Juan José Hurtado Guerrero

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Juan José Hurtado Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Se informa estado procesal. Agréguese el oficio signado por el secretario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, y en atención a su contenido, infórmesele que este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Juan José Hurtado Guerrero, en virtud de la competencia declinada por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, la cual, por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se desechó por notoriamente improcedente, causando estado dicha determinación y ordenando el archivo el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante, por acusando de recibo de los tres tomos de pruebas que le fueron devueltos, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Devolución de constancias. Visto el estado procesal de autos, se advierte que resulta innecesario permanecer con los tres tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, en virtud que el presente expediente se encuentra totalmente concluido. Cúmplase.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 21 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: " León, Guanajuato; veintiuno de junio de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de siete de junio de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 07 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; siete de junio de dos mil veintidós. I. Tribunal Colegiado remite demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remite copia certificada del oficio 1703, copia certificada del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, demanda de amparo de amparo original promovida por Juan José Hurtado Guerrero y seis copias de la misma, constancias de emplazamiento, toca de apelación 197/2022, cuadernillo de constancias del expediente C-401/2020, en copias certificadas constantes de dos (2) tomos; por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se asume el conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. II. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 627/2022-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Autoridad responsable. Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. IV. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación 197/2022, mediante la cual confirmó la diversa de cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual el Juez de origen declaró procedente el incidente de nulidad de la diligencia de emplazamiento planteada por el aquí tercero interesado Rogelio Hurtado Guerrero. V. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, este juzgado de Distrito se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; como se verá a continuación. Los numerales citados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El primero de los numerales transcritos, establece la posibilidad legal de que la improcedencia del juicio de amparo, pueda resultar de alguna disposición prevista en la propia ley; esto es, que aun cuando la improcedencia que se estime actualizada en el sumario no sea alguna de las indicadas en las primeras veintiún fracciones, del artículo 61 de la ley de la materia, la fracción en estudio deja la posibilidad de que pueda resultar en concatenación con diversa hipótesis prevista en la Ley de Amparo como en el caso, lo establecido por el artículo 107, en su fracción V, aplicado a contrario sensu. Ahora bien, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, establece que para la procedencia del juicio de amparo, el acto reclamado sea dictado, emitido o ejecutado dentro de un juicio y, además, que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución que resulte de imposible reparación; es decir, que con tales actos se genere una afectación a los derechos sustantivos del gobernado y que los daños causados no tengan reparación alguna dentro de ese procedimiento, lo que genera la procedencia de la acción constitucional. De la interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; ello, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen de manera fáctica con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al momento que se resuelva la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De ahí que, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento o juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos, y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo." En la especie, la parte impetrante en la demanda de amparo bajo protesta de conducirse con verdad manifestó que el juicio ordinario civil C-401/2020 de donde emana el acto reclamado, se encontraba en la etapa probatoria <sin embargo, del análisis de las constancias que integran dicho procedimiento se obtiene que actualmente se encuentra en etapa de alegatos>. Lo que pone en evidencia, que al momento de la presentación de la demanda de amparo que ocupa la atención, el juicio de origen se encuentra en trámite, esto es, que no se ha resuelto en definitiva sobre las pretensiones de fondo. Máxime que mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió el incidente de nulidad de la diligencia de emplazamiento, el Juez natural decretó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se lleven a cabo los actos jurídicos correspondientes, para que el proceso seguido en contra de Rogelio Hurtado Guerrero, esté en las mismas condiciones en el que se encuentran los restantes demandados, de conformidad con el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (fojas 628 a 641 del tomo de pruebas 3). Por lo tanto, esta Juzgadora Federal considera que la resolución reclamada de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en modo alguno afecta derechos sustantivos del impetrante del amparo, tutelados por la Constitución Federal, ya que la sola confirmación de la interlocutoria que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento), planteado el aquí tercero interesado Rogelio Hurtado Guerrero al juicio ordinario civil, en modo alguno ocasiona un perjuicio de imposible reparación en la esfera jurídica de derechos del quejoso, pues será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en dicho juicio civil, de confirmarse y declararse firme, lo que haría que la afectación ahora adjetiva, se impactara en sus derechos sustantivos. Entonces, ante la circunstancia de que el acto reclamado carece de una ejecución susceptible de afectar de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General, es incuestionable que el presente juicio de amparo es improcedente, pues no puede considerarse el tiempo invertido para la tramitación del juicio por todas sus etapas como un acto de imposible reparación, porque el "desgaste" de las partes no impacta en derechos sustantivos porque, de hacerlo, toda controversia produciría ese tipo de afectación, pues en todas ellas se presenta dicho fenómeno. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad.". Entonces, de acuerdo con lo establecido por la porción normativa anteriormente precisada, será hasta que se alegue como violación procesal al promoverse amparo directo en contra de la sentencia definitiva al juicio civil, el momento en el cual el Tribunal Colegiado que por turno corresponda su conocimiento, esté en posibilidad de analizar si la decisión judicial de la sala civil responsable de confirmar la interlocutoria de declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento) fue apegada a derecho o no. Estudio que incluso, atendiendo al criterio del Más Alto Tribunal del país, debe efectuarse en suplencia de la queja deficiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 23/2008-PS consultable en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". También encuentra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 13/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 144/2017, localizable con el registro digital 2019780, de epígrafe: EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento al juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al demandado, pues de ese acto procesal depende que éste pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en el juicio. En suma, tiene como propósito que el demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha considerado un acto procesal de orden público y de estudio oficioso por parte de los juzgadores. Por las mismas razones, se ha estimado que la falta o la ilegalidad del emplazamiento se erige como la violación procesal de carácter más grave en el proceso, y que actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al enjuiciado, que autoriza a suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando dicha actuación se impugna como violación procesal en el juicio constitucional. Sobre esa base, cuando en el juicio natural el demandado comparece antes de que se emita la sentencia definitiva y plantea el incidente de nulidad de actuaciones para impugnar el emplazamiento y, en su caso, agota el recurso ordinario procedente contra lo resuelto en dicho incidente, si se plantea como violación procesal en el juicio de amparo, el tribunal colegiado válidamente puede examinar de fondo conceptos de violación respecto de cuestiones no propuestas en la instancia incidental, o bien, suplir la queja para advertir oficiosamente irregularidades de la diligencia de emplazamiento aun cuando no hayan sido materia del incidente respectivo, ello, pues el hecho de que el demandado hubiere planteado una impugnación expresa del emplazamiento a través de la nulidad de actuaciones, no excluye la obligación de estudio oficioso de los juzgadores, de manera que mientras subsista y pueda ser analizada la controversia sobre la regularidad del emplazamiento, éste debe ser analizado con toda amplitud en el juicio de amparo, mediante la suplencia de la queja. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." VI. Domicilio y autorizados. En razón de que el peticionario del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto López Tovar, por sí contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para practicar notificación personal. En términos de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el tres de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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