Juan José González Martínez
Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 56 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Altagracia Torres Ponce
- Juan José González Martínez
- Juan José González Martínez y Otros.
- Presidente Constitucional del los Estados Unidos Mexicanos
- María Altagracia Torres Ponce y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que solicita que este juzgado acuse recibo del exhorto ******* (orden ******), del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, toda vez que dicha comunicación oficial se tuvo por recibida mediante proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, acúsese el recibo de estilo correspondiente a fin de que el citado similar acuerde lo que en derecho corresponda.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud de que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Devolución de documentos. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, para la devolución deberá ponerse en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico del juzgado 443 3226960 extensiones 1161 y 1261, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindado.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con doce minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, en el juicio de amparo 522/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. La Secretaria relaciona, como principales constancias, la demanda de amparo e informes justificados; y al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Asimismo, certifica: que en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara si insistía en señalar como autoridad responsable al Coordinador Nacional del Servicio Médico del Fondo de Pensiones Banrural, con residencia en la Ciudad de México y, en su caso, proporcionara su denominación correcta, plazo que transcurrió del ocho al doce de julio del año pasado, pues fue notificada el siete de ese mes. De igual forma, se da cuenta al Juez con un oficio de la autoridad responsable Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, con sede en la Ciudad de México, a través de quien la representa, mismo que se registró con el folio 4060. A lo anterior, el Juez acuerda: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de siete de julio del año pasado, para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad Coordinador Nacional del Servicio Médico del Fondo de Pensiones Banrural, con residencia en la Ciudad de México, sin que lo hiciera; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y se tiene a dicha autoridad por inexistente y se ordena suspender toda comunicación con ella. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad responsable, con el que devuelve los comunicados 27036/2021, 1052/2022 y 1925/2022, dirigidos al Coordinador Nacional del Servicio Médico del Fondo de Pensiones Banrural, con residencia en la Ciudad de México, pues manifiesta que dicha autoridad no existe en su organigrama; por tanto, tomando en consideración el párrafo que antecede, agréguese a los autos, sin que haya lugar a ordenar su reenvío en virtud de su inexistencia. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el Juez acuerda: se tiene por asentada la constancia en referencia. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 522/2021 promovido por Juan José González Martínez y María Altagracia Torres Ponce, por alegada violación de los artículos 1o., 4o. y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Las órdenes giradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reducir los gastos de distintas dependencias responsables de los servicios de salud y la disminución del presupuesto destinado a los servicios médicos del fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las órdenes para disminuir los recursos financieros relativos al fideicomiso 80320 de Nacional Financiera, S.N.C., IBD (Fondo de Pensiones del Sistema Banrural). Titular de la Nacional Financiera S.N.C. (I.B.D). La transgresión al sistema de pensiones Banrural y al decreto del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de garantizar las condiciones generales del servicio médico y beneficios de seguridad social de los quejosos. Presidente del Comité Técnico del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Nacional Financiera Sociedad Nacional De Crédito S.N.C. I.B.D). Dr. Juan Carlos Montoya Zavala, Médico de Primer Nivel, Integradora Médico, Coordinador Médico del Sistema Banrural, con residencia en Morelia. La omisión de garantizar los servicios de salud, y de manera destacada, el acceso a diversos medicamentos que requieren de acuerdo a las patologías que padecen. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados son susceptibles de ejecutarse dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, actos u omisiones cuya existencia no quedaron acreditadas. No son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Hacienda y Crédito Público, pues así lo informaron al rendir su informe de ley; sin que los quejosos hubieran desvirtuado dichas negativas. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a dicha autoridad. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Las autoridades responsables Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, por conducto de su Fiduciaria Nacional Financiera sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Pensiones del sistema Banrural, con sede en la Ciudad de Méxicio y Juan Carlos Montoya Zavala, Médico de Primer Nivel del sistema Banrural, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de su lectura, se advierten manifestaciones de certeza, por tanto, deben tenerse como ciertos. La existencia de los actos reclamados se obtiene con las constancias que allegó el representante legal del apoderado de Nacional Financiera, consistentes en copia cotejada ante notario de las Reglas de Operación del "Fondo de Pensiones del Sistema Banrural", de donde se advierte que entre sus objetivos se encuentra efectuar los pagos y ejecutar los actos necesarios para que los fideicomisarios y derechohabientes reciban atención médico- quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; de igual forma compete la regulación de la forma, términos y condiciones conforme a los que deben realizar los pagos de pensiones y prestación a esos servicios, entre otros. Así como copia cotejada del contrato de fideicomiso de fecha treinta de junio de dos mil tres, celebrado entre los bancos que integraban el Sistema Banrural en su calidad de fideicomitentes y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria. Dichas constancias con valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El representante de las autoridades responsables Apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN) y/o Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria del Fideicomiso Denominado Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); y, Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), con residencia en la Ciudad de México, así como Médico de Primer Contacto del Corporativo Community Doctors Sociedad Anónima de Capital Variable sostienen la improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXII, en relación con los artículos 1o y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que sus actos no pueden ser considerados como de autoridad, al derivar de una relación de coordinación entre las partes fideicomiso y fideicomisarios aducen que respecto del acto que se le reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es fundado. En efecto, uno de los aspectos de mayor importancia en la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, acaecida por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la apertura que se dio al tipo de actos que podrían