Juan José Godínez Velázquez

Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
46/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Juan José Godínez Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, en el juicio de amparo 46/2021-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese al quejoso por lista en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan la promoción y razón de cuenta, por medio de las cuales en la primera de las mencionadas, el quejoso -----------, desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad manifiesta que en el juicio laboral J/7/28/2020 no se ha dictado laudo, en atención a que se encuentra en la etapa de instrucción es decir, notificación, emplazamiento, ofrecimiento y desahogo de pruebas. En consecuencia, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención de demanda de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por --------, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco Número Siete, con residencie en Ecatepec de Morelos, Estado de México, Atento a lo anterior, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, son de examen preferente conforme al artículo 62 del mismo ordenamiento legal, deben analizarse de oficio, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: El emplazamiento realizado por el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente 28/2020, así como la notificación de treinta de octubre de dos mil veinte y todo el procedimiento seguido con posterioridad. Pues bien, se considera que en el presente asunto existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: Al respecto, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, concatenado con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, aducen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (. ) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V, de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que s e hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución,. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determina la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos o resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza pena promovidos por el sentenciado. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso, o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército , Armada o Fuerza Aérea nacionales; b)Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (DOF 17/06/16). Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (DOF 17/06/16). Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su funcionamiento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará el libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo XV, julio de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo este contexto, y a fin de apuntalar la determinación de este juzgado, se debe tomar en cuenta que en esencia la parte quejosa, reclama: El emplazamiento realizado por el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente 28/2020, así como la notificación de treinta de octubre de dos mil veinte y todo el procedimiento seguido con posterioridad. Los artículos 762, fracción I y 763 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, en su orden, señalan lo siguiente: "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad. (.) Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que la disposición transcrita establece la existencia del incidente de nulidad, en este caso, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. De lo transcrito, alude que en contra del acto que reclama la parte quejosa, procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en la legislación de la materia de donde deriva el acto reclamado. Lo anterior es así, pues a través de ese medio de defensa legal, puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que tacha de ilegal. Para corroborar la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, es menester verificar que se encuentren colmados los requisitos previamente señalados. En ese sentido, por lo que respecta al requisito señalado en el inciso a), se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo llevó a cabo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco Número Siete, con residencie en Ecatepec de Morelos, Estado de México, esto es, proviene de un tribunal en materia de trabajo. Respecto al inciso b), también se encuentra satisfecho, al tenor de lo dispuesto en la Ley Federal del trabajo, específicamente en los artículos 762 y 763, donde se establece la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del incidente debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, es decir, en la citada controversia. Finalmente, se encuentra acreditado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado del incidente de nulidad de notificaciones, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Máxime que según lo expuesto en la demanda aún no se ha dictado laudo respectivo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página doscientos cincuenta y nueve, de julio de dos mil dos, que refiere: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo. En las condiciones anotadas, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Juan José Godínez Velázquez. Por otra parte, en la razón de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial de la adscripción para notificar al quejoso ----------, los autos de veintidós y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por los motivos que refiere en la misma. En mérito a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese al quejoso las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, así como la notificación de los autos de veintidós y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y el presente proveído, por medio de lista que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto haga el señalamiento de domicilio correspondiente.----------- Notifi´quese personalmente al quejoso por lista los acuerdos de veintidós y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, así como el presente auto, en los te´rminos que establece el arti´culo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LOS AUTOS DE 22 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICEN: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan José Godínez Velázquez, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 46/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Juan José Godínez Velázquez, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste el estado procesal que guardan los autos del expediente laboral 28/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México; es decir, precisando si en dicho juicio ya se dictó el laudo. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que el juicio de amparo 40/2021-VII, del índice de este Juzgado Federal, fue promovido por Mario Rodrigo Ortega Carmona (aquí tercero interesado), quien señala bajo protesta de decir verdad en lo conducente, que dentro del juicio laboral instaurado en contra de la parte demandada Juan José Godínez Velázquez (aquí quejoso), la Junta responsable señaló el seis de mayo de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual no se llevó a cabo por motivos de la pandemia de covid-19, señalando nueva fecha para el catorce de septiembre de dos mil veinte, la cual no se llevó a cabo por falta de notificación, y se fijó el ocho de febrero de dos mil veintiuno, llevándose a cabo dicha audiencia y señalando para la continuidad de la misma el ocho de julio de dos mil veintiuno, para el ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa, el aquí quejoso Juan José Godínez Velázquez, en sus conceptos de violación, por una parte, dice que no pudo comparecer a la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por lo que no pudo contestar la demanda instaurada en su contra, y por otra parte, hace alusión a que ya se dictó el laudo sin llevarse el procedimiento en forma legal. Situación que genera incertidumbre a este Juzgado Federal sobre el estado procesal que guarda el juicio laboral de origen, a efecto de estar en aptitud de resolver en su caso sobre la admisión de la demanda. En ese sentido, se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan será confrontada con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Así también, de ser el caso, al momento de emitir la sentencia definitiva con la que culmine el presente asunto, se valorará dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de dos milo diecisiete, tomo I, página cinco, de rubro siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." 