Juan José López Hernández
Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan José López Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 53836/2021, en el que se hizo de su conocimiento que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo causó ejecutoria, asimismo, se devolvieron las constancias que integran juicio de nulidad ********************de su índice. De lo anterior, esta juzgadora toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes.
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Se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido....Se requiere a la autoridad responsable en los términos que se indican, apercibidas en términos de ley....
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Ciudad de México; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibida la razón actuarial que antecede, en la que León Carlos Campos Juárez, Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, así como el diverso auto de dieciocho de octubre pasado, por los motivos asentados en la misma. Atento a ello, así como al estado procesal que guarda el presente asunto, túrnese de nueva cuenta los presentes autos a la sección de Actuaría de este órgano jurisdiccional, a fin de que se practiquen dichas notificaciones por medio de lista, así como las subsecuentes y aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.80 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página 3217, materia común, que dice: "NOTIFICACIONES EN AMPARO. DEBEN PRACTICARSE POR LISTA EN CASO DE QUE NADIE ACUDA AL LLAMADO DEL ACTUARIO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL O PROCESAL. Es obligación del quejoso, del tercero perjudicado y de la persona extraña al juicio, señalar domicilio para oír notificaciones en el lugar de residencia del órgano de control constitucional, el cual es distinto a otros que pueden tener las partes, aunque sea susceptible de coincidir con ellos, pues el domicilio es el lugar que la ley considera como sede jurídica de la persona, y se manifiesta en distintas clases (real, legal, etcétera), entre las que se encuentra el domicilio electivo o convencional, que es ficticio, creado por la declaración de voluntad, y desempeña el mismo papel que el domicilio real en la esfera para la que se le ha designado. Por ello, se utiliza lo mismo para determinar el lugar donde debe cumplirse una obligación, que para someter a los tribunales de ese sitio un litigio entre las partes, o bien, para practicar requerimientos y notificaciones, postrera función ésta en que el domicilio designado se convierte en sede jurídica de la persona para los efectos del procedimiento, y también es conocido como domicilio procesal. Satisfecha por las partes la obligación de designar esa clase de domicilio ante el órgano jurisdiccional, éste queda vinculado por esa manifestación de voluntad para efectos de la práctica de notificaciones personales, sin poder aplicar la mecánica consistente en realizar las notificaciones por conductos diversos a la comunicación domiciliaria. Ese deber de ordenar la realización de notificaciones personales en el domicilio señalado por el interesado, es correlativo al derecho que se otorga a éste de elegir cuál será el lugar de referencia, y que está imbricado en la necesidad de que haga esa designación so pena de atenerse a las reglas de las notificaciones no personales. Los elementos de ese binomio (derecho de designación-deber de atender a tal señalamiento), cuando son conjuntados, dan la pauta para excluir tanto la práctica de las notificaciones personales a través de medios diversos a la comunicación domiciliaria, como la realización de las mismas en lugar distinto al indicado por la parte interesada. Será la infracción injustificada al deber de notificar en el domicilio procesal la que dará lugar a la nulidad, por lo que no cabe excepción alguna a esa obligación, habida cuenta que ello entrañaría su incumplimiento, y le haría perder su razón de ser, a saber, permitir a las partes que elijan el domicilio que estimen adecuado para constituir la sede jurídica de sus personas a los efectos del proceso. La facilidad dada al quejoso, al tercero perjudicado y a la persona extraña al juicio para designar el lugar que mejor convenga a sus intereses a efecto de oír notificaciones, junto con la diferenciación efectuada en cuanto a los distintos tipos de domicilios, lleva a entender que el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, exija la práctica de la notificación personal en el domicilio señalado por el propio interesado, y que establezca la forma de proceder en caso de que la persona buscada se abstenga de esperar al actuario que le ha citado previamente, a saber, la notificación por lista, que se constituye así en la opción frente al rechazo, independientemente de la causa que lo genere, a entender personalmente la diligencia de notificación, y, al mismo tiempo, en una consecuencia para quien tuvo la oportunidad de elegir el domicilio que mejor le conviniera, sin que, a pesar de ello, atendiera el citatorio entregado en ese lugar. Esa consecuencia, por similar razón, también debe producirse en el supuesto de que el domicilio resulte inexacto, dado que el interesado contó con la facilidad de designar el sitio que le pareciera adecuado y proporcionó uno de forma contraria a la veracidad, empero, esa solución se da porque no es posible encontrar a la persona buscada ante el dato tergiversado, lo cual equivale a la ausencia de designación prevista en la fracción II del mismo artículo 30, y no como en el primer caso en que ninguna imposibilidad existió para hallar a quien deba ser notificada, sino actitud omisa de ésta para permitir la práctica de la diligencia. Idénticos fundamento y motivos sirven para afirmar que la hipótesis consistente en que ninguna persona acude al reiterado llamado del actuario, por la razón que sea (voluntaria o involuntaria), resulta equiparable a la falta de designación del domicilio por parte del interesado, en tanto se impide el objetivo de lograr una efectiva notificación mediante el otorgamiento a las partes de la facultad de señalar el lugar que mejor le acomode, y por tanto, queda liberado el órgano jurisdiccional de su correlativa obligación de ordenar y realizar las notificaciones personales únicamente en el domicilio designado. Al quedar relevado de dicho deber, es factible, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, que el Juez de amparo ordene la notificación por lista, y así la practique el actuario, previo cumplimiento de éste a la mecánica descrita en la fracción I del mismo precepto, asentando razón de la forma en que vio impedida la realización de la diligencia." Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa el presente proveído, el diverso de dieciocho de octubre, así como la sentencia de seis de octubre de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Leticia Durán Góngora, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretaria C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado emana de un tribunal administrativo, cuya residencia es dentro del ámbito territorial en el que se ejerce jurisdicción, acorde con el contenido de los artículos 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, expedido por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se precisa que de una lectura íntegra de la demanda de amparo y demás constancias que obran en el expediente y atento a la causa de pedir, se tiene como acto reclamado destacado el siguiente: La resolución interlocutoria dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 23590/20-17-07-5, que declaró procedente pero infundado el recurso de reclamación hecho valer en contra del proveído de veinticinco de febrero de este año, en el que se tuvo por contestada la demanda. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se atribuye a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consistente en la resolución interlocutoria dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 23590/20-17-07-5; lo anterior, toda vez que así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado, por conducto de su Magistrada Presidenta. Certeza del acto reclamado que además se corrobora con las constancias que integran el citado juicio de nulidad, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, quedando de manifiesto la emisión de la citada resolución reclamada (Tomo de Pruebas I). Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en la página 231 del tomo VI, materia común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: «INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto». CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable en apoyo a su informe justificado, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, este último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». «ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .». De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que a tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/20041, cuyo rubro dispone: «ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a octubre de dos mil cuatro, Novena Época, tomo XX, página 9. Del texto: "Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO». Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." personalidad de la parte actora y la hubiese declarada fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado «predominante» o «superior»; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/20012, del epígrafe: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO». Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, octubre de dos mil cuatro, página 9. Cuyo texto reza: "Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de «imposible reparación». La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de «actos de imposible reparación», dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)3, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39. Del texto: "Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible Justicia de la Nación, de rubro: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)». Atento a lo anterior, y a efecto de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia en cuestión, conviene traer a cuenta -en lo que importa- algunos antecedentes del caso, mismos que se desprenden de las ya valoradas constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada del sumario de origen: 1. Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinte, Juan José López Hernández demandó del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades, la nulidad del acuse de declaración de impuestos federales para el ejercicio 2018, con número de operación 200030668400. reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." 2. El ocho de diciembre de ese año, la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de la autoridad demandada, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 3. Mediante acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno se tuvo por contestada la demanda de nulidad, por apersonado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, se admitieron las pruebas ofrecidas, y se ordenó dar al demandante (quejoso) un término de cinco días hábiles a fin de que formulara alegatos. 4. En contra de dicho proveído, el aquí impetrante interpuso recurso de reclamación, en el cual, en esencia alegó que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre la ampliación de demanda, lo cual -señaló- trastoca las formalidades esenciales del procedimiento. 5. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por interpuesto dicho medio de impugnación, mismo que fue resuelto el treinta de abril siguiente, en el sentido de confirmar el auto impugnado, al considerar procedente pero infundada dicha reclamación. Tal determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, es necesario mencionar que el quejoso acudió a demandar el amparo y protección de la justicia federal, al estimar que con la resolución de la autoridad responsable se transgreden las formalidades esenciales del procedimiento, al negarle el derecho para ampliar su demanda de nulidad. Pues bien, una vez esbozados los antecedentes del caso, se estima que la determinación reclamada no constituye un acto que cause un perjuicio de imposible ANA LUISA CORTÉS NARVÁEZ reparación, en razón que sólo produce efectos intraprocesales que pueden repararse si se obtiene sentencia definitiva favorable, ya que la misma se encuentra directamente vinculada con la tramitación del juicio de origen, lo que se traduce en una violación adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento y no genera a las partes una afectación material; habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de una resolución definitiva desfavorable. De lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionada al desenlace de la litis de origen; por lo que, en su caso, será la resolución que ponga fin al mismo, en atención al sentido se determinará si el acto pudiera ocasionarle algún agravio y contra la misma podrá hacer valer los medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto establece. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la tesis 3a. 434, sustentada por la Tercera 4 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del, Materia Común, página 291, que en el texto establece: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: «EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL». Aunado a ello, conviene mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 189/2008-SS, en primer lugar, determinó abandonar el criterio sustentado en la jurisprudencia 2ª./J. 48/2001, de rubro: «DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA».5 Posteriormente, sostuvo que si bien el Magistrado Instructor del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al recibir la contestación de la demanda de nulidad, debe dictar un acuerdo sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda, lo cierto es que la ampliación de esta última constituye una formalidad esencial del procedimiento que no debe ser negada y, por tanto, es un derecho para el particular que se encuentra establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, paralelamente, una obligación del Magistrado Instructor de respetar ese derecho, por lo que no se requiere que de una manera expresa se otorgue a la parte actora el referido plazo al encontrarse su derecho consignado en la propia ley. 5 Visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 368. Registro digital: 188621. Materias(s): Administrativa. Luego, el Alto Tribunal tuvo a bien dilucidar si el hecho de no dar oportunidad a la parte actora de producir la ampliación de la demanda una vez que se ha hecho su contestación, ya sea de manera expresa, o bien, cerrando la instrucción previamente al transcurso del plazo para formular ésta, constituye o no violación procesal y si ésta debe o no trascender al sentido del fallo. Al respecto, la Segunda Sala estableció que conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada, los Tribunales Colegiados de Circuito, al percatarse de la existencia de violaciones a las leyes del procedimiento derivadas de la aplicación del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deben valorar si aquéllas trascienden o no al sentido del fallo. De ahí que -señaló- cuando el Magistrado Instructor no respeta el plazo para la ampliación de la demanda, constituye una violación a las reglas del procedimiento, solo que no puede considerarse de manera invariable que la misma trascienda al sentido del fallo, pues bastará con que la parte actora se ubique en alguno de los supuestos de excepción a su derecho para la ampliación de la demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que no trascienda al sentido del fallo, esto es, cuando: se impugne una negativa ficta; contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, se den a conocer en la contestación; en los casos previstos en el artículo 16 de la ley en cita; con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22 de dicho ordenamiento, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda; y la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Tales razonamientos se encuentran recogidos en la jurisprudencia 2a./J.70/2009, del epígrafe: «DEMANDA DE NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA, ES UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO CUYA TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO DEBE EXAMINARSE EN EL AMPARO DIRECTO».6 En ese tenor, si en el caso la parte quejosa se duele primordialmente de la negativa de la autoridad responsable de otorgarle el derecho para ampliar su demanda, es evidente que no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos; máxime que, conforme al criterio sustentado por el Máximo Tribunal, constituye una violación al procedimiento reclamable en amparo directo. No obsta a lo anterior el hecho de que la contradicción de tesis invocada, se haya referido al contenido del numeral 158 de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que dicho precepto es esencialmente idéntico al 6 Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 139. Materias(s): Administrativa. Registro digital: 167270. Del texto: "Si bien es cierto que el indicado precepto establece el derecho del actor en el juicio de nulidad para ampliar su demanda una vez contestada, y que tal ampliación constituye una formalidad esencial del procedimiento cuyo ejercicio no debe negarse de plano, también lo es que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver en el juicio de amparo directo la legalidad del respeto a dicho plazo por parte del Magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe analizar si la violación al procedimiento impugnada trasciende o no al resultado del fallo, en términos de los supuestos de excepción al derecho de la parte actora para ampliar su demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". texto contenido en la fracción I del artículo 170 del ordenamiento legal vigente. Conforme a lo expuesto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta aplicable al caso en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en la medida que no se opone a las disposiciones consignadas en la norma señalada. Bajo esa línea argumentativa, al no estar frente a un acto de imposible reparación, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el presente asunto, la suscrita está jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación relacionados con dicho acto, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de literalidad: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio». Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra la autoridad y por el acto precisado en el considerando segundo, atento a los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso; por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y terceras interesadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma la licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la licenciada Ana Luisa Cortés Narváez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
PERSONAL; Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, contra la autoridad y por el acto precisado en el considerando segundo, atento a los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo.
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