ser materia del control de regularidad constitucional, incorporándose en el artículo 5o, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los actos realizados por los particulares, cuando estos pudieran equipararse a los de autoridad; incorporación que se realizó de la forma siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Sin embargo, para que un acto emitido o ejecutado por un particular pueda equipararse al de autoridad, es necesario que cumpla los siguientes requisitos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso no se satisfacen ninguno de dichos requisitos. Los quejosos refieren que son beneficiarios del Sistema de Salud de Banrural, derivado de la relación laboral que tuvo Juan José González Ramírez con dicho ente, y la quejosa María A. Torres Ponce, en cuanto cónyuge de aquel, en su calidad de derechohabiente. Luego, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre los quejosos como jubilados y las responsables, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Bajo ese panorama, es importante destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dos se expidió la Ley Orgánica de la Financiera Rural, en cuyo artículo tercero transitorio se decretó la disolución y ordenó la liquidación de las sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural a partir del uno de julio de dos mil tres. Por su parte, los artículos decimocuarto y decimoquinto transitorios establecen que tanto las mencionadas sociedades nacionales de crédito, como el liquidador, son responsables de las obligaciones en materia de trabajo a cargo de esas sociedades, con motivo de la terminación de la relación laboral de los trabajadores que se encontraban en activo al iniciarse la liquidación del aludido Sistema Banrural, así como de los jubilados, pensionados y sus derechohabientes, destacándose, incluso, la determinación relativa a que sea el liquidador quien cuente con los recursos económicos suficientes para cumplir dichas obligaciones a través de las acciones que el Gobierno Federal realice para ello, y de las cantidades provenientes de las reservas constituidas para ese fin por las propias sociedades nacionales de crédito en liquidación. En ese sentido, el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, es una prestación laboral que se encuentra contenida en el decimoquinto artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes "Ley Orgánica de la Financiera Rural"), en la que se estipuló que los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidaban continuarían recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; de igual forma, dichos beneficios seguirían otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados en caso de fallecimiento, utilizándose las reservas constituidas para ese fin; recursos que serían depositados en un fideicomiso constituido de manera expresa para estos efectos y administrados por el liquidador. Así, el treinta de junio de dos mil tres se celebró el fideicomiso denominado "Fondo de Pensiones del Sistema Banrural", entre los Bancos Regionales Integrantes del Sistema Banrural y el Banco Nacional de Crédito Rural, en su calidad de Fideicomitentes; así como por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria; en cuya cláusula séptima se establece, como se vio, el servicio de atención médica en favor de los pensionados, entre otros. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a. /J. 113/2004, de la novena época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "BANRURAL. CONFORME AL ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DICHO SISTEMA CONTINUARÁN RECIBIENDO LAS PRESTACIONES EN LA MISMA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE LO HACÍAN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. El citado precepto dispone que los jubilados y pensionados de las sociedades de crédito que se liquidan seguirán recibiendo sus pensiones y jubilaciones de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios respectivos; sin embargo, aun cuando únicamente se refiera a "pensiones y jubilaciones", dichas expresiones deben interpretarse de acuerdo con las disposiciones contenidas en las citadas Condiciones, de ahí que los pensionados y jubilados del sistema Banrural deben seguir recibiendo todas sus prestaciones de la misma manera y bajo las mismas circunstancias en que lo hacían cuando aquéllas se encontraban vigentes." Por tanto, es evidente que la relación que originó el fideicomiso en comento y los pensionados es laboral. Luego, por regla general, los actos relacionados con el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural corresponden a un acto de coordinación, no de autoridad. En el caso, los quejosos reclaman la operación del servicio de salud a que tienen derecho como jubilado y derechohabiente, a cargo del fideicomiso en comento, en cuanto a que refieren que se les está proporcionado medicamento genérico y no de patente y que se implementaron límites económicos máximos para el otorgamiento del servicio. Así, la reclamación se concreta en las modalidades de operación del servicio de salud a que tienen derecho, en abstracto, no en una negativa de atención médica concreta, pues se reclaman las disposiciones administrativas generales de contratación, lo que aduce trasciende a la eficacia de la prestación a la que tienen derecho. Por lo tanto, el acto que reclama la parte quejosa no constituye -de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las autoridades señaladas como responsables no se encuentran investidas de imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino que actúan con base en la relación laboral que tienen los quejosos como jubilado y derechohabiente del Sistema Banrural; por lo cual, el acto imputado a las responsable pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Esto, derivado de que las cuestiones planteadas por los peticionarios únicamente involucran el análisis de la normatividad con base en la cual se presta el servicio a que tienen derecho, pero no se reclama, se reitera, la negativa a una atención médica concreta. Por tanto, no se actualiza el supuesto excepcional para considerar que se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no se advierte la necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados a través de ese medio de control constitucional, al tratarse de cuestiones que competen a la jurisdicción ordinaria; esto, porque, se insiste, el problema jurídico planteado se concreta en la prestación deficiente del servicio de salud, no en su falta total de acceso, lo que no involucra la efectividad directa del derecho humano a la salud, sino el análisis de las condiciones de contratación que realizó la autoridad responsable y su ejecución, en abstracto. En consecuencia, en el caso resulta aplicable la regla general relativa a que, como se expuso, los organismos responsables no tienen el carácter de autoridad cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica de coordinación con sus beneficiarios y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con base en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan José González Martínez y María Altagracia y/o María A. Torres Ponce, por las razones y fundamentos precisados en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1.1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de uno de febrero del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que lo hiciera. 1.2. Se hace efectivo apercibimiento. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado el uno del mes pasado y ordena continuar con el procedimiento del presente asunto como fue planteado inicialmente. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.
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