Juan José Martínez Pérez

Expediente 685/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
685/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
  • Juan José Martínez Pérez
  • Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Villahermosa. Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 7/2022, de su índice, así como el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. De la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor determinó: "PRIMERO. Se declara que existe imposibilidad material y jurídica para cumplir con la ejecutoria dictada en el amparo indirecto 685/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco.". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar y efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, intégrese el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional; por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas. Por tanto, Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De igual forma, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, del disco compacto digital (DVD), que fue remitido por dicha autoridad a fin de apoyar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido vía sise, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el incidente de imposibilidad para materializar los efectos de la concesión constitucional - varios 7/2022, de su índice, en el que se ordenó formar el expediente correspondiente y admitió a trámite dicho incidente; de lo que se toma conocimiento para los fines legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se desprende que el término concedido a las partes en auto de seis de julio de los actuales, para que desahogaran la vista del informe al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, transcurrió: a) Para el Fiscal de la Federación adscrito del once al trece de julio de dos mil veintidós. b) En tanto que para la autoridad tercero interesado Gobierno del Estado de Tabasco representado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, del doce al catorce del mes y año en curso. c) Para el quejoso JUAN JOSÈ MARTÌNEZ PÉREZ, del trece al quince de julio del presente año. d) Para la autoridad tercero interesada Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, del catorce al dieciocho de la presente anualidad. e) Finalmente, para la autoridad tercero interesada Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, del diecinueve al veintiuno de julio del año en curso. Con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 de la Ley de Amparo, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de engrose treinta de abril de dos mil veintiuno, se negó y concedió el amparo y la protección de la justicia federal a JUAN JOSÈ MARTÌNEZ PÉREZ, contra el acto reclamado al Juzgado de Control y Oralidad de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. Resolución ante la cual se inconformó la parte quejosa y autoridad tercero interesada denominada Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, interponiendo recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien el nueve de julio de dos mil veintiuno admitió dicho recurso correspondiéndole el expediente de revisión 204/2021 de su índice. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, informando que la causa penal 673/2020 se acumuló a la 578/2020, instruida al quejoso Juan José Martínez Pérez; asimismo, el dieciocho de ese mismo mes y año, efectuó la audiencia de REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR modificándose la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, en la que se decretó su inmediata libertad. Luego, en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, remitiendo copia certificada del acta mínima de revisión de la medida cautelar de dieciocho de marzo de dos mil veintidós relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se decretó la inmediata libertad del quejoso. Mediante oficio PI-295 de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha, el Secretario del Tribunal de Alzada, remitió copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, del que se desprende que confirmó la sentencia recurrida en la cual por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "En mérito de lo anterior, el Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Deje insubsistente la determinacio´n de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020 de su i´ndice, en la que se le impuso a la parte quejosa prisio´n preventiva justificada con una temporalidad de dos an~os. En su lugar, de inmediato sen~ale nueva fecha para la celebracio´n de una audiencia donde por las razones destacadas en la presente sentencia con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada." Resolución que se tuvo por acordada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, requiriéndole al Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días hábiles. El auto de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2965-VII, signado por la Juez de Control de la Región Nueve Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós se celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez; y para corroborar lo anterior remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en esa fecha; en consecuencia, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la juez responsables por el término de tres días hábiles, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: "OCTAVO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Deje insubsistente la determinacio´n de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020 de su i´ndice, en la que se le impuso a la parte quejosa prisio´n preventiva justificada con una temporalidad de dos an~os. En su lugar, de inmediato sen~ale nueva fecha para la celebracio´n de una audiencia donde por las razones destacadas en la presente sentencia con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada. Lo anterior, en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la referida medida cautelar no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución o modificación de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa) y el debate sostenido por las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. En ese sentido, la autoridad responsable podrá conceder o negar la modificación de la medida, según se actualicen o no los requisitos respectivos y se sigan los lineamientos expuestos en la presente sentencia." De las constancias remitidas por la juez responsable, se advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez. ANÁLISIS EVALUATIVO Ahora, previo a realizar el análisis evaluativo se considera oportuno establecer que debe tomarse en cuenta que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, en tal virtud el artículo 214 de la Ley de Amparo, precisa que no se podrá archivar ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, o no exista materia para su ejecución, luego, es necesario que así se haya determinado por el órgano jurisdiccional en resolución fundada y motivada. Al respecto, resulta indispensable transcribir el artículo 196 de la Ley de Amparo (énfasis y subrayado añadido). "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Del análisis del aludido precepto, se advierten reglas específicas para que el órgano de amparo se pronuncie sobre la información y documentación proporcionada por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, pues de la lectura de los párrafos segundo y último del ordinal 196 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando un Juzgado de Distrito reciba informe de que la autoridad responsable ya cumplió la ejecutoria dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que dentro el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el