Juan José García Legaspí
Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan José García Legaspí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; y, toda vez que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicha determinación; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. En razón a lo expuesto en párrafos precedentes, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), se considera que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en el presente juicio concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción I, y 18 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración de este juicio de amparo y del cuaderno del original del incidente de suspensión, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Juez Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Monserrat Rivera Morales, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo por la(s) autoridad(es) responsable(s); sin que las partes realizaran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así se tiene, que mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de que el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca -autoridad responsable-, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veinte de octubre de dos mil veinte, librada contra ****, en la causa penal **/2017 de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito; y, 2. Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane la ilegalidad destacad, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado, es decir, deberá: Ponderar de manera legal la figura de la retroactividad benigna a favor del gobernador, que constituye el supuesto que, cuando se modifica las condiciones de la acción pública para perseguir penalmente un hecho, o bien, la duración de la pena que se imponga por él, surge la posibilidad de aplicación de la figura jurídica conocida por la doctrina como el principio de la retroactividad o en beneficio del gobernado; y, De considerar la autoridad responsable que debe prevalecer el derecho de la víctima o agraviado sobre el derecho de la retroactividad benigna a favor del encausado, deberá fundar y motivar adecuadamente, sin soslayar que el dispositivo 3°, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Oaxaca, no tiene el alcance de generar la prohibición de aplicar las nuevas normas sustantivas y que su eficacia sólo queda condicionada a que, en cada caso concreto, quede demostrado que el gobernado se encuentra en una situación que justifica aplicar la nueva ley en su beneficio.". Diligencia de cumplimiento de la autoridad responsable. Sentencia que al no haber sido recurrida, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió al citado juzgado responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; quien remitió copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento de tres de septiembre del año en curso, en la causa penal 51/2017 de su índice, por la que negó la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso ****, por el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 208, fracción XI del Código Penal del Estado de Oaxaca vigente en la época de los hechos. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. El Juzgado responsable al dictar la resolución de tres de septiembre de este año, en la que negó el libramiento de la orden de captura, realizó en lo que interesa los siguientes pronunciamientos: Dejó insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil veinte, terminada de engrosar el veinte de octubre del año próximo pasado, emitida en la causa penal 51/2017 del índice del Juzgado responsable. Señaló que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, entrare en vigor una nueva ley, se estaría a lo dispuesto a la más favorable al inculpado o sentenciado y que la autoridad que conociera del asunto, aplicaría la ley más favorable al justiciable. Agregó que al haber entrado en vigor una ley, la cual la conducta considerada por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, el individuo tiene derecho constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y por ende, se le ponga en libertad. Concluyó que la conducta tipificada en el artículo 208 y sancionada en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que el funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, cometieran el hecho por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, dejó de tener el carácter de delito, pues en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, no continúo contemplándola dentro de la hipótesis de dicho antisocial ni la ubico en otra alguna hipótesis, por lo que, aplicó retroactivamente la ley penal vigente en beneficio del aquí quejoso ***, en términos de los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indicó, que no se reunían los extremos del artículo 16 Constitucional, para librar la orden de aprehensión, en razón a que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito de abuso de autoridad, por lo que, estimó que no se puede incoar el procedimiento penal. Finalmente, resolvió negar librar la orden de aprehensión en contra del quejoso Juan José García Legaspi, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad. De lo anterior, se obtiene que el juez responsable a consideración de este órgano jurisdiccional, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistentes las anteriores órdenes de aprehensión libradas contra el impetrante; determinó que la conducta atribuida contenida en el artículo 208, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en la época de los hechos, consistente en el delito de abuso de autoridad, dejó de tener tal carácter conforme a lo establecido en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, sin que operara la figura de traslación de tipo, pues como lo expuso, dicha conducta no quedó establecida en alguna de las hipótesis del vigente artículo 208 del citado código punitivo o en alguno diverso; y finalmente aplicó en beneficio del aquí impetrante el principio de retroactividad de la norma penal, en términos del artículo 14 Constitución, por lo que, negó la orden de aprehensión solicitada por la Representación Social. Es decir, al no existir una homologación de la conducta -atribuida- típica de la anterior ley a la nueva ley, no se actualizó una traslación de tipo, lo que dio como resultado la prevalencia del principio contenido en el artículo 14 Constitucional, referente a la retroactividad de la ley en favor del justiciable. En mérito de lo expuesto, para efectos exclusivos de lo que aquí se trata, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en autos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza a la Actuaria Judicial y/o Secretario a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y personalmente.