Juan Jose Gamboa Cetina
Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Jose Gamboa Cetina
- Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Y Oral del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por David Araba Dorantes Cabrera, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el treinta de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, terceros interesados y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, y físicamente los anexos remitidos por la autoridad responsable con el informe justificado, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 693/2023-III-B promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dos de mayo siguiente a este Juzgado Segundo, compareció ******************** por conducto de su defensor particular ********************, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 693/2023-III-B; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución dictada el cinco de abril de dos mil veintitrés, en autos de la causa penal ********************, en la cual se negó la solicitud de acumulación de las causas penales ******************** y ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son infundados por un lado, los conceptos de violación aducidos por el quejoso, y por otro, inatendibles; motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Cabe señalar que en la resolución impugnada, una vez expuestos los argumentos de las partes, la Juez de Control responsable no accedió a la solicitud de la defensa del imputado, aquí quejoso, en el sentido de declarar la acumulación de los procesos penales que se le instruyen, causas ******************** y ********************, en términos de lo previsto en el artículo 30, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se decretará la acumulación, en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito. Al respecto, como conceptos de violación, el quejoso aduce lo siguiente: Que la Juez responsable vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad, debido proceso y de acceso a la justicia, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con lo establecido en el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al negarse a la acumulación de las causas penales ******************** y ********************, que se le instruyen ante la propia autoridad. Lo anterior, al considerar que en ambas carpetas tanto la conducta que se le atribuye es la misma, así como las partes, la víctima, el delito (peculado agravado), dentro del mismo periodo que abarcó la administración municipal, difiriendo solamente en los ejercicios fiscales. Ya que por lo que respecta a la causa penal ********************, es por los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y en la causa penal ********************, es por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018. De igual manera, aduce el quejoso que la responsable transgrede sus derechos fundamentales, al señalar que de acceder a la acumulación de los procesos, se generarían un retardo, ya que las causas se encuentran en etapas diferentes, la ******************** en su parte escrita de audiencia intermedia y la ******************** en investigación complementaria, lo que conllevaría paralizar el procedimiento más avanzado. Sin embargo, dice que ello contraviene los artículos 14 y 16 de la Carta Magna del País, así como el artículo 32 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dicho precepto dispone que la acumulación puede decretarse hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral; vulnerando en consecuencia, los principios de legalidad, debido proceso e incurriendo en una indebida fundamentación y motivación, ya que debe aplicar la ley en lo que más le beneficia. Señalando además, que la ley no dice que no procede la acumulación, sino que establece un término para realizarla; de ahí que si las causas penales no se encuentran en la etapa del juicio oral, entonces debe accederse a la acumulación. Los conceptos de violación vertidos, devienen infundados, por las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe señalar que los artículos 8º, 30 y 31 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 8o. Principio de concentración Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código." "Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando: I. Se trate de concurso de delitos; II. Se investiguen delitos conexos; III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente." Del análisis del primer párrafo del artículo 8º del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que uno de los aspectos positivos del principio de concentración, es que todo se produce en el debate mismo, implica que la expresión de los fundamentos de la acusación y la defensa, el desahogo de las pruebas de las partes, sus conclusiones y el veredicto de la sentencia se lleve a cabo en una sola audiencia. En esencia, el principio de concentración de que habla el primer párrafo del numeral transcrito, se entiende como la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento en una sola audiencia o en el menor número posible de sesiones. En el segundo párrafo del numeral en comento, se establece que las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en los supuestos previstos en el propio Código. Dichos supuestos se encuentran contemplados en el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se prevé literalmente que habrá acumulación de procesos, cuando: I. Se trate de concurso de delitos; II. Se investiguen delitos conexos; III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o; IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos Por lo que, atento al principio de concentración que impera en el procedimiento penal acusatorio, la figura de la acumulación sólo tiene por efecto que los conflictos acumulados se resuelvan en una sentencia, a fin de evitar resoluciones contradictorias, con la finalidad de dar mayor certeza y celeridad a los procesos sometidos ante la potestad de los jueces. