Juan José Díaz Pérez

Expediente 1674/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1674/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Juan José Díaz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite dos tomos de copias certificadas y el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del recurso de queja número *, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por la quejosa ***, contra el acuerdo pronunciado por el Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el catorce de mayo de dos mil veinte, en el juicio de amparo indirecto ***. SEGUNDO. En relación a los alegatos formulados por la recurrente y a las pruebas supervinientes que ofrece, mismas que no se admiten, deberá de estarse a lo aquí decidido. Se autoriza a la recurrente la consulta al expediente electrónico, con el usuario que indica.". De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar, efectuándose las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno e infórmese la recepción del mismo al Órgano en cita. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido vía electrónica el exhorto 19/2021, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se remite debidamente diligenciado el diverso 4/2021, con número de orden 18/2021, del índice de este juzgado, girado dentro del presente juicio de amparo para notificar el oficio 7817/2020 de veinticinco de febrero de dos mil veinte, a la autoridad responsable UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN SUSTITUCIÓN DEL COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. Dése de baja la comunicación de trato en el libro correspondiente, sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que el sistema emite la constancia correspondiente para tales efectos. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de la respuesta dada por el Director de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, de la que se advierte la imposibilidad para realizar modificaciones a la partida presupuestal aprobada para este año, a fin de cumplir con la obligación ordenada en este juicio, por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngase a la responsable en vías de cumplimiento. En ese sentido, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días legalmente computados, acredite, de manera fehaciente, que solicitó los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar la obligación pecuniaria a que está sujeta, los cuales, ineludiblemente, deberán autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo, cuya ejecución es impostergable (en forma completa y legible, debidamente foliado, rubricado, entresellado y signado por funcionario público facultado para el cotejo de dicha constancia). Lo anterior, encuentra apoyo jurídico en la jurisprudencia 5/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a página 10 del Tomo XXXIII, de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento" (el énfasis es añadido) Así como en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a página 12 del Tomo XV, de abril de dos mil dos, Tesis P. XX/2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS D??????????????? SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional". Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional),??????????????? la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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