Juan José Álvarez Labrador
Expediente 656/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Juan José Álvarez Labrador
- Susana Inés Shuepard Lazarini y Otros.
- Susana Inés Shuepard Lazarini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...II
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Agréguese el escrito recibido vía electrónica con la firma respectiva de ********, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en autos, y al efecto se provee: DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ACTO RECLAMADO Así, el acto reclamado se hace consistir substancialmente en: a) El proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio sumario hipotecario ********, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil de Querétaro. b) La inconstitucionalidad del artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro y su contradicción con los artículo 362, 363, 499 y 586 de dicho ordenamiento. Bajo ese contexto, como se adelantó, en el particular se actualiza el motivo de improcedencia respecto del acto reclamado indicado como inciso a), previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, del propio cuerpo normativo, que se leen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-.." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (El énfasis es de éste órgano jurisdiccional federal) Ahora bien, como antecedentes de la demanda se advierten los siguientes: Dentro del juicio sumario hipotecario ********, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil de Querétaro, se demandó a la hoy quejosa ********, diversas prestaciones. Seguido el juicio sus etapas procesales correspondientes, el juez responsable dictó sentencia definitiva, por lo que se procedió a la etapa de ejecución, esto es, el juicio en comento se encuentra en etapa de remate del bien inmueble objeto de la litis, razón por la cual, se emitió el proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dentro del juicio sumario hipotecario ******, en el que se solicitó a las partes nombraran perito de su parte a fin de que emitan sus respectivos avalúos, con el apercibimiento que de no nombrar uno en el término que se les otorgó, se tomaría en cuenta el de la parte que si lo hizo, o en caso contrario, el juzgado responsable nombrará uno en rebeldía de las partes, lo que constituye el acto reclamado. En ese tenor, la regla específica, que es la que cobra relevancia en el caso específico, es la relativa a que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente, tratándose de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; en tanto que tratándose de remates, procederá hasta que se ordene otorgar la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. La citada regla fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo, con el objetivo de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, impedir que este medio extraordinario de control fuera usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal respecto a los derechos litigiosos que en ésta se decidieron, motivo por el cual la sociedad está interesada en su acatamiento sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial, en Abril de 2016, visible a página 1066, Tomo II, Libro 29, Materia Común. "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese ejecutivo, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas en la secuela procesal, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, esto, porque en el asunto que nos ocupa aún no se ordena el otorgamiento de escrituras, por ende, se considera que aún no se trata de la última resolución dentro del remate, de ahí entonces que la determinación aquí combatida, no puede ser impugnable en el juicio de amparo que nos ocupa. La interpretación que se trae a colación, se desprende en la parte que interesa de la jurisprudencia del siguiente tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." (Jurisprudencia 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época) Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, en particular el de remate, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento; salvo que se afecten de forma directa e inmediata derechos sustantivos desvinculados de la cosa juzgada. Consecuentemente, si en el caso que nos ocupa, el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio sumario hipotecario 1956/2012, por el cual, el Juez de origen apercibe a las partes, que de no nombrar perito de su parte, tendrá a la parte que no lo nombre por conforme con el avalúo de su contrario, dentro de la etapa de remate del bien inmueble de su propiedad, es inconcuso que resulta improcedente el ejercicio de la acción constitucional, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, ni aun en el supuesto de que se pretendiera reclamar la inconstitucionalidad de una ley, (como en el caso acontece), sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien que se interponga la demanda de amparo contra la última resolución en la etapa del remate, entendiendo ésta como la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, así como la entrega de los bienes rematados, ya sea que ambas resoluciones se dicten coetáneamente o no. Ello es así, porque tomadas las ideas plasmadas en las jurisprudencias arriba transcritas, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en esta vía constitucional, no es desde luego impugnable en el amparo, en virtud de que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pues todavía no se ordena el otorgamiento de escrituras de los bienes inmuebles objeto de la litis. