Juan José Alvarez Rodríguez

Expediente 396/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 140 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
396/2020
Año
2020
Actuaciones
140
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Juan José Alvarez Rodríguez
  • Presidente del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón
  • Juez Sexto de Distrito En la Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 140.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Promociones: 21487 y 20959 En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se da cuenta al Juez con el escrito signado por el quejoso Juan José Álvarez Rodríguez, a través del cual interpone incidente de variación de la naturaleza del acto reclamado, incidente de ocultación de documentos oficiales, e incidente de afirmación de un hecho falso, con motivo de lo argumentado por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en ese asunto, lo anterior, bajo el argumento esencial, por lo que hace a la primera incidencia, que el acto reclamado lo constituye su baja como juez calificador de manera verbal, sin que se hubiere aperturado algún procedimiento administrativo de responsabilidad que originara tal baja, y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado refiere que esa destitución fue conforme a derecho, ya que por tratarse de un trabajador de confianza, esa autoridad puede dar por terminada, en cualquier momento, la relación laboral; de ahí la variación de la naturaleza del acto reclamado; asimismo, en lo que atañe al segundo de los incidentes planteados, la parte quejosa lo interpone bajo el argumento medular que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, omitió mencionar y adjuntar la recomendación 002/2020 de veinte de enero de dos mil veinte, pronunciada por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el oficio de aceptación de dicha recomendación, los cuales, en opinión del quejoso, son esenciales para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, ya que acreditan la existencia del acto reclamado, por lo que al no haber anexado tales documentales, la autoridad responsable expresó un hecho falso y ocultó intencionalmente documentos; de igual modo, en la tercera incidencia interpuesta, la parte quejosa manifestó, de manera esencial, que la autoridad responsable desconoce que en materia laboral para que proceda el despido de un trabajador debe de existir y comprobarse una causa de recisión, pues no es solamente a facultad discrecional, individual o a capricho, como en la especie ocurrió su baja como juez calificador; por otro lado, se da cuenta con los diversos escritos registrados con los números de registro 21487 y 20959, con los cuales, en el primero de ellos, la parte quejosa solicita la preclusión del derecho que tuvo el Gobernador del Estado de Coahuila, para rendir su informe justificado con relación a la ampliación de la demanda, razón por la cual pide que se tengan por ciertos sus conceptos de violación; por otro lado, en el segundo escrito formula alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, en términos de los artículos 66, 67 y 122 de la Ley de Amparo, se desechan de plano, por inconducentes, los incidentes planteados por la parte quejosa, por lo que no ha lugar a dar trámite a los mismos, pues tales incidencias, en su aspecto toral, se encuentran encaminadas a desvirtuar "el contenido" del informe justificado, rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Justicia Municipal Administrativa, con sede en esta ciudad, sin embargo, el documento público en el que la autoridad responsable rinde el informe justificado sólo puede ser desvirtuado u objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido, lo anterior, ni siquiera a través de los incidentes que plantea la parte quejosa, ya que, como es lógico, el contenido del informe justificado será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos; lo anterior, sin perjuicio de analizar y atender a manera de alegatos, lo expuesto por la parte quejosa en el escrito de cuenta. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XIII, enero de 2001 página 10, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD". Además, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgado federal, en la etapa correspondiente al dictado de sentencia, cuenta con la facultad legal de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, así como de interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar sentencia definitiva. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Aunado a que, obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de la ampliación de la inicial demanda de amparo, y que, precisamente, alude en la segunda de las incidencias que interpone. Por las razones antes planteadas, son inconducentes los incidentes interpuestos por la parte quejosa, y deben desecharse de plano los mismos. Por otra parte, se tiene por precluido el derecho del Gobernador del Estado de Coahuila, para rendir el informe justificado que le fue requerido por este juzgado; ello, sin hacer la declaratoria de tener por ciertos los conceptos de violación del quejoso, ya que ello no depende de una preclusión sino del examen del fondo del asunto, lo cual se verá al momento de dictar la sentencia constitucional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que sólo la parte quejosa formuló alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse a la parte que formuló alegatos, por expresando los mismos, y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso Juan José Álvarez Rodríguez, mediante el cual formula alegatos de su intención. Alegatos. Al respecto, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace el compareciente en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional que se celebre. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a sus antecedentes los oficios signados por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, los cuales se agregan únicamente para que obren como legalmente corresponda, lo anterior toda vez que ya obra en autos el acuse correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos, el escrito del quejoso ********************mediante el cual solicita copia de la constancia que refiere. Acuerdo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del acuse de recibo que solicita, autorizando para recibir dicha constancia a ********************, previa toma de razón y entrega que se deje en autos. Por otro lado, se le informa que el citado acuse aparece cargado en el expediente electrónico relativo, lo cual puede verificar al consultar las notificaciones del acuerdo de doce de julio de dos mil veintisiete, por el cual se requirió nuevamente los informes de la ampliación de la demanda de amparo; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

Quedan 136 actuaciones en este expediente

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