Juan José Álvarez Labrador

Expediente 196/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
196/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Juan José Álvarez Labrador

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las ****, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública, el licenciado Javier Loyola Zosa, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistida de la licenciada Gabriela Patricia de la Paz Abarca, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y a las demás constancias que obran en el expediente. A lo anterior, el Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La Secretaria da cuenta con las documentales que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado asi como las exhibidas por el quejoso. A lo que el Titular provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente Juicio de Amparo. En periodo de alegatos. Se da cuenta con el hecho de que ninguna de las partes los realizaron y tampoco obra pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo que el Juez acuerda. Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y en virtud de ello, se declara cerrado dicho periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con base en lo que dispone el artículo 124 de la Ley de Amparo, se dejan los autos en estado de dictar resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 196/2018, promovido por Juan José Álvarez Labrador, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Querétaro; RESULTANDO: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y turnado a este juzgado federal, por razón de turno, comparecieron Juan José Álvarez Labrador, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscal General del Estado de Querétaro. ACTOS RECLAMADOS: "La negativa a dar resolución precisa y real del Recurso de Inconformidad presentado en fecha 8 de enero de 2018. La negativa a resolver en definitiva la Averiguación Previa con número IIIB/259/2016, Averiguación previa iniciada en fecha 15 de junio de 2015, hace casi DOS AÑOS. LA excesiva dilación para resolver en definitiva la Averiguación Previa con número IIIB/259/2016, Averiguación previa iniciada en fecha 15 de junio de 2015, hace casi DOS AÑOS, sin motivo ni razón legal alguna para ello, habiendo transcurrido un plazo EXCESIVO, por completo fuera de las ordenanzas Legales y Constitucionales al respecto." II. Mediante proveído de ****, se admitió la demanda de amparo, previo registro de la misma bajo el progresivo 196/2018 en el Libro de Gobierno, se ordenó pedir el informe justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia en este expediente, se le dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, antes Quinto de Distrito en dicha Entidad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 1º, 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 30/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior se justifica, pues a partir del uno de octubre de dos mil catorce, el órgano colegiado anotado determinó que este juzgado cuenta con competencia, entre otros, para resolver expedientes que a esa data se encuentren en trámite o pendientes de dictar sentencia; aunado a lo anterior, en el caso concreto los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este tribunal. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, también es cierto que con base en el examen de dicho informe se advierte que sí existe, toda vez que manifiesta no haber tenido intervención alguna en los trámites concernientes al acto reclamado, sino que le corresponde al Fiscal de la Unidad II del Sistema Tradicional. En ese orden de ideas, el Fiscal General hace del conocimiento de este Juzgado que en veinticinco de enero de dos mil dieciocho se resolvió lo procedente al recurso de inconformidad (acto reclamado), así como de la resolución en manera definitiva de la resolución dentro de la averiguación previa IIIB/259/2016 interpuesto por el aquí quejoso, así pues, dicha resolución se le notificó al promovente hasta el seis de marzo del año en curso, tal y como se advierte del acuse de recibo exhibido tanto por parte de la autoridad responsable como del propio quejoso, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Resulta aplicable en la especie, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y "certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." TERCERO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Teniendo en cuenta que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio constitucional debe analizarse de oficio, por ser un presupuesto procesal indispensable que garantiza la eficacia del mismo, este juzgador federal procede a su examen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por las partes. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, número 1a./J. 3/99, impresa en la Página 13, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". Ahora, como lo impone el precepto 62, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte la improcedencia del presente juicio de amparo respecto al acto del que se duele la justiciable consistente en la negativa a dar resolución al Recurso de Inconformidad, así como de la resolución definitiva dentro de la averiguación previa IIIB/259/2016, por parte del Fiscal General del Estado de Querétaro, lo cual realizó el veinticinco de enero de dos mil dieciocho siendo notificada al quejoso hasta el seis de marzo del año en curso; lo anterior, considerando que de las constancias que remitió la oficiante como apoyo a su informe con justificación, se advierte la actualización del supuesto previsto en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley invocada, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia en comento, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley que rige el juicio constitucional, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su comunicado de cuenta, se advierte que la omisión de resolver el recurso de inconformidad dentro de la averiguación previa IIIB/259/2016, así como de resolver de manera definitiva dentro de la mencionada averiguación, ha sido colmada al haber emitido la resolución correspondiente. No pasan inadvertidas las dilaciones a que hace referencia el quejoso, pero se concluye que una vez que se resolvió el recurso correspondiente en la multicitada averiguación previa tiene como consecuencia el prosecución de la misma. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de documentos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, se reitera, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad señalada como responsable, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitió la resolución respectiva dentro de la averiguación previa mencionada, así como respecto al recurso de inconformidad planteado; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Circunstancia por la cual, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su escrito de demanda encaminados a vislumbrar la ilegalidad del acto que en esta vía se reclama. Sirve de apoyo, la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Volumen 187-192 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por esta cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia del solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". CUARTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.) De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública, y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 75, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Álvarez Labrador, contra los actos que reclaman de las autoridades que señala como responsables, mismas que se mencionaron y precisaron en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando tercero de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la sustitución de datos personales correspondientes, para la generación automática de la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Notifíquese...

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal General del Estado de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, esto es, proporciona la información que se le requirió en auto de doce de marzo del año en curso, y al efecto exhibe las documentales que menciona, por ende, glósense al sumario para que obren como legalmente corresponda y, con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que exhibe dicha autoridad, por tanto, dese vista al quejoso por el termino de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Juan José Álvarez Labrador, quejoso en el presente juicio, y atento a su contenido, dígasele que se reserva acordar lo conducente en tanto el Fiscal General del Estado de Querétaro, cumpla con el requerimiento de fecha ****. Por último, con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, ténganse como pruebas de la parte quejosa las copias que exhibe, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia que se celebre en el presente juicio. Notifíquese.

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