En el intelecto, que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí precisados.---Apercibido que de no recoger dicho billete de depósito dentro del plazo legal de dos años para su prescripción, se endosará a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el arábigo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.---Notifíquese.
- Principal
En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Gerardo Montejo Aragón, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, el secretario hace una relación de las constancias de autos, asimismo da cuenta con el escrito inicial de demanda. I. Relación de constancias. De conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Se abre el periodo de pruebas. El secretario hace constar y certifica que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda anexó constancias relativas al acto reclamado; asimismo, con las que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, las cuales constan en autos y aun cuaderno auxiliar por separado, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos. El secretario hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no efectuó pedimento. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar sentencia: Visto, para resolver el amparo 655/2019, promovido por Juan José Miramontes Sarabia, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, con sede en la Cruz, Sinaloa, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, en esta ciudad (foja 4), se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguiente: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, con sede en la Cruz, Sinaloa. Actuario adscrito a aquél. Acto reclamado: La orden de lanzamiento forzoso con el auxilio de la fuerza pública, dictado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 130/2017, en contra del demandado y de cualquier tercero que no tuviere contrato para acreditar el uso del bien inmueble, en virtud de que el primero no desocupó voluntariamente el bien inmueble motivo del litigio, conforme al convenio de transacción celebrado por las partes y elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; así como su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio. El ocho de octubre último, por razón de turno administrativo, este juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 443/2019 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, cuyos autos ya contenían las actuaciones procesales relativas a los informes justificados y emplazamientos de los terceros interesados; así que sólo se ordenó dar vista a la representante social adscrita e informar a las partes, y señalar hora y día para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, inició en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, de conformidad con los artículos 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, y el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado y reformado mediante su similar 12/2016. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La orden de lanzamiento forzoso con el auxilio de la fuerza pública, dictado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 130/2017, en contra del demandado y de cualquier tercero que no tuviere contrato para acreditar el uso del bien inmueble, en virtud de que el primero no desocupó voluntariamente el bien inmueble motivo del litigio, conforme al convenio de transacción celebrado por las partes y elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados porque las autoridades responsables aceptaron en los términos señalados en el considerando anterior (fojas 35 y 164 a 240); y el estado procesal del juicio de origen se corrobora con las actuaciones del expediente, con valor pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causas de sobreseimiento. Es improcedente el juicio, conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no demostró el agravio real, actual y directo, en sus derechos, el cual hace depender del contrato privado de arrendamiento de fecha cierta pero posterior incluso a la fecha de la orden de lanzamiento del bien inmueble motivo del litigio. El numeral referido establece textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Uno de los principios fundamentales del amparo es que éste sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico o legítimo, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. Es decir, sólo puede concurrir al amparo la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de sus derechos humanos, ya sea en defensa de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, más no así, quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. En el caso, conforme a los planteamientos de la demanda, y al derivar el asunto de un juicio civil, se trata del interés jurídico, porque se pretende defender la posesión de un inmueble en un procedimiento judicial. Para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, la existencia, cuando menos, de los siguientes elementos: a) Un derecho legítimo del justiciable sobre el bien tutelado; b) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); y c) La afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Tal causa de improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. El quejoso Juan José Miramontes Sarabia aduce ser titular de un derecho subjetivo (posesión) afectado de manera personal y directa con motivo de la orden de lanzamiento forzoso con el auxilio de la fuerza pública, dictado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 130/2017, al que no fue llamado, no obstante ser arrendatario del inmueble materia de la controversia en el juicio natural, del cual el juez responsable pretende desposeerlo, debido a que demandado Luis Alfredo Miramontes Lizárraga no desocupó voluntariamente el bien inmueble motivo del litigio, conforme al convenio de transacción celebrado por este último y la actora Ramona Salazar, elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Con base en lo anterior, los derechos sustantivos que el quejoso estima afectados son de audiencia y posesión, entonces, para acceder a la justicia constitucional debe acreditar la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal establecido en la legislación secundaria relativa, que genere, a su favor, el derecho a ser oído en el juicio de origen y el de posesión, ya sea en forma originaria o derivada, a efecto de que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a ser oído en juicio y poseer ese bien. Empero, el quejoso fue omiso en demostrar fehacientemente contar con el derecho subjetivo del cual aduce ser titular, mismo que, según refiere, se ve afectado por los actos reclamados a las autoridades responsables. Para acreditar que la actuación de las responsables viola su esfera de derechos, ofreció como medio de convicción el contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil diecinueve, celebrado por el quejoso Juan José Miramontes Sarabia, como arrendatario y Clara Sarabia Salazar, como arrendadora. Documento privado que fue presentado para su firma y ratificación ante el Notario Público número 182, con ejercicio en Elota, Sinaloa, el cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 19 a 24); de ahí que dicho documento tenga el valor de un documento con valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mencionado contrato adquirió fecha cierta en esta segunda fecha, el cinco de abril de dos mil diecinueve, pues de acuerdo al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que la fecha cierta de un documento privado se da en los siguientes casos: a) A partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; b) Desde la fecha en que se presente ante un fedatario público; y, c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; pues en cualquiera de los tres casos mencionados tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él, y con ello, certeza jurídica. