Juan José Díaz Vázquez

Expediente 613/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
613/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Juan José Díaz Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese el oficio de cuenta a través del cual el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, acusa recibo del oficio 29742 así como copia certificada de la causa 104/2015, que remitió como complemento a su informe justificado. En su oportunidad, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    v) Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese el oficio de cuenta a través del cual el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de la Región de Toluca, México, acusa recibo del toca 567/2015 y un disco certificado, que anexó como complemento a su informe justificado. En su oportunidad, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese.

  3. Principal

    V) La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la vigente Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de primero de junio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca y al Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, México, que anexaron como complemento a su informe justificado. Asimismo, se le solicita, acusar el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 613/2016-V, promovido por Juan José Díaz Vázquez, contra actos de la Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido, al día siguiente hábil, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Juan José Díaz Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: 2.- COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA SEÑALO: a la PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2- COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS SEÑALO:A) Al JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO. B) PROCURADOR GENERAL DE Justicia DEL ESTADO DE MÉXICO, ACTO RECLAMADO: A).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES reclamo la omisión para investigar conforme a la renuncia de tortura, derivada de la vista que genero la responsable. PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, en la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, pronunciada en el toca de apelación 567/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado JUAN JOSÉ Díaz VÁZQUEZ, en contra de la sentencia condenatoria de fecha cinco de octubre de dos mil quince, dictada por la responsable JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, quien a su vez informó que dio intervención a la responsable PROCURADOR GENERAL DE JUÚTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, para el inicio e integración de la carpeta de investigación respectiva, y ante su posible inexistencia, pues hasta el momento no he sido entrevistado en relación a los hechos, ninguna autoridad ha acudido a dar seguimiento mediante, intervención pericial o cualquier otro tipo de acto tendente a investigar, cuyos efectos son de imposible reparación, porque afectan materialmente mis derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello le reclamo la omisión de ordenar todas las diligencias que sean necesarias para integrar la carpeta de investigación respectiva, pues a la fecha ha transcurrido bastante tiempo desde la fecha de la denuncia de la tortura, afectando del esta forma mis derechos humanos, constitucionales y procesales." (SIC). SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate, vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 y 12), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consisten, esencialmente, en: - La omisión para investigar conforme a la denuncia de tortura, derivada de la vista que generó la responsable PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades responsables señaladas como la Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia, el Juez de Juicio Oral del distrito Judicial de Toluca y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y consultiva en representación del Procurador General de Justicia, todas del Estado de México, y otras autoridades, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 15, 22 y 24), negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado, con prueba en contrario, tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables que no existen los actos reclamados; y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, materia común, Octava Época, con número de registro 217823, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENO. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino como resultado de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, atendiendo a la jurisprudencia 647 emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394603 rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." CUARTO. ANÁLISIS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL. Respecto a la tortura referida por el quejoso se estima necesario dar vista al Ministerio Público con las manifestaciones formuladas en la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1° constitucional, el que constriñe a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano. Pues bien, de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano, al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1, 6 y 8, disponen la obligación de prevenir y sancionar la tortura; que en congruencia con los referidos deberes, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableció que cuando el servidor público, en ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, estará obligado a denunciarlo de inmediato. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido: "INTEGRIDAD PERSONAL. CUANDO EL DETENIDO ALEGA QUE SU CONFESIÓN SE HA OBTENIDO MEDIANTE COACCIÓN. DEBER DE INVESTIGACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA PARA EL ESTADO. La Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria." Con base en los artículos 1 (reformado) y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y; 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se concluye: A. Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita, para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal. B. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. C. Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Bajo tal contexto, de acuerdo con las anteriores consideraciones, este órgano de control constitucional estima procedente que a través del Juez responsable se denuncie ante el Ministerio Público de su adscripción, los actos de tortura que refiere haber sufrido el quejoso Juan José Díaz Vázquez, con base en las manifestaciones formuladas en su demanda de amparo; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. Lo anterior es así, habida cuenta que los jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales de los que México sea parte, no se vean mermados o limitados por disposiciones internas; ya que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII.10. (VIII Región) J/1 (10ª.); consultable en la página 1107, del libro XII, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro 2001218, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan José Díaz Vázquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. A través del Juez responsable, denúnciese ante el Ministerio Público competente, las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por parte del justiciable Juan José Díaz Vázquez, en las que expreso haber sufrido actos de tortura; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda, conforme a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 613/2016-V, promovido por Juan José Díaz Vázquez, contra actos de la Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido, al día siguiente hábil, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Juan José Díaz Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: 2.- COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA SEÑALO: a la PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2- COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS SEÑALO:A) Al JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO. B) PROCURADOR GENERAL DE Justicia DEL ESTADO DE MÉXICO, ACTO RECLAMADO: A).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES reclamo la omisión para investigar conforme a la renuncia de tortura, derivada de la vista que genero la responsable. PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, en la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, pronunciada en el toca de apelación 567/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado JUAN JOSÉ Díaz VÁZQUEZ, en contra de la sentencia condenatoria de fecha cinco de octubre de dos mil quince, dictada por la responsable JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, quien a su vez informó que dio intervención a la responsable PROCURADOR GENERAL DE JUÚTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, para el inicio e integración de la carpeta de investigación respectiva, y ante su posible inexistencia, pues hasta el momento no he sido entrevistado en relación a los hechos, ninguna autoridad ha acudido a dar seguimiento mediante, intervención pericial o cualquier otro tipo de acto tendente a investigar, cuyos efectos son de imposible reparación, porque afectan materialmente mis derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello le reclamo la omisión de ordenar todas las diligencias que sean necesarias para integrar la carpeta de investigación respectiva, pues a la fecha ha transcurrido bastante tiempo desde la fecha de la denuncia de la tortura, afectando del esta forma mis derechos humanos, constitucionales y procesales." (SIC). SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate, vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis (fojas 10 y 12), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consisten, esencialmente, en: - La omisión para investigar conforme a la denuncia de tortura, derivada de la vista que generó la responsable PRIMERA SALA COLEGIADA PENAL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades responsables señaladas como la Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia, el Juez de Juicio Oral del distrito Judicial de Toluca y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y consultiva en representación del Procurador General de Justicia, todas del Estado de México, y otras autoridades, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 15, 22 y 24), negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado, con prueba en contrario, tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables que no existen los actos reclamados; y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, materia común, Octava Época, con número de registro 217823, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENO. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino como resultado de los actos reclamados a la autoridad ordenadora, atendiendo a la jurisprudencia 647 emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394603 rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." CUARTO. ANÁLISIS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL. Respecto a la tortura referida por el quejoso se estima necesario dar vista al Ministerio Público con las manifestaciones formuladas en la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1° constitucional, el que constriñe a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano. Pues bien, de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano, al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1, 6 y 8, disponen la obligación de prevenir y sancionar la tortura; que en congruencia con los referidos deberes, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableció que cuando el servidor público, en ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, estará obligado a denunciarlo de inmediato. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido: "INTEGRIDAD PERSONAL. CUANDO EL DETENIDO ALEGA QUE SU CONFESIÓN SE HA OBTENIDO MEDIANTE COACCIÓN. DEBER DE INVESTIGACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA PARA EL ESTADO. La Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria." Con base en los artículos 1 (reformado) y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y; 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se concluye: A. Las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita, para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal. B. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. C. Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Bajo tal contexto, de acuerdo con las anteriores consideraciones, este órgano de control constitucional estima procedente que a través del Juez responsable se denuncie ante el Ministerio Público de su adscripción, los actos de tortura que refiere haber sufrido el quejoso Juan José Díaz Vázquez, con base en las manifestaciones formuladas en su demanda de amparo; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. Lo anterior es así, habida cuenta que los jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales de los que México sea parte, no se vean mermados o limitados por disposiciones internas; ya que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII.10. (VIII Región) J/1 (10ª.); consultable en la página 1107, del libro XII, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro 2001218, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan José Díaz Vázquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. A través del Juez responsable, denúnciese ante el Ministerio Público competente, las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por parte del justiciable Juan José Díaz Vázquez, en las que expreso haber sufrido actos de tortura; lo anterior, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda, conforme a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe.

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