referido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Además, señala que cuando se estime que la sentencia no está cumplida; no está cumplida totalmente o correctamente o resulta de imposible cumplimiento, el órgano judicial deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda (ya sea amparo directo o indirecto), siguiendo las pautas del referido artículo 193 de la Ley de Amparo Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es evidente que se trata de amparo indirecto; en tal virtud, se mandarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y éste notificará a las partes la radicación de dicho asunto, revisará el trámite del Juzgador Federal y dictará la resolución respectiva (si existe o no imposibilidad de cumplimiento). Desde esa perspectiva, debe tenerse presente que el Diccionario de la Lengua Española -Real Academia Española- establece que "imposibilidad" es la falta de posibilidad para existir o para hacer algo; inverosimilitud de que pueda ser o suceder algo, o contradicción evidente entre aquello de que se trata y las leyes de la moral y de la recta conciencia. Asimismo, dicho diccionario dispone que imposibilidad física es la absoluta repugnancia que hay para que exista o se verifique algo en el orden natural. De igual forma, el diccionario en consulta define la palabra jurídica como lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Así, acorde a los autos emitidos por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se decreta la imposibilidad material y jurídica para cumplir con el fallo protector, por las siguientes consideraciones. En el caso, la ejecutoria de amparo tenía como finalidad que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada por una temporalidad de dos años; y en su lugar señalar nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes. En esas condiciones, se aprecia lo siguiente: La Juez de Control de la Región Nueve Centro, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 2965-VII, informó que en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez; y para corroborar lo anterior remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en esa fecha. De lo anterior, se desprende que el audio y video que contiene la audiencia celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no satisface los efectos con los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que la juez responsable celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez Sin embargo, como se precisó, la ejecutoria dictada en este asunto tenía como finalidad que la autoridad responsable dejará insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada por una temporalidad de dos años; y en su lugar señalará nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes. En ese orden de ideas, este Juzgador considera que existe una imposibilidad material y jurídica para dar cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo dictada en este asunto. En esa tesitura, la imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de la sentencia de amparo está actualizada y justificada, debido a que la autoridad responsable no puede proveer lo relativo a dejar insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada con una temporalidad de dos años; y en su lugar señalar nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes; toda vez que la juez responsable en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez. Por lo tanto, los obstáculos presentados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo resultan insuperables, por lo que no es procedente aplicarles las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, pues no se comprobó que la autoridad responsable haya incurrido en una conducta contumaz o rebelde para acatar la ejecutoria. En consecuencia, se declara la IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Una vez debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, al observarse que el fallo protector en el presente juicio no puede cumplirse, por las razones referidas con antelación en el presente acuerdo; debiendo dejar en autos copia certificada de éste para que quede como cuaderno de memoria relativo a este juicio de amparo y hágase del conocimiento a las partes, esta determinación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, visible en la página 490 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.Vista la certificación de cuenta, se desprende que el término concedido a las partes en auto de seis de julio de los actuales, para que desahogaran la vista del informe al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, transcurrió: a) Para el Fiscal de la Federación adscrito del once al trece de julio de dos mil veintidós. b) En tanto que para la autoridad tercero interesado Gobierno del Estado de Tabasco representado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, del doce al catorce del mes y año en curso. c) Para el quejoso JUAN JOSÈ MARTÌNEZ PÉREZ, del trece al quince de julio del presente año. d) Para la autoridad tercero interesada Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, del catorce al dieciocho de la presente anualidad. e) Finalmente, para la autoridad tercero interesada Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, del diecinueve al veintiuno de julio del año en curso. Con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 de la Ley de Amparo, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de engrose treinta de abril de dos mil veintiuno, se negó y concedió el amparo y la protección de la justicia federal a JUAN JOSÈ MARTÌNEZ PÉREZ, contra el acto reclamado al Juzgado de Control y Oralidad de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. Resolución ante la cual se inconformó la parte quejosa y autoridad tercero interesada denominada Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, interponiendo recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien el nueve de julio de dos mil veintiuno admitió dicho recurso correspondiéndole el expediente de revisión 204/2021 de su índice. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, informando que la causa penal 673/2020 se acumuló a la 578/2020, instruida al quejoso Juan José Martínez Pérez; asimismo, el dieciocho de ese mismo mes y año, efectuó la audiencia de REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR modificándose la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, en la que se decretó su inmediata libertad. Luego, en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, remitiendo copia certificada del acta mínima de revisión de la medida cautelar de dieciocho de marzo de dos mil veintidós relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se decretó la inmediata libertad del quejoso. Mediante oficio PI-295 de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha, el Secretario del Tribunal de Alzada, remitió copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, del que se desprende que confirmó la sentencia recurrida en la cual por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "En mérito de lo anterior, el Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Deje insubsistente la determinacio´n de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020 de su i´ndice, en la que se le impuso a la parte quejosa prisio´n preventiva justificada con una temporalidad de dos an~os. En su lugar, de inmediato sen~ale nueva fecha para la celebracio´n de una audiencia donde por las razones destacadas en la presente sentencia con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada." Resolución que se tuvo por acordada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, requiriéndole al Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días hábiles. El auto de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 