Juan José Abascal Cruz
Expediente 1216/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan José Abascal Cruz
Actuaciones
- Principal
Desechamiento. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que por lo que hace a los actos reclamados identificados con los incisos 1) y 2), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden por actos consumados, aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Entonces, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de los actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61, de la ley de la materia. Ilustran los anteriores razonamientos, las tesis que a continuación se transcriben: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 1478). "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Jurisprudencia 493, Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 326). En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto, por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En la especie, el quejoso reclama la admisión de la prueba consistente en la entrevista de la parte actora María Alejandra Moreno Moreno en el juicio ordinario civil C393/2023 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, de seis de octubre del año en curso, y el desahogo de la misma, verificado el veintiséis de octubre del año en curso, así como la orden de solicitud y admisión de once de octubre del año en curso, de prueba documental a la institución bancaria Grupo Financiero Scotibank Inverlat, sociedad anónima de capital variable, derivado de lo cual se le giró oficio a efecto de que proporcionara información respecto a las cuentas bancarias del quejoso, así como de los estados de cuenta respectivos; empero, de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que lo anterior ya tuvo verificativo el veintiséis de octubre y trece de noviembre, ambos del año en curso, respectivamente, de tal suerte que los actos reclamados se encuentran consumados, toda vez que ya se llevó a cabo la entrevista reclamada, en tanto que la referida institución bancaria, ya proporcionó los datos que le fueron solicitados. Dicha consumación es de modo irreparable, pues aun en el caso hipotético de que se concediera la protección de la justicia federal, sería material y jurídicamente imposible restituir las cosas al estado en que encontraban antes de la violación de los derechos fundamentales que esgrime el quejoso, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituirlo en el goce de sus derechos; entonces, al no ser reparable la violación alegada, se está frente a actos consumados de modo irreparable, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 16, del tomo 5 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Por tanto, aun cuando llegara a concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, no sería posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que ningún efecto tendría la sentencia de amparo que se llegare a emitir. Al respecto, cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis V.2o.P.A.15 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 2130, Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado identificado con el inciso 3), este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Al respecto conviene acotar que son actos de imposible reparación, aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal, que hacen efectivo el debido proceso, bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial, por lo que solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa y afecten en forma trascendente la defensa, son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente; por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el juzgado responsable, a través de la cual no admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de admisión de prueba de seis de octubre pasado, no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que no producen una situación de indefensión, puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal, que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior, puesto que la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses en el juicio de origen. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Cabe resaltar que se tiene en cuenta la tesis jurisprudencial VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." En este criterio, medularmente se sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las violaciones procesales relevantes, que son aquellas que afectan a las partes en grado predominante o superior, procediendo en su contra el juicio de amparo indirecto, bajo una interpretación amplia y más benéfica para los gobernados. Sin embargo, se comparte el diverso criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este otro criterio, sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En este criterio se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el juzgado responsable, a través de la cual no admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de admisión de prueba de seis de octubre pasado, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio, dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, ya que en la especie, la infracción que produce el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados y/o enmendados si la parte quejosa obtiene resolución favorable, en el juicio de origen. En efecto, toda vez que el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución, se determina que para establecer si procede el juicio constitucional en contra del acto reclamado, debe estimarse si las consecuencias producidas por dicha determinación son o no de imposible reparación, entendiéndose por ello que se afecten derechos sustantivos tutelados por la constitución, lo que no acontece en la especie, toda vez que la resolución reclamada, por sí misma, no lesiona los derechos de la parte peticionaria del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que el acto reclamado, consistente en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el juzgado responsable, a través de la cual no admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de admisión de prueba de seis de octubre pasado, no constituye un acto de imposible reparación, puesto que el mismo se verifica en un plano meramente procesal, ya que no trastoca algún derecho sustantivo, al tratarse de cuestiones de naturaleza adjetiva procesal, cuyas consecuencias, en todo caso, pueden ser reparadas si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales o de imposible reparación. Por los razonamientos expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI, así como en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha la demanda de amparo. V. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al presente juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. VI. Domicilio, autorizados y expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Ordaz Mendoza, Michelle Estefania Torres Robledo y Luis Alberto Abascar Cruz, por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral y su correlativo 24, ambos de la ley de la materia, a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado. Asimismo, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (LICALEJANDRORDAZ), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente a la parte quejosa. VII. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Juan Jesús Pérez Martínez325/2019
- Juan Jesús Rodríguez Lara1832/2016
- JUAN JESÚS ZAVALA LÓPEZ y Otros.402/2021
- Juan Jorge Alfonso Delgado García376/2020
- Juan Jorge Dueñas Corona61/2018
- Juan Jorge Nafarrate Arias827/2016
- Juan José Abascal Cruz1211/2023
- Juan José Ambriz Montañez432/2019
- Juan Jose Araiza Guzman1323/2014
- Juan José Baca Orozco292/2021
- Juan José Barajas Martínez627/2020
- Juan Jose Barajas Salmeron1196/2014