Juan José Medina Marrodan
Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
Partes del expediente
- Juan José Medina Marrodan
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ... y en atención a su contenido, téngasele interponiendo inconformidad en contra del proveído del catorce de octubre de dos mil veinte, a través del cual se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente asunto. En tales condiciones, remítase vía correo electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, y en su oportunidad remítase versión digital del ocurso de agravios, a través del apartado de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, instrúyase a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE 2.0), para que dé acceso al expediente electrónico a la Superioridad que conozca del recurso que se tramita. Finalmente, conforme a la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de la superioridad que realizado un análisis integral del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que previamente a la interposición del medio de impugnación que ahora se tramita, se substanció un recurso de queja registrado con el toca R.A. 388/2019 del índice del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el tres de los actuales entró en vigor el "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19" aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1° y 2°, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En ese sentido, vista la demanda de cuenta promovida por Juan José Medina Marrodan, en contra de actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14, 16, 123, apartado B, fracción XIII, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado Federal con el expediente 635/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del presente asunto, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisado el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer del presente asunto, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." DAMIAN DAVILA OCADIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.af.39 14/01/22 14:20:41 TRÁMITE 3 En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. En el caso, es menester señalar el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." La norma constitucional transcrita establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al disponer que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo especifica esas reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan el que de una manera pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra imperante importancia en el juicio de amparo. En la especie, si bien los actos reclamados consisten en la omisión de actualización respecto del alta del quejoso en la Guardia Nacional a partir del dieciséis de febrero de dos mil veinte; así como la omisión de pago de sus percepciones al formar parte de dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; lo cierto es que conlleva implícito una ejecución al haberse realizado la transición del quejoso de la Policía Federal a la Guardia Nacional, cuyo efectos se materializaron en el estado de Hidalgo donde se desempeña como Oficial, tal como se corrobora en la foja tres del escrito inicial de demanda, tal como se advierte de la reproducción siguiente: Lo anterior cobra especial relevancia, pues evidencia que es en el Estado de Hidalgo, donde se está materializando el acto reclamado, de ahí que deba considerarse competente para conocer del presente asunto al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar, por ser el sitio en donde la parte promovente sufre los efectos y las consecuencias del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, del tomo 217-228 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro se transcribe: "COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ." De igual manera, es aplicable al caso, la tesis aislada visible en la página 90, tomo 205-216, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento.". Del mismo modo, cobra aplicación la tesis aislada consultable en la página 41, tomo 205-216 cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto se transcriben: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida Juan José Medina Marrodan, en contra de actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades. Por tanto, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, por conducto de la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en la misma materia y sede, acompañando los autos originales del expediente en que se actúa, con ocho copias de la demanda y un anexo, con el objeto de informarle la presente resolución y para que tenga a bien determinar sobre la procedencia de la demanda en cuestión, solicitándole cordialmente que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo y comunique su determinación. Ahora bien, con copia certificada del ocurso de cuenta y demás constancias indispensables que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse en relación con la suspensión del acto reclamado que se solicita, en tanto que dicho acto no se ubica en los supuestos previstos en el artículo 48 de la Ley de Amparo, es decir, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso ordinal artículo 126 de la ley en cita, como son, aquellos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Sirve de apoyo por el criterio que sostiene, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA." Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refirió la parte promovente en el proemio del ocurso que se acuerda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refiere. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito1, en el entendido que su obtención dependerá de las cargas de trabajo que existan en el órgano judicial, debiendo, en todo caso, solicitarse con la debida anticipación para programar su entrega. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Finalmente, no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE.
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