Juan José Hernández Huizar
Expediente 761/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 31/08/2018
Partes del expediente
- Juan José Hernández Huizar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal (fojas 146 a 147), la Coordinadora de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de dieciséis de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que compareciera a las oficinas de la responsable a fin de que se le hiciera entrega del cheque emitido a su nombre; asimismo, se le apercibió que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría en relación con el cumplimiento efectuado. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintidós de agosto del presente año (foja 152); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada tal y como quedó establecido en la cuenta secretarial. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: .... Por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 125 a 139), se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito... 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le reintegre a la parte quejosa el importe pagado mediantes recibo oficial 023116032017004319, de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, por su establecimiento de "depósito de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente implica que se le devuelva al quejoso el importe cubierto. .... 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta de julio de esta anualidad, al haber quedado firme la sentencia emitida en el sumario, se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a efecto de que dentro del término de cinco días la acatara el cumplimiento al fallo. Por ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 146 a 147), la Delegada del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque con terminación numérica xxxxxx, a favor del quejoso por $xxxxxxxxxx(xxx). En ese tenor, si tenemos que el monto total de $xxxx(xxx moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y el catorce de agosto de este año se le expidió el cheque de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecisiete y julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue 125.318; y para el mes de julio de este año fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.061. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $xxx (xxx)); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $xxx(xxxx). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $xxxxx(xxxxxx moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $xxxxx(xxxx moneda nacional), es decir, faltó la cantidad de dieciséis pesos 02/100 moneda nacional, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan José Hernández Huizar, mediante el cual refiere que la suma que le fue entregada por la autoridad exactora en cumplimiento al fallo protector, se encuentra actualizada; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; en el entendido de que en esta fecha se proveyó al respecto.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal (fojas 146 a 147), la Coordinadora de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de dieciséis de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que compareciera a las oficinas de la responsable a fin de que se le hiciera entrega del cheque emitido a su nombre; asimismo, se le apercibió que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría en relación con el cumplimiento efectuado. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veintidós de agosto del presente año (foja 152); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada tal y como quedó establecido en la cuenta secretarial. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: .... Por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 125 a 139), se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito... 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le reintegre a la parte quejosa el importe pagado mediantes recibo oficial 023116032017004319, de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, por su establecimiento de "depósito de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente implica que se le devuelva al quejoso el importe cubierto. .... 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta de julio de esta anualidad, al haber quedado firme la sentencia emitida en el sumario, se requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a efecto de que dentro del término de cinco días la acatara el cumplimiento al fallo. Por ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 146 a 147), la Delegada del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque con terminación numérica xxxxxx, a favor del quejoso por $xxxxxxxxxx(xxx). En ese tenor, si tenemos que el monto total de $xxxx(xxx moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y el catorce de agosto de este año se le expidió el cheque de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil diecisiete y julio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue 125.318; y para el mes de julio de este año fue 132.991 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.061. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $xxx (xxx)); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $xxx(xxxx). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $xxxxx(xxxxxx moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $xxxxx(xxxx moneda nacional), es decir, faltó la cantidad de dieciséis pesos 02/100 moneda nacional, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan José Hernández Huizar, mediante el cual refiere que la suma que le fue entregada por la autoridad exactora en cumplimiento al fallo protector, se encuentra actualizada; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; en el entendido de que en esta fecha se proveyó al respecto.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito la Delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través del cual solicita a este juzgado se notifique a la parte quejosa que se encuentra a su disposición en las oficinas de la Consejería Jurídica del referido cabildo un cheque expedido a su favor valioso por la cantidad condenada en autos. En ese tenor, a fin de dar prontitud a la debido cumplimiento a la sentencia emitida en autos, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, así como, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la consejería antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la resolución dictada el ********************, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado."
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito la Delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través del cual solicita a este juzgado se notifique a la parte quejosa que se encuentra a su disposición en las oficinas de la Consejería Jurídica del referido cabildo un cheque expedido a su favor valioso por la cantidad condenada en autos. En ese tenor, a fin de dar prontitud a la debido cumplimiento a la sentencia emitida en autos, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, así como, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la consejería antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la resolución dictada el ********************, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado."
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