Juan José Cabal Álvarez
Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan José Cabal Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite la copia certificada del oficio 7788M/2 y anexo signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, toda vez que mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, se ordenó del archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 441/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan José Cabal Álvarez, para el efecto siguiente:".responsable deje insubsistente la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintiuno, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor del quejoso, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de uno de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior en atención al oficio 5968 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en materia Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de treinta de agosto del año en curso, de la cual se aprecia que el juez responsable ordenó dejar insubsistente la determinación de dos de junio de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado, lo anterior dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 534/2021-II de su índice. Posteriormente, procedió a resolver el referido recurso ordinario en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tomando en consideración las documentales aportadas al promoverlo, así como las que obren hasta dicho estado procesal, permitiendo obtener el incremento o disminución en su caso, sin permitir la cancelación total de la pensión provisional, lo anterior resolvería cuestiones de fondo que dejarían sin materia el juicio de alimentos. Seguidamente, atendió los agravios vertidos por el aquí tercero interesado Juan José Cabal Fernández, (hijo) así como las pruebas exhibas por el referido tercero, consistentes en: Constancia de vigencia de derechos emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporte de vigencia del ciudadano Juan José Cabal Álvarez, como derecho habiente. Constancia de concubinato de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Agente Municipal de la congregación Mata Loma. Acta de nacimiento número doscientos quince de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el encargado del registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. Asimismo, derivado del desahogo de vista que se otorgó con el recurso de reclamación al aquí quejoso Juan José Cabal Álvarez, (padre) realizó manifestaciones, las cuales fueron analizadas por el Juez Familiar, así como el material probatorio exhibido por el citado pormovente, consistente en: Copia certificada del acta de nacimiento número trescientos ochenta y tres de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, emitida por el encargado del Registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. Formato en original del llenado de datos por los servicios de atención médica y calificación de probable riesgo de trabajo emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Copia simple del oficio número 3190230100/1231, de tres de julio de dos mil doce, emitida por el Jefe de prestaciones médicas Dr. Norberto Cano Matus, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Copia simple del diagnóstico de la evaluación de incapacidad de la defunción y fundamento legal de la calificación en caso de la enfermedad de trabajo emitido por el Doctor Margarito León Cabal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Original de oficio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, para solicitar la resolución de riesgo de trabajo permanente número 12/254529 firmando por Juan José Cabal Álvarez, y sellado por la administración del IMSS. Presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a sus intereses.Por otra parte, una vez analizadas las pruebas ofrecidas por las partes, y debido a la prontitud con la que debe resolverse el recurso de mérito, el Juez Familiar consideró la calidad de acreedor y deudor alimentario, al concederle valor probatorio al acta de nacimiento número trescientos ochenta y tres de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, emitida por el encargado del Registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, con lo cual quedó demostrado la existencia del vínculo entre acreedor y deudor, en términos del artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles. Bajo dichas actuaciones, procedió al análisis del principio de proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, decretando improcedente los agravios vertidos por aquí tercero interesado, en el sentido de que su padre no puede trabajar y que carece de dinero para suministrar alimentos, toda vez que se encuentra dado de alta como trabajador ante el IMSS en la empresa FGR PROYECTOS INTEGRALES E INDRUTRIALES S.A DE C.V. con número de seguridad social 65897115559, y número de registro patronal E237964310-9 circunstancias que probaron que en la actualidad el aquí quejoso se encuentra laborando. Asimismo, respecto a los diversos argumentos y probanzas ofrecidas consistentes en constancias derivadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales justificaron el trámite de pensión por riesgo ante el citado seguro desde el año dos mil diez, dejando en claro que por dicha pensión obtiene en promedio la cantidad de $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N) mensuales circunstancia que fue en su momento considerada para fijar la pensión provisional. No obstante lo anterior, derivado de las pruebas ofrecidas por el demandado se acredito que el aquí quejoso se encuentra vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el hecho de encontrarse desarrollando una actividad remunerativa de la empresa FGR PROYECTOS INTEGRALES E INDRUTRIALES S.A DE