Juan Jorge Santiago Ortega

Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
185/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Jorge Santiago Ortega
  • (1) Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema del Sistema Penal Acusatorio Y Oral En Tepic, Nayarit.

Actuaciones

  1. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el informe de cuenta, toda vez que la autoridad declinante del presente juicio de amparo, proveyó lo conducente en el presente incidente; en razón .

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Se ADMITE la demanda de amparo promovida por JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, por propio derecho, contra actos del (1) JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN TEPIC, NAYARIT. y otras autoridades. Consideración previa si se involucra un menor de edad Es dable señalar que en el presente asunto se encuentra como quejoso un menor de edad; por lo que acorde con el principio general de "Protección a la Intimidad", que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recogido en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, todos aquellos datos relacionados con la identidad del menor deberán de ser suprimidos y únicamente se identificará al menor con sus iniciales R.G.A. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 185/2019-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Ábrase el incidente de suspensión por duplicado. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL veinte de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a las autoridades responsables Que rindan sus informes justificados, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. Informen si han ordenado o tengan en vía de ejecución algún diverso acto privativo de libertad diverso a los reclamados. En el sistema penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional debe acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Informe dentro del término de veinticuatro horas, en caso de que exista, el nombre completo de la parte tercero interesada, domicilio y, en su caso, representante legal. (Auto de vinculación a proceso) En el mismo plazo de veinticuatro horas, informe quien es el Agente del Ministerio Público que formuló la imputación al quejoso, precisando la carpeta de investigación relativa y el domicilio actual y correcto, ello a fin de poder emplazarlo como tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Suspensión de Procedimiento Hágase del conocimiento del juez que conoce del procedimiento instruido contra la parte quejosa, que con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deberá suspenderlo en lo que corresponda a la misma, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que cause ejecutoria la resolución que recaiga en el juicio de amparo en que se actúa. Apercibimientos a las autoridades responsables En caso de incumplimiento, se harán acreedores a lo siguiente: Multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por treinta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Representante Especial si el menor es quejoso. Tomando en consideración que el presente de juicio de amparo incide en la esfera jurídica del menor ********************; con sustento en el artículo 8o., de la Ley de Amparo, procede la designación de un representante especial a su favor. Por tanto, gírese oficio a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, para que en el lapso de tres días, contado a partir de que reciba la comunicación respectiva, señale a un funcionario de dicha dependencia que pueda fungir como representante de los menores en cita, en términos del artículo 8o., de la ley de la materia; apercibida que de no hacerlo así, o de no exponer su impedimento para ello, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y en atención a lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Solicitud de tutor al DIF conflicto de interés. Respecto al menor ********************, procede la designación de un representante especial a su favor, sin que en el caso, se opte por su madre la aquí quejosa ********************, dado que existe un conflicto de intereses entre ella y el progenitor y a su vez tercero interesado en el presente asunto********************. Por tanto, gírese oficio a la Directora del DIF Estatal (Desarrollo Integral de la Familia) con residencia en esta ciudad, para que en el lapso de tres días, contado a partir de que reciba la comunicación respectiva, señale a un funcionario de dicha dependencia que pueda fungir como representante del menor en cita, en términos del artículo 8o., de la ley de la materia; apercibida que de no hacerlo así, o de no exponer su impedimento para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251, en relación con el numeral 64, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos 50/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Autorización correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado a la dirección de correo electrónico correosecretario@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuentan con cédula profesional debidamente registrada. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Requerimiento al quejoso Por otra parte, se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos tal notificación, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Tercero Interesado. Se tiene como tercero interesado a ********************, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Así también emplácese al Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, (artículo 5o., fracción III, inciso e), de la ley de Amparo). Domicilio del tercero interesado. Se tiene como domicilio del tercero interesado para efectos del emplazamiento a juicio, el señalado en el escrito de demanda; por tanto, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, para que se constituya en calle ********************, a efecto de que, con copia de la demanda y del presente proveído emplace a juicio al referido tercero interesado por conducto de su apoderado legal, y con ello pueda deducir sus derechos. Requerimiento al tercero interesado. Se le requiere para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación y emplazamiento, señale en el presente juicio domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que tal señalamiento debe provenir de la parte interesada. Asimismo hágase del conocimiento del tercero interesado, que se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de notificación que se publican en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas de la parte quejosa las pruebas documentales que anexa al escrito que se provee, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia constitucional. Asimismo, por lo que hace a las pruebas señaladas en el escrito de demanda con los incisos b) y c), se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obren los informes justificados de las autoridades responsables y así tener la certeza de la existencia del acto reclamado, previo a proveer sobre dichos medios de convicción. Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en el párrafo primero del artículo 22 Constitucional, se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Juan Javier Rodríguez Morales, Secretario que autoriza y da fe. *iniciales

