Juan José Barajas Rivera
Expediente 3490/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3490/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/03/2018
Partes del expediente
- Juan José Barajas Rivera
- Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco del Mercado, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que firma el Delegado del Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, y tocante a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, donde se proveyó al respecto. Notifíquese Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Rodrigo Guzmán López, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/RGL/agh
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 102 a 109), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Rodrigo Guzmán López, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico.- LAPT/RGL/Hrmf.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zapopan, Jalisco, siendo las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 3490/2017, estando en audiencia pública el licenciado Luis Armando Pérez Topete, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Rodrigo Guzmán López, Secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y cinco, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Se apertura el período de pruebas y al no existir pruebas por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. A continuación, se abre el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con los hechos valer por las partes. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia se tienen por reproducidos los mismos. Al no haber más alegatos pendientes por reproducir, se cierra este periodo. Con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia y se levanta esta acta para constancia legal; por lo que el Juez procede a dictar la sentencia que corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 3490/2017, promovido por Juan José Barajas Rivera. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado especial de Juan José Barajas Rivera, mediante escrito presentado electrónicamente el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 25), en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales establecidos toralmente en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El quejoso narró en la demanda que dio origen a este juicio, los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. A este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, le correspondió el conocimiento de la demanda de amparo indirecto de que se trata, la registró bajo el número 3490/2017, en proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 33 a 36), previo requerimiento, se admitió a trámite; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad señalada como responsable la rendición de su informe justificado; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. Tramitado que fue el juicio de amparo de referencia por sus etapas legales, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 37 de la Ley de Amparo; y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, se hacen consistir en: Que la responsable no ha dado cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 3033/2010-D1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco del Mercado, Jalisco (fojas 38 a 42), negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa del análisis del expediente laboral de origen, pues de la revisión de las constancias que lo integran se aprecia que, la aquí responsable, tiene el carácter de parte demandada dentro de este, así como que el veintinueve de abril de dos mil trece, se emitió el laudo correspondiente en el cual se le condenó al pago de diversas prestaciones, mismo que a la fecha en que se emite la presente resolución, no se ha cumplido cabalmente. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito de oficio advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, dado que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa. A fin de evidenciar la referida causa de improcedencia se considera pertinente citar el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Del precepto transcrito se colige que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo. El interés jurídico en el juicio de amparo, deriva del artículo 107, fracción I, de la Constitución de la República, en relación con los artículos 5, fracción I, y 61 de la Ley de Amparo, los dos primeros dicen: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada:" "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". En cuanto al interés jurídico, en el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido los siguientes criterios: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." (Jurisprudencia 10, emitida por la extinta Sala Auxiliar, visible a página cuarenta y seis del Apéndice de 1985, Parte VII, Materia(s): Común, Séptima Época). "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." (Tesis aislada emitida por el Pleno, visible a página veinticinco del tomo 37 Primera, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época). "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." (Tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala, visible a página ciento treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación 187-192 Cuarta Parte, Materia(s): Común, Séptima Época). "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." (Tesis aislada, emitida por la Tercera Sala, visible a Página ochenta, del tomo 193-198 Cuarta Parte, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época). "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, éste es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, éste no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que tenga este carácter es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías." (Tesis aislada de la Segunda Sala, visible a página quinientos sesenta y ocho, del tomo CXX, Materia(s): Administrativa, Común, del Semanario Judicial de la Federación, en su Quinta Época). De lo transcrito, así como de los criterios citados, es posible extraer que el interés jurídico que hace procedente el juicio de amparo precisa de la afectación a un derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia que consigna la norma objetiva del derecho y que supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) Una facultad de exigir; y b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De ahí pues, que el interés a que se refiere la ley de amparo es jurídico y no legítimo ni tampoco una mera facultad o potestad, ni el interés simple. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento que tiene por objeto hacer efectiva la tutela del interés y que consiste en que el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Establecido lo anterior, conviene retomar el caso específico para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia aludida. En el caso, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Ayuntamiento responsable de cumplir con el laudo emitido el veintinueve de abril de dos mil trece, en el juico de origen (fojas 250 a 258 del cuaderno de pruebas). Luego, el solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional ostentándose como actor dentro del referido juicio laboral, y atento a lo expresado líneas precedentes le corresponde la carga de probar que la omisión que reclama afecta su interés jurídico, esto es, demostrar en esta instancia constitucional que efectivamente resulta ser parte en ese procedimiento y que se encuentra sufriendo una afectación a sus derechos fundamentales. Pues el que haya sido acreditada la existencia del acto reclamado no lo exime de demostrar el interés jurídico para acudir a la instancia constitucional que haga procedente el juicio de amparo, así como la afectación que dice resentir en su esfera de derechos. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala, visible en el número 79, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." . Consecuentemente, si dicha parte quejosa no demostró que el acto que reclama le causará perjuicio, pues del análisis del juicio laboral de origen no se desprende que tenga carácter reconocido alguno, en virtud de que dicho expediente fue promovido por Ma. Esther Rivera Ibarra, y no por el aquí recurrente, es inconcuso que el peticionario de amparo incumplió con ese requisito procesal necesario para la procedencia del juicio de derechos humanos, consistente en acreditar el interés jurídico, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. En ese contexto, procede sobreseer el presente juicio de derechos fundamentales de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en cita. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número P./J.23/2014 (10ª.) visible en la página 206, Libro 5, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 3490/2017, promovido por Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado especial de Juan José Barajas Rivera. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Rodrigo Guzmán López, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA. VISTOS PARA RESOLVER. ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes
- Juan Jorge Álvarez Pérez3214/2017
- Juan Jose Arellano Velazquez1800/2021
- Juan José Arellano Velázquez1850/2018
- Juan José Arellano Velázquez354/2021
- Juan José Arévalo Vega2312/2018
- Juan José Armenta González2089/2018
- Juan José Barajas Rivera1541/2017
- Juan José Barajas Rivera524/2019
- Juan Jose Barajas Rivera323/2021
- Juan José Barajas Rivera91/2023
- Juan José Becerra Campos2291/2018
- Juan José Benavides Reynaga1253/2022