Juan José Milanés Magallón

Expediente 1203/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1203/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan José Milanés Magallón

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre del presente año, en que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el dicho acuerdo ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que éste órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo de los numerales 21 y 22 del citado Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 34, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Destruible", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, y de otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1203/2023-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el promovente señala como autoridades responsables, al Juez de Control y Actuario adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, así como a diversas fiscalías especializadas dependientes de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Colima, y a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Sin embargo, a todas ellas atribuye, de manera general, la emisión y ejecución de una orden de aprehensión, detención, arraigo, comparecencia o presentación, lo que resulta jurídicamente incorrecto, ya que de conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política, en relación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de aprehensión o comparecencia constituyen una forma de conducción del imputado al proceso, que únicamente puede ser emitida por autoridad judicial, por lo que las facultades del Ministerio Público y elementos aprehensores se circunscriben a su solicitud y eventual ejecución, respectivamente. En ese sentido, resulta necesario que aclare dicha circunstancia a fin de fijar adecuadamente la litis constitucional y que la responsable se encuentre en aptitud de rendir su informe justificado. Prevención Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: 1. Aclare el acto que reclama de cada una de las autoridades responsables, en su calidad de ordenadoras o ejecutoras, en la inteligencia que las fiscalías no pueden dictar órdenes de aprehensión o comparecencia. 2. Indique si aquella orden, la hace derivar o no de la carpeta de investigación ***** que expuso en el apartado de hechos. En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser la precisión del acto reclamado y antecedentes parte de la demanda, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos u actos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a ******************** como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la Ley de Amparo; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberse solicitado expresamente. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso a de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario ********************. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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