Juan José Chacón Mora

Expediente 641/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
641/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2017

Partes del expediente

  • Juan José Chacón Mora

Actuaciones

  1. Principal

    El auto por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    Glósese a los autos el dictamen signado por la arquitecta Beatriz Pérez Hernández perito designado para que funja por parte de este Tribunal Federal y en virtud de que el mismo no se encuentra ratificado requiérasele a dicha perito para que dentro del término de TRES días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Tribunal debidamente identificado a fin de ratificar su dictamen de cuenta. Agréguense a los autos el oficio y anexo firmados por la Encargada de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se le tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo.

  3. Principal

    León, Guanajuato, once de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 641/2017-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, III, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el libelo constitucional promovido por Juan José Chacón Mora, contra los actos que reclaman del Director General y de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia la falta de atención médica a sus padecimientos como internos del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato. Acto que por su naturaleza en el contexto que se vive en el centro de reclusión aludido, debe estimarse suficiente para concebirlos como de aquellos que, ponen en peligro la vida del quejoso. Lo anterior, obliga a que el juzgador de amparo actúe de inmediato a través de la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo que se erige como el medio idóneo para prevenir la consumación de aquéllos. La toma de esta decisión encuentra soporte en las siguientes tres razones principales: La falta de atención médica imperante en el mencionado centro de reclusión, debe considerarse como un proceder omisivo de la autoridad cuyos efectos comprometen la salud del quejoso y, por consiguiente, que pone en peligro su vida; Para proveer sobre la suspensión, el juez solo cuenta con los elementos que pudieran desprenderse de la demanda (y anexos, en su caso), de modo que tiene el deber de atender, exclusivamente, a las manifestaciones del quejoso, sin dudar de lo que aquel exponga; de donde el juzgador se encuentra obligado a partir del supuesto (comprobado o no) de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos; La finalidad de la suspensión de plano y de oficio es prevenir, precisamente, la consumación de actos expresamente prohibidos por el orden constitucional, o bien, cuya ejecución produzcan el riesgo de un daño extremo e irreparable que obliga a ordenar su cese inmediato. Enseguida la justificación de cada una de tales premisas. PRIMERA. De un lado, constituye un hecho notorio que desde que inició operaciones el Centro Federal de Readaptación Social 12 en Ocampo, Guanajuato, han sido innumerables las demandas de amparo promovidas por los internos en las que reclaman, precisamente, la falta de atención médica para sus padecimientos de salud. Lo anterior, evidencia, que se trata de una problemática real que impera dentro del Centro de Reclusión, pues aunque no se duda de la eficacia en el servicio a que se alude en cada una de las demandas de amparo de este tipo, la necesidad misma de los internos de tener que acudir a esta instancia constitucional a fin de obtener el servicio médico, habla por sí misma de la innegable problemática que ahí prevalece. De otro lado, debe tenerse presente que en su demanda los quejosos narran los diversos padecimientos de salud que les atañen y que, dicen, no son atendidos por la autoridad penitenciaria. Al respecto, se toma en cuenta que el juzgador no es perito en materia médica como para estimar, apriorísticamente, si aquéllos padecimientos o aflicciones ponen en riesgo de forma superior, o no, la salud del quejoso y, por ende, si su vida corre peligro, o no. Se desconoce, por ejemplo, si los padecimientos a que alude el peticionario son en realidad el síntoma de un mal de mayor entidad que debiera prevenirse con el otorgamiento de la suspensión en comento. Se trae a cuenta, como hecho notorio, lo sucedido en el juicio de amparo 1237/2016, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad: en el que se presentó demanda en la que se reclamó la falta de atención médica (en la que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados). Pese a lo anterior, al rendir las autoridades responsables sus informes, dieron noticia de que el promovente del amparo, posterior a la elaboración de su demanda, falleció a causa de los padecimientos que hizo del conocimiento del juzgado. Ello, se estima relevante solo para evidenciar que, ante casos como el que se trata, el juzgador no puede subestimar los malestares enunciados por el peticionario para determinar, apriorísticamente y sin mayor elemento, si los padecimientos de aquél comprometen su vida o no. Atento a los principios pro homine e in dubio pro actione, debe buscarse la interpretación más favorable al ejercicio del derecho humano a la salud y, por consiguiente, a la vida misma del quejoso. De ahí que se estime que la falta de atención médica, en el contexto descrito, se conciba como un acto que importa peligro de privación de la vida del peticionario del amparo; y, en consecuencia, encuadre en una de las hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que prevé el otorgamiento de oficio y de plano de la suspensión del acto. Cierto es que la norma no