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". (Registro 913162, [J]; 6a. Época; 3a. Sala; Ap. 2000; Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN; Pág. 180. 220.).) Así, un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado o celebrado el acto ante un notario público, en virtud de que dichos funcionarios están investidos de fe pública y cuentan con facultades para autenticar (en los términos que disponga la ley) los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su celebración o ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados y que éstos en su presencia reconocieron el contenido del documento; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en éste se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha de su cotejo. No obstante, dicho documento no es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, pues si bien ante notario, en cinco de abril de dos mil diecinueve hizo constar la comparecencia de quienes celebraron el contrato de arrendamiento que se describe en el acta relativa, quienes manifestaron ratificar el mismo, lo cierto es que dicho contrato adquirió certeza a partir de esa fecha en que el fedatario público lo tuvo a la vista para su ratificación. Mientras que, el juicio que dio origen al acto reclamado, y al que pretende ser llamado el quejoso, inició desde el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, con sede en la Cruz, Sinaloa, promovido por la Ramona Salazar contra Luis Alfredo Miramontes Lizárraga. Así, en lo que interesa a este amparo, se advierte que seguido el juicio por sus trámites legales, mediante auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, previa solicitud de la actora, el juez natural ordenó el lanzamiento forzoso con el auxilio de la fuerza pública, del ejecutado y de cualquier tercero que no tuviere contrato para acreditar el uso del bien inmueble. Por tanto, el contrato privado de arrendamiento exhibido es de fecha cierta pero posterior incluso a la fecha de la orden de lanzamiento del bien inmueble motivo del litigio. Orienta lo anterior, las jurisprudencias de la Primera Sala del Alto tribunal, siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." (Registro 2020978, [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 1a./J. 62/2019 (10a.); Publicación: 08 de Noviembre de 2019) "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." (Registro 164792, [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de 2010; Pág. 259. 1a./J. 21/2010) De ahí la ineficacia del contrato para demostrar su interés jurídico, pues tal documental no revela que al momento de la emisión del acto reclamado en este juicio, el quejoso fuera el legal poseedor del inmueble de trato; de suerte que no evidencia la existencia de un vínculo jurídico que lo posibilite para cuestionar aquel acto. De esta manera, la simple manifestación del impetrante del amparo y la documental que aporta a su libelo accionario, no resultan suficientes para acreditar el interés jurídico que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo; amén de que no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquélla, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso, ello se insiste, a la fecha de emisión de los actos impugnados. Sobre todo, porque como ya se destacó, el derecho que se protege a través del juicio constitucional es aquella posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada, luego, es claro que cuando se reclamen actos de desposeimiento y el impetrante de amparo se ostente como tercero extraño, para acreditar su interés jurídico debe demostrar no sólo la posesión material o tenencia simple del inmueble, sino también la causa generadora de esa posesión, para evidenciar si ésta es jurídica, originaria o derivada, según se disfrute en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título análogo, y que tales derechos los adquirió con antelación a los actos reclamados, lo que en el caso no aconteció a la fecha de emisión del acto reclamado. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis del Pleno del Alto tribunal, siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." (Registro 187733, [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Pág. 5. P./J. 1/2002) No es óbice para esta conclusión, el incidente de causahabiencia, promovido por la actora, pendiente de resolverse en el juicio de origen (fojas 204 a 209); empero, la eficacia del título aquí analizado tiene efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión, al margen de las cuestiones dilucidadas en dicho incidente ante la potestad común. Con todo, al no acreditarse la infracción al derecho aducido, respecto del inmueble que señala en su demanda de amparo; se actualiza la causal de improcedencia en principio invocada, motivo por el cual, lo procedente es el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento extensivo a su ejecución, ya que no se combate por vicios propios. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan José Miramontes Sarabia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad da cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, La Cruz, Sinaloa, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este juzgado de Distrito, en proveído de siete de noviembre del año en curso. Pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, once de noviembre de dos mil diecinueve. Resguardo de billete de depósito. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el billete de depósito N722231, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por el quejoso Juan José Miramontes Sarabia, por el cual dio cumplimiento con la garantía que exigió el citado órgano jurisdiccional, para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida. En atención a lo anterior, hágase entrega de dicho billete de depósito al secretario encargado para su guarda y custodia en la caja de seguridad de este juzgado de Distrito y regístrese en el libro correspondiente. Notifíquese.
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