Juan José Corona Aranda
Expediente 1214/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2021
Partes del expediente
- Juan José Corona Aranda
- Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos a la parte quejosa. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlos en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por estos dentro del plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Esquema de atención al público. Finalmente, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para poder comparecer a recibir los aludidos medios de convicción que ofertaron, deberán realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- Por este medio, se le notifica a la parte quejosa, el auto de fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, que en síntesis indica lo siguiente: Autoridad responsable rinde informe justificado. En otro contexto, se tiene por recibido el oficio 2100/S/3067/2021 suscrito por la presidente auxiliar y el presidente auxiliar adscritos a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexan un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la citada normatividad, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese tenor, del estudio de las actuaciones de este juicio de amparo, así como del contenido del informe justificado rendido por las citadas autoridades, se advierte que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, así como si la autoridad responsable se encontraba en aptitud de actuar acorde a lo que se le reprocha en una instancia constitucional. Ahora bien, de las constancias aportadas por las responsables se advierte la siguiente relación procesal: * Que mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 969/2019/17-E y, como acto seguido, declaró cerrado dicho período a fin de abrir la etapa de alegatos; asimismo, al advertirse que no existía identidad de la fuente de trabajo demandada, se realizaron las gestiones correspondientes a fin de identificarla, de conformidad a los numerales 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se giraron oficios a diversas instituciones y dependencia para llevar a cabo tal diligencia; y, * Que tras diversas determinaciones de nueve de agosto de dos mil diecinueve y veinticinco de febrero de dos mil veinte, se puede destacar que aún se encuentra pendiente por identificar la identidad de la fuente de trabajo demandada, por lo que a la data actual, aun no se ha ordenado el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen, mucho menos la de dictar la resolución de laudo. Por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, siete de octubre de dos mil veinte, la autoridad estaba imposibilitada para dictar el laudo del cual se reclama su omisión, en virtud que aún no estaba en la etapa correspondiente. El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese tenor, del estudio de las actuaciones de este juicio de amparo, así como del contenido del informe justificado rendido por las citadas autoridades, se advierte que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, así como si la autoridad responsable se encontraba en aptitud de actuar acorde a lo que se le reprocha en una instancia constitucional. Ahora bien, de las constancias aportadas por las responsables se advierte la siguiente relación procesal: * Que mediante proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 969/2019/17-E y, como acto seguido, declaró cerrado dicho período a fin de abrir la etapa de alegatos; asimismo, al advertirse que no existía identidad de la fuente de trabajo demandada, se realizaron las gestiones correspondientes a fin de identificarla, de conformidad a los numerales 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se giraron oficios a diversas instituciones y dependencia para llevar a cabo tal diligencia; y, * Que tras diversas determinaciones de nueve de agosto de dos mil diecinueve y veinticinco de febrero de dos mil veinte, se puede destacar que aún se encuentra pendiente por identificar la identidad de la fuente de trabajo demandada, por lo que a la data actual, aun no se ha ordenado el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen, mucho menos la de dictar la resolución de laudo. Por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, siete de octubre de dos mil veinte, la autoridad estaba imposibilitada para dictar el laudo del cual se reclama su omisión, en virtud que aún no estaba en la etapa correspondiente. Con la finalidad de explicar lo antes afirmado, se tiene que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.].Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis en materias constitucional y común 2a. XLV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, registro 187215, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" De lo precisado, resulta útil para esta determinación el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. " En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba celebrar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto consistente en la omisión de la responsable de desahogar las pruebas documentales de informes ofrecidas en el juicio laboral de origen. En esa tesitura, conviene transcribir los artículos 685, 686, 750, 771, 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.". "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. [.]" "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes.". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta.". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Del análisis integral y armónico de los preceptos transcritos, se advierte, en primer término, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, para lo cual, la propia Ley Federal del Trabajo establece la obligación de la autoridad laboral, de substanciar el procedimiento dentro de los términos que en ella se señalan para llevar a cabo los distintos actos procesales; por lo cual, los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. Asimismo, en ese mismo ámbito de prontitud en la substanciación procesal, dichos preceptos también establecen que una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de la Junta, podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Ahora, como se adelantó, la responsable aún no ha cerrado la instrucción del juicio de origen, por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, la autoridad se encontraba imposibilitada para dictar el laudo relativo al juicio de origen, ya que aún no está en la etapa correspondiente, mas no se trata de la omisión que la hoy parte promovente reclama. Es aplicable la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO" En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO" Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la dilación que reclama no existe en el juicio natural, ya que se encuentra acreditado que la responsable no estaba en aptitud para actuar acorde al estado procesal que guarda la litis de origen. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el comunicado telegráfico que remite la Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, acusa recibo del oficio despacho 51/2020 (número de orden 93/2020), del índice de este juzgado federal. En consecuencia se está a la espera de que la citada autoridad devuelva la comunicación oficial en comento. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, ahora bien, toda vez que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, se continúa el trámite del presente juicio de amparo únicamente con los actos reclamados y autoridades señaladas en el ocurso inicial de demanda.
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