Juan José Hernández Meza

Expediente 583/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
583/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Juan José Hernández Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, quien en cumplimiento al requerimiento formulado remite la información solicitada. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se estima que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el quejoso fue omiso en instar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En tal tenor, el promovente en la razón actuarial de dos de octubre del año en curso, manifestó que formuló controversia ante el juez de ejecución, sin embargo, para corroborar su dicho, se requirió al juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, quien informó que el impetrante no realizó petición en relación con sus condiciones de internamiento; por lo que se considera que si el interno promovió la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, se invoca la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por Juan José Hernández Meza. Finalmente, intégrense al expediente los oficios provenientes de la Dirección de Reinserción Social y Servicios Post-Penales de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexo que a uno de ellos acompaña, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento de los mismos, por lo expuesto en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios remitidos por las autoridades responsables, mediante los cuales informan el acato a la suspensión de plano decretada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso desahogó la prevención efectuada en autos; en consecuencia, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si el quejoso Juan José Hernández Meza, presentó controversia en relación con sus condiciones de internamiento (atención médica); en su caso, deberá comunicar el número de cuaderno de ejecución y el estado procesal. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese.

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