JUAN JOSE MICHEL GUTIERREZ y Otros.

Expediente 1420/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1420/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • ROSA MARIA MICHEL GUTIERREZ y Otros.
  • JUAN JOSE MICHEL GUTIERREZ y Otros.
  • Azul Mayte Michel Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *****, así como el diverso quejoso *****, hubiesen recurrido el acuerdo dictado el veintitrés de agosto de la presente anualidad, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...III

  2. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso **** hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA; sin embargo, se reserva acordar lo conducente hasta que transcurra el citado término respecto de la diversa quejosa *****...III

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 24/08/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 23/08/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ MICHEL GUTIÉRREZ por propio derecho, así como la demanda de amparo promovida por AZUL MAYTE MICHEL GUTIÉRREZ por propio derecho; ambas demandas promovidas contra actos del Juez Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de las demandas de cuenta, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio para este juzgador que las demandas de amparo promovidas por JUAN JOSÉ y AZUL MAYTE, ambos de apellidos MICHEL GUTIÉRREZ, del índice de este órgano jurisdiccional, se promueven en contra de la misma autoridad y los mismos actos, que hacen consistir en: a) Los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitidos dentro de los autos del expediente 246/2009 del índice del Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ; y, b) La ejecución de los autos que anteceden. Por lo que resulta inconcuso que los precitados juicios, son promovidos por los mismos actos y contra la misma autoridad responsable por lo que con la finalidad de evitar se divida la continencia de la causa y que eventualmente se pudieran dar resoluciones contradictorias, con fundamento en el artículo precitado, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 1421/2016-IV-A al 1420/2016-III, por ser este último, el que se recibió primero en tiempo, por lo que deberán quedar en una misma pieza de autos. Sirve de apoyo, la Tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 395, del Tomo XIV, julio de 1994, al Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o mas juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no está en presencia del supuesto normativo que contemple el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admiten las demandas en sus términos; por lo que fórmese expediente, regístrese el juicio de amparo bajo el número 1420/2016-III y su acumulado 1421/2016-IV-A, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: c) Los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitidos dentro de los autos del expediente 246/2009 del índice del Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ; y, d) La ejecución de los autos que anteceden. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. 1. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve, BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ promovió juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ, el cual fue radicado en el Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, bajo el número 246/2009. 2. En quince de junio de dos mil nueve, en tal juicio, tuvo verificativo la lectura de testamento público abierto otorgado por J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ, en la cual la precitada promovente, aceptó y protestó el cargo de albacea conferido en dicho documento. 3. El resolución de veintisiete de enero de dos mil diez, se decretó la validez del referido testamento, en la que se reconoció a BLANCA, ROSA MARÍA, AZUL MAYTE y a JUAN JOSÉ, todos de apellidos MICHEL GUITIERREZ, EDGAR NAVARRETE MICHEL y MARCO ARIF ROSALES MICHEL, como legatarios de la aludida sucesión y como albacea a BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ. 4. Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diez, se ordenó formar el expediente número 260/2010, relativo a la segunda sección del multicitado juicio, denominada de inventarios y avalúos. 5. Por auto de trece de enero de dos mil diez, dictado en el precitado expediente, se aprobó el inventario y avalúo presentado por la albacea testamentaria. 6. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diez, se ordenó formar el expediente 6/2010, correspondiente a la tercera sección del juicio testamentario y, por auto de veinte de mayo del dos mil catorce, se aprobó la cuenta general presentada por la albacea de la aludida sucesión. 7. A través de auto de dieciséis de junio de dos mil catorce, se ordenó formar el expediente 6/2014, por lo que concernía a la cuarta sección del juicio en comento. 8. En quince de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva sobre la adjudicación y partición de los bienes hereditarios, la cual causo ejecutoria el veintiséis de febrero de dos mil quince. 9. En veintiocho de julio de dos mil quince, se ordenó engrosar las tres últimas secciones a la primera, por lo que a partir de entonces las cuatro secciones del juicio sucesorio testamentario, se siguieron bajo el número 246/2009. 