Juan José Márquez Martínez

Expediente 3277/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3277/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Juan José Márquez Martínez
  • Agente del Ministerio Público adscritro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de veinticinco de junio del año en curso, en el que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción normativa aquí combatida. Con el citado oficio y anexo, así como con el diverso comunicado y anexos recibidos en acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan José Márquez Martínez, cuyos efectos consistieron esencialmente, en lo siguiente: "a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo los recibos oficiales A 38972498, A 38972499, A 38972500 y A 38972501, emitidos a su nombre por la oficina recaudadora, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emitan otros recibos por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada)." Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable exhibiendo copias certificadas de diversas constancias, dentro de las que destaca el recibo de uno de julio de dos mil diecinueve, en el que se hizo constar que fue devuelta a la parte quejosa la cantidad autorizada a su favor, con motivo de lo ordenado en la sentencia de amparo. - En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de veinticinco de junio del año en curso, en el que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción normativa aquí combatida. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de veinticinco de junio del año en curso, en el que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción normativa aquí combatida. Con el citado oficio y anexo, así como con el diverso comunicado y anexos recibidos en acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan José Márquez Martínez, cuyos efectos consistieron esencialmente, en lo siguiente: "a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo los recibos oficiales A 38972498, A 38972499, A 38972500 y A 38972501, emitidos a su nombre por la oficina recaudadora, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emitan otros recibos por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada)." Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad responsable exhibiendo copias certificadas de diversas constancias, dentro de las que destaca el recibo de uno de julio de dos mil diecinueve, en el que se hizo constar que fue devuelta a la parte quejosa la cantidad autorizada a su favor, con motivo de lo ordenado en la sentencia de amparo. - En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de veinticinco de junio del año en curso, en el que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la fracción normativa aquí combatida. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.

  4. Principal

    Por este conducto se notifica la quejoso el auto de 27 de agosto de 2019, que dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de fecha veinticinco de junio del año en curso, en que desincorpora de la esfera jurídica de la parte quejosa, la fracción normativa aquí combatida, con lo que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, así como con el oficio y anexo recibidos en acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, haciéndole de su conocimiento que puede imponerse de los autos del presente juicio de amparo en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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