Juan José González Flores

Expediente 555/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
555/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Juan José González Flores

Actuaciones

  1. Principal

    MESA. VI. Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de julio pasado, que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la demanda presentada por ***, contra actos del Juez Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 555/2019-VI-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone:... En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE... Ahora bien, en el escrito de demanda, la parte quejosa señala como acto reclamado:  EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL DESECHÓ LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEFENSOR DEL QUEJOSO, EN LA CAUSA PENAL ***. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen:... De la intelección de las disposiciones legales que preceden, la última interpretada contrario sensu, se conoce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Históricamente, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional, había considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En segundo lugar, dicho Alto Tribunal había considerado complemento del anterior, en una amplia interpretación del artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados, verbigracia, la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo de un juicio natural. Con base en este último supuesto, las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio, se estimaban como afectaciones a las partes cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaran la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, para determinar los supuestos referidos, se requería la satisfacción de los aludidos requisitos. Ante tales extremos, de no actualizarse alguna de las hipótesis antes contempladas, el juicio de amparo indirecto que se promoviera contra actos dentro del juicio, sería improcedente. Al respecto, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó dicho criterio en razón que en la Ley de Amparo abrogada el legislador secundario dio lugar a la interpretación del alcance de lo que debía entenderse por "imposible reparación". No obstante lo anterior, en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, se estima que el acto que reclama la parte quejosa no le causa perjuicio irreparable, habida cuenta que éste no tiene una ejecución de imposible reparación, sino se trata de una posible violación intraprocesal cometida durante el procedimiento, que afecta sólo sus derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar y si fuera el aso, del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Efectivamente, la infracción intraprocesal de que se duele el impetrante de amparo no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que aun cuando se diera el caso que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en sus derechos sustantivos. De ahí que el acto reclamado no es impugnable a través del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en los numerales 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito y como autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Salvador Martínez Duarte, Ruth Hernández Zamudio y Valentín Cisneros Rivas, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial; asimismo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas, por no contar con dicho registro...

  3. Principal

    MESA VI. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DOS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad de México, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda presentada por Juan José González Flores, contra actos del Juez Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 555/2019-VI-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el escrito de demanda, la parte quejosa señala como acto reclamado: EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL DESECHÓ LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEFENSOR DEL QUEJOSO, EN LA CAUSA PENAL 76/2018 En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la intelección de las disposiciones legales que preceden, la última interpretada contrario sensu, se conoce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Históricamente, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional, había considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En segundo lugar, dicho Alto Tribunal había considerado complemento del anterior, en una amplia interpretación del artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados, verbigracia, la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo de un juicio natural. Con base en este último supuesto, las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio, se estimaban como afectaciones a las partes cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaran la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, para determinar los supuestos referidos, se requería la satisfacción de los aludidos requisitos. Ante tales extremos, de no actualizarse alguna de las hipótesis antes contempladas, el juicio de amparo indirecto que se promoviera contra actos dentro del juicio, sería improcedente. Al respecto, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó dicho criterio en razón que en la Ley de Amparo abrogada el legislador secundario dio lugar a la interpretación del alcance de lo que debía entenderse por "imposible reparación". No obstante lo anterior, en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, se estima que el acto que reclama la parte quejosa no le causa perjuicio irreparable, habida cuenta que éste no tiene una ejecución de imposible reparación, sino se trata de una posible violación intraprocesal cometida durante el procedimiento, que afecta sólo sus derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar y si fuera el aso, del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Efectivamente, la infracción intraprocesal de que se duele el impetrante de amparo no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que aun cuando se diera el caso que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en sus derechos sustantivos. De ahí que el acto reclamado no es impugnable a través del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en los numerales 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito y como autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Salvador Martínez Duarte, Ruth Hernández Zamudio y Valentín Cisneros Rivas, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial; asimismo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal MESA VI. Vista la demanda presentada por ***, contra actos del Juez Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 555/2019-VI-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone:... En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE... Ahora bien, en el escrito de demanda, la parte quejosa señala como acto reclamado:  EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL DESECHÓ LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DEFENSOR DEL QUEJOSO, EN LA CAUSA PENAL ***. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen:... De la intelección de las disposiciones legales que preceden, la última interpretada contrario sensu, se conoce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Históricamente, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional, había considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En segundo lugar, dicho Alto Tribunal había considerado complemento del anterior, en una amplia interpretación del artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados, verbigracia, la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo de un juicio natural. Con base en este último supuesto, las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio, se estimaban como afectaciones a las partes cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaran la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, para determinar los supuestos referidos, se requería la satisfacción de los aludidos requisitos. Ante tales extremos, de no actualizarse alguna de las hipótesis antes contempladas, el juicio de amparo indirecto que se promoviera contra actos dentro del juicio, sería improcedente. Al respecto, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó dicho criterio en razón que en la Ley de Amparo abrogada el legislador secundario dio lugar a la interpretación del alcance de lo que debía entenderse por "imposible reparación". No obstante lo anterior, en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, se estima que el acto que reclama la parte quejosa no le causa perjuicio irreparable, habida cuenta que éste no tiene una ejecución de imposible reparación, sino se trata de una posible violación intraprocesal cometida durante el procedimiento, que afecta sólo sus derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar y si fuera el aso, del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Efectivamente, la infracción intraprocesal de que se duele el impetrante de amparo no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que aun cuando se diera el caso que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en sus derechos sustantivos. De ahí que el acto reclamado no es impugnable a través del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en los numerales 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito y como autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Salvador Martínez Duarte, Ruth Hernández Zamudio y Valentín Cisneros Rivas, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial; asimismo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas, por no contar con dicho registro...

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