alude, de manera expresa, a "la falta de atención médica" como uno más de los supuestos en que se impone otorgar una medida suspensiva como esa; pues como ya quedó evidenciado, en párrafos precedentes, se estima que la salvaguarda de la salud, válidamente puede considerarse incluida. A través de la suspensión de plano y de oficio habrán de suspenderse, sin mayor trámite, entre otros, actos que impliquen privación de la vida. En consecuencia, la norma adopta como bien jurídico relevante a proteger, la integridad física de la persona. De donde resulta que la suspensión de que se trata está llamada a garantizar de la misma forma, además de los expresamente previstos, a aquellos que tienen que ver con la salud que, a la postre, como se refirió, puede incidir en el peligro de perder la vida. Interpretación que bien puede estimarse corroborada con el reciente criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que estimó que procede la suspensión de oficio y de plano contra la orden de traslado de un interno, de un centro penitenciario a otro, sin intervención de la autoridad judicial. En esa problemática lo que se ve comprometido es la libertad personal del quejoso, aunque de manera indirecta. Con mayor razón entonces habrá de aplicarse la misma solución preventiva si lo que está en riesgo es la salud y, por ende, la vida del quejoso. SEGUNDA. En términos de lo dispuesto por los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente, se prevé como requisito de procedibilidad que en el escrito de demanda deberá expresarse bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Tal requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Luego, para resolver sobre la suspensión de plano, de oficio o provisional, se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que el acto reclamado es cierto; en todo caso, durante la tramitación del juicio de amparo (tratándose de la suspensión de plano) o bien, del incidente de suspensión (en el caso de la suspensión a petición de parte), las partes podrán demostrar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, según corresponda. En consecuencia, el juez debe proveer sobre la suspensión con base exclusivamente en los elementos con que cuenta en ese instante pues no dispone de mayores medios de convicción que corroboren o desvirtúen las afirmaciones hechas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar con su ejecución. Conocido es el siguiente criterio adoptado al respecto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." [Época: Octava Época; Registro: 206395; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 68, Agosto de 1993; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 5/93;Página: 12]. De ahí que para proveer sobre la suspensión de plano no le es permitible al juzgador dudar acerca de lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, entre ello, lo manifestado por la parte peticionaria, en el sentido de que la omisión de las responsables de proporcionarle atención médica, pone en peligro su vida. Al contrario, la falta de elementos que lleven a considerar que en verdad se presta un servicio médico en ese centro, debe pesar a favor del quejoso que es quien se ha visto en la necesidad de acudir al amparo para alcanzar un objetivo prioritario. No se requiere, entonces, de mayor elemento de convicción (más que lo narrado en la demanda), para determinar si es posible o no otorgar la medida suspensiva; requerir algún elemento adicional para decidir si procede o no la medida en comento, sería tanto como exigir, para tal efecto, un requisito que la norma legal no prevé. TERCERA. Para mejor explicación se trae a colación nuevamente lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. [...]" Por la íntima vinculación con este precepto, se atiende también a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal, que en su primer párrafo, prevé: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." La adminiculada intelección de tales dispositivos permite advertir una finalidad específica de la medida suspensiva de que se trata: el cese inmediato, y sin mayor trámite, de actos que el propio orden constitucional ha catalogado, de manera expresa, como prohibidos; o bien de aquellos que, aunque no están prohibidos (deportación, extradición) generan un riesgo de daño extremo e irreparable que debe prevenirse con la suspensión. Por la entidad en la afectación de derechos humanos que involucran esos actos, el amparo, entre los diversos instrumentos procesales que lo conforman, prevé, como mecanismo presto de nulidad de aquéllos, la denominada suspensión de plano que, inclusive, debe ser decretada oficiosamente por el juzgador ante la actualización de alguno de tales supuestos. Por ilustrativo en torno al objeto de tal mecanismo de protección, se estima pertinente traer a cuenta un fragmento de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 3/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que literalmente acotó: ". los fundamentos de la suspensión de oficio se vinculan con el interés de la sociedad en dicha medida. Los Jueces deben concederla aunque el interesado no la solicite. La manifiesta inconstitucionalidad del acto reclamado y el riesgo de un daño extremo e irreparable motivan la concesión de la suspensión de oficio, aun cuando esta medida no sea solicitada por el quejoso." En el caso de los actos manifiestamente inconstitucionales, la suspensión de plano tiende a evitar, desde la presentación misma de la demanda de amparo, su consumación, sin mayor requisito, tanto que, si bien se observa, tratándose de este tipo de casos, ni siquiera