Juan José Bocanegra Rodríguez

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Juan José Bocanegra Rodríguez
  • Juan José Bocanegra Rodríguez y Otros.
  • licenciado Ramón Bautista y/o José Quirino, Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así en atención a los oficios y anexos que remiten Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, y Administradora, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se les tiene remitiendo los acuerdos de dieciséis y dieciocho de octubre del presente año, por medio de los cuales informan las diligencias llevadas a cabo para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al quejoso mediante interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión. Asimismo, téngase a la precitada autoridad, exhibiendo como prueba de su parte, copia certificada de audio y video relativa a la audiencia de revisión de medida cautelar de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************/********************, para que de su contenido se enteren las partes; con lo anterior, se ordena dar vista a las partes, haciendo de su conocimiento que el mismo se encuentra a su disposición en la Secretaría de este juzgado. Lo anterior, a efecto de que las partes estén en posibilidad de imponerse del contenido de las audiencias que se encuentran contenidas en los discos de almacenamiento de datos y si lo estiman necesario, podrán consultar la información contenida en formado digital en la sede de este Tribunal Federal, para efectos de que manifiesten lo que a su derecho convenga, tanto respecto a su reproducción o a la imposibilidad económica o tecnológica que tenga para imponerse de las audiencias de mérito. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 2004362 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703; del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte y en atención al oficio que envía Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se le tiene remitiendo el oficio hecho por Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, por lo que agréguese únicamente para que obre toda vez que se proveyó al respecto en párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 866/2023-VII, promovido por Juan José Bocanegra Rodríguez, contra actos que reclamó al Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el doce de septiembre de dos mil veintitrés y remitido a este juzgado el mismo día, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, a quien esencialmente reclamó la resolución emitida en audiencia celebrada el once de septiembre de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 530/2023, en la que se determinó que no era procedente la solicitud de su defensor particular respecto de la inaplicación y revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta al quejoso. SEGUNDO. En proveído de trece de septiembre del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a la autoridad señalada como responsable su informe previo y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el informe previo que rindió, aceptó la existencia de los actos reclamados; por tanto, se tienen por ciertos los mismos. SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, se determina que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de suspender provisionalmente la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la cual deberá tener efecto de tutela anticipada, por lo que el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, establecidos en la contradicción de criterios 40/2023 del Pleno Regional en materia penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la que se determinó esencialmente que es viable conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá tener efecto de tutela anticipada. Asimismo, el quejoso solicita que se le otorgue la suspensión definitiva con efectos restitutorios respecto a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por considerar que se está ante la figura de tutela provisional anticipada y por tratare de una suspensión a petición de parte, ya que dichos actos importan la privación de libertad del quejoso. TERCERO. Por ello, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo en cita, exige dos requisitos para conceder la suspensión, numeral que a letra dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Así, el suscrito Juez, considera que se cumplen con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional; sin embargo, antes de precisar los alcances de la medida cautelar solicitada en forma provisional, cabe establecer lo siguiente Atento a la Tesis Jurisprudencial I.1o.P.25 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Primer Circuito, Registro digital 2026310, Undécima Época, Materias Común, Penal, Libro 24, Abril de 2023, Tomo III, página 2662, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES (TUTELA ANTICIPADA), CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso el Juez de Control en la audiencia inicial, y solicitó la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada, es decir, para que se le pusiera en libertad y, bajo esa condición, pudiera continuar con el procedimiento penal incoado en su contra. El Juez de Distrito negó la suspensión para los efectos solicitados, al considerar que el legislador pretendió que las medidas cautelares no fueran motivo de suspensión; pero, por otro lado, la concedió para el efecto de que el quejoso quedara a disposición de ese órgano de amparo, sólo en lo que se refería a su libertad personal en el lugar donde estaba recluido, pero a disposición de la autoridad que debiese juzgarlo, para la continuación del procedimiento. En desacuerdo, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), porque de conformidad con el artículo 163 y la fracción I y parte final del segundo párrafo del diverso artículo 166 de la Ley de Amparo, la libertad del quejoso queda a disposición del órgano de amparo, lo que significa que mientras tenga vigencia la medida posee la facultad de realizar un juicio preliminar respecto de las alegaciones que el quejoso hace en la demanda en relación con el