2. Asimismo, deberá exhibir seis copias de su escrito de desahogo, para correr traslado a igual número de partes en el presente expediente y aperturar el incidente de suspensión. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia quejosa. Así como la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Sirve de apoyo a lo anterior con apoyo por analogía en la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento con los requerimientos de mérito, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en: Avenida José López Portillo, Kilómetro 23, colonia San Mareo Cuautepec, Estado de México. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico marugo2112@gmail.com, para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Ruiz González, toda vez que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a las demás personas que se señalan para esos efectos, únicamente se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como documento junto con la diversa persona señalada para tales efectos, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en dicho sistema. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por el quejoso -------, por medio del cual aduce desahogar la prevención que se le formuló en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, En atención a su contenido, dígase al promovente que no es dable tener por desahogada la prevención de referencia, toda vez que del estado de autos se advierte que los puntos de prevención del auto aludido, fueron en los siguientes términos: ..bajo protesta de decir verdad: Manifieste el estado procesal que guardan los autos del expediente laboral 28/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México; es decir, precisando si en dicho juicio ya se dictó el laudo. (..:) En ese sentido, en su ocurso de cuenta no se advierte que desahogue la prevención bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, la manifestación bajo protesta de decir verdad, requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cual es necesario satisfacer para tener certeza de que la parte quejosa se conduce con verdad. En tales condiciones, no se tiene por desahogada la prevención que le fue formulada al promovente; y tomando en consideración que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se le concedieron cinco días para dar cumplimiento a las medidas antes citadas, sin que obre en autos la notificación de dicho auto; por tanto, aun cuenta con los cinco días para acatar la prevención formulada en autos, haciendo de su conocimiento de que sigue subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo. Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial 2ª/J. 106/2003 publicada en la página ciento treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, que se titula: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por el quejoso -------, por medio del cual aduce desahogar la prevención que se le formuló en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, En atención a su contenido, dígase al promovente que no es dable tener por desahogada la prevención de referencia, toda vez que del estado de autos se advierte que los puntos de prevención del auto aludido, fueron en los siguientes términos: ..bajo protesta de decir verdad: Manifieste el estado procesal que guardan los autos del expediente laboral 28/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México; es decir, precisando si en dicho juicio ya se dictó el laudo. (..:) En ese sentido, en su ocurso de cuenta no se advierte que desahogue la prevención bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, la manifestación bajo protesta de decir verdad, requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cual es necesario satisfacer para tener certeza de que la parte quejosa se conduce con verdad. En tales condiciones, no se tiene por desahogada la prevención que le fue formulada al promovente; y tomando en consideración que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se le concedieron cinco días para dar cumplimiento a las medidas antes citadas, sin que obre en autos la notificación de dicho auto; por tanto, aun cuenta con los cinco días para acatar la prevención formulada en autos, haciendo de su conocimiento de que sigue subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo. Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial 2ª/J. 106/2003 publicada en la página ciento treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, que se titula: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Juan José Godínez Velázquez, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 46/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Juan José Godínez Velázquez, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste el estado procesal que guardan los autos del expediente laboral 28/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, Número Siete, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México; es decir, precisando si en dicho juicio ya se dictó el laudo. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que el juicio de amparo 40/2021-VII, del índice de este Juzgado Federal, fue promovido por Mario Rodrigo Ortega Carmona (aquí tercero interesado), quien señala bajo protesta de decir verdad en lo conducente, que dentro del juicio laboral instaurado en contra de la parte demandada Juan José Godínez Velázquez (aquí quejoso), la Junta responsable señaló el seis de mayo de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual no se llevó a cabo por motivos de la pandemia de covid-19, señalando nueva fecha para el catorce de septiembre de dos mil veinte, la cual no se llevó a cabo por falta de notificación, y se fijó el ocho de febrero de dos mil veintiuno, llevándose a cabo dicha audiencia y señalando para la continuidad de la misma el ocho de julio de dos mil veintiuno, para el ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, en el juicio de amparo en que se actúa, el aquí quejoso Juan José Godínez Velázquez, en sus conceptos de violación, por una parte, dice que no pudo comparecer a la audiencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por lo que no pudo contestar la demanda instaurada en su contra, y por otra parte, hace alusión a que ya se dictó el laudo sin llevarse el procedimiento en forma legal. Situación que genera incertidumbre a este Juzgado Federal sobre el estado procesal que guarda el juicio laboral de origen, a efecto de estar en aptitud de resolver en su caso sobre la admisión de la demanda. En ese sentido, se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan será confrontada con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Así también, de ser el caso, al momento de emitir la sentencia definitiva con la que culmine el presente asunto, se valorará dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de dos milo diecisiete, tomo I, página cinco, de rubro siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." 2. Asimismo, deberá exhibir seis copias de su escrito de desahogo, para correr traslado a igual número de partes en el presente expediente y aperturar el incidente de suspensión. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia quejosa. Así como la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Sirve de apoyo a lo anterior con apoyo por analogía en la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento con los requerimientos de mérito, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en: Avenida José López Portillo, Kilómetro 23, colonia San Mareo Cuautepec, Estado de México. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico marugo2112@gmail.com, para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Ruiz González, toda vez que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a las demás personas que se señalan para esos efectos, únicamente se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como documento junto con la diversa persona señalada para tales efectos, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en dicho sistema. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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