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento correspondiente, cuando se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la resolución de mérito y demás violaciones que eventualmente considere cometidas en su contra. Máxime, que la quejosa es parte demandada al juicio, e intervino en todas sus etapas procesales, por ende, al reclamar el auto impugnado, debe esperar hasta el último acto en ejecución de sentencia como ya se indicó. Sin que obste para lo determinado, que se impugne la constitucionalidad de una ley, con motivo del primer acto de aplicación, toda vez que la procedencia del juicio de amparo no es irrestricta, sino que al impugnarse normas con motivo de un acto acontecido dentro de un procedimiento judicial, se requiere que sea de imposible reparación. En el caso particular, se advierte que dentro del juicio civil ********, se impugna la constitucionalidad del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, con motivo del que se aduce como su primer acto concreto de aplicación, sin embargo, la determinación que se emitió, no se trata de un acto de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso; sino que tiene efectos intraprocesales; razón por la cual, no es dable obstaculizar la secuencia ejecutiva del mismo, aunque se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rige ese procedimiento, dado que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas mediante la tramitación del juicio de amparo. De modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de remate; momento en el cual se podrán hacer valer todas las violaciones cometidas durante esa etapa,. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, Abril de 1998, página 187, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra reza: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Así como la jurisprudencia 2a./J. 29/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo III, Junio de 1996, página 226, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." Y la diversa, jurisprudencia P./J. 78/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. E
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Agréguese a los presentes, el escrito recibido vía electrónica con la firma respectiva de *******, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en autos, sin embargo, en el punto cuatro del auto de prevención, en lo referente a abundar en los antecedentes del acto reclamado, omitió indicar el estado procesal que guarda el juicio de origen; por ende, subsiste la prevención hecha valer mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior, en virtud de que el exacto cumplimiento de la prevención está dirigido a subsanar una irregularidad en la demanda de amparo. En la inteligencia que deberá dar cumplimiento dentro del plazo otorgado en el citado acuerdo, subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de treinta de octubre de dos mil tres, que a la letra dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.- De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2º, todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de estos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." E
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RECEPCIÓN Y DEMANDA: Ténganse por recibidas la demanda promovida por ********* quien se ostenta como representante *********, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 656/2018-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la legal notificación de este auto, aclare su demanda, conforme a los siguientes puntos. 1. A fin de cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114, fracción III de la Ley de Amparo, acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta en su calidad de representante de la quejosa ***********, ya que de la copia certificada que acompaña del instrumento notarial que anexa a su demanda, se advierte que la persona que otorga el poder, es *************, o bien, aclare o rectifique el nombre de la peticionaria del amparo. 2. Por otra parte, deberá cumplir con el requisito previsto en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, para ello, debe aclarar el acto reclamado, esto es: a) En el capítulo respectivo, señala como tal, la inconstitucionalidad del artículo 361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, sin embargo, en el tercer párrafo del primer agravio, de los hechos de su demanda, hace alusión a que el Código Penal para el Estado de Querétaro, no puede restringir ni suspender las garantías individuales, por ello, deberá puntualizar qué legislación combate, si la Penal o la Civil. b) De igual modo, indique, cuál acto o proveído específico reclama del juez responsable y la fecha de conocimiento y/o notificación del acto reclamado. 3.- Por último, bajo apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional, tal como lo dispone el artículo 261 fracción I, de la ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]." Cumpla con lo siguiente: Como requisito previsto en la fracción II y IV del artículo 114 y 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, a fin de ABUNDAR en los antecedentes del acto reclamado, narrado de manera cronológica y de manera detallada cada uno de los datos que se desprendan, principalmente, quienes son las partes en el juicio natural, las prestaciones que se reclamaron en el mismo, y el quejoso, deberá indicar qué calidad tiene en el juicio de origen; asimismo, deberá manifestar si la norma que impugna la reclama como ley autoaplicativa o heteroaplicativa, y en su caso, deberá así también, indicar cuando se dio el primer acto de aplicación y la autoridad a la que se lo atribuye. 4. Finalmente, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juzgados de Distrito, a ********, toda vez que acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respecto de *********, en términos restringidos de dicho numeral hasta en tanto acredite ser licenciado en derecho y a los diversos que menciona en los mismo términos por así haberlo solicitado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA JUICIO EN LÍNEA Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario iberyazca, asimismo, en atención a que solicita que se realicen las notificaciones vía electrónica, háganse las mismas a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación al amparista, bajo el nombre de usuario antes referido. Ello es así, conforme al tercer párrafo del artículo 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...II E
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