Juan José López Ávila

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Juan José López Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó el amparo; asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión pues se concedió la medida cautelar; por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general; requiérase al quejoso Juan José López Ávila y tercero interesado Germán Fuentes Pedraza, para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger dichos papeles; apercibidos que de no hacerlo dentro de ese plazo, se procederá a depurarlos. Dada la naturaleza del presente proveído, se ordena notificar personalmente al tercero interesado Germán Fuentes Pedraza, en el domicilio ubicado en Avenida Lomas Verdes número 113, Lomas Verdes, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 5121, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, las copias certificadas del expediente 630/2020 que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese; por lista de estrados a la parte quejosa y, personalmente al tercero interesado.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 115/2021-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el uno de marzo siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Juan José López Ávila, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez y Ejecutor del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por los actos que se indicarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de dos de marzo de la anualidad en curso este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo que registró con el número 115/2021-VI, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados pretenden ejecutarse dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - La falta de emplazamiento al juicio especial de desahucio 630/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, residente en Naucalpan de Juárez, Estado de México, promovido por Germán Fuentes Pedraza, por conducto de sus apoderados legales, contra Luis Sevillano Cordera. - La orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en calle Bejucos, número 20, fraccionamiento Lomas de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53200, así como su ejecución. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades Juez y Ejecutor del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con asiento en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les reprochan, razón por la que se tiene acreditada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable ordenadora, consistentes en copias certificadas del juicio especial de desahucio 630/2020; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso precepto 6°, ambos de la Ley de Amparo. La fracción XII del aludido numeral 61 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso, por lo que el concepto de "afectación al interés jurídico" se ha determinado como condición imprescindible para la procedencia del juicio constitucional, de tal manera que en caso de no ser demostrada aquélla torna improcedente el juicio de amparo promovido. Tal concepto presupone la existencia precisamente de éste último, entendido como un derecho legítimamente tutelado que se afecta o lesiona con la emisión del acto reclamado. A fin de comprender con mayor claridad qué se entiende por interés jurídico para los efectos del amparo, es pertinente tomar en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia I. 1o.A.J/17 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que estatuye: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Entonces, para solicitar la protección de la Justicia de la Unión el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad. Del criterio trascrito se advierte lo siguiente: 1. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 2. El acto de autoridad debe de incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. 3. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan el medio para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En el caso concreto, el impetrante se ostenta como tercero extraño al juicio especial de desahucio 630/2020, radicado ante el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, residente en Naucalpan de Juárez, Estado de México, promovido por Germán Fuentes Pedraza, por conducto de sus apoderados legales, contra Luis Sevillano Cordera, lo que se encuentra acreditado con las documentales públicas allegadas por el juez responsable, de las que se evidencia que efectivamente Juan José López Ávila no participa en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte procesal en el mismo ni tampoco se advierte que haya comparecido a defender algún derecho en esa instancia. Por ello, a fin de lograr que se analice la constitucionalidad de los actos que reclama, debe, en primer término, acreditar que las actuaciones emanadas de tal juicio ocasionan en su esfera jurídica un agravio actual, inmediato y directo esto es, afectar su interés jurídico. Ahora, el agraviado aduce esencialmente que la autoridad responsable omitió emplazarlo al juicio de origen, lo que implica la violación en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre este tópico, es importante apuntar que cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural y es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, como acontece en la especie, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que, como se dijo, el amparista es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, por lo que no le causa ningún agravio personal y directo. Sustenta esta determinación la jurisprudencia VI.2o.C. J/254 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Por otro lado, si el quejoso se duele de la orden de lanzamiento del inmueble localizado en calle Bejucos, número 20, fraccionamiento Lomas de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53200, así como de su ejecución, resulta necesario que demuestre tener un derecho jurídico tutelado sobre dicho bien raíz; es decir, es menester que acredite contar con un derecho de propiedad o posesión, lo que no acontece en la especie. Efectivamente, el amparista únicamente exhibió como prueba para acreditar su interés jurídico el original del contrato de arrendamiento celebrado el quince de mayo de dos mil diecinueve entre Luis Sevillano Cordera (arrendador) y Juan José López Ávila (arrendatario), sobre el referido inmueble. Sin embargo, tal documental es insuficiente para demostrar la propiedad, posesión o un derecho jurídicamente tutelado, ya que, si bien no fue objetada, no debe otorgársele valor probatorio pleno, pues esta regla no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, toda vez que para tener eficacia probatoria requiere ser de fecha cierta, característica que no posee el documento de referencia. Ello obedece a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, determinó que un documento privado será de fecha cierta: i) a partir del día que se celebra ante fedatario público, es decir cuando es redactado por él, o bien, a partir de la ratificación de su contenido firma ante su presencia; ii) cuando sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad; o, iii) a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Entonces, si el contrato exhibido por la quejosa en la presente instancia constitucional no reúne ninguno de esos requisitos, es evidente que dicha documental no es apta para conferir certidumbre plena al acto ahí plasmado, pues con ella lo único que se acredita es que Luis Sevillano Cordera y Juan José López Ávila externaron su voluntad en realizar ese pacto de voluntades, pero no la fecha en que ello aconteció. De lo que se sigue que el contrato de arrendamiento sin fecha cierta carece de eficacia para acreditar el interés jurídico del peticionario de amparo como posesionario del bien raíz materia del litigio generador de los actos combatidos, pues si bien constituye un contrato traslativo de dominio, ese tipo de convenios deben contener fecha cierta a efecto de que se constate si el derecho defendido nació antes del acto que se combate; certeza que se tiene una vez que acontece alguna de las hipótesis antes mencionadas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que establece: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ahí que, la documental analizada únicamente genera un indicio, pero no justifica que el agraviado sea poseedor o tenga un derecho jurídicamente tutelado sobre el inmueble que defiende, toda vez que dicha documental, por sí misma, no es suficiente para demostrar su interés jurídico en el presente juicio, al no haber sido robustecida con otros medios de convicción. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, concatenada con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de ese cuerpo normativo. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a la autoridad responsable ejecutora, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En virtud del sobreseimiento decretado no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis invocadas por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... Notifíquese por lista al quejoso y a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de seis de mayo del año en curso, para que exhibiera una copia más de su interrogatorio al tenor del cual debía ser examinados los testigos; transcurrió sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado acuerdo, por lo que se tiene por desierta la prueba testimonial ofrecida.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual informa que declaró firme el proveído de cinco de abril del año en curso, en el que desechó el recurso de queja 42/2021; de lo que se toma conocimiento.

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