Juan José López Arvizu

Expediente 57/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
57/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Juan José López Arvizu

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se negó la protección constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se negó la protección constitucional, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 57/2020, promovido por xxxxxx; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 1 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado al siguiente día, Juan José López Arvizu, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La constante abstención de llevar a cabo la notificación a la parte demandada dentro del expediente 2294/2019/L1/CC/IND, en las fechas siguientes: Acta de Abstención del 20 de agosto del 2019 que obra a fojas 14 del expediente; Acta de abstención del 08 de octubre del 2019 que obra a fojas 25 del expediente; Acta de abstención del 03 de diciembre del 2019 que obra a fojas 34 del expediente." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte (fojas 12 a 18), esta potestad registró la demanda de amparo con el número 57/2020-I, y se desechó la misma, en virtud de que se consideró que se actualizaba de manera manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inconforme con tal determinación el quejoso interpuso recurso de queja (fojas 20 a 25); del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, bajo el número 10/2020, recurso que se declaró fundado (fojas 35 a 61). En cumplimiento a dicha resolución de queja, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado son actos que carecen de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: Las actas de notificación de veinte de agosto, ocho de octubre y tres de diciembre, todas de dos mil diecinueve, levantadas en el juicio laboral 2294/2019/L1/CC/IND, las que contienen abstenciones de emplazar a la parte demandada en el citado juicio; como consecuencia de ello la dilación en la administración de justicia. Las autoridades responsables son: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en representación de la citada junta (foja 68), así como el actuario de su adscripción (foja 133), aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos impugnados, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la junta responsable, consistentes en copias certificadas relativas al juicio ordinario laboral 2294/2019/L1/CC/IND; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio ordinario laboral tramitado ante una autoridad del trabajo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado ante la junta responsable el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, Juan José López Arvizu, por derecho propio, demandó, en la vía ordinaria laboral, de Transportes Chhita sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de la indemnización constitucional por despido injustificado (fojas 71 a 75). 2. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, registró la demanda con el número 2294/2019/L1/CC/IND; y requirió al promovente para que aclarara varios puntos de su escrito inicial de demanda (foja 76). 3. Cumplida que fue la prevención, por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda laboral; se ordenó el emplazamiento de la demandada y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 79). 4. Mediante diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable levantó constancia de abstención en virtud de que no localizó el domicilio de la demandada ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1, colonia Bugambilias de Celaya, Guanajuato, por lo que solicitó a la parte actora proporcionara mayores datos de ubicación del domicilio (foja 84). 5. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo la audiencia trifásica, en virtud de la falta de emplazamiento de la demandada, por lo que se puso a la vista de la parte actora la abstención correspondiente para que manifestara lo que a su interés convenga, a lo que solicitó el término ley (tres días) para que señalar el domicilio correcto (foja 85). 6. En auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora insistiendo en el domicilio de la demandada, por lo que se fijó nuevamente fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el doce de noviembre de dos mil diecinueve, ordenándose el emplazamiento de la demandada -para lo cual el actuario debía tomar en consideración el croquis y fotografía anexado por la parte actora- (foja 87). 7. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable, asentó que no era posible dar cumplimiento al emplazamiento en virtud de que al estar constituido en el domicilio señalado como de la demandada, lo cual se cercioró por los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, rótulos con leyenda "Transportes Sandoval" y coincidir la fachada del inmueble con la fotografía anexa por la parte actora, por lo que al tocar el timbre del inmueble y el portón por varios minutos no obtuvo respuesta, observando por una rendija que el inmueble se encuentra vacío, preguntó en la bodega que está al lado izquierdo y le indicaron que ya tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos (foja 95). 8. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, no tuvo verificativo la audiencia trifásica, en virtud de la falta de emplazamiento a la demandada, dándose vista a la parte actora de la diligencia de abstención para que manifestara lo que a su interés convenga, a lo que solicitó el término ley (tres días) para que señalar el domicilio correcto y se pueda emplazar a la parte demandada (foja 85). 9. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, compareció la parte actora a señalar como nueva persona demandada, además de la moral, a Juan Miguel Sandoval Laguna, proporcionando como domicilio para ser emplazado el ubicado en circuito San Agustín número 105, fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, localizado en colonia San Juanico, primera sección, sobre la avenida doce de octubre, entre camino a San José de Guanajuato y avenida Torres Landa (foja 97); mientras que por escrito diverso precisó como nuevo domicilio de la moral demandada para que fuera emplazada el domicilio fiscal ubicado en parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato (foja 98). 10. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable tuvo a la parte actora ampliando su demanda de amparo en contra de Juan Manuel Sandoval Laguna, por lo que señaló el veintitrés de enero de dos mil veinte para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando el emplazamiento de los demandados (foja 101). 11. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el actuario responsable, levantó diligencias de abstención en virtud de que asentó que es de imposible localización con esos datos proporcionados el domicilio ubicado en parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, por lo que solicita croquis o mayores datos de ubicación del domicilio; mientras que al constituirse en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, de lo que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en puerta de acceso al mismo, donde fue atendido en la caseta por un guardia a quien le indicó el domicilio donde pretende dirigir, manifestando que esa casa la renta la familia Aguilar, y que ninguno de sus miembros se llama Juan Miguel Sandoval Laguna, por lo que no fue posible su emplazamiento (fojas 104 y 105). 12. En virtud de lo anterior no fue posible celebrar la audiencia trifásica señalada para el veintitrés de enero de dos mil veinte, por lo que se le dio vista a la parte actora con las actas de abstención para que manifestara lo que a su interés conviene, solicitando el término de ley para tal efecto (foja 106). 13. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, no se acordó favorable la petición de la parte actora en los cuales insistía en los domicilios de los demandados, en virtud de que el croquis que anexó no contaba con elementos que permitan datos concretos de ubicación del domicilio, por lo que se le dio tres días para efecto de que cumpla el requerimiento (foja 132). 14. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable ordenó nuevamente en los domicilios proporcionados por la parte actora el emplazamiento de los demandados, señalándose el veintitrés de septiembre de dos mil veinte para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 141). QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. En los conceptos de violación se refiere, en esencia, que le agravia las actas de abstención, las cuales reflejan una dilación de una pronta y administración de justicia, por violaciones a un debido proceso, en virtud de encontrarse indebidamente fundadas y motivadas tales actas levantadas por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, lo que viola el contenido del artículo 17, en relación con el 14 y 123 constitucionales. Que el actuario debe cerciorarse si en el lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a notificar, lo cual, no aconteció, ya que el cercioramiento fue deficiente, porque no señaló características del inmueble, ni rasgos físicos de las personas que lo atendieron o datos que permitieran acreditar que estaba en el domicilio correcto, lo que transgrede el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo; situación que hizo patente en su escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el cual manifestó las características físicas del exterior del inmueble donde se encuentra la empresa para la cual prestó sus servicios; mismas que se corroboraron con las fotografías que anexó a la promoción de veintitrés de septiembre siguiente. Que el doce de noviembre de dos mil diecinueve se le dio a conocer nuevamente el acta de abstención, por lo que el día doce de diciembre posterior se "tramitó la promoción respectiva" en la cual proporcionó el domicilio fiscal de la persona jurídica demandada, además de un citatorio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Que el fedatario no atendió a las formalidades legalmente previstas ya que no se cercioró que la persona buscada habita, trabaja o tenga su domicilio donde se constituyó; tampoco recabó los datos del inmueble (características físicas, ubicación o cualquier otro que imprimiera certeza de que efectivamente se constituyó en el lugar correcto); que no era suficiente que únicamente mencionara "que el domicilio era el asiento de negocios de la parte demandada", ni que "un supuesto vigilante le indicó que el domicilio estaba siendo rentado y no se encontraba la familia en ese momento sin haberse cerciorado por él mismo si era cierto o no ya que nunca ingresó a un domicilio de los señalados". Añadió el quejoso que el funcionario responsable debió hacer mayor investigación y constar los medios de que se valió, tanto objetivos como subjetivos; que no obstante su fe pública, resulta "vago e impreciso el tratar de hacer un llamamiento a juicio de la persona buscada, aun cuando dentro del expediente obran en demasía datos suficientes que acrediten lo vertido por mi persona en la presente demanda". Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas, hasta este momento, por las responsables se encuentran ajustadas a Derecho, como más adelante se expondrá. Para estar en condiciones de realizar el estudio de los citados conceptos de violación es necesario realizar un análisis de los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos." "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De los preceptos legales transcritos, en lo que es materia de análisis, se advierte la obligación procesal de la autoridad, de que al realizar la primera notificación al demandado, satisfaga ineludiblemente todas las formalidades establecidas, en el orden dispuesto, esto es, que una vez constituido en el domicilio señalado para realizar la notificación, el actuario se cerciore, en primer término, de que la persona física o moral que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto, para proceder enseguida a practicar la diligencia con la persona interesada; que en caso de que no estuviera el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que espere al actuario al día siguiente, a hora determinada, y si pese al citatorio, el interesado o su representante no se encuentran, la notificación deberá realizarse con la persona que esté presente en el domicilio. Estas formalidades establecidas en la ley, obligan a la autoridad a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, con la finalidad de asegurar que se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa, esto es, que el demandado al tener conocimiento formalmente del juicio, pueda oponer las excepciones y defensas a su alcance, ofrecer pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objetar las de su contrario, intervenir en su recepción y formular los alegatos que a sus intereses convengan. En concordancia con lo anterior, debe señalarse que la fracción I del artículo 743 del ordenamiento legal citado, constriñe al actuario a cerciorarse de dos extremos: a) De que el domicilio en el que se constituyó es el señalado en autos para practicar la notificación y, b) Que en él habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a notificar y, deberá asentar razón en autos señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Pues bien, la obligación de cerciorarse de que el lugar en que se constituye el actuario para practicar la diligencia de emplazamiento sea el que corresponde al domicilio del demandado, es un imperativo legal; sin embargo, la posibilidad que tiene el fedatario de utilizar elementos de convicción para cumplir ese fin, implica que está en posibilidad de dar fe de los signos exteriores y demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda la diligencia, para lo cual cuenta con potestad plena a efecto de determinar qué elementos son los más aptos a fin de cerciorarse que actúa en el lugar correcto. Ello, porque el legislador al establecer el cercioramiento del domicilio como requisito para la práctica del emplazamiento, pretendió proveer de opciones al funcionario judicial encargado de la práctica de la diligencia, instituyéndolas de manera enunciativa y no limitativa, de tal manera que, para dar posibilidad de cercioramiento del lugar en que se constituya a practicar el emplazamiento, tenga la opción de hacerlo por los medios que estime pertinentes. En el caso particular, respecto del cercioramiento de los domicilios proporcionados por la parte actora como de los demandados, se estima que sí se realizó por parte del fedatario público. En efecto, en relación al domicilio de la demandada Transportes Chhita, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1, colonia Bugambilias de Celaya, Guanajuato (una vez que por diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se asentó por el actuario responsable que en tal carretera no existía la colonia Bugambilias y que tampoco pudo encontrar tal domicilio, por lo que solicitó mas datos de localización del inmueble en mención; y proporcionados que fueron estos), por diligencia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable asentó que no era posible dar cumplimiento al emplazamiento en virtud de que al estar constituido en el citado domicilio, lo cual se cercioró por los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, rótulos con leyenda "Transportes Sandoval" y coincidir la fachada del inmueble con la fotografía anexa por la parte actora, tocó el timbre del inmueble y el portón por varios minutos sin obtener obtuvo respuesta, observando por una rendija que el inmueble se encuentra vacío. Posterior a ello, el fedatario público preguntó en la bodega que está al lado izquierdo y le indicaron que tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos (foja 95). Tal diligencia es del contenido siguiente: Pues bien, de la diligencia en estudio, se deduce que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, el actuario responsable sí se cercioró correctamente de que el domicilio en el que actuó corresponde al proporcionado por la parte actora, pues se asentaron los medios respectivos para su validez, como son que observó los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, así como la leyenda "Transportes Sandoval" en el inmueble en que realizó la diligencia, el cual coincidía con la fachada del inmueble de la fotografía que anexó la propia parte actora, donde no fue posible localizar a nadie, a pesar de tocar por varios minutos, donde observó por una rendija que el inmueble se encontraba vacío en su interior, lo que le fue corroborado por la persona que encontró en la bodega que está al lado izquierdo, quien le indicó que tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos. Lo anterior deja ver que en la especie, contrario a lo aducido en los conceptos de violación, sí se cumplió con el cercioramiento que prevé la ley laboral, sin que fuera necesario recabar más características físicas del inmueble, como lo pretende el quejoso, pues lo cierto es que el actuario encontró el inmueble en que se constituyó la leyenda que el propio promovente proporcionó "Transportes Sandoval" (foja 77) y precisó que coincidía con la fotografía que allegó la parte actora. De ahí que, en la diligencia analizada, se cumplió con el cercioramiento que prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ante la ausencia de personas en el