acto que le afecta en ese derecho fundamental, en el que a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, aprecie si hay o no elementos que puedan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a sus intereses y, en ese supuesto, puede determinar en qué condiciones, circunstancias o modalidades su libertad quedará afectada, pudiendo ordenar que quede en libertad con las medidas de aseguramiento que determine el órgano de amparo (las cuales será el encargado de supervisar). Justificación: De acuerdo con los preceptos mencionados, cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada reclamada, los efectos de la suspensión son para que quede a disposición del órgano de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal en el lugar donde esté recluido, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Sin embargo, estos efectos (tasados) no son ni podrían constituir un límite para que la suspensión pueda tener más y mejor eficacia en la protección -anticipada- de derechos fundamentales, o sea, para que el órgano de amparo pueda otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales. Lo anterior, partiendo de la base de que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la que instrumentaliza la efectividad del juicio de amparo como garantía jurisdiccional para la protección de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. De lo contrario, la suspensión en actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad, como ocurre con la prisión preventiva justificada, sería acotada y estéril, cayendo muchas veces en lo anecdótico e ilusorio, porque aunque -por ley- la libertad del quejoso queda bajo la potestad del juzgado de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que al dictarse la sentencia de fondo pueda declararse inconstitucional. En otras palabras, de nada útil repercute en los derechos del quejoso el hecho de que, con motivo de la suspensión, su libertad quede a disposición del órgano de amparo, si éste no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Pensar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional, que ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 397/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), no vedó la posibilidad de que los actos reclamados previstos en la parte especial de la suspensión en la Ley de Amparo "en materia penal", pudiesen ser suspendidos con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues incluso en la diversa contradicción de tesis 442/2016, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2018 (10a.), estableció que la suspensión en materia penal es posible que tenga efectos restitutorios". Luego, si se obtiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, prevista por el artículo 19 Constitucional, conlleva a que la autoridad de amparo de forma anticipada, y en un ejercicio de control ex oficio de la convencionalidad de dicha medida, inaplique por vía de consecuencia los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, para que el quejoso, indefectiblemente, continúe gozando de su libertad. Consideraciones que, a criterio del suscrito, resultan procedentes por lo siguiente. Cierto. El artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. (.)". (Énfasis añadido) Como se observa, el constituyente permanente estableció en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los casos en que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosa; por tanto, la prisión preventiva oficiosa por los delitos ahí establecidos, entraña una restricción a la libertad personal inmersa expresamente en una disposición constitucional y en materia de restricciones a los derechos humanos; aspecto sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debe estarse a lo que disponga la norma constitucional, sobre una disposición convencional contenida en los tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, de los precedentes invocados por la parte quejosa, destaca en lo fundamental, lo resuelto en la Contradicción de Criterios 40/2023, por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en Ciudad de México, respeto a determinar si procede o no conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo indirecto contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y en lo que interesa este resolutor retoma los argumentos que se aplicaron al resolver el criterio vencedor, siendo la queja 101/2023, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión virtual de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, resuelta por unanimidad de votos dicho recurso interpuesto en contra de la suspensión provisional negada el veinte de abril de dos mil veintitrés, por el Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el incidente de suspensión del juicio de amparo 338/2023, criterio del que se comparten por destacadas las consideraciones siguientes: El juez de amparo debe interpretar el artículo 128 de la Ley de Amparo, conforme a la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en relación con lo dispuesto por los artículos 163 y 166 de la ley de la materia, a partir de los cuales se podía concluir que procede la medida dado que se reúnen los requisitos siguientes: a. Es susceptible de suspenderse el acto, porque se reclama la prisión preventiva. b. Que, desde la apariencia del buen derecho, no procede aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa; máxime porque ya se declaró la inconvencionalidad de esa figura en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. c. Que por estar en juego el derecho a la libertad personal del ahora quejoso, en caso de no suspenderse, la violación se consumara de forma irreparable. d. Que con dicha medida no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público porque existen medidas de seguridad que el juez de Control puede imponer para evitar que el quejoso se evada de la justicia y se presente al proceso penal, además, procede que conforme el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsable señale fecha para debate de la audiencia; y, e. Emita la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, a