10. Posteriormente, en diez de septiembre de dos mil quince el quejoso Juan José Michel Gutiérrez, designó al Notario Público número 10 en San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que ante él se otorgara la escritura de adjudicación parcial de bienes a su favor. Asimismo, en diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la quejosa Azul Mayte Michel Gutiérrez por conducto de su mandataria judicial, designo a dicho Notario para que de igual forma, elaborara la escritura de adjudicación parcial de bienes a su favor, que en copropiedad tiene con ROSA MARÍA MICHEL GUTIÉRREZ. 11. En proveído de uno de julio del actual, en atención a la petición realizada por el quejoso Juan José Michel Gutiérrez, se ordenó a la albacea BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ que se presentara ante el precitado Notario, a las doce horas del catorce de julio de dos mil dieciséis, por lo que una vez presente ante dicho Notario se negó a firmar la escritura correspondiente. Y por lo que atañe a la designación de Notario realizada por la quejosa, en mismo proveído, se tuvo por designado al mismo, y se apercibió a su copropietaria ROSA MARÍA MICHEL GUTIÉRREZ, que de no hacer manifestación alguna dentro del término de tres días se le iba a tener por conforme con el Notario propuesto por la quejosa. 12. Así las cosas, ante el no desahogo de vista por parte de la copropietaria ROSA MARÍA y ante la negativa de firmar la escritura por parte de la albacea BLANCA, ambas de apellidos MICHEL GUTIÉRREZ, los quejosos acusaron en rebeldía a las mismas y solicitaron al Juez responsable, firmara la escritura de adjudicación de forma respectiva a su favor, a lo que mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, determinó tal autoridad entre otras cosas, que atendiendo al texto de la sentencia final del respectivo juicio, se dejaban a salvo los derechos de los promoventes, para que realizaran su escrituración de acuerdo con dicha resolución, con el notario de su conveniencia, sin que fuera necesario que la albacea participara en la firma de escritura, ya que así había quedado establecido en dicha sentencia. 13. Finalmente, el ocho de agosto del presente año, el Juez natural, emitió un proveído en el que niega diversas peticiones solicitadas por la albacea BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ y reitera a la misma, que es innecesaria su participación en la firma de escritura correspondiente. Siendo estos dos últimos proveídos los que se combaten a través de esta vía de amparo. Ahora, los autos que combaten los quejosos a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia. Por lo tanto, éste juzgador considera que en el caso previo al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, a través de los cuales en esencia el Juez responsable determina en el primero de ellos que atendiendo al texto de la sentencia final del respectivo juicio, se dejaban a salvo los derechos de los promoventes, para que realizaran su escrituración de acuerdo con la sentencia emitida en juicio natural, con el notario de su conveniencia, sin que fuera necesario que la albacea participara en la firma de escritura, ya que así había quedado establecido en dicha sentencia y, por lo que atañe al segundo que ellos al establecer nuevamente que era innecesaria la participación de tal albacea en la firma de escritura correspondiente. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fojas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, los quejosos bien pudieron intentar contra los autos combatidos, el recurso de revocación de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, los solicitantes de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, al ser partes dentro del juicio sucesorio testamentario de donde emanan los actos reclamados, debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, los quejosos de mérito debieron de agotar el recurso ordinario que les otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la revocación, de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dice: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra dichos actos que por esta vía se reclaman, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar dichos acto de autoridad que se pretenden combatir en esta vía de amparo, y que en el caso concreto, lo constituyen los autos de veinte de julio y ocho de agosto del actual. De ahí que, se insiste, al estar legitimados en el juicio natural, los aquí quejosos debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, agotar el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que los quejosos no se encontraban en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al ser partes en el juicio de origen, y no se encontraban en ninguna de las hipótesis establecidos en los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto, se deja en evidencia que los peticionarios de amparo, previó a la interposición del juicio de amparo indirecto, debieron de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debieron interponer recurso de revocación respecto de los actos de que se tratan, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser partes en el juicio natural. Finalmente, resulta conveniente invocar la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tienen como domicilios para oír y recibir notificaciones los que refieren; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ARACELI HERRERA SUMANO, por lo que respecta a la autorización por parte la quejosa AZUL MAYTE MICHEL GUTIÉRREZ. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, en relación con el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...III

