Juan José Huerta Medrano
Expediente 212/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- Juan José Huerta Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio ASJP/2621/2019 y anexo, signado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria a ésta, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, toda vez que la aludida responsable comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, pónganse dicho informe y anexo a la vista de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, en su carácter de tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifiesten lo que a su interés legal convenga; transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación de las citadas partes, este órgano de control constitucional se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la totalidad de lo puntualizado en el fallo emitido en este juicio de garantías. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con lo establecido por el numeral 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Juan José Huerta Medrano, la resolución con engrose de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por medio de lista, toda vez que no se presentaron ante este órgano jurisdiccional a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
I...Se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria....
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El quejoso Juan José Huerta Medrano, mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, el siete de marzo de dos mil diecinueve, promovió juicio de amparo contra la autoridad y acto que se precisan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ DE CONTROL DE LA TERCERA REGIÓN JUDICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 2 ACTO RECLAMADO: SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa estimó que se vulneró los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 212/2019-I, se solicitaron los informes justificados a las responsables, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución General de la República, 37, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de autoridad distinta de la judicial, con residencia en el ámbito competencial por territorio en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado debiendo para tal efecto analizar en su integridad la demanda de amparo. Atento a lo anterior, se advierte que el impetrante de amparo acude a esta vía constitucional a reclamar de la autoridad que señaló como acto reclamado el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta preliminar CE/0003/2018, en la que el Juez de Control, se negó a señalar fecha y hora para una audiencia de control de garantías. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número 2, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se les reclamó. El quejoso Juan José Huerta Medrano, no desvirtuó la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que el quince de febrero de dos mil diecinueve, negó señalar fecha y hora para audiencia de control que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta preliminar 0003/2018, que contiene la determinación materia de estudio en este juicio, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, toda vez que fueron expedidas por un funcionario judicial en ejercicio de sus atribuciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a la letra establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso no fue invocada ni se advierte oficiosamente la actualización de alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por el solicitante del amparo. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Establecido lo anterior, en principio y por razón de método se analizará el acto reclamado a la luz de las garantías tuteladas en los numerales 14 y 16 constitucionales, en virtud de que en el caso es procedente la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. El amparista aduce que la determinación reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que el juez responsable transgrede en contra de sus representados el derecho de debido proceso por la violación a los principios que rigen el sistema acusatorio. En ese sentido, los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de derechos fundamentales son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia, como se verá a continuación. Así es, del informe justificado que rindió el juez responsable y de las constancias que acompañó a éste, se advierte lo siguiente: En el auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, pronunciado en la carpeta preliminar 0003/2018, el juez responsable negó señalar fecha y hora para audiencia de control de garantías solicitada por el agraviado mediante escrito presentado el catorce de febrero del año en curso. Asimismo, consideró que si bien es cierto en la normativa adjetiva de la materia se establece el derecho de la víctima y asesor de acudir ante el juez de Control para solicitar audiencia de garantías, también lo es que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa los supuestos en que el órgano judicial verificará el legal cumplimiento de las obligaciones de la representación social, siendo específico en el sentido de que habrá control judicial cuando exista una determinación, debiéndose entender por eso, aduce la responsable, como una resolución emitida por el Ministerio Público de abstenerse a investigar, lo que a su parecer en el caso no se actualiza. También adujo que no dio trámite a la inconformidad que el quejoso hizo contra el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número 2, con sede en esta ciudad, ya que fue omiso en señalar en cuál de los supuestos que dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encaja la conducta que le atribuye a la citada autoridad investigadora, ni tampoco precisó la fecha en que fue emitida la decisión impugnada y en qué momento fue notificado de la misma. Se estima jurídicamente incorrecta la consideración del juez de control responsable, como se explicará enseguida. Es menester precisar que el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: ".C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: ".Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones ante el juez de control competente, en razón que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. Resulta pertinente, señalar que los medios de impugnación son los actos procesales, para combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y se interponen mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir, como bien lo señaló la autoridad responsable, únicamente determinaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión o actitud silente, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, inactividad que debe considerarse impugnable, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y ante la finalidad progresista del nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, contrariamente a lo sostenido por el juez responsable, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, toda vez que si bien el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las resoluciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, actuaciones que si bien constituyen propiamente determinaciones, por la similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren las pretensiones de la parte ofendida cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, a pesar de que estas últimas no constituyan propiamente una determinación escrita. Habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la redacción del artículo anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, reconoció el derecho de la víctima u ofendido a impugnar cualquier decisión relacionada con su derecho a ofrecer pruebas, inclusive ante la omisión total de las legislaciones adjetivas aplicables de prever tal posibilidad. Así lo sostuvo al resolver el amparo en revisión 502/2010 que derivó en la integración de la tesis 1a. LXXXVIII/2011, de la Novena Época, visible en la página 178 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, de rubro y texto: "VÍCTIMA U OFENDIDO. CUANDO SE IMPUGNE UNA DECISIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL A OFRECER PRUEBAS, TIENE DERECHO A INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN A PESAR DE QUE LOS CÓDIGOS PROCESALES PENALES NO CONTEMPLEN ESTA POSIBILIDAD. El artículo 20 constitucional (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) otorga a la víctima u ofendido el derecho a aportar pruebas. Cuando este derecho se ejerce en el marco del proceso penal, los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia exigen que la víctima u ofendido cuente con un recurso ordinario que les permita inconformarse con las decisiones que afecten ese derecho. Los códigos de procedimientos penales que no contemplen expresamente la posibilidad de apelar en estos casos deben interpretarse de conformidad con la Constitución, de manera que la víctima u ofendido pueda defender su derecho a aportar pruebas en el marco del proceso penal a través del recurso de apelación." Por ello, es indudable que si desde el anterior sistema penal, se preveía la posibilidad de la víctima u ofendido de inconformarse con las decisiones concernientes a medios probatorios de su intención, con mayor razón podrá hacerlo dentro del sistema penal acusatorio, máxime que el Código Nacional de Procedimientos Penales sí prevé tal posibilidad conforme a los preceptos 109, fracción XXI, y 258, interpretados de manera sistemática y conforme con los parámetros de protección constitucional. Además, en estricto respecto al principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional que impone al aplicador de las normas jurídicas el deber de interpretarlas de manera que se amplíen, en lo jurídicamente posible, los derechos humanos de las personas y en su contraparte, la prohibición de realizar tal interpretación de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. Aplica al caso en particular la jurisprudencia 27/2018, de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." También cobra aplicación el criterio contenido en la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 2141, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014279, cuyo rubro y texto rezan: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." En ese sentido, si el juez responsable en la determinación reclamada de quince de febrero de dos mil diecinueve, pronunciado en la carpeta preliminar 0003/2018, negó señalar fecha y hora para audiencia de control de garantías solicitada, con el argumento de que en el caso, no existe una formal determinación del ministerio público investigador que ordene la abstención de investigar, de archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal o que haya aplicado algún criterio de oportunidad, se considera incorrecta. Pues aunque el juez estime que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa los supuestos en que el órgano judicial verificará el legal cumplimiento de las obligaciones de la representación social, debe decirse que la falta legislativa de disponer de manera específica un recurso contra las omisiones del ministerio público encargado de la investigación, no debe hacer "inoperable" el derecho de la víctima u ofendido previsto en el ya citado artículo 109, fracción XXI de la legislación nacional procesal, pues como ya se dijo en párrafos precedentes, tal derecho se encuentra previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicha prerrogativa no puede limitarse por la interpretación literal del precepto secundaria (artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales); suponer lo contrario, implicaría aceptar que su ejercicio, reconocido con rango constitucional, pudiera quedar al arbitrio del legislador ordinario, quien tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema. Tiene aplicación por igualdad de razón, la tesis 1a. CCXIV/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 495 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, que en seguida se transcribe: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO AÚN NO EXPIDA LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA SU PROCEDENCIA. Si se considera que, al incorporarse al texto constitucional la figura del amparo directo adhesivo en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció una prerrogativa a favor de la parte que haya obtenido sentencia favorable y de la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, para solicitar amparo en forma adhesiva al promovido por alguna de las partes, resulta claro que la falta de actuación de un órgano del Estado que, por mandato constitucional, debió expedir las reformas legales correspondientes dentro de un lapso de 120 días posteriores a la publicación del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, no constituye un obstáculo para la procedencia de aquella vía, ya que dicha prerrogativa no puede limitarse por la referida omisión; suponer lo contrario, implicaría aceptar que su ejercicio, reconocido con rango constitucional, pudiera quedar al arbitrio del legislador ordinario, quien tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juan José Huerta Medrano, para el efecto de que el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad,: Una vez recibida la ejecutoria de amparo, en el plazo de tres días siguientes, deje insubsistente el proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta preliminar CE/0003/2018; y en su lugar, Emita uno diverso en el que, considerando que la solicitud que le fue planteada es procedente conforme a una interpretación sistemática de los numerales 109, fracción XXI, y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Huerta Medrano, en contra de la autoridad responsable y el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan José Huerta Medrano, por los motivos expuestos en el penúltimo apartado y efectos indicados en el último de los apartados de esta sentencia. Notifíquese conforme a derecho. Así lo resuelve y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, hasta el día de hoy, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, fecha en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que autoriza y da fe.
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