Juan José Álvarez Sánchez

Expediente 302/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
302/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Juan José Álvarez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase...

  2. Principal

    Notifíquese Personalmente...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 08 de marzo de 2019, que a la letra dice: RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan José Álvarez Sánchez, contra actos del María Asunción Silvan Méndez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; regístrese en el libro de gobierno bajo el índice 302/2019-VII-13 y fórmese expediente. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como acto reclamado: "...ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMO: 1. LA FALTA DE EMISIÓN DE CONTESTACIÓN Y/O REPUESTA AL ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2. LA VIOLACIÓN A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 1° PÁRRAFO TERCERO Y 8° CONSTITUCIONAL, ANTE LA FALTA DE EMISIÓN DE CONTESTACIÓN Y/O RESPUESTA AL ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. 3. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA CONTESTACIÓN Y/O REPUESTA EMITIDA POR DICHAS AUTORIDADES EN RELACIÓN AL ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018..." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que María Asunción Silvan Méndez, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo; ello, en el caso concreto de los actos que aquí se le reclaman. En efecto, se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Por lo que, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública la omisión de acordar el escrito de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido a María Asunción Silvan Méndez, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, derivado de su relación laboral -por el cual solicitó su reincorporación al centro de trabajo, así como se proceda a darle de alta como trabajador activo de dicho Ayuntamiento-, es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues actúa en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que la solicitud de reincorporación y alta como trabajador activo del Ayuntamiento está íntimamente vinculada con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, debe decirse que la dependencia señalada como responsable, si bien es un ente público que forma parte de la administración pública y por ende del Estado, para analizar si en los actos que realicen, con fundamento en una ley de origen público, ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, debe atenderse al caso concreto. Y, en el que se examina, ha de considerarse que la autoridad señalada por el quejoso como responsables, al omitir acordar el escrito de siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual solicitó su reincorporación al centro de trabajo, así como se proceda a darle de alta como trabajador activo de dicho Ayuntamiento; le recae el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral especial que rige las relaciones de esas instituciones con su personal; por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación por su contenido la Tesis VII.2º.T.9 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 3436, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 2015, Materia Común, Décima Época, Registro 2010538, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 1956, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011343, cuyo rubro y texto rezan: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el ordinal 113, del mismo ordenamiento legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que menciona en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios de los artículos 12 en relación con el 24 de la Ley de Amparo a Carlos Manuel Pérez Domínguez; ello, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados en términos restringidos de los citados artículos a Ana Patricia Torres Hernández, por no contar con dicha autorización. MEDIOS ELECTRÓNICOS Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna; 1, 3, 9, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 1, 3, fracción II, 20, 21, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; hágase del conocimiento de las partes, que los datos personales que proporcionen en este asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio hasta su total conclusión. Asimismo, que la sentencia que eventualmente sea dictada, estará a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información confidencial, definida en el ordenamiento legal citado en segundo término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias, ejecutorias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. En el entendido que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se instruye a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del presente expediente, a fin de que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se exhorta a los Servidores Públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como para que vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información será resguardada para su protección; lo anterior, con apoyo en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico...

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