Juan José González Casola y Otros.

Expediente 863/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
863/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Juan José González Casola y Otros.
  • Juan José González Casola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Colima, Colima, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja ******, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso interpuesto." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual *** y ***, ambos de apellidos ***, interponen recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio.

  3. Principal

    De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual se reservó acordar lo conducente respecto de la aclaración presentada por la parte quejosa. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se procede a acordar lo relativo al documento reservado. Quejoso cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa * * , por el cual cumplen con la prevención realizada por auto de radicación. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que la parte quejosa reclama la omisión de ordenar la reposición del procedimiento en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 459/2017; así como su ejecución, por parte del Juez Primero de lo Penal de Colima. Asimismo, en el escrito aclaratorio los quejosos * * , manifiestan bajo protesta de decir verdad que el veinte de agosto y veinte de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, tuvieron conocimiento de la omisión reclamada en la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete en el toca de apelación 459/2017. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano, tal como se advierte del numeral en cita que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el caso, una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;[.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo los preceptos transcritos con anterioridad, se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo que, por regla general, es de la forma siguiente: 1) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17, de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La jurisprudencia que precede, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Como se anticipó, el quejoso reclama la omisión de ordenar la reposición del procedimiento en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 459/2017; así como su ejecución, por parte del Juez Primero de lo Penal de Colima. Asimismo, en el escrito aclaratorio de demanda de veintidós de diciembre de dos mil veinte, los quejosos * * , manifiestan bajo protesta de decir verdad que el veinte de agosto y veinte de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, tuvieron conocimiento de la omisión que reclaman; por tanto, dicha manifestación pone en evidencia que a la fecha de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima (quince de diciembre de dos mil veinte), había fenecido en exceso el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que los quejosos no promovieron el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvieron conocimiento del acto reclamado; esto de considerar que si los citados quejosos * * , manifiestan bajo protesta de decir verdad que el veinte de agosto y veinte de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, tuvieron conocimiento del acto reclamado consistente en la omisión de reponer el procedimiento en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 459/2017; entonces el plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, transcurrió en exceso, pues han pasado más de dos años, sin que promovieran el juicio de amparo contra la omisión que reclaman. Asimismo, se tiene en cuenta la manifestación bajo protesta de decir verdad de los quejosos en su escrito de demanda y aclaratorio de la misma, en el sentido de que la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado fue el veinte de agosto y veinte de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar la extemporaneidad de la demanda que se analiza. Sobre el particular se invoca por similitud la Tesis: 2a./J. 50/2002 publicada en la página 64 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Constitucional, Común, Novena Época, Registro: 186676 del rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." De igual forma, resultan aplicables las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden establecen: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días ha fenecido al quince de diciembre de dos mil veinte, en que se presentó la demanda, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por los quejosos al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por * * .

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por los quejosos * * * , por medio del cual comparecen a desahogar la prevención dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y a señalar nuevo domicilio para recibir notificaciones. Reglas de atención de demandas de amparo. Ahora, a manera de cuestión previa, precisa destacar que el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, establece distintos supuestos por los cuales es dable admitir a trámite las demandas de amparo durante el periodo de contingencia; el cual fue ampliado a propósito de la circular CAP/3/2020. En ese sentido, la circula circular CAP/3/2020, establece que durante el período definido, esto es, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, se debe dar trámite a las solicitudes, demandas, incidentes, promociones y recursos presentados físicamente cuando se trate de casos urgentes. Por su parte, el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en su precepto 4 se dispone que se debe considerar como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos en materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. Además, en la fracción IX del último dispositivo en cita, se contempla que pueden considerarse subsumidos en aquella clasificación, en general, aquéllos asuntos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan y que, al respecto, es importante considerar: A) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y B) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En ese sentido, previamente a admitir o reservar el trámite de la demanda, es imprescindible resolver si lo reclamado se ubica en alguno de los supuestos normativos de que se ha dado noticia. Finalmente, en el artículo 24, fracción II, del referido acuerdo se evidencian las hipótesis, a saber, órdenes de aprehensión, aseguramiento de cuentas, actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal, derechos de menores de edad o de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y aseguramiento de bienes. Análisis de la demanda Ahora, de la lectura de la demanda de amparo y los documentos que acompañó se obtiene que la parte quejosa reclama de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal, la omisión de ordenar la reposición del procedimiento en la sentencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 459/2017. Como se ve, el acto reclamado en esta instancia constitucional no se ubica en alguno de los supuestos que ameriten la tramitación urgente de la demanda. Incluso, tampoco se ubican en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y 48, fracciones I, III a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para su tramitación urgente. Máxime que no se advierte que los quejoso ni las restantes partes puedan continuar, de manera electrónica, el juicio en línea, para dar seguimiento a la Litis en esos términos, esto es, no se aprecia que ninguna de las partes cuente con autorizados para consultar, notificar y actuar electrónicamente, y de la demanda de amparo se aprecia que hay diversas partes que deben ser emplazadas (autoridades responsables), las cuales, como ya se dijo, no tienen autorización electrónica, lo que imposibilita tramitar el presente juicio en "línea" en su totalidad, en términos del artículo 2, fracciones IV y V, del acuerdo general 13 antes citado. Esto es así, dado que en la circular SECNO/7/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, informó que en sesión de seis de mayo de la presente anualidad, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal", en el que indicó que para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes (quejoso, tercero interesado, Ministerio Público y autoridades responsables, artículo 5 de la Ley de Amparo) tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Lo cual se reiteró con el contenido de la circular SECNO/12/2020 de la dependencia en cita, donde se resolvió que debe suspenderse el procedimiento si es necesario practicar una diligencia de carácter personal (como un emplazamiento o notificación personal) o enviar oficios. Por tanto, se reserva proveer sobre la posible admisión, procedencia y competencia de la demanda de amparo de la quejosa Juan José González Casola y José Antonio González Casola, previo cumplimiento de los requisitos de presupuestos procesales, hasta en tanto sean reanudadas las labores cotidianas de este órgano jurisdiccional. Finalmente, en razón de que los quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Colima, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar la presente determinación en dicho lugar.

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