Juan José Ibarra Reséndiz
Expediente 997/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Juan José Ibarra Reséndiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentado el ocurso de garantías, transcurrió para la parte quejosa, del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en virtud de que en el presente expediente no obra ningún documento importante y/o relevante, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta de la que se desprende la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar al quejoso del proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos que expresa; en consecuencia, se ordena hacer de su conocimiento el acuerdo en comento, así como las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS: "Vista la demanda de cuenta signada por ****, contra actos del FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ***. Sin que haya lugar a conceder de oficio y de plano por los actos que hizo consistir en: ".INCOMUNICACIÓN QUE PONEN EN PELIGRO LA LIBERTAD, INTEGRIDAD PERSONAL, SALUD Y VIDA DEL QUEJOSO." Toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que no se encuentran verificando sino que el promovente los hace derivar del posible cumplimiento de las órdenes privativas que por esta vía combate. Se afirma lo anterior pues incluso la demanda de amparo fue presentada por propio derecho y se encuentra signada por el quejoso, lo que evidencia que no encuentra verificando la incomunicación reclamada. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114, y 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto o los actos que reclama y la autoridad a quien se le atribuye cada uno de ellos. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que la parte quejosa pretende combatir en esta instancia, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, señaló: "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LA SEÑALADA COMO ORDENADORAS, SE INVOCA COMO ACTOS RECLAMADOS, LA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, BUSCA, LOCALIZACIÓN, ASÍ COMO DE INCOMUNICACIÓN QUE PONEN EN PELIGRO LA LIBERTAD, INTEGRIDAD PERSONAL, SALUD Y VIDA DEL QUEJOSO ***" *lo resaltado no es de origen* En esa tesitura, resulta importante destacar que dada la naturaleza de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, busca, localización, no pueden atribuirse de manera genérica, en tanto que las potestades facultadas para dictar los mismos, algunas son de índole judicial y otras administrativas. En efecto, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión, siendo que corresponde al Ministerio Público emitir el primero de ellos, o bien, dictar orden de detención; ello, en caso de existir flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, la emisión de las órdenes de comparecencia, aprehensión y citación son facultad exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al citado precepto constitucional y al artículo 142 de la primer legislación citada. Aspecto que resulta necesario se subsane, ya que la responsable, al rendir su informe con justificación, deben pronunciarse con exactitud en relación con los puntos que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de ellos o la improcedencia del juicio, lo que no acontecería si dichos actos no son puntuales. Por ello, se estima necesario que la parte quejosa especifique cuál es el acto o actos que en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables. Estas precisiones resultan importantes en la medida que este órgano de control constitucional no cuenta con más datos que los aportados por la justiciable en su demanda de amparo; y con ellas, se fijará de manera correcta y precisa la litis en el presente asunto, de acuerdo a las pretensiones de la justiciable, desde luego, atendiendo a lo que puede y no, ser materia de análisis en la presente vía indirecta. Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y éste juzgador contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa ni tampoco la autoridad señalada como responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretende combatir, esto es: Señalar de manera clara y cronológica los antecedentes del acto o actos que pretendan reclamar; y, El domicilio en el que se pretendió ejecutar los actos que por esta vía reclama Ello, en razón de que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omite narrar de manera clara, completa y congruente, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que señala en su demanda, información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente. Precisiones que traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la ley de la materia. Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberán presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes. Se tiene como medio de contacto de la parte quejosa el número telefónico que señala en su escrito de demanda para el debido seguimiento del presente juicio."
- Principal
Vista la demanda de cuenta signada por ****, contra actos del FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ***. Sin que haya lugar a conceder de oficio y de plano por los actos que hizo consistir en: ".INCOMUNICACIÓN QUE PONEN EN PELIGRO LA LIBERTAD, INTEGRIDAD PERSONAL, SALUD Y VIDA DEL QUEJOSO." Toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que no se encuentran verificando sino que el promovente los hace derivar del posible cumplimiento de las órdenes privativas que por esta vía combate. Se afirma lo anterior pues incluso la demanda de amparo fue presentada por propio derecho y se encuentra signada por el quejoso, lo que evidencia que no encuentra verificando la incomunicación reclamada. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114, y 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto o los actos que reclama y la autoridad a quien se le atribuye cada uno de ellos. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que la parte quejosa pretende combatir en esta instancia, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, señaló: "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LA SEÑALADA COMO ORDENADORAS, SE INVOCA COMO ACTOS RECLAMADOS, LA EXPEDICIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, BUSCA, LOCALIZACIÓN, ASÍ COMO DE INCOMUNICACIÓN QUE PONEN EN PELIGRO LA LIBERTAD, INTEGRIDAD PERSONAL, SALUD Y VIDA DEL QUEJOSO ***" *lo resaltado no es de origen* En esa tesitura, resulta importante destacar que dada la naturaleza de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, busca, localización, no pueden atribuirse de manera genérica, en tanto que las potestades facultadas para dictar los mismos, algunas son de índole judicial y otras administrativas. En efecto, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión, siendo que corresponde al Ministerio Público emitir el primero de ellos, o bien, dictar orden de detención; ello, en caso de existir flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, la emisión de las órdenes de comparecencia, aprehensión y citación son facultad exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al citado precepto constitucional y al artículo 142 de la primer legislación citada. Aspecto que resulta necesario se subsane, ya que la responsable, al rendir su informe con justificación, deben pronunciarse con exactitud en relación con los puntos que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de ellos o la improcedencia del juicio, lo que no acontecería si dichos actos no son puntuales. Por ello, se estima necesario que la parte quejosa especifique cuál es el acto o actos que en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables. Estas precisiones resultan importantes en la medida que este órgano de control constitucional no cuenta con más datos que los aportados por la justiciable en su demanda de amparo; y con ellas, se fijará de manera correcta y precisa la litis en el presente asunto, de acuerdo a las pretensiones de la justiciable, desde luego, atendiendo a lo que puede y no, ser materia de análisis en la presente vía indirecta. Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y éste juzgador contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa ni tampoco la autoridad señalada como responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretende combatir, esto es: Señalar de manera clara y cronológica los antecedentes del acto o actos que pretendan reclamar; y, El domicilio en el que se pretendió ejecutar los actos que por esta vía reclama Ello, en razón de que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omite narrar de manera clara, completa y congruente, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que señala en su demanda, información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente. Precisiones que traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la ley de la materia. Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberán presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes. Se tiene como medio de contacto de la parte quejosa el número telefónico que señala en su escrito de demanda para el debido seguimiento del presente juicio.
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