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 25/08/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 23/08/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE Y ACUMULACIÓN DE AUTOS Vista la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ MICHEL GUTIÉRREZ por propio derecho, así como la demanda de amparo promovida por AZUL MAYTE MICHEL GUTIÉRREZ por propio derecho; ambas demandas promovidas contra actos del Juez Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro. Ahora, antes de proveer sobre la admisión de las demandas de cuenta, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio para este juzgador que las demandas de amparo promovidas por JUAN JOSÉ y AZUL MAYTE, ambos de apellidos MICHEL GUTIÉRREZ, del índice de este órgano jurisdiccional, se promueven en contra de la misma autoridad y los mismos actos, que hacen consistir en: Los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitidos dentro de los autos del expediente 246/2009 del índice del Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ; y, La ejecución de los autos que anteceden. Por lo que resulta inconcuso que los precitados juicios, son promovidos por los mismos actos y contra la misma autoridad responsable por lo que con la finalidad de evitar se divida la continencia de la causa y que eventualmente se pudieran dar resoluciones contradictorias, con fundamento en el artículo precitado, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 1421/2016-IV-A al 1420/2016-III, por ser este último, el que se recibió primero en tiempo, por lo que deberán quedar en una misma pieza de autos. Sirve de apoyo, la Tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 395, del Tomo XIV, julio de 1994, al Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o mas juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no está en presencia del supuesto normativo que contemple el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admiten las demandas en sus términos; por lo que fórmese expediente, regístrese el juicio de amparo bajo el número 1420/2016-III y su acumulado 1421/2016-IV-A, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: Los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitidos dentro de los autos del expediente 246/2009 del índice del Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ; y, La ejecución de los autos que anteceden. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve, BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ promovió juicio sucesorio testamentario a bienes de J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ, el cual fue radicado en el Juzgado Cuarto del Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, bajo el número 246/2009. En quince de junio de dos mil nueve, en tal juicio, tuvo verificativo la lectura de testamento público abierto otorgado por J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE MICHEL o ANA MARÍA GUITERREZ FEREGRINO o J. ANA MARÍA GUTIÉRREZ FEREGRINO o ANA MARÍA GUTIÉRREZ VDA. DE M. o ANA MARÍA GUTIÉRREZ, en la cual la precitada promovente, aceptó y protestó el cargo de albacea conferido en dicho documento. El resolución de veintisiete de enero de dos mil diez, se decretó la validez del referido testamento, en la que se reconoció a BLANCA, ROSA MARÍA, AZUL MAYTE y a JUAN JOSÉ, todos de apellidos MICHEL GUITIERREZ, EDGAR NAVARRETE MICHEL y MARCO ARIF ROSALES MICHEL, como legatarios de la aludida sucesión y como albacea a BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ. Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diez, se ordenó formar el expediente número 260/2010, relativo a la segunda sección del multicitado juicio, denominada de inventarios y avalúos. Por auto de trece de enero de dos mil diez, dictado en el precitado expediente, se aprobó el inventario y avalúo presentado por la albacea testamentaria. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diez, se ordenó formar el expediente 6/2010, correspondiente a la tercera sección del juicio testamentario y, por auto de veinte de mayo del dos mil catorce, se aprobó la cuenta general presentada por la albacea de la aludida sucesión. A través de auto de dieciséis de junio de dos mil catorce, se ordenó formar el expediente 6/2014, por lo que concernía a la cuarta sección del juicio en comento. En quince de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva sobre la adjudicación y partición de los bienes hereditarios, la cual causo ejecutoria el veintiséis de febrero de dos mil quince. En veintiocho de julio de dos mil quince, se ordenó engrosar las tres últimas secciones a la primera, por lo que a partir de entonces las cuatro secciones del juicio sucesorio testamentario, se siguieron bajo el número 246/2009. Posteriormente, en diez de septiembre de dos mil quince el quejoso Juan José Michel Gutiérrez, designó al Notario Público número 10 en San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que ante él se otorgara la escritura de adjudicación parcial de bienes a su favor. Asimismo, en diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la quejosa Azul Mayte Michel Gutiérrez por conducto de su mandataria judicial, designo a dicho Notario