partir de la garantía de acceso a un recurso efectivo en términos de los artículos 17 constitucional, 1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como una medida conservatoria de tutela anticipada para restablecer que el quejoso goce de su libertad. Luego, precisado lo anterior, tenemos que en la especie, se encuentran satisfechas las premisas A), B), C), y D), siguientes: A) Sí procede la suspensión contra las medidas cautelares. En efecto, sí procede otorgar la suspensión contra una medida cautelar en un proceso penal y con efectos restitutorios por virtud de la figura de tutela provisional anticipada, como ya lo resolvió este tribunal en el recurso de queja 51/2023 en sesión de veinte de febrero del presente año, en la cual se analizó profusamente cómo opera la suspensión a petición de parte cuando se reclama un acto que importa la privación de la libertad. Luego, al resolver ese recurso de queja, el tribunal en la ejecutoria que se toma en consideración, se desentrañó cómo el artículo 128 de la Ley de Amparo realmente no impide negar la suspensión porque: Si bien el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares -entre otros supuestos- concedidas por autoridad judicial, lo cierto es que esta disposición no es absoluta, habida cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, estableció que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones a ese lineamiento general, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna técnica o, incluso, alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida. Y es que entre diversas consideraciones que se esgrimieron para sostener tal criterio, el Tribunal Pleno mencionó que, bajo una interpretación, la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, en tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no solo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. Por ello, no hay impedimento para que el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión que establece el artículo 107, fracción X, constitucional. B) Sí procede la suspensión con efectos restitutorios provisionales. En segundo lugar, se estableció que si procede otorgar la suspensión con efectos restitutorios porque el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, como también ese tribunal superior, ya lo sostuvo puede tener más y mejor eficacia en la protección -anticipada- de derechos fundamentales, o sea, para que el órgano de amparo pueda otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales (como lo son los quejosos), en caso de que, en uso de la apariencia del buen derecho (entre otros factores), advierta que la medida cautelar privativa de la libertad (como lo es la prisión preventiva oficiosa), tenga matices de devenir inconstitucional y que al así declararse en la sentencia de fondo que se dicte en el expediente principal del juicio de amparo, pues precisamente a partir de los efectos expresos previstos en el artículo 163, la fracción I y segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, es posible realizar tal alcance en la suspensión del acto reclamado. Así es, la aseveración asentada con anterioridad es comprensible teniendo en consideración que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo tiene contexto en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en nuestro sistema jurídico en los artículos 17 constitucional, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual estatuye la obligación del Estado de garantizar dicha prerrogativa mediante distintos mecanismos legales que satisfagan los estándares mínimos del derecho a un recurso efectivo, mismo que no solo debe estar previsto formalmente en la ley, sino que materialmente debe ser idóneo para lograr el objetivo para el cual fue diseñado, es decir, para obtener una tutela efectiva en contra de actos o normas lesivas de derechos fundamentales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Contradicción de Tesis 397/2016, sostuvo que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso, se encuentran las medidas cautelares como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, la cual tiene como finalidad conservar la materia de dicho medio de control constitucional y evitar la consumación de daños irreparables o difícilmente reparables, a los derechos de los quejosos; siendo que de ahí resulta el carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse la violación a estos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Ejercicio que responde a que la suspensión instrumentaliza al juicio de amparo como un recurso efectivo capaz de tutelar derechos fundamentales, incluso de manera anticipada, pues de no ser así la suspensión en actos cuya naturaleza sea privativa de la libertad (como ocurre con la prisión preventiva oficiosa), serían acotados y estériles, cayendo en lo anecdótico e ilusorio, porque aunque -por ley- la libertad de los quejosos queda bajo la potestad del juzgado de amparo, de nada serviría esta previsión si no es capaz de responder o de actuar ante un acto de autoridad del que hay gran probabilidad que al dictarse sentencia de amparo pueda declararse inconstitucional. En otras palabras, de nada sirve a los derechos del quejoso el hecho de que, con motivo de la suspensión, y con una aplicación mecanizada de los artículos 163 y 166 de La ley de Amparo sólo quede a disposición del órgano de amparo, por lo que hace a su libertad cuya principal misión es el de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales del que el país sea parte, si no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general, relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Postular lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1º constitucional que, como se dijo, ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. Cabe precisar que la interpretación que aquí se hace, no se contrapone con lo establecido en la jurisprudencia 50/2017, de la Primera Sala del Máximo Órgano de Justicia de este país, pues de la Contradicción de Tesis 397/2016 de la que derivó no se advierte que haya vedado