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencia emitida en el amparo directo en revisión 4295/2019, en lo concerniente a los parámetros emitidos sobre el tema de la acumulación de procesos, la figura de la conexidad objetiva y el que la acumulación exige compatibilidad procesal y material, estableció que la acumulación de procesos se encuentra íntimamente relacionada con los principios de unidad procesal y concentración. Asimismo, señaló que el principio de unidad procesal aprueba que los hechos sean investigados bajo una misma causa penal, siempre que no exista alguna condición que haga variar la situación jurídica de los investigados, imputados o acusados, así como por razones de competencia y delitos bajo investigación. Que este principio deriva la figura de conexidad procesal, en virtud de la cual los delitos que tengan un vínculo, sea sustancial o procesal, se investigarán y juzgarán conjuntamente y, por ende, serán objeto de una misma sentencia. De igual modo, determinó que el principio de concentración consiste en que las audiencias se lleven a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, a fin de agilizar y hacer expedito todo el proceso, pues por una parte abonará a que se desarrolle en el menor número de audiencias y, por otra, que el juzgador pueda realizar la verificación total de los argumentos del debate y las pruebas desahogadas, de manera concentrada. Por lo cual consideró que la acumulación de las causas penales atiende a los principios de unidad procesal y concentración. Lo anterior, porque permite que los mismos hechos sean materia de debate en un único juicio, no obstante existan diversos imputados, en aras de reducir el número de actuaciones penales por el mismo comportamiento o por varios delitos en conexidad, ya que contribuye a la realización del derecho de defensa de las personas investigadas, acusadas o juzgadas en tanto asegura la concentración de sus esfuerzos para lograr una defensa adecuada. Además, en la medida en que los derechos de las víctimas se ven favorecidos, debido a que pueden formular sus pretensiones de verdad, reparación y justicia, en relación con diversos acusados. Finalmente, porque dota de eficacia y celeridad al proceso, optimizando los esfuerzos y recursos invertidos por las partes intervinientes y autoridades judiciales en materia probatoria; y, evita la adopción de decisiones contradictorias frente a los mismos hechos, conforme al derecho de seguridad jurídica. Al caso, se cita el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 1219, del Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022868, que indica: "ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL. SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD PROCESAL Y CONCENTRACIÓN. Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro agravado; seguido el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral determinó de manera oficiosa acumular diversos procesos penales de su índice para substanciar un único juicio oral; el referido Tribunal dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en casación modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado). El Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, consideró que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, contradicción e imparcialidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la acumulación de procesos se encuentra íntimamente relacionada con los principios de unidad procesal y concentración. Justificación: El principio de unidad procesal aprueba que los hechos sean investigados bajo una misma causa penal, siempre que no exista alguna condición que haga variar la situación jurídica de los investigados, imputados o acusados, así como por razones de competencia y delitos bajo investigación. De este principio deriva la figura de conexidad procesal, en virtud de la cual los delitos que tengan un vínculo, sea sustancial o procesal, se investigarán y juzgarán conjuntamente y, por ende, serán objeto de una misma sentencia. Por su parte, el principio de concentración consiste en que las audiencias se lleven a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, a fin de agilizar y hacer expedito todo el proceso, pues por una parte abonará a que se desarrolle en el menor número de audiencias y, por otra, que el juzgador pueda realizar la verificación total de los argumentos del debate y las pruebas desahogadas, de manera concentrada. Así, en relación con el proceso acusatorio, la acumulación de las causas penales atiende a los referidos principios de unidad procesal y concentración en la medida en que permite que los mismos hechos sean materia de debate en un único juicio, no obstante existan diversos imputados, en aras de reducir el número de actuaciones penales por el mismo comportamiento o por varios delitos en conexidad, ya que contribuye a la realización del derecho de defensa de las personas investigadas, acusadas o juzgadas en tanto asegura la concentración de sus esfuerzos para lograr una defensa adecuada; también los derechos de las víctimas se ven favorecidos, en virtud de que pueden formular sus pretensiones de verdad, reparación y justicia, en relación con diversos acusados; además, dota de eficacia y celeridad al proceso, optimizando los esfuerzos y recursos invertidos por las partes, intervinientes y autoridades judiciales en materia probatoria; y, evita la adopción de decisiones contradictorias frente a los mismos hechos, conforme al derecho de seguridad jurídica." Sentado lo anterior, fue correcta la determinación de la juez responsable, al negar la acumulación de los procesos penales que se le instruyen al aquí quejoso ante el juzgado de Control responsable, bajo la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que procede la acumulación: "en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito". Lo anterior es así, toda vez que con base en los principios de unidad procesal y concentración, que deben prevalecer al decretarse la acumulación de procesos, consideró que en el caso particular no procedía la acumulación, porque no se trata de un mismo ilícito. Efectivamente, se advierte que no se surte ese supuesto normativo, porque se hace referencia a que un mismo delito sea cometido por diversas personas, lo que en el caso no ocurre, ya que por lo que respecta a la causa penal ********************, se le atribuye al imputado, aquí quejoso, la comisión del delito de peculado por hechos cometidos en la administración municipal 2016-2017 de Tahmek, Yucatán, en la que fungió como Presidente Municipal, y en la carpeta ********************, se le instruye por la comisión del delito de peculado agravado, por hechos cometidos en la administración municipal 2018; es decir, por hechos diversos, en los que los partícipes en ambas carpetas son distintos, de acuerdo a lo expuesto por las partes. Aunado a ello, correctamente se tomó en consideración las etapas procesales en las que se encuentran las causas, que son diversas, pues aunque en ambas carpetas todavía no se dicta auto de apertura de juicio oral; lo cierto es que de declararse la procedencia de la acumulación, sí implicaría un desface en su integración. Ya que por lo que respecta a la causa penal ********************, después de varios diferimientos, finalmente se fijó fecha para la audiencia intermedia para el día veinticinco de abril de dos mil veintitrés; mientras que en la