Juan José González Vallejo

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Juan José González Vallejo
  • Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje
  • Gonzalo Sarabia Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio y anexo de cuenta, se tiene a la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene informando que en auto de diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno, en cumplimiento al escrito de fecha dieciséis de julio del dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Susana Prieto Terrazas, en su carácter de apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral 4/18/0817, promovido por Juan José González Vallejo, se ordenó turnar los autos al actuario para que requiriera a la parte demandada Gonzalo Sarabia Ríos, el pago total de $439,000.61 (cuatrocientos treinta y nueve mil pesos 61/100 moneda nacional), y que en caso de no efectuar el pago, se procediera al embargo, sobre bienes propiedad de la parte ejecutada, ello en cumplimiento al laudo emitido en el referido juicio laboral, en data veinticuatro de noviembre del dos mil veinte. Ahora bien, del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de despachar el mandato de ejecución de cumplimiento al laudo definitivo emitido en autos, según lo solicitado en la promoción de fecha 02 de julio de 2021, presentada por esta representación obrera en 16 de julio de 2021, ante la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, solicitando se turnaran las actuaciones del juicio al ministro ejecutor adscrito al Tribunal para que requiera de pago a la patronal, o en caso de negativa autorizara el embargo de bienes suficientes para garantizar dicho pago." En esa tesitura, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)." En efecto, el Presidente de Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del auto de diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno, del cual se advierte, que en cumplimiento al escrito de fecha dieciséis de julio del dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Susana Prieto Terrazas, en su carácter de apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral 4/18/0817, promovido por Juan José González Vallejo, ordenó turnar los autos al actuario para que requiriera a la parte demandada Gonzalo Sarabia Ríos, el pago total de $439,000.61 (cuatrocientos treinta y nueve mil pesos 61/100 moneda nacional), y que en caso de no efectuar el pago, se procediera al embargo, sobre bienes propiedad de la parte ejecutada, ello en cumplimiento al laudo emitido en el referido juicio laboral, en data veinticuatro de noviembre del dos mil veinte. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento laboral de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar el auto emitido el diecisiete de septiembre del presente año, con la finalidad de ejecutar el laudo emitido en dicho juicio laboral, por lo que dicha omisión debe considerarse consumada de manera irreparable; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En razón de lo antes expuesto, resultaría ocioso y retardatario en la impartición de la justicia, contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional, esperar hasta el día de la audiencia constitucional para sobreseer en el presente juicio; por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Tiene aplicación al particular la Contradicción de tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre del dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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