  3. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve.********************En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 185/2019-I, promovido por JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, por propio derecho, contra actos de los (1) JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN TEPIC, NAYARIT. y otras autoridades; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión.********************Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo legal, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído; apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, como lo dispone el artículo 260, fracción II, en relación con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve.********************En el entendido que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables, consisten en:********************Orden de aprehensión********************Orden de reaprehensión********************Detención. ********************Orden de presentación. ********************Orden de localización.********************Orden de comparecencia.********************Captura********************Arresto ********************Detención ejecutándose.********************Citatorio y medidas cautelares.********************Orden de detención provisional con fines de extradición.********************Orden de rechazo.********************Acuerdo del Agente el Ministerio Público en el que niega la devolución del vehículo.********************La determinación del Agente del Ministerio Público de levantar el aseguramiento del inmueble dentro de la carpeta de investigación.********************Auto de vinculación a proceso. ********************Calificación de la legal detención.********************Orden de cateo y/o intervención de comunicaciones.********************Arraigo.********************Su ejecución.********************Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental.****************************************Suspensión por la orden de aprehensión y su ejecución.********************Considerando que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión o reaprehensión, así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la ley de la materia, se concede a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión o reaprehensión y su ejecución; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. ********************Suspensión en caso de que el hecho que la ley señala como delito por el que se dicte sea de los que requieren prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 19 Constitucional.********************- Si el hecho que la ley señala como delito por el cual es dictada la orden privativa reclamada es de los que requieren prisión preventiva oficiosa, la suspensión no impedirá que se le prive de su libertad, sino únicamente que quede a disposición de este juzgado en el lugar donde deba recluirse en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo.********************Supuestos en los que no surte efecto la suspensión.********************-Si la orden se giró con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda.********************Medidas de aseguramiento comunes que deben cumplirse a fin de que surta efectos la suspensión concedida por los actos privativos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, así como su ejecución.********************-De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá exhibir dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directo quejoso y a satisfacción de este juzgado. Cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo en vigor.********************La que se fija de manera discrecional, sólo tomando en consideración el número y tipo de autoridades señaladas como responsables, ya que hasta el momento sólo se cuenta con lo informado por la parte quejosa en su libelo de prerrogativas fundamentales y no así con elementos suficientes para determinar la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la parte quejosa, su situación económica y el que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia; por tanto, se requiere a la autoridad judicial responsable que acepte las órdenes combatidas, para que remita junto a su informe previo, copia certificada de las constancias de las que se desprenda dicha información.********************- Dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad responsable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, aun cuando exhiban la garantía procedentemente fijada, la suspensión concedida será revocada y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto; en el entendido de que dicha obligación será exigible una vez que conozca la autoridad que emitió el acto reclamado, quedando obligado de acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo.********************Por otra parte, en caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener las siguientes leyendas:********************"Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito.".********************"No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.".********************Suspensión por la orden de detención y su ejecución.********************Por otra parte, considerando que también reclama una orden de detención así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la actual ley de la materia, se concede a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal; lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias de averiguación y persecución de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible.********************Supuestos en los que no surte efecto la suspensión.********************Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión y/o reaprehensión.******************** Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.********************Si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida.********************Si se le sorprende en flagrante delito.********************Medidas de aseguramiento que deben cumplirse a fin de que surta efectos la suspensión concedida por los actos privativos reclamados (artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo).********************-Exhibir dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directo agraviado, ante y a satisfacción de este juzgado. Cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo.********************-Dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad responsable correspondiente a rendir su declaración para los efectos de la continuación del proceso.********************Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, aun cuando exhiba la garantía procedentemente fijada, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto; en el entendido de que dicha obligación será exigible una vez que conozca la autoridad que emitió el acto reclamado, derivado de los informes previos, quedando obligado de acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado.********************Por otra parte, en caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener las siguientes leyendas:********************"Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito.".********************"No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.".****************************************Suspensión respecto la orden de presentación, comparecencia, localización, captura y arresto (judicial), así como su ejecución.