causa ********************, se encuentra transcurriendo el plazo de tres meses para la investigación complementaria, que vencía el veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, con la posibilidad de que la fiscalía pudiera solicitar un plazo adicional de tres mes para ello. Lo que lejos de hacer expedito los procesos, permitiendo que se desarrollen en el menor número de audiencias, ello no sería posible, al tratarse de hechos totalmente diversos, contraviniendo su finalidad en cuanto a la unidad procesal y concentración. Al caso, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 6908, del Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2026772, que dice: "PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE EXCEDER EL MÁXIMO LEGAL CON MOTIVO DE LA ACUMULACIÓN DE CAUSAS PENALES. Hechos: En una causa penal se decretó auto de vinculación a proceso contra el quejoso; posteriormente, en diversa causa penal fue vinculado a proceso por otro delito cometido en agravio de distinta ofendida. La Fiscalía solicitó la acumulación de ambas causas penales (seguidas por delitos cuya pena máxima excede los dos años de prisión) y la Jueza de Control lo autorizó, determinando que el plazo para el cierre de la investigación complementaria se "homologaría" para ambos procesos, feneciendo conforme al cómputo del segundo de ellos, pero la defensora no estuvo conforme con que se excediera el plazo de seis meses en la primera causa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la circunstancia de que una causa penal haya sido acumulada a otra, no justifica que el plazo para el cierre de la investigación complementaria se prolongue por más de seis meses en el primero de esos procesos. Justificación: Conforme a los artículos 321 a 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en atención a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 146/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", el plazo máximo para el cierre de la investigación complementaria para los delitos cuya pena máxima excede los dos años de prisión, será siempre de seis meses. Enunciado normativo que debe asumirse como una regla tendente a evitar la prolongación interminable de las causas penales, cuya finalidad es cumplir con el mandato contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partiendo de lo anterior, el hecho de que una causa penal se acumule a otra, no permite que pueda prorrogarse por más de seis meses el término fijado para la investigación complementaria de la primera, pues los artículos 30 a 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan el trámite de la acumulación de causas penales, no contienen una excepción al respecto, lo que revela la intención del legislador de que en todo momento se respeten los máximos legales previstos en los preceptos inicialmente invocados." Por otra parte, en un diverso motivo de inconformidad, señala el quejoso que la autoridad responsable se concretó únicamente al estudio de la fracción III, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, omitiendo analizar todos los supuestos que en dicho numeral se prevén para la acumulación, lo que debió realizar atendiendo la causa de pedir a través de los argumentos que expuso la defensa. Tal motivo de inconformidad es infundado, toda vez que la decisión adoptada por la juez de origen no implica infracción a algún derecho fundamental del quejoso, si se toma en cuenta que conforme al principio de imparcialidad judicial que debe prevalecer en todo proceso penal, el juez de control se concretó a resolver la petición de la acumulación, respecto a lo planteado por la defensa, y sobre ese aspecto es que se procedió al debate de las partes, por lo que en esa medida, no estaba facultado para corregir la deficiencia en la petición de la defensa. Además, en el caso tampoco se vulnera el derecho a la impartición de justicia invocado por el promovente del amparo, puesto que el artículo 17 Constitucional que reconoce ese derecho, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la prosecución de los procedimientos jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2007621, que menciona: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." También alega la parte quejosa como concepto de violación, que la determinación impugnada le afecta porque la juzgadora le dictó prisión preventiva oficiosa en su contra por tener dos carpetas de investigación, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho concepto de violación, resulta inatendible, en la medida en que los argumentos que expone no formaron parte del debate al que se sujetó la juzgadora responsable, al negarse a decretar la acumulación de las causas penales que se le instruyen al aquí quejoso En esta tesitura, es inconcuso que fue correcto el actuar de la Juez de Control responsable, al declarar la improcedencia de la acumulación de procesos, planteada por el imputado, aquí quejoso, en la causa penal ********************. En consecuencia, al haber resultado infundados e inatendibles los conceptos de violación aducidos, sin que se advierta deficiencia que suplir a favor del quejoso; lo que legalmente procede es negar a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín; por los motivos señalados en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese a los presentes autos incidentales, para los efectos legales conducentes, el oficio 1935/2023, signado por la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, mediante el cual, solicita se le comunique si se encuentra facultada para ejecutar el acto reclamado en el presente asunto. Al efecto, mediante oficio que para tal efecto se gire vía mensajería acelerada Estafeta, hágase del conocimiento de la referida autoridad responsable, que mediante proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, defensor del quejoso ********************, exhibiendo el billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de ********************, a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de catorce de junio de dos mil veintitrés. Por lo que dicha medida suspensoria continúa surtiendo sus efectos, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en el expediente principal del que deriva esta incidencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que por acuerdo de uno de junio del año en curso, se ordenó remitir al Auditor Superior del Estado, con residencia en esta ciudad, la copia de la demanda de amparo que solicitó; sin que se hubiere librado el oficio correspondiente. Por tal motivo, a fin de no dejar en esta de indefensión al citado tercero interesado, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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