la posibilidad de que los actos reclamados previstos en la parte especial de la suspensión en la Ley de Amparo ("en materia penal"), pudiesen ser suspendidos con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, ya que lo que ahí se cuestionó era si los actos en materia penal que no están anunciados en ese apartado especial (segunda parte de la sección tercera del capítulo I del título de la Ley de Amparo), podían ser suspendibles conforme a las reglas generales de la suspensión, a lo cual, ese Alto Tribunal respondió en sentido afirmativo. Esto, con independencia que en esta ejecutoria no se desatienden ni se soslayan los efectos expresos que prevé la Ley de Amparo para actos privativos de la libertad como lo es la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sino que se visualiza el marco de actuación en el que el juzgado de amparo puede desenvolverse, precisamente a partir de dichos efectos. Además debe tenerse en consideración que posteriormente, en la Contradicción de Tesis 442/2016, de la que emanó la jurisprudencia 15/2018, esa Primera Sala estableció que la Ley de Amparo, ni en su regulación general de la suspensión ni en su parte específica de la suspensión en materia penal, hace alguna excepción a si la suspensión puede tener efectos restitutorios, pues sólo se limita a establecer los efectos que debe tener la suspensión respecto a algunos actos, en ningún momento instituye que la suspensión en materia penal no pueda tener efectos restitutorios, los que son susceptibles de decretarse a partir de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Entonces, de conformidad a lo hasta aquí expuesto, se colige que, como efecto de la suspensión respecto de la prisión preventiva oficiosa combatida, es factible que la suspensión, a su vez, tenga efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada). En suma, contra medidas cautelares procede la suspensión a petición de parte, como una forma de protección de tutela efectiva anticipada para lo cual corresponde al juez verificar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público. C) Sí hay apariencia del principio del buen derecho contra la prisión preventiva oficiosa. Y, en este caso sí existe la apariencia del buen derecho para el quejoso porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en los dos casos ya bien conocidos; 1. Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México -sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós-, y. 2. Caso García Rodríguez y otro vs. México -sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-. En ambos resolvió sustancialmente que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia. Es necesario que: a) Existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la vinculación del imputado, b) Que las medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", como son: i) la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana); ii) idónea para cumplir con el fin que se persigue; y, iii) necesaria y estrictamente proporcional, y, c) La resolución que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En cuanto al primer elemento, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. En cuanto al segundo elemento, la Corte regional afirmó que por su propia naturaleza, es la autoridad judicial competente desarrollar el juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, frente a los elementos del caso y no al legislador en función de visiones abstractas, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, por lo que la regla de principio debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, lo que como excepción podrá imponerse medidas de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para coincidir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el caso de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho, y la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Por tanto, la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado, no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, resolvió dicha corte interamericana que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y en cuanto a la necesidad por ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Finalmente, en cuanto al tercer punto consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En lo que la corte nacional también ya ha avanzado, al sostener la jurisprudencia número 1a./J. 32/2022, con el rubro siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI EN EL CASO SE PROLONGA SU APLICACIÓN." Y en cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva impuesta ya no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe; máxime que, precisó, son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento, por lo que en la determinación al respecto, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, es decir, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Por tanto, se enunció en el sentido de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, porque no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, sino sólo se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Ahora, en cuanto al principio de la apariencia del buen derecho que conlleva un estudio preliminar del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado conforme lo presentó la defensa del quejoso, tiene matices de violar los derechos fundamentales del ahora peticionario del amparo, pues según su defensa, el juez responsable consideró que procedía otorgar la prisión preventiva oficiosa sólo porque los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo disponían ya que se trata del delito de Abuso Sexual Agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua; sin embargo, es claro que el hecho mismo se le haya impuesto por ser oficiosa impide que haya sido producto del "test de proporcionalidad" que sólo el juzgador puede efectuar y que, en caso de ser en el mismo sentido de prisión preventiva debe estar justificada, es decir, que se trate de una medida legítima, idónea para cumplir el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, precedida de la conclusión