Juan José Gómez Hernández

Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1392/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Juan José Gómez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 48254/2022, girado dentro del presente juicio de amparo y, solicita que una vez que los requerimientos formulados a la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y la oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, sean desahogados, se informe a la brevedad dicha circunstancia al Tribunal de Alzada. Requerimiento. Por otra parte, toda vez que a la fecha no se tiene respuesta de dichos requerimientos, en consecuencia, se requiere a la oficina del Servicio Postal Mexicano, a fin que informe a este órgano jurisdiccional la fecha en que fue depositado en dicha dependencia el sobre identificado con el número de registrado MN029633582MX y, remita copia certificada de la constancia que así lo acredite. Asimismo, con independencia de lo anterior, se requiere a la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin que informe a este órgano jurisdiccional la fecha en que depositó el sobre que contiene el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y, remita copia certificada de la constancia que así lo acredite. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Finalmente, una vez que los requerimientos formulados en esta fecha sean desahogados, remítase a la brevedad la información al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por el quejoso; con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; así como con la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; de igual manera certifica que el plazo de tres días otorgado mediante proveído de cinco de septiembre del año en curso, en relación con la inexistencia de las autoridad responsables Agencia de Investigación Criminal de la Policía Ministerial del Estado de Coahuila, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra laOrganización Regional de la Policía Federal, y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Coahuila, todas con residencia en esta ciudad, trascurrió para la parte quejosa del diecinueve al veintiuno de septiembre en curso, excluyéndose de tal cómputo el sábado y domingo que mediaron por resultar inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata; Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de cinco de septiembre de este año, sin que hubiese desahogado la vista sobre la inexistencia de las autoridades responsables Agencia de Investigación Criminal de la Policía Ministerial del Estado de Coahuila, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra laOrganización Regional de la Policía Federal, y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Coahuila, todas con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que se tienen como inexistentes a las autoridades antes mencionadas. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegatos en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, recibido ese día en este juzgado, Juan José Gómez Hernández, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen tal carácter C. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DE TORREON COAHUILA. C. INSPECTOR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL ESTADO, REGIÓN LAGUNA I EN TORREON COAHUILA. AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA MINISTERAL DEL ESTADO DE COAHUILA. C. JEFE REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL ministerial en el estado de Coahuila con residencia y domicilio en esta ciudad en las oficinas de la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA de TORREON COAHUILA. C. ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE COAHUILA con residencia y domicilio en TORREON COAHUILA. IV. ACTOS RECLAMADOS. De las ordenadoras reclamamos la orden de comparecencia detención, aprehensión, reaprehensión, arresto, presentación para entrevista forzosa, restricción o privación de la libertad en cualquiera de sus formar que hayan emitido con el objeto de privar de la libertad al quejoso. De las ejecutoras reclamo el cumplimiento de la orden reclamada." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1392/2022-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta; además, su ejecución podría tener lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en la emisión de las órdenes de aprehensión, presentación, comparecencia y detención emitidas en su contra, así como su inminente ejecución material. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, e Inspector de la Agencia de Investigación Criminal, Región Laguna I, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridades responsables antes mencionadas al rendir sus informes justificados, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". En ese sentido, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a la autoridad responsable señalada con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Se notifica por lista a la quejosa Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para que el Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 13 al 18 y 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Deje insubsistentes los actos de aplicación contenidos en los recibos de pago con números de transacción 2021- 342389 y 2021-342398, expedidos el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a favor de la peticionaria del amparo Gabriela Lizbeth Magallanes Correa, por concepto de las contribuciones reclamadas y, 3. Devuelva a la justiciable las cantidades totales que erogó por los tributos señalados en el numeral que antecede (derechos e impuesto adicional), contenidos en los recibos de pago con números de transacción 2021-342389 y 2021- 342398 expedidos el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 2021-342389 y 2021-342398, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la parte quejosa, por la suma conjunta de $10,273.04 (diez mil doscientos setenta y tres pesos 80/100 moneda nacional). Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 2021-342389 y 2021-342398, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con la parte quejosa, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional.

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