Juan José Delgado Gutiérrez

Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
310/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Juan José Delgado Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento dado al fallo protector por la Directora General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA DOLORES TORRES, para el efecto de que el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, emita una respuesta congruente que corresponda a la petición que le formuló el siete de octubre de dos mil diecinueve, y le sea notificada oportunamente. Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, y al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno, ambos del Estado de Nayarit, para que, en consecuencia de lo determinado en esta resolución, actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que la autoridad ordenadora esté en condiciones de acordar la procedencia, o improcedencia, de la solicitud de pensión. En cumplimiento a ello el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, mediante comunicado presentado en este Juzgado Federal el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, remitió el oficio a través del cual en respuesta a la petición que le formuló la parte quejosa el siete de octubre de dos mil diecinueve, le hizo de su conocimiento que le fue concedida la pensión por jubilación con la categoría de Agente de Seguridad y Custodia Penitenciaria con una cuota pensionaria mensual bruta de $10,700.42 equivalente al 73.08% (setenta y tres punto ocho por ciento) de sus percepciones económicas en el momento de su retiro, la cual entraría en vigor a partir del uno de septiembre de dos mil veintiuno, oficio que fue recibido por la quejosa el tres de septiembre de dos mil veintiuno. Por su parte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, mediante oficios recibidos en este Juzgado el veintisiete de enero y dieciocho de febrero del presente año, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en Tepic y anexos que acompaña, mediante el cual remite copia certificada relativa a la Octava Sesión Extraordinaria emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso Ricardo García Contreras. Sin embargo, no remitió la constancia de notificación que haya practicado al quejoso Ricardo García Contreras; por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de la constancia de notificación antes señalada. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja 89/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 1098/2020 del índice de este Juzgado. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por JOSÉ DE JESÚS INDA MONTEÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Con independencia de lo anterior, antes de acordar lo procedente respecto a la admisión o no de la demanda, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV, en relación con los numerales 108, fracción IV y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste: ? Cuál es el estado que actualmente guarda el expediente familiar 173/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Compostela, Nayarit, ya que si bien su demanda de amparo la promovió el quince de octubre de dos mil veinte en el cual señaló como acto reclamado el auto de ocho de septiembre de dos mil veinte en que le determinó una pensión alimenticia en forma provisional, lo cierto es que al día en que se recibió la ejecutoria con la que se da cuenta (dieciséis de marzo de dos mil veintidós) han trascurrido más de un año y cinco meses y por tanto, se desconoce la etapa en la que encuentre dicho juicio y todo lo relacionado a la citada pensión. En la inteligencia de que el promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, toda vez que éste forma parte integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Por último, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este juzgado, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído treinta y uno de enero de dos mil veintidós, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso VÍCTOR MANUEL AGUIAR NAJAR, para el efecto de que se deje sin efectos el acto de aplicación de los ordinales 11, 12, 13 y 20, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevén el costo de derechos por inscripción de documentos públicos o privados, así como los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, para que las autoridades responsables no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales preceptos. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el ámbito de su competencia, devolviera al quejoso VÍCTOR MANUEL AGUIAR NAJAR el remanente que excediera de la aplicación de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la suma de $1,306.71 (mil trescientos seis pesos 71/100 moneda nacional). De igual modo, debía considerarse que la cantidad remanente a devolver, deberían ser debidamente actualizadas. En cumplimiento a ello, el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, mediante oficio con folio DGJ/DJC1/260/2022 recibido en este Juzgado de Distrito el veintiocho de enero de dos mil veintidós, informó que realizó el pago a la parte quejosa, lo que acreditó con la copia de la transferencia de veintisiete de enero del año en curso, a cargo del Banco BBVA Bancomer, a la cuenta bancaria del quejoso VÍCTOR MANUEL AGUIAR NAJAR realizada por la cantidad de $1,049.45 (mil cuarenta y nueve pesos 45/100 moneda nacional), que adjuntó al oficio de referencia; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de treinta y uno de enero del año actual, y el día de hoy se tiene por CUMPLIDA la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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