de que las otras previstas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o que haya peligro de sustracción del imputado, es decir no hay prueba de que sea la más proporcional frente a lo discutido en la audiencia. De modo que con independencia de lo que se resuelva, en el fondo del asunto, la medida cautelar de referencia; en uso de la apariencia del buen derecho se aprecia que su imposición oficiosa, es violatoria del derecho fundamental de libertad. Por otro lado, en cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso Juan José Bocanegra Rodríguez; se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado, por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Tocante a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque en líneas precedentes ya se estableció que excepcionalmente sí puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que se han desarrollado; más aún cuando, como se verá, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. D) Alcances de esta suspensión con efectos restitutorios En consecuencia, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que ahora la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de inmediato proceda a fijar una audiencia de revisión de la medida cautelar, como también dice el impetrante lo solicitó y, prescindiendo de las consideraciones que adoptó en la resolución emitida en audiencia celebrada el once de septiembre del año en curso, en la que determinó que no era procedente la solicitud de la defensa respecto a la inaplicación y revisión de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al directo quejoso, Jorge Alberto Ramírez Ruiz, dicte otra diferente a ésta; es decir la que considere razonablemente adecuada, siguiendo los lineamientos de esta resolución, en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado, ahora quejoso, en el procedimiento, garantizar la seguridad de las víctima u ofendidos o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. No impacta en esta resolución que la parte quejosa manifieste que con posterioridad al haber iniciado la audiencia el Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, decidió que no era procedente la solicitud de la defensa respecto a la inaplicación y revisión de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al directo quejoso, Juan José Bocanegra Rodríguez y por ende, continuara la prisión preventiva que impuso antes y que el juez se haya negado al resolver que quedaba subsistente esa medida, porque al final esta es una subsecuente de la decisión que aquí se reclama y no gozan de independencia, porque se produjo en el mismo contexto de la audiencia reclamada. En estricto cumplimiento a lo anterior, se solicita al Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de CINCO DÍAS siguiente a la notificación de esta resolución, acredite el cumplimiento dado a la resolución que concedió la medida cautelar al quejoso o bien haga del conocimiento a este órgano de control de constitucional el impedimento material que tenga, de acuerdo de su agenda en la sala de audiencias para que el suscrito provea al respecto. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con el considerando tercero de esta interlocutoria, se concede la suspensión definitiva a Juan José Bocanegra Rodríguez, contra los actos y la autoridad responsable precisada en dicho considerando. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, se le tiene remitiendo la resolución dictada por ese Tribunal el cinco de octubre de dos mil veintitrés, dentro del toca 212/2023, mediante la cual resolvió como infundado el recurso de queja interpuesto por el promovente contra el proveído de trece de septiembre del presente año, dictado por este Juzgado de Distrito, donde se resolvió la suspensión provisional, por lo anterior, acúsese el recibo de estilo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el informe justificado que rindió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en Funciones de Juez de Control, en esta ciudad, se desprende que al licenciado ********************, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República, en esta ciudad, encargado de la causa penal ********************/********************, le reviste el carácter de tercero interesado en términos de lo previsto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En tal virtud, se le tiene como tercero interesado en este asunto y se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado para que, con copia autorizada de la demanda de amparo y del auto admisorio, le corra traslado y emplace a juicio al precitado tercero interesado, haciéndole saber la fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia constitucional. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis VI.1o.P.22 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizada con el registro digital 2007475, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2418; con el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMO TERCERO INTERESADO, QUE HAYA INTERVENIDO EN LA CAUSA PENAL DE LA QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO Y NO TENGA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. LA OMISIÓN DE REALIZARLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De lo dispuesto en los artículos 5o., fracción III, inciso e), y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la omisión de ordenar y realizar el emplazamiento respecto de la demanda formulada por la parte quejosa, como tercero interesada, al agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que hace procedente su reposición, ya que tal omisión puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, pues la Ley de Amparo, de conformidad con el primero de los artículos invocados, le otorgó el derecho de ser oído en la litis como parte tercero interesada, con la finalidad de garantizar su intervención en relación con aquellos procedimientos." Para dar cumplimiento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las nueve horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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