C.V., circunstancia que fue de confeso por el propio quejoso en su escrito de desahogo de vista; lo anterior a criterio del Juez Familiar influye es estado de necesidad real al encontrarse desarrollando una actividad laboral de donde obtiene ingresos, situación que pone de manifiesto el actuar del Juez respecto al principio de proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, a fin de establecer de manera más cercana la capacidad del deudor, así como el estado de necesidad del acreedor. Igualmente, decretó ineficaz el agravio esgrimido en la cancelación de la pensión alimenticia provisional concedida, toda vez que la etapa procesal que se encuentra el juicio ordinario civil no puede ser analizado cuestiones inherentes a la acción, al resultar materia de estudió al momento de emitir la sentencia correspondiente. En ese mismo sentido decretó inoperante el agravio consistente en el concubinato que sostiene con Susana Martínez en el domicilio ubicado en avenida Benito Juárez y Agustín de Iturbide del poblado Mata Loma del Municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, al no haber ofrecido algún medio de convicción para corroborar las objeciones. Por otra parte, analizo el agravio vertido por el demandado en relación a los ingresos que obtiene de su fuente de trabajo no le son suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias, así como las de su menor hija de iniciales A.Z.C.J. de identidad reservada, a quien le cubre sus alimentos, de acuerdo al acta de nacimiento doscientos quince de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el encargado del registro Civil de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, y que a la fecha cuenta con tres años, con lo cual quedó verificado que el aquí tercero interesado tiene una diversa acreedora alimentaria; circunstancia que se analiza de manera conjunta con la capacidad del demandado, de acuerdo con el informe rendido por el apoderado legal de la empresa Sociedad Mercantil Lala Operaciones Sociedad Anónima de Capital Variable, con lo cual quedó demostrado la actividad que desarrolla el demandado, así como sus ingresos semanales por la cantidad de $1,184.88 (un mil ciento ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.) séptimo día por la cantidad $197.48 (siento noventa y siete pesos 48/100 M.N) despensa por $1,792.00 (mil setecientos noventa y dos 00/100 M.N) mensuales, cantidades fijas que percibe, así como otros ingresos en carácter de percepciones, y descuentos derivados del IMSS, IMPUESTO ORDINARIO, CREDITO INFONAVIT, deducciones que se toman en cuenta para establecer la proporcionalidad de la pensión alimenticia, por lo que dichos descuentos disminuyen su capacidad económica. En tales condiciones el Juez responsable determinó regraduar la pensión ante la presencia de un nuevo acreedor alimentario al cual también se debe garantizar su superveniencia y sano desarrollo al ser una menor de edad, así como la confesión del actor al obtener otro ingresos por la actividad que desarrolla como trabajador activo, destacando las semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de doce de agosto de dos mil veintiuno, donde se destacó que el aquí quejoso laboró para la empresa FGR PROYECTOS INTEGRALES E INDRUTRIALES S.A DE C.V., con fecha de ingreso cinco de abril y fecha de baja el diecisiete de mayo del año en curso, y que actualmente labora para una diversa empresa denominada US COTTON MÉXICO, al contar con el alta de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y que se encuentra en estado vigente, donde percibe un ingreso de $148.42 (ciento cuarenta y ocho pesos 42/100 M.N.) que multiplicado por treinta días se obtuvo la cantidad de $4,452.06 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 06/100 M.N.) demostrando el verdadero estado de necesidad. Finalmente el Juez Familiar concluyo procedente la reducción de la pensión alimenticia a un 10% (diez por ciento) considerando proporcional a lo que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, atendiendo a la capacidad económica que justifico tener el aquí tercero interesado, así como para cubrir el rubro de alimentos que establece el artículo 239 del citado código y tomando el estado de necesidad que se acredito en autos del juicio ordinario civil y que se desconocía cuando se estableció la pensión alimenticia provisional. En mérito de lo anterior el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ordenó dejar sin efectos la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, ordenando resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación, analizando el material probatorio y en su caso recabando de oficio constancias que necesiten preparación a efecto de resolver, determinando regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional decretada del 20% (veinte por ciento) al 10% (diez por ciento) analizando las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades reales del deudor, así como atendiendo al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Juan José Cabal Álvarez, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable esta obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se requiere al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: ".responsable deje insubsistente la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintiuno, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, atendiendo las consideraciones antes precisadas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo; emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda. Esto es, analice la totalidad del material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor del quejoso, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese en términos de ley.
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