Juan José Don Juan Bautista
Expediente 1179/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan José Don Juan Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Expediente destrucción Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. Mediante sentencia de seis de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "[.] se deje insubsistente la respectiva orden de pago y se le permita continuar con sus trámites de reinscripción al ciclo escolar 2022-2023, sin la obligación de cubrir pago alguno por ese concepto. [.]" Determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión administrativo 598/2022, Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento. Sentado lo anterior, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se desprende que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio OAG/666/2023, el Abogado General y representante en Asuntos Judiciales y Contenciosos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dejó insubsistente la orden de pago 000050203 a nombre de la aquí quejosa, de la Licenciatura en Derecho, 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. quedando en su lugar el registro la ficha 000052443, por el mismo concepto de "reingreso pago de inscripción C.E. 2022- 2023", a la Facultad de Derecho, pero por el monto $0.00 y un saldo por la misma cantidad de $0.00. De lo anterior se advierte lo siguiente: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA 1. Se deje insubsistente la orden de pago; y, 2. Se permita a la quejosa continuar con sus trámites de reinscripción al ciclo escolar 2022- 2023, sin la obligación de cubrir pago alguno por ese concepto. 1. La autoridad responsable dejó insubsistente la orden de pago 000050203 a nombre de la quejosa"; y, 2. Dejó en su lugar el registro de la ficha 000052443, por el mismo concepto de "reingreso pago de inscripción C.E. 2022-2023", pero por el monto $0.00 y un saldo por la misma cantidad de $0.00. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente la orden de pago 000050203 a nombre de la quejosa, por concepto de "reingreso pago de inscripción C.E. 2022-2023"; 2. Emitió el registro de la ficha 000052443, por el mismo concepto pero con el monto $0.00 y un saldo por la misma cantidad de $0.00. Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la ejecutoria, sin que incurriera en exceso o defecto, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo ahí establecido. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Requerimiento de cumplimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, den cumplimiento a la sentencia, para los efectos siguientes: ".1. Las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorera del Ayuntamiento y el Jefe de Catastro, todos del Municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en el ámbito de su respectiva competencia legal, deberán realizar todos los actos necesarios para recuperar o establecer y actualizar, al menos a la fecha de presentación de la demanda, la totalidad de la información inherente a los planos catastrales respecto de las ochenta y tres claves catastrales precisadas tanto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito, dentro de su amparo en revisión 182/2020, como por el perito oficial en su escrito recibido el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 307, 308 y 309 del presente expediente); siempre y cuando pertenezcan a la demarcación territorial del Municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; o bien, manifieste su imposibilidad jurídica y/o fáctica para hacerlo. 2. Hecho lo anterior, darán vista con la totalidad de la información atinente de dichos plano y claves catastrales, al aludido ejido quejoso, a fin de que estén en posibilidad de determinar el posible traslape de predios y, de ser el caso, de realizar el proceso legal correspondiente ante las autoridades agrarias legalmente competente, en contra de las personas que pudieran llegar a ser tercero afectados. Al respecto se cita, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia VI.A. J/9 del entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que aparece en la página 1043 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2000, Novena Época, con registro digital 191320, que dice lo siguiente: "CLAVE CATASTRAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. SU CANCELACIÓN EN FORMA UNILATERAL ES UN ACTO VIOLATORIO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Si bien de acuerdo a la naturaleza jurídica de una clave catastral no puede afirmarse en principio que ésta sea constitutiva de derechos, sin embargo, tratándose de un procedimiento administrativo cuyo objeto es precisamente la cancelación de la clave catastral respecto de un predio por considerar la autoridad que se encuentra éste dentro de una zona ecológica y cuyo seguimiento se ha dado en forma unilateral por parte de aquélla, sin hacerlo del conocimiento de la persona perjudicada; debe estimarse entonces que ante el estado de incertidumbre legal que dicha cancelación propicia, y que se traduce en una determinación gubernamental que modifica el aprovechamiento por parte del legítimo propietario del predio en cuestión, sí se afectan de esta manera sus derechos, y por ende debe respetarse la garantía de audiencia y defensa consagrada dentro del artículo 14 constitucional, donde se estatuye que en todo procedimiento se debe otorgar el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, así como poder formular alegatos, a fin de estar en oportunidad de que el posible afectado finque su defensa."." Apercibimiento Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa a cada una de las omisas por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe demanda Vista la demanda de amparo promovida por Juan José Don Juan Bautista, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público con residencia en el Estado de San Luis Potosí, Mesa 6 y otras autoridades, que estima son violatorios de las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1179/2021-VI. Prevención de demanda Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 en relación con el 108 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias de su ocurso aclaratorio, se sirva aclarar su demanda de amparo, precisando lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto u omisión que en concreto le atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables. En efecto, en el capítulo correspondiente a las autoridades responsables señala a la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública del Estado (sic), Policía Municipal (sic), como ordenadora al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de Ministerio Público con residencia en el Estado de San Luis Potosí, Mesa 6, y como ejecutoras al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Luego, a las últimas tres autoridades les atribuye la orden detención y/o aprehensión dictada en su contra, asimismo, al agente del Ministerio Público que señala como responsable también le reclama la omisión de acordar las peticiones que indica más adelante (sic). En ese orden, no se advierte qué actos son los que atribuye a las autoridades que designa como Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública del Estado (sic), Policía Municipal (sic); ni tampoco precisa las omisiones que reclama del agente del Ministerio Público que señala; por lo que no resulta factible establecer la pretensión del promovente. SEGUNDO. En congruencia con lo anterior, deberá precisar y ampliar, bajo protesta de decir verdad, de manera clara y precisa, los antecedentes del acto reclamado y los hechos o abstenciones que los constituyen o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; de los que deberá advertirse si ha comparecido ante la autoridad que señala como ordenadora, en su caso, la fecha en que presentó las peticiones y el carácter que ostenta en el procedimiento respectivo. [ . . . ] Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Genaro Salazar Ramírez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
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