es necesario emprender un examen sobre la posible vulneración al orden público o el interés social que pudiese acarrear la medida, o bien, realizar un análisis de apariencia del buen derecho, como sí se exige para decretar la suspensión a petición de parte conforme con lo que prevén los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. Como lo acotó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la sociedad misma la directamente interesada en el pronto e incondicional cese de estos actos, de manera que aun cuando el quejoso no solicite la medida, el juez de amparo tiene el deber de proveer al respecto. Deriva entonces que la denominada suspensión de plano, tratándose de actos inconstitucionales, no es, propiamente, una medida precautoria que busque, en forma momentánea, paralizar los efectos de aquéllos a fin de verificar, en una resolución de fondo, en sentencia, si efectivamente se encuentran acordes o no con el orden jurídico. Se trata, en realidad, de un instrumento de supresión inmediata de actos nulos por resultar, per se, contrarios al texto expreso de la Constitución Federal, cuya reparación no puede admitir demora. Cierto entonces que esa suspensión tiene efectos que pueden considerarse restitutorios, pero ello es acorde, precisamente, con el objeto de su función: restituir de inmediato en el goce del derecho violado a aquel sobre el que la autoridad despliega un acto cuya naturaleza es contraria, frontalmente, a los derechos humanos a que se alude en los dispositivos citados. Supuesto en el que puede ubicarse a la falta de atención médica en el contexto expresado por atentar, en principio, contra el derecho a la salud de la persona, y en última instancia, por involucrar una conducta omisiva de la autoridad que pone en peligro la vida del gobernado. Máxime que con conforme con la nueva Ley de Amparo quedaron atrás las tradicionales concepciones acerca de que la sola naturaleza del acto reclamado (acto positivo, negativo, negativo con efectos positivos, prohibitivo, declarativo, etcétera), es suficiente para estimar o desestimar la posibilidad de otorgar la suspensión, tal como sucedía con los actos de carácter negativo en que, por rutina y sin mayor análisis, solía rechazarse la petición de suspender; tal visión del derecho ya no responde a la expectativa protectora y garante del juicio de amparo como el recurso efectivo a que se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ejemplo de criterios de tribunales federales que no convienen ya con aquélla clasificación y forma de decidir sobre la suspensión, se trae a cuenta el siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión." [Época: Décima Época; Registro: 2004808; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3; Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.3 K (10a.); Página: 1911]. Circunstancias que permiten conceder una suspensión de plano con el propósito de evitar la pervivencia de actos notoriamente inconstitucionales, aun por el tiempo que llevara la tramitación y resolución final del amparo. Pretender que se aguarde hasta la sentencia, o bien, en un incidente de suspensión por cuerda separada, la posibilidad de ordenar a la autoridad el cese de ese tipo de acto, sería tanto como esperar que, en sus informes, sean previos o justificados, las autoridades prueben la legalidad de sus actos cuando que ello resultará inocuo pues, en realidad, estarán pretendiendo que se les dé la oportunidad de defender lo indefendible, desde una perspectiva constitucional. De ahí que se estime a la suspensión de plano y de oficio, como el medio idóneo para atender de manera pronta y efectiva la afectación que pudiese generar la falta de atención médica reclamada; sin que ello implique un "activismo judicial" desmesurado, se desvirtúe la finalidad específica de los mecanismos jurídicos establecidos; ni se desconozca la teleología del juicio de amparo y se reduzca la actuación judicial a simples expresiones de las partes. Al contrario, lo que se busca a través de esta medida es garantizar la prevalencia del juicio de amparo (y los diversos instrumentos procesales que lo conforman como la suspensión de plano y de oficio) como el recurso judicial efectivo que permite al gobernado defenderse del arbitrario proceder de la autoridad. Finalmente, no se deja de advertir, por supuesto, que esta medida pudiese ser objeto de abuso por parte de algunos justiciables, quienes en realidad, probablemente, no se encuentran en peligro de perder la vida con motivo de una falta de atención médica en el interior del centro de reclusión. Sin embargo, se estima que no es esa la perspectiva que debe regir la conducta del juez constitucional, pues el amparo, como institución de buena fe, está llamado a la búsqueda de la salvaguarda y protección efectiva del derecho que en la demanda se dice violado. De modo que, si en su caso, resultara que con motivo de la suspensión de oficio y de plano otorgada, de la revisión médica practicada inmediatamente al quejoso se descubriera que no estaba verdaderamente comprometida su salud, ni su vida, aun así, la suspensión decretada habrá cumplido con su misión de prevenir una afectación mayor o irreversible en los derechos fundamentales de la persona. Letra muerta de la ley y de la intención que la ánima, si aquélla atención médica no se proporcionara de inmediato por la autoridad (con motivo de la suspensión de plano) y tuviera como desenlace la muerte del solicitante del amparo; ahí sí, se desconocería la teleología y finalidad del juicio constitucional. DECISIÓN. En mérito de todo lo expuesto, en aras de salvaguardar la materia