2965-VII, signado por la Juez de Control de la Región Nueve Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós se celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez; y para corroborar lo anterior remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en esa fecha; en consecuencia, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la juez responsables por el término de tres días hábiles, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: "OCTAVO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Juzgado de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Deje insubsistente la determinacio´n de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020 de su i´ndice, en la que se le impuso a la parte quejosa prisio´n preventiva justificada con una temporalidad de dos an~os. En su lugar, de inmediato sen~ale nueva fecha para la celebracio´n de una audiencia donde por las razones destacadas en la presente sentencia con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada. Lo anterior, en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la referida medida cautelar no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución o modificación de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa) y el debate sostenido por las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. En ese sentido, la autoridad responsable podrá conceder o negar la modificación de la medida, según se actualicen o no los requisitos respectivos y se sigan los lineamientos expuestos en la presente sentencia." De las constancias remitidas por la juez responsable, se advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez. ANÁLISIS EVALUATIVO Ahora, previo a realizar el análisis evaluativo se considera oportuno establecer que debe tomarse en cuenta que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, en tal virtud el artículo 214 de la Ley de Amparo, precisa que no se podrá archivar ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, o no exista materia para su ejecución, luego, es necesario que así se haya determinado por el órgano jurisdiccional en resolución fundada y motivada. Al respecto, resulta indispensable transcribir el artículo 196 de la Ley de Amparo (énfasis y subrayado añadido). "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Del análisis del aludido precepto, se advierten reglas específicas para que el órgano de amparo se pronuncie sobre la información y documentación proporcionada por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, pues de la lectura de los párrafos segundo y último del ordinal 196 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando un Juzgado de Distrito reciba informe de que la autoridad responsable ya cumplió la ejecutoria dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que dentro el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el referido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Además, señala que cuando se estime que la sentencia no está cumplida; no está cumplida totalmente o correctamente o resulta de imposible cumplimiento, el órgano judicial deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda (ya sea amparo directo o indirecto), siguiendo las pautas del referido artículo 193 de la Ley de Amparo Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es evidente que se trata de amparo indirecto; en tal virtud, se mandarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y éste notificará a las partes la radicación de dicho asunto, revisará el trámite del Juzgador Federal y dictará la resolución respectiva (si existe o no imposibilidad de cumplimiento). Desde esa perspectiva, debe tenerse presente que el Diccionario de la Lengua Española -Real Academia Española- establece que "imposibilidad" es la falta de posibilidad para existir o para hacer algo; inverosimilitud de que pueda ser o suceder algo, o contradicción evidente entre aquello de que se trata y las leyes de la moral y de la recta conciencia. Asimismo, dicho diccionario dispone que imposibilidad física es la absoluta repugnancia que hay para que exista o se verifique algo en el orden natural. De igual forma, el diccionario en consulta define la palabra jurídica como lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Así, acorde a los autos emitidos por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se decreta la imposibilidad material y jurídica para cumplir con el fallo protector, por las siguientes consideraciones. En el caso, la ejecutoria de amparo tenía como finalidad que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada por una temporalidad de dos años; y en su lugar señalar nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes. En esas condiciones, se aprecia lo siguiente: La Juez de Control de la Región Nueve Centro, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 2965-VII, informó que en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez; y para corroborar lo anterior remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada en esa fecha. De lo anterior, se desprende que el audio y video que contiene la audiencia celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no satisface los efectos con los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que la juez responsable celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez Sin embargo, como se precisó, la ejecutoria dictada en este asunto tenía como finalidad que la autoridad responsable dejará insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada por una temporalidad de dos años; y en su lugar señalará nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes. En ese orden de ideas, este Juzgador considera que existe una imposibilidad material y jurídica para dar cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo dictada en este asunto. En esa tesitura, la imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de la sentencia de amparo está actualizada y justificada, debido a que la autoridad responsable no puede proveer lo relativo a dejar insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 578/2020, de su índice, únicamente en la etapa en la que se impuso a la parte quejosa prisión preventiva justificada con una temporalidad de dos años; y en su lugar señalar nueva fecha para la celebración de una audiencia en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente a la medida cautelar solicitada en base a lo ya debatido por las partes; toda vez que la juez responsable en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar relativa a la causa penal 578/2020 y acumulada 763/2020, en la que se modificó la misma por una distinta de prisión preventiva a favor del referido quejoso, por lo que se ordenó la inmediata libertad del quejoso Juan José Martínez Pérez. Por lo tanto, los obstáculos presentados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo resultan insuperables, por lo que no es procedente aplicarles las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, pues no se comprobó que la autoridad responsable haya incurrido en una conducta contumaz o rebelde para acatar la ejecutoria. En consecuencia, se declara la IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Una vez debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, al observarse que el fallo protector en el presente juicio no puede cumplirse, por las razones referidas con antelación en el presente acuerdo; debiendo dejar en autos copia certificada de éste para que quede como cuaderno de memoria relativo a este juicio de amparo y hágase del conocimiento a las partes, esta determinación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, visible en la página 490 de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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