********************Ahora bien, considerando que se reclama la orden de presentación, comparecencia y/o localización (judicial), así como su ejecución, que emana del sistema tradicional, toda vez que la parte quejosa se lo atribuye a diversas autoridades judiciales, por lo que en la especie se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 139 y 163, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 128 y 131 de la propia ley, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con su ejecución se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran, pues al tratarse de un acto de autoridad emitido por un juez, quedaría sin materia el juicio de amparo del que deriva el presente incidente en caso de no concederse la medida, por lo que debe preservarse, sin que pueda restringirse su libertad deambulatoria por ningún motivo. ********************Dicha medida surte sus efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.********************La medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si existe una orden de aprehensión y/o reaprehensión emanada de un procedimiento penal en el que se cumplan sus formalidades esenciales, o si proviene de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.****************************************Suspensión por la orden de presentación, comparecencia, localización, captura y arresto (administrativa), así como su ejecución.********************Por otra parte, considerando que también se reclama la orden de presentación, comparecencia y/o localización (administrativa), así como su ejecución, toda vez que la parte quejosa se lo atribuye a diversas autoridades administrativas y que se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 139 y 166 de la ley de la materia, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, para el efecto de que no sea privado de la libertad deambulatoria con motivo de dichas órdenes.********************Esta medida tiene como único objetivo que no se prive al quejoso temporalmente de su libertad deambulatoria obligándolo a comparecer, pero no evitar que, si así lo estima conveniente, comparezca de manera voluntaria, se imponga y declare en la indagatoria. Lo anterior, en razón de que las ordenes reclamadas, no son un requisito indispensable para integrar la indagatoria y es un acto dentro del procedimiento en el que su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.********************Supuestos en los que no surte efecto la suspensión.********************- Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión o detención.********************- Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.********************Suspensión respecto a la detención ejecutándose.********************Ahora bien, toda vez que el acto que se reclama se hace consistir en la detención ejecutándose del quejoso, con fundamento en los artículos 128, 163 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, para el efecto de que el quejoso quede disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable por lo que hace a la continuación del procedimiento relativo a la carpeta de investigación o expediente administrativo correspondiente. Asimismo, se concede, para el efecto de que si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público responsable, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis horas tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente.********************En el entendido que las autoridades responsables dentro del término de doce horas legalmente computadas a partir de que se les notifique este acuerdo, deberán informar a este juzgado, lo relativo a la situación jurídica del quejoso y las constancias que así lo acrediten.********************Dicha medida no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado ya se llevó a cabo o proviene de autoridad diversa a la aquí señalada.********************Cabe precisar que el efecto de esta medida cautelar no impide la continuación del procedimiento de donde emana el acto reclamado y sus finalidades, pues estas son de orden público y susceptibles de suspenderse; por tanto, la medida suspensional no incide sobre los actos que dan por concluida la medida privativa de la libertad, como puede ser su extinción o terminación por las causas legales, ni sobre los diversos actos que le son coetáneos, como la consignación o la puesta en libertad del justiciable.********************Estas medidas cautelares deben ser acatadas por la autoridad responsable, apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo.****************************************Suspensión respecto al citatorio reclamado (niega).********************Ahora bien, con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión provisional, respecto del efecto y consecuencia del acto reclamado, se toma en consideración que el mismo consiste en el citatorio girado en contra del quejoso.********************En ese sentido, se debe tener como punto de partida el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual establece -en la parte que interesa- lo siguiente:********************". la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************[.]********************II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.".********************Ahora, el acto reclamado tiene como finalidad que la parte quejosa comparezca ante la autoridad ministerial con la finalidad de investigación y persecución de los delitos, por lo que conceder la suspensión implicaría impedir la obligación del Ministerio Público de perseguir delitos y el interés público de esta función.********************Asimismo, se cuenta con el interés de la sociedad de esclarecer los hechos y en su caso buscar la imposición de una pena (cuestiones que son de interés público), por lo que conceder la suspensión en los términos solicitados por la quejosa, llevaría a impedir la función encomendada al Ministerio Público por el artículo 21 de la Constitución Federal para la investigación y persecución de los delitos.********************Con lo anterior y ante el conflicto de interés del quejoso con el de la sociedad, debe prevalecer el interés público, por lo que debe negarse la suspensión provisional al considerar, como se adelantó, que en el caso no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.********************Aunado a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso se encuentre dentro de los supuestos de excepción previstos en el artículo 222 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA.****************************************Suspensión respecto de las medidas de apremio contenidas en el citatorio. (CONCEDE)********************Por otra parte, por lo que hace a las medidas de apremio contenidas en el citatorio, se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; en consecuencia, se concede a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de no se haga efectiva ninguna medida de apremio con motivo del citatorio reclamado, lo anterior hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.********************Dicha medida no surte efectos si el apercibimiento proviene de autoridad diversa a la aquí señalada como responsable.****************************************Suspensión respecto de las medidas cautelares, medidas de coerción o providencias precautorias. (NIEGA)****************************************Considerando que se reclaman medidas cautelares, medidas de coerción o providencias precautorias, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo; por tanto, no es factible conceder la medida cautelar peticionada, pues de otorgarse se vería afectado el interés social y el orden público, en franca contravención a lo ordenado en la disposición normativa invocada, pues por su naturaleza las medidas cautelares como las aquí reclamadas tiene por objeto evitar la consumación o continuación de un delito.****************************************Tampoco se satisface lo dispuesto en dicha fracción del mencionado precepto legal, en atención a