del reclamo de derechos humanos que formulan los quejosos, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO LOS ACTOS RECLAMADOS que ponen en peligro la vida de la parte quejosa, de modo que se concede la medida a efecto de que, de inmediato deberá cesar la falta de atención médica reclamada y, consecuentemente, el amparista deberá ser valorado por personal médico del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato y, además, deberá proporcionársele el tratamiento que en su caso se le prescriba, en la inteligencia de que deberá ponerse especial atención al aspecto que menciona el quejoso en su libelo constitucional. Las autoridades responsables, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que reciban el oficio en que se les notifique este proveído, deberán informar sobre el cumplimiento de esta medida y enviar las constancias con las que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Cabe señalar, que lo anterior, no significa que la autoridad esté obligada a acatar meros deseos de la parte quejosa, ni tomar el pie de la letra sus peticiones: queda ya en el ámbito de responsabilidad del médico tratante quien, al tenor de los lineamientos propios que marca su profesión, deberá establecer el tratamiento a seguir, así como la urgencia que éste amerite. Lo anterior, tomando en cuenta que es una obligación de las autoridades penitenciarias velar por la salud física y mental del recluso, de conformidad, en principio, con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica, inclusive, tratándose de internos de un centro penitenciario federal que reclamen la omisión de brindarles la atención médica requerida. Además de que, el derecho a la protección de la salud de un recluso en un centro penitenciario implica que cuando éste padezca de alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, deberá vigilarse que se le proporcione y atienda oportunamente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: "DERECHO A LA SALUD. LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS DE UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DEBE TENER COMO EFECTO INMEDIATO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO RELATIVO. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica, por lo que, tratándose de internos de un centro penitenciario federal que reclamen la omisión de brindarles la atención médica requerida, procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. Sin embargo, en esos casos, la medida no debe desconocer el contexto normativo que regula la implementación de dicho derecho, al tratarse de un aspecto de orden público inserto en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna y su finalidad esencial es la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Consecuentemente, los efectos de la suspensión deben consistir en la inmediata prestación del servicio requerido, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, conforme a los cuales, se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población, los cuales, por regla general, se brindarán en las propias instalaciones del centro, salvo que se trate de casos extraordinarios en que la gravedad del interno requiera la autorización de las autoridades penitenciarias, bajo su más estricta responsabilidad y previo dictamen de la unidad médica correspondiente, para que accedan especialistas de instituciones públicas del sector salud, con las cuales previamente se hayan celebrado convenios de colaboración o, incluso, el traslado de los afectados a éstas, con el propósito de brindar la atención requerida, salvo que el sector público manifieste su incapacidad para otorgar el servicio, caso en el que se debe permitir la intervención de médicos particulares." [Época: Décima Época; Registro: 2012471; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.8o.A.98 A (10a.); Página: 2657] INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro de un plazo de quince días rindan su informe con justificación, en el cual expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. A dicho informe deberán anexar copia certificada completa, legible y cronológicamente ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Se les apercibe de que si no rinden el informe justificado, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad siempre y cuando tales actos no sean en sí mismos violatorios de derechos humanos o de las garantías a las que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Además se les apercibe de que si no rinden el informe con justificación o lo hacen sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tiene por ofrecida como prueba de su parte la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. SE DESECHA PRUEBA DOCUMENTAL. Por lo que hace a la prueba documental que ofreció el amparista y que describe en su demanda de amparo en el tercer párrafo del "CAPÍTULO DE PRUEBAS", no ha lugar a su admisión, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, el oferente no acredita haberla solicitado ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato o autoridad competente, y que ésta se hubiere negado a expedírsela. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde y córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo. DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones que se ordenen dentro de este expediente. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Blanca del Rocío Fonseca Hernández, que autoriza. Sipv. En la misma fecha se giraron los oficios números 2625 y 2626 para notificar a las autoridades responsables.

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