lugar, se estima, que no existía obligación por parte del fedatario de indagar si ahí vive, trabaja o tiene su domicilio la persona moral buscada como lo pretende el quejoso, pues advirtió en esa fecha que el inmueble se encontraba vacío, lo cual corroboró en esencia con la persona que encontró en una bodega que se ubica del lado izquierdo del inmueble, al precisarle que tiene cuatro o cinco semanas que no han abierto tal lugar. Ahora, respecto al domicilio del demandado Juan Miguel Sandoval Laguna, ubicado en circuito San Agustín número 105, fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, en diligencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 105), el actuario adscrito a la Junta responsable asentó que una vez constituido legalmente en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, de lo que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en la puerta de acceso al mismo, donde una vez en caseta le indica el guardia el domicilio donde se pretende dirigir y la persona buscada, manifestándole que esa casa la rentan, que actualmente habita la familia Aguilar y que ninguno de sus miembros se llama Juan Miguel Sandoval Alaguna (sic), pero que en ese momento no hay nadie en el domicilio. Tal diligencia es del contenido siguiente: Lo anterior deja ver que en la especie, contrario a lo aducido en los conceptos de agravios, no existe violación a derechos del quejoso, pues sí se asentaron datos bastantes en la diligencia impugnada, como es que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en la puerta de acceso al mismo, siendo atendido por el guardia del lugar, quien le manifestó que al domicilio al cual se pretende constituir se encuentra rentado por la familia Aguilar, sin que ninguno de sus miembros se llame Juan Miguel Sandoval Laguna y que en ese momento no había nadie en el domicilio; de lo que se advierte que no fue posible localizar al demandado en el domicilio proporcionado para ello y, por ende, la abstención de realizar el emplazamiento por parte del actuario. Tampoco es violatorio de derechos la diversa diligencia levantada el tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 104), por el fedatario responsable, en la que asentó que es de imposible localización el domicilio proporcionado como parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, por lo que solicita croquis o mayores datos de ubicación del domicilio; que también trató de localizar a la demandada Transportes Chhita, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, Circuito San Agustín número 105, donde en la caseta de acceso al fraccionamiento le indicó al guardia el domicilio y la persona que buscaba, manifestándole que esa casa la rentan, que ahí no habita ninguna persona con ese nombre, que actualmente ahí habita la familia Aguilar, pero que en ese momento no se encontraban (foja 104). Lo anterior se estima de ese modo, pues a consideración del suscrito, tal como lo sostuvo el fedatario responsable los datos proporcionados como parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, hacen imposible la localización de un domicilio, si no se proporcionan mayores datos para la respectiva localización del inmueble al que pretende la parte actora se emplace a la moral demandada, ello porque con la expresión genérica de la parcela, el actuario se encuentra imposibilitado para conocer cuál es la parcela en la que debe constituirse, por lo que es correcta la diligencia de abstención que levantó y solicitar un croquis o mayores datos de ubicación de la citada parcela. De ahí que, se insiste, dicha diligencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la que se pretendió emplazar a la moral demandada no sea violatoria de derechos fundamentales del quejoso. Tal diligencia es del contenido siguiente: Sin que puedan considerar irregulares las actas impugnadas por el hecho de que el actuario no asentó las características físicas de las personas que lo atendió, pues, se estima suficiente para tener por colmado el requisito de cercioramiento que prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, que hubo alguien cerca del domicilio que informó al fedatario responsable sobre la ausencia de las personas buscadas en los domicilios en los que trató de emplazarlos. Máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta. Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del actuario demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en los domicilios que señaló para tal efecto y que no existen los elementos de cercioramiento que se plasmaron en ella, lo cual no aconteció en el presente juicio. Por lo que subsiste la certeza de lo aseverado por el funcionario judicial, dada la fe pública con la que está investido. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia IV.20 J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De igual forma, a consideración del suscrito, tampoco existe una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, imputada a las autoridades responsables, pues tan luego como se acuerdan las promociones del quejoso en las que señala o insiste en el domicilio de las demandadas; las diligencias del actuario se practican dentro del término que para tal efecto prevé el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que obste a lo anterior, que la demanda laboral se presentó desde el veintinueve de junio de dos mil diecinueve y hasta la fecha no se advierta el emplazamiento de las demandadas, pues se insiste, tal circunstancia se debe a que no ha sido posible la localización de la parte demandada, lo cual, se estima, no es imputable a las autoridades responsables. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación invocados, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a Juan José López Arvizu, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que dice: "Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 57/2020, promovido por xxxxxx; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 1 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado al siguiente día, Juan José López Arvizu, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: La constante abstención de llevar a cabo la notificación a la parte demandada dentro del expediente 2294/2019/L1/CC/IND, en las fechas siguientes: Acta de Abstención del 20 de agosto del 2019 que obra a fojas 14 del expediente; Acta de abstención del 08 de octubre del 2019 que obra a fojas 25 del expediente; Acta de abstención del 03 de diciembre del 2019 que obra a fojas 34 del expediente." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte (fojas 12 a 18), esta potestad registró la demanda de amparo con el número 57/2020-I, y se desechó la misma, en virtud de que se consideró que se actualizaba de manera manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inconforme con tal determinación el quejoso interpuso recurso de queja (fojas 20 a 25); del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, bajo el número 10/2020, recurso que se declaró fundado (fojas 35 a 61). En cumplimiento a dicha resolución de queja, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado son actos que carecen de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: Las actas de notificación de veinte de agosto, ocho de octubre y tres de diciembre, todas de dos mil diecinueve, levantadas en el juicio laboral 2294/2019/L1/CC/IND, las que contienen abstenciones de emplazar a la parte demandada en el citado juicio; como consecuencia de ello la dilación en la administración de justicia. Las autoridades responsables son: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en representación de la citada junta (foja 68), así como el actuario de su adscripción (foja 133), aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos impugnados, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la junta responsable, consistentes en copias certificadas relativas al juicio ordinario laboral 2294/2019/L1/CC/IND; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio ordinario laboral tramitado ante una autoridad del trabajo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado ante la junta responsable el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, Juan José López Arvizu, por derecho propio, demandó, en la vía ordinaria laboral, de Transportes Chhita sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de la indemnización constitucional por despido injustificado (fojas 71 a 75). 2. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, registró la demanda con el número 2294/2019/L1/CC/IND; y requirió al promovente para que aclarara varios puntos de su escrito inicial de demanda (foja 76). 3. Cumplida que fue la prevención, por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda laboral; se ordenó el emplazamiento de la demandada y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 79). 4. Mediante diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable levantó constancia de abstención en virtud de que no localizó el domicilio de la demandada ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1, colonia Bugambilias de Celaya, Guanajuato, por lo que solicitó a la parte actora proporcionara mayores datos de ubicación del domicilio (foja 84). 5. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo la audiencia trifásica, en virtud de la falta de emplazamiento de la demandada, por lo que se puso a la vista de la parte actora la abstención correspondiente para que manifestara lo que a su interés convenga, a lo que solicitó el término ley (tres días) para que señalar el domicilio correcto (foja 85). 6. En auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora insistiendo en el domicilio de la demandada, por lo que se fijó nuevamente fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el doce de noviembre de dos mil diecinueve, ordenándose el emplazamiento de la demandada -para lo cual el actuario debía tomar en consideración el croquis y fotografía anexado por la parte actora- (foja 87). 7. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable, asentó que no era posible dar cumplimiento al emplazamiento en virtud de que al estar constituido en el domicilio señalado como de la demandada, lo cual se cercioró por los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, rótulos con leyenda "Transportes Sandoval" y coincidir la fachada del inmueble con la fotografía anexa por la parte actora, por lo que al tocar el timbre del inmueble y el portón por varios minutos no obtuvo respuesta, observando por una rendija que el inmueble se encuentra vacío, preguntó en la bodega que está al lado izquierdo y le indicaron que ya tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos (foja 95). 8. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, no tuvo verificativo la audiencia trifásica, en virtud de la falta de emplazamiento a la demandada, dándose vista a la parte actora de la diligencia de abstención para que manifestara lo que a su interés convenga, a lo que solicitó el término ley (tres días) para que señalar el domicilio correcto y se pueda emplazar a la parte demandada (foja 85). 9. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, compareció la parte actora a señalar como nueva persona demandada, además de la moral, a Juan Miguel Sandoval Laguna, proporcionando como domicilio para ser emplazado el ubicado en circuito San Agustín número 105, fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, localizado en colonia San Juanico, primera sección, sobre la avenida doce de octubre, entre camino a San José de Guanajuato y avenida Torres Landa (foja 97); mientras que por escrito diverso precisó como nuevo domicilio de la moral demandada para que fuera emplazada el domicilio fiscal ubicado en parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato (foja 98). 10. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable tuvo a la parte actora ampliando su demanda de amparo en contra de Juan Manuel Sandoval Laguna, por lo que señaló el veintitrés de enero de dos mil veinte para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando el emplazamiento de los demandados (foja 101). 11. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, el actuario responsable, levantó diligencias de abstención en virtud de que asentó que es de imposible localización con esos datos proporcionados el domicilio ubicado en parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, por lo que solicita croquis o mayores datos de ubicación del domicilio; mientras que al constituirse en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, de lo que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en puerta de acceso al mismo, donde fue atendido en la caseta por un guardia a quien le indicó el domicilio donde pretende dirigir, manifestando que esa casa la renta la familia Aguilar, y que ninguno de sus miembros se llama Juan Miguel Sandoval Laguna, por lo que no fue posible su emplazamiento (fojas 104 y 105). 12. En virtud de lo anterior no fue posible celebrar la audiencia trifásica señalada para el veintitrés de enero de dos mil veinte, por lo que se le dio vista a la parte actora con las actas de abstención para que manifestara lo que a su interés conviene, solicitando el término de ley para tal efecto (foja 106). 13. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, no se acordó favorable la petición de la parte actora en los cuales insistía en los domicilios de los demandados, en virtud de que el croquis que anexó no contaba con elementos que permitan datos concretos de ubicación del domicilio, por lo que se le dio tres días para efecto de que cumpla el requerimiento (foja 132). 14. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable ordenó nuevamente en los domicilios proporcionados por la parte actora el emplazamiento de los demandados, señalándose el veintitrés de septiembre de dos mil veinte para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 141). QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. En los conceptos de violación se refiere, en esencia, que le agravia las actas de abstención, las cuales reflejan una dilación de una pronta y administración de justicia, por violaciones a un debido proceso, en virtud de encontrarse indebidamente fundadas y motivadas tales actas levantadas por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, lo que viola el contenido del artículo 17, en relación con el 14 y 123 constitucionales. Que el actuario debe cerciorarse si en el lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a notificar, lo cual, no aconteció, ya que el cercioramiento fue deficiente, porque no señaló características del inmueble, ni rasgos físicos de las personas que lo atendieron o datos que permitieran acreditar que estaba en el domicilio correcto, lo que transgrede el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo; situación que hizo patente en su escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el cual manifestó las características físicas del exterior del inmueble donde se encuentra la empresa para la cual prestó sus servicios; mismas que se corroboraron con las fotografías que anexó a la promoción de veintitrés de septiembre siguiente. Que el doce de noviembre de dos mil diecinueve se le dio a conocer nuevamente el acta de abstención, por lo que el día doce de diciembre posterior se "tramitó la promoción respectiva" en la cual proporcionó el domicilio fiscal de la persona jurídica demandada, además de un citatorio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Que el fedatario no atendió a las formalidades legalmente previstas ya que no se cercioró que la persona buscada habita, trabaja o tenga su domicilio donde se constituyó; tampoco recabó los datos del inmueble (características físicas, ubicación o cualquier otro que imprimiera certeza de que efectivamente se constituyó en el lugar correcto); que no era suficiente que únicamente mencionara "que el domicilio era el asiento de negocios de la parte demandada", ni que "un supuesto vigilante le indicó que el domicilio estaba siendo rentado y no se encontraba la familia en ese momento sin haberse cerciorado por él mismo si era cierto o no ya que nunca ingresó a un domicilio de los señalados". Añadió el quejoso que el funcionario responsable debió hacer mayor investigación y constar los medios de que se valió, tanto objetivos como subjetivos; que no obstante su fe pública, resulta "vago e impreciso el tratar de hacer un llamamiento a juicio de la persona buscada, aun cuando dentro del expediente obran en demasía datos suficientes que acrediten lo vertido por mi persona en la presente demanda". Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas, hasta este momento, por las responsables se encuentran ajustadas a Derecho, como más adelante se expondrá. Para estar en condiciones de realizar el estudio de los citados conceptos de violación es necesario realizar un análisis de los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos." "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De los preceptos legales transcritos, en lo que es materia de análisis, se advierte la obligación procesal de la autoridad, de que al realizar la primera notificación al demandado, satisfaga ineludiblemente todas las formalidades establecidas, en el orden dispuesto, esto es, que una vez constituido en el domicilio señalado para realizar la notificación, el actuario se cerciore, en primer término, de que la persona física o moral que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en el inmueble señalado para tal efecto, para proceder enseguida a practicar la diligencia con la persona interesada; que en caso de que no estuviera el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que espere al actuario al día siguiente, a hora determinada, y si pese al citatorio, el interesado o su representante no se encuentran, la notificación deberá realizarse con la persona que esté presente en el domicilio. Estas formalidades establecidas en la ley, obligan a la autoridad a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, con la finalidad de asegurar que se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa, esto es, que el demandado al tener conocimiento formalmente del juicio, pueda oponer las excepciones y defensas a su alcance, ofrecer pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objetar las de su contrario, intervenir en su recepción y formular los alegatos que a sus intereses convengan. En concordancia con lo anterior, debe señalarse que la fracción I del artículo 743 del ordenamiento legal citado, constriñe al actuario a cerciorarse de dos extremos: a) De que el domicilio en el que se constituyó es el señalado en autos para practicar la notificación y, b) Que en él habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a notificar y, deberá asentar razón en autos señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Pues bien, la obligación de cerciorarse de que el lugar en que se constituye el actuario para practicar la diligencia de emplazamiento sea el que corresponde al domicilio del demandado, es un imperativo legal; sin embargo, la posibilidad que tiene el fedatario de utilizar elementos de convicción para cumplir ese fin, implica que está en posibilidad de dar fe de los signos exteriores y demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda la diligencia, para lo cual cuenta con potestad plena a efecto de determinar qué elementos son los más aptos a fin de cerciorarse que actúa en el lugar correcto. Ello, porque el legislador al establecer el cercioramiento del domicilio como requisito para la práctica del emplazamiento, pretendió proveer de opciones al funcionario judicial encargado de la práctica de la diligencia, instituyéndolas de manera enunciativa y no limitativa, de tal manera que, para dar posibilidad de cercioramiento del lugar en que se constituya a practicar el emplazamiento, tenga la opción de hacerlo por los medios que estime pertinentes. En el caso particular, respecto del cercioramiento de los domicilios proporcionados por la parte actora como de los demandados, se estima que sí se realizó por parte del fedatario público. En efecto, en relación al domicilio de la demandada Transportes Chhita, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, ubicado en carretera Panamericana kilómetro 1, colonia Bugambilias de Celaya, Guanajuato (una vez que por diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se asentó por el actuario responsable que en tal carretera no existía la colonia Bugambilias y que tampoco pudo encontrar tal domicilio, por lo que solicitó mas datos de localización del inmueble en mención; y proporcionados que fueron estos), por diligencia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable asentó que no era posible dar cumplimiento al emplazamiento en virtud de que al estar constituido en el citado domicilio, lo cual se cercioró por los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, rótulos con leyenda "Transportes Sandoval" y coincidir la fachada del inmueble con la fotografía anexa por la parte actora, tocó el timbre del inmueble y el portón por varios minutos sin obtener obtuvo respuesta, observando por una rendija que el inmueble se encuentra vacío. Posterior a ello, el fedatario público preguntó en la bodega que está al lado izquierdo y le indicaron que tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos (foja 95). Tal diligencia es del contenido siguiente: Pues bien, de la diligencia en estudio, se deduce que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, el actuario responsable sí se cercioró correctamente de que el domicilio en el que actuó corresponde al proporcionado por la parte actora, pues se asentaron los medios respectivos para su validez, como son que observó los rótulos en la carretera que indica el kilometraje pintado en fachada de inmueble, así como la leyenda "Transportes Sandoval" en el inmueble en que realizó la diligencia, el cual coincidía con la fachada del inmueble de la fotografía que anexó la propia parte actora, donde no fue posible localizar a nadie, a pesar de tocar por varios minutos, donde observó por una rendija que el inmueble se encontraba vacío en su interior, lo que le fue corroborado por la persona que encontró en la bodega que está al lado izquierdo, quien le indicó que tiene como cuatro o cinco semanas que ya no han abierto ni el taller ni las oficinas, ya que al parecer llegaron a extorsionarlos. Lo anterior deja ver que en la especie, contrario a lo aducido en los conceptos de violación, sí se cumplió con el cercioramiento que prevé la ley laboral, sin que fuera necesario recabar más características físicas del inmueble, como lo pretende el quejoso, pues lo cierto es que el actuario encontró el inmueble en que se constituyó la leyenda que el propio promovente proporcionó "Transportes Sandoval" (foja 77) y precisó que coincidía con la fotografía que allegó la parte actora. De ahí que, en la diligencia analizada, se cumplió con el cercioramiento que prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ante la ausencia de personas en el lugar, se estima, que no existía obligación por parte del fedatario de indagar si ahí vive, trabaja o tiene su domicilio la persona moral buscada