Juan José García Legaspi
Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca
- Juan José García Legaspi
- Juan José García Legaspi y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este asunto; y, en razón de que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicho proveído; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. En razón a lo anterior, archívese este asunto como concluido, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 18 del citado Acuerdo, se considera que es susceptible de DEPURACIÓN, en razón de que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. En ese sentido, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del cuaderno original, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En ocho de abril de dos mil veintidós, atento a las razones que anteceden, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, por medio de lista de acuerdos, misma que se fija en un lugar visible y de fácil acceso al local de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, notifico la resolución de veinticuatro de marzo dos mil veintidós, de este índice, a la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto al rubro indicado. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; sin que hubiere realizado señalamiento alguno al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida, sin exceso, ni defecto. Efectos de fallo concesorio. Así, se tiene que mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; sin embargo, la parte tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el Estado, quien por ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 86/2020, modificó la sentencia recurrida, en la cual se concedió el amparo protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad judicial responsable, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada por el quejoso en el juicio de amaro indirecto, emitido en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad, y de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, reclamado por el quejoso en el juicio de amparo indirecto, emitida en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad, y Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en el mismo sentido o en uno diverso, pero para el caso de insistir, subsane los vicios formales destacados, esto es, se pronuncie respecto a la conducta estimada como delictiva, previa confrontación de los elementos que determinan su configuración conforme a su tipificación modificada en la nueva legislación, mediante el Decreto Número 710, publicado en el Periódico Oficial el quince de diciembre de dos mil diecisiete, y de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda, esto es, señale si se mantienen los elementos de la descripción típica del delito y, en su caso, aplique la disposición más favorable". [..]" Luego, mediante proveído de diecisiete de agosto del año próximo pasado, se tuvieron por recibidos los autos originales de este juicio de amparo; y se requirió el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables. Diligencias de cumplimiento de la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, se recibió el oficio 2352/2020, del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con anexo, consistente en copia certificada de la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 44/2017, de su índice; en la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso Juan José García Legaspi, por el delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad; en razón que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si existe imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, se estima que al realizar una confrontación entre los efectos de la sentencia amparadora con las constancias remitidas por las responsables -antes detalladas-, se arriba a la conclusión de que ésta se encuentra debidamente cumplida, pues es evidente que a la parte quejosa se le restituyó en el goce del derecho humano violado, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional; porque: Dejó insubsistente la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho -autorizada el veintidós siguiente-, emitida en la causa penal 44/2017 del índice del Juzgado responsable. Señaló que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, entrare en vigor una nueva ley, se estaría a lo dispuesto a la más favorable al inculpado o sentenciado y que la autoridad que conociera del asunto, aplicaría la ley más favorable al justiciable. Agregó que al haber entrado en vigor una ley, la cual la conducta considerada por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, el individuo tiene derecho constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, se le ponga en libertad. Concluyó que la conducta tipificada en el artículo 208 y sancionada en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que el funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, cometieran el hecho por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, dejó de tener el carácter de delito, pues en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, no continúo contemplándola dentro de la hipótesis de dicho antisocial ni la ubicó en otra alguna hipótesis, por lo que, aplicó retroactivamente la ley penal vigente en beneficio del aquí quejoso Juan José García Legaspi, en términos de los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indicó, que no se reunían los extremos del artículo 16 Constitucional, para librar la orden de aprehensión, en razón a que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito de abuso de autoridad, por lo que, estimó que no se puede incoar el procedimiento penal. Finalmente, resolvió negar librar la orden de aprehensión en contra del quejoso Juan José García Legaspi, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. En tal virtud, gírese oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Adscripción de titular del órgano jurisdiccional. Por otra parte, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza al Secretario Judicial de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se da vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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