Juan José López Quinza
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan José López Quinza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ... Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan José López Quinza, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, tercer párrafo, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen: En efecto, del último precepto en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, dicha Sala del Máximo Tribunal del País precisó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación- y resulten ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, que explican la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio y que son acordes a la Ley de Amparo vigente, están contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Con fundamento en lo expuesto, en el caso, el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución penal, tampoco constituye un acto autónomo a dicho procedimiento ni es de imposible reparación porque no violenta directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada del juicio de origen. En efecto, dicho acto impugnado fue emitido dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia penal y no constituye la última resolución de dicho procedimiento dado que de la integridad de su escrito de demanda y su documento anexó se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Único Distrito Penal del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, en la causa penal JOE/087/2018, instruida en contra del aquí quejoso por el delito de despojo, cometido en agravio de la ahora tercera interesada; en el que requirió al aquí quejoso para que se internara voluntariamente en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, Morelos, entregara el bien inmueble objeto del delito, y para que pagara la multa, todo ello, lo cual fue objeto de condena en la sentencia derivada de dicha causa penal. Y se dice lo anterior, ya que aunque el quejoso anuncia también como acto destacado la violación a sus derechos humanos, en virtud de que no se le otorgó ningún sustitutivo penal, se advierte que dicha cuestión la hace depender de que el juez responsable haya emitido el acuerdo de referencia donde se le requirió su internamiento voluntario, de allí que dicha cuestión constituya un vicio intrínseco que le atribuye al acto destacado ya precisado -en el sentido de que considera ilegal el quejoso que al momento de emitir el acuerdo reclamado donde se le requirió su internamiento voluntario no se le haya concedido un sustitutivo penal-, y en todo caso constituye un concepto de violación. Además, de lo narrado por el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, corroborado con el documento que anexó, se advierte que el acuerdo reclamado fue emitido en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, la cual a su vez fue dictada en cumplimiento a la sentencia emitida por el juicio de amparo directo penal 569/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Y precisamente del análisis de dichas circunstancias, así como de la sentencia emitida en el juicio de amparo referido, la cual constituye un hecho notorio para este juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se advierte que el quejoso fue condenado en la sentencia emitida en el juicio penal respectivo, a las sanciones cuyo cumplimiento le son requeridas en el acuerdo que constituye el acto reclamado. En esos términos, el auto reclamado tiene como finalidad lograr la ejecución de la sentencia penal; y no hay con ello, pues, final en la ejecución ni autonomía a ésta, ni afectación directa a un derecho sustantivo que sea ajeno a la cosa juzgada del juicio de origen; al contrario, consiste en un requerimiento de cumplir la sentencia del juicio de origen, es decir el derecho que la cosa juzgada manda afectar. En ese sentido, como el propio quejoso expresa bajo protesta de decir verdad, el proveído reclamado se emitió después de concluido el juicio y constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia penal, que lleva por finalidad su cumplimiento; razón por la cual también se considera que dicho proveído reclamado no resulta ajeno a la cosa juzgada. Sin que sea jurídicamente factible reputarle al acto impugnado autonomía destacada en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que del escrito de demanda no se advierte que ya se haya cumplido la sentencia emitida en el juicio penal de origen, se haya declarado la imposibilidad de cumplimiento ni mucho menos se ha ordenado que se archive el asunto como total y definitivamente concluido, pero más importante aún que, precisamente, la pretensión del quejoso va encaminada a retrasar la ejecución ya emprendida por la autoridad responsable, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la afectación que produce el acto reclamado está ligada a la sentencia dictada en el juicio de origen, lo que no resulta ajeno a la cosa juzgada de dicho juicio. Y, si bien el proveído reclamado contiene un apercibimiento al quejoso en el sentido que de no internarse voluntariamente en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, Morelos, se podría girar una orden de reaprehensión en su contra, y en el sentido de que de no entregar el bien inmueble que fue objeto del delito de despojo, se procedería a su restitución coactiva a favor de la víctima, debe decirse que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,4 en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de dicho ordenamiento legal,5 en razón de que dichos apercibimientos, en este caso en particular -porque no se desconoce que puede haber casos de excepcionales- no producen una afectación actual, real y directa, sino que constituye un acto futuro e incierto, además de que de la misma forma derivan de la cosa juzgada, a fin de dar cumplimiento a la sentencia. En efecto, ello es así pues, la materialización de esa conminación requiere dos cosas: 1) la actuación de la persona apercibida en sentido contrario a lo que les ha sido conminado; y 2) que la autoridad constate tal hecho y determine hacer efectivo el apercibimiento decretado. De modo tal que como no hay certeza de que el acto se produzca, y su posible existencia depende del modo de actuar de la persona conminada, tal actuación debe considerarse como futura y de realización incierta. Sobre esa base, en la determinación reclamada, la autoridad responsable, a fin de garantizar que el quejoso se interne en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, Morelos, y entregue a la víctima el inmueble cuya desposesión fue objeto del delito de despojo en cuestión, utilizó una medida consistente en un apercibimiento, para cumplimentar la sentencia respectiva. Con base en lo anterior, en este caso, el apercibimiento reclamado no produce una afectación actual, real y directa ni constituye un acto de molestia, por ser un acto futuro e incierto, en la medida de que la imposición de la medida de apremio eventualmente no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado incurra o no en la conducta que le fue impuesta, así como que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; de ahí que no sea inminente. Y se dice lo anterior, en la inteligencia de que incurrir o no en la conducta que les fue impuesta al quejoso sí depende de su actividad, puesto que al ser imputado de un delito y encontrarse en libertad, puede decidir si acude o no a internarse al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, Morelos, y si entrega o no el bien inmueble objeto del ilícito a la víctima. Debido a lo anterior, es que sí depende de la voluntad del quejoso el cumplir con lo ordenado por la autoridad responsable. Y en todo caso si tuviera alguna cuestión que hacer valer en relación a una imposibilidad jurídica o material, para internarse en el Centro Penitenciario de Atlacholoaya, Morelos o entregar dicho bien inmueble, eso puede hacerlo valer ante la autoridad responsable, quien tendrá que analizar los argumentos de la parte quejosa y pronunciarse al respecto; de modo que, nótese, la realización del apercibimiento aún depende de la voluntad del quejoso, de la defensa que al respecto oponga y de que la autoridad decida ejercer o no esa atribución. Y todo esto viene a reforzar que el apercibimiento reclamado no es inminente, sino futuro e incierto; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.)6, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018828, rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior, aunado a que el reclamó sustancial del quejoso en su demanda, es propiamente y exclusivamente respecto a que se le debió haber otorgado un sustitutivo penal en dicho acuerdo, y en todo caso, dicho tópico también constituye una cuestión que debe hacer valer ante el juez de ejecución relativo, mediante el medio de defensa respectivo, pues el acuerdo reclamado, exclusivamente está ejecutando la sentencia, en la que se negaron sustitutivos penales al quejoso, determinación pues, que en cuanto a éste tema, deriva directamente de la cosa juzgada. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que intenta el promovente, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que el acto reclamado es uno emitido en ejecución de sentencia en contra del cual no procede el juicio de amparo. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado se aprecia la naturaleza del acto reclamado. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, por autorizados en los términos que indica a las personas que menciona. 5).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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