Juan José Chávez Ojeda

Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
251/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Juan José Chávez Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 927/2019. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje: "[.] OMISIÓN DE NO CALIFICAR PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE CUENTA, no obstante que la responsable reservó el derecho de calificar las mismas desde el día 27 de Enero del año 2020 [.]" Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Para ese fin debe tomarse en cuenta los datos que emanen de la demanda, sus anexos e, incluso, la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en los autos del juicio laboral 927/2019. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de doce de abril de este año, dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. El quejoso demandó diversas prestaciones de carácter laboral, iniciando procedimiento laboral en contra de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, ante la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien lo radicó bajo el consecutivo 927/2019. 2. En dicho procedimiento la parte quejosa ofreció diversas pruebas las cuales a la fecha de la presentación de la demanda -veintidós de marzo de dos mil veintiuno-, no se habían calificado. 3. Mediante proveído de doce de abril de este año, la responsable calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de doce de abril de este año, en el que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 927/2019; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 927/2019. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje: "[.] OMISIÓN DE NO CALIFICAR PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE CUENTA, no obstante que la responsable reservó el derecho de calificar las mismas desde el día 27 de Enero del año 2020 [.]" Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Para ese fin debe tomarse en cuenta los datos que emanen de la demanda, sus anexos e, incluso, la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en los autos del juicio laboral 927/2019. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de doce de abril de este año, dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. El quejoso demandó diversas prestaciones de carácter laboral, iniciando procedimiento laboral en contra de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, ante la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien lo radicó bajo el consecutivo 927/2019. 2. En dicho procedimiento la parte quejosa ofreció diversas pruebas las cuales a la fecha de la presentación de la demanda -veintidós de marzo de dos mil veintiuno-, no se habían calificado. 3. Mediante proveído de doce de abril de este año, la responsable calificó las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de doce de abril de este año, en el que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 927/2019, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 927/2019; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por *************, mediante el cual proporciona el domicilio en el cual puede ser emplazada la parte tercera interesada Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del grupo financiero BANAMEX; en atención a su contenido, se acuerda: El domicilio que proporciona el promovente es el mismo en el que el Actuario de este Juzgado no se pudo emplazar al referido tercero interesado, por lo que se reserva acordar lo conducente al emplazamiento de la parte citada hasta en tanto obre el informe justificado.

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