para que de igual forma, elaborara la escritura de adjudicación parcial de bienes a su favor, que en copropiedad tiene con ROSA MARÍA MICHEL GUTIÉRREZ. En proveído de uno de julio del actual, en atención a la petición realizada por el quejoso Juan José Michel Gutiérrez, se ordenó a la albacea BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ que se presentara ante el precitado Notario, a las doce horas del catorce de julio de dos mil dieciséis, por lo que una vez presente ante dicho Notario se negó a firmar la escritura correspondiente. Y por lo que atañe a la designación de Notario realizada por la quejosa, en mismo proveído, se tuvo por designado al mismo, y se apercibió a su copropietaria ROSA MARÍA MICHEL GUTIÉRREZ, que de no hacer manifestación alguna dentro del término de tres días se le iba a tener por conforme con el Notario propuesto por la quejosa. Así las cosas, ante el no desahogo de vista por parte de la copropietaria ROSA MARÍA y ante la negativa de firmar la escritura por parte de la albacea BLANCA, ambas de apellidos MICHEL GUTIÉRREZ, los quejosos acusaron en rebeldía a las mismas y solicitaron al Juez responsable, firmara la escritura de adjudicación de forma respectiva a su favor, a lo que mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, determinó tal autoridad entre otras cosas, que atendiendo al texto de la sentencia final del respectivo juicio, se dejaban a salvo los derechos de los promoventes, para que realizaran su escrituración de acuerdo con dicha resolución, con el notario de su conveniencia, sin que fuera necesario que la albacea participara en la firma de escritura, ya que así había quedado establecido en dicha sentencia. Finalmente, el ocho de agosto del presente año, el Juez natural, emitió un proveído en el que niega diversas peticiones solicitadas por la albacea BLANCA MICHEL GUTIÉRREZ y reitera a la misma, que es innecesaria su participación en la firma de escritura correspondiente. Siendo estos dos últimos proveídos los que se combaten a través de esta vía de amparo. Ahora, los autos que combaten los quejosos a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia. Por lo tanto, éste juzgador considera que en el caso previo al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir los autos de veinte de julio y ocho de agosto de dos mil dieciséis, a través de los cuales en esencia el Juez responsable determina en el primero de ellos que atendiendo al texto de la sentencia final del respectivo juicio, se dejaban a salvo los derechos de los promoventes, para que realizaran su escrituración de acuerdo con la sentencia emitida en juicio natural, con el notario de su conveniencia, sin que fuera necesario que la albacea participara en la firma de escritura, ya que así había quedado establecido en dicha sentencia y, por lo que atañe al segundo que ellos al establecer nuevamente que era innecesaria la participación de tal albacea en la firma de escritura correspondiente. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fojas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, los quejosos bien pudieron intentar contra los autos combatidos, el recurso de revocación de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, los solicitantes de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, al ser partes dentro del juicio sucesorio testamentario de donde emanan los actos reclamados, debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, los quejosos de mérito debieron de agotar el recurso ordinario que les otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la revocación, de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dice: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra dichos actos que por esta vía se reclaman, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar dichos acto de autoridad que se pretenden combatir en esta vía de amparo, y que en el caso concreto, lo constituyen los autos de veinte de julio y ocho de agosto del actual. De ahí que, se insiste, al estar legitimados en el juicio natural, los aquí quejosos debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, agotar el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Resulta aplicable la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que los quejosos no se encontraban en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al ser partes en el juicio de origen, y no se encontraban en ninguna de las hipótesis establecidos en los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto, se deja en evidencia que los peticionarios de amparo, previó a la interposición del juicio de amparo indirecto, debieron de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debieron interponer recurso de revocación respecto de los actos de que se tratan, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser partes en el juicio natural. Finalmente, resulta conveniente invocar la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tienen como domicilios para oír y recibir notificaciones los que refieren; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ARACELI HERRERA SUMANO, por lo que respecta a la autorización por parte la quejosa AZUL MAYTE MICHEL GUTIÉRREZ. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, en relación con el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal..III

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