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo por la(s) autoridad(es) responsable(s); sin que las partes realizaran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así se tiene, que mediante sentencia de siete de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de que el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca -autoridad responsable-, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de veinte de octubre de dos mil veinte, librada contra ****, en la causa penal **/2017 de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito; y, 2. Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane la ilegalidad destacad, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado, es decir, deberá: Ponderar de manera legal la figura de la retroactividad benigna a favor del gobernador, que constituye el supuesto que, cuando se modifica las condiciones de la acción pública para perseguir penalmente un hecho, o bien, la duración de la pena que se imponga por él, surge la posibilidad de aplicación de la figura jurídica conocida por la doctrina como el principio de la retroactividad o en beneficio del gobernado; y, De considerar la autoridad responsable que debe prevalecer el derecho de la víctima o agraviado sobre el derecho de la retroactividad benigna a favor del encausado, deberá fundar y motivar adecuadamente, sin soslayar que el dispositivo 3°, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Oaxaca, no tiene el alcance de generar la prohibición de aplicar las nuevas normas sustantivas y que su eficacia sólo queda condicionada a que, en cada caso concreto, quede demostrado que el gobernado se encuentra en una situación que justifica aplicar la nueva ley en su beneficio.". Diligencia de cumplimiento de la autoridad responsable. Sentencia que al no haber sido recurrida, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió al citado juzgado responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; quien remitió copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento de tres de septiembre del año en curso, en la causa penal 51/2017 de su índice, por la que negó la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso ****, por el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 208, fracción XI del Código Penal del Estado de Oaxaca vigente en la época de los hechos. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. El Juzgado responsable al dictar la resolución de tres de septiembre de este año, en la que negó el libramiento de la orden de captura, realizó en lo que interesa los siguientes pronunciamientos: Dejó insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil veinte, terminada de engrosar el veinte de octubre del año próximo pasado, emitida en la causa penal 51/2017 del índice del Juzgado responsable. Señaló que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, entrare en vigor una nueva ley, se estaría a lo dispuesto a la más favorable al inculpado o sentenciado y que la autoridad que conociera del asunto, aplicaría la ley más favorable al justiciable. Agregó que al haber entrado en vigor una ley, la cual la conducta considerada por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, el individuo tiene derecho constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y por ende, se le ponga en libertad. Concluyó que la conducta tipificada en el artículo 208 y sancionada en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que el funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, cometieran el hecho por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, dejó de tener el carácter de delito, pues en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, no continúo contemplándola dentro de la hipótesis de dicho antisocial ni la ubico en otra alguna hipótesis, por lo que, aplicó retroactivamente la ley penal vigente en beneficio del aquí quejoso ***, en términos de los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indicó, que no se reunían los extremos del artículo 16 Constitucional, para librar la orden de aprehensión, en razón a que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito de abuso de autoridad, por lo que, estimó que no se puede incoar el procedimiento penal. Finalmente, resolvió negar librar la orden de aprehensión en contra del quejoso Juan José García Legaspi, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad. De lo anterior, se obtiene que el juez responsable a consideración de este órgano jurisdiccional, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistentes las anteriores órdenes de aprehensión libradas contra el impetrante; determinó que la conducta atribuida contenida en el artículo 208, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en la época de los hechos, consistente en el delito de abuso de autoridad, dejó de tener tal carácter conforme a lo establecido en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, sin que operara la figura de traslación de tipo, pues como lo expuso, dicha conducta no quedó establecida en alguna de las hipótesis del vigente artículo 208 del citado código punitivo o en alguno diverso; y finalmente aplicó en beneficio del aquí impetrante el principio de retroactividad de la norma penal, en términos del artículo 14 Constitución, por lo que, negó la orden de aprehensión solicitada por la Representación Social. Es decir, al no existir una homologación de la conducta -atribuida- típica de la anterior ley a la nueva ley, no se actualizó una traslación de tipo, lo que dio como resultado la prevalencia del principio contenido en el artículo 14 Constitucional, referente a la retroactividad de la ley en favor del justiciable. En mérito de lo expuesto, para efectos exclusivos de lo que aquí se trata, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en autos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza a la Actuaria Judicial y/o Secretario a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 2375/2021, procedente del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y remite constancias para acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario (a) judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y por oficio a la parte tercera interesada.
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