como lo pretende el quejoso, pues advirtió en esa fecha que el inmueble se encontraba vacío, lo cual corroboró en esencia con la persona que encontró en una bodega que se ubica del lado izquierdo del inmueble, al precisarle que tiene cuatro o cinco semanas que no han abierto tal lugar. Ahora, respecto al domicilio del demandado Juan Miguel Sandoval Laguna, ubicado en circuito San Agustín número 105, fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, en diligencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 105), el actuario adscrito a la Junta responsable asentó que una vez constituido legalmente en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, de Celaya, Guanajuato, de lo que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en la puerta de acceso al mismo, donde una vez en caseta le indica el guardia el domicilio donde se pretende dirigir y la persona buscada, manifestándole que esa casa la rentan, que actualmente habita la familia Aguilar y que ninguno de sus miembros se llama Juan Miguel Sandoval Alaguna (sic), pero que en ese momento no hay nadie en el domicilio. Tal diligencia es del contenido siguiente: Lo anterior deja ver que en la especie, contrario a lo aducido en los conceptos de agravios, no existe violación a derechos del quejoso, pues sí se asentaron datos bastantes en la diligencia impugnada, como es que se cercioró por existir el nombre del fraccionamiento en la puerta de acceso al mismo, siendo atendido por el guardia del lugar, quien le manifestó que al domicilio al cual se pretende constituir se encuentra rentado por la familia Aguilar, sin que ninguno de sus miembros se llame Juan Miguel Sandoval Laguna y que en ese momento no había nadie en el domicilio; de lo que se advierte que no fue posible localizar al demandado en el domicilio proporcionado para ello y, por ende, la abstención de realizar el emplazamiento por parte del actuario. Tampoco es violatorio de derechos la diversa diligencia levantada el tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 104), por el fedatario responsable, en la que asentó que es de imposible localización el domicilio proporcionado como parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, por lo que solicita croquis o mayores datos de ubicación del domicilio; que también trató de localizar a la demandada Transportes Chhita, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de San Ángel, Circuito San Agustín número 105, donde en la caseta de acceso al fraccionamiento le indicó al guardia el domicilio y la persona que buscaba, manifestándole que esa casa la rentan, que ahí no habita ninguna persona con ese nombre, que actualmente ahí habita la familia Aguilar, pero que en ese momento no se encontraban (foja 104). Lo anterior se estima de ese modo, pues a consideración del suscrito, tal como lo sostuvo el fedatario responsable los datos proporcionados como parcela 36, Z-1 P4/7, sin número del ejido de San Nicolás de Parra, de Celaya, Guanajuato, hacen imposible la localización de un domicilio, si no se proporcionan mayores datos para la respectiva localización del inmueble al que pretende la parte actora se emplace a la moral demandada, ello porque con la expresión genérica de la parcela, el actuario se encuentra imposibilitado para conocer cuál es la parcela en la que debe constituirse, por lo que es correcta la diligencia de abstención que levantó y solicitar un croquis o mayores datos de ubicación de la citada parcela. De ahí que, se insiste, dicha diligencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, por la que se pretendió emplazar a la moral demandada no sea violatoria de derechos fundamentales del quejoso. Tal diligencia es del contenido siguiente: Sin que puedan considerar irregulares las actas impugnadas por el hecho de que el actuario no asentó las características físicas de las personas que lo atendió, pues, se estima suficiente para tener por colmado el requisito de cercioramiento que prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, que hubo alguien cerca del domicilio que informó al fedatario responsable sobre la ausencia de las personas buscadas en los domicilios en los que trató de emplazarlos. Máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta. Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del actuario demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en los domicilios que señaló para tal efecto y que no existen los elementos de cercioramiento que se plasmaron en ella, lo cual no aconteció en el presente juicio. Por lo que subsiste la certeza de lo aseverado por el funcionario judicial, dada la fe pública con la que está investido. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia IV.20 J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De igual forma, a consideración del suscrito, tampoco existe una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, imputada a las autoridades responsables, pues tan luego como se acuerdan las promociones del quejoso en las que señala o insiste en el domicilio de las demandadas; las diligencias del actuario se practican dentro del término que para tal efecto prevé el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que obste a lo anterior, que la demanda laboral se presentó desde el veintinueve de junio de dos mil diecinueve y hasta la fecha no se advierta el emplazamiento de las demandadas, pues se insiste, tal circunstancia se debe a que no ha sido posible la localización de la parte demandada, lo cual, se estima, no es imputable a las autoridades responsables. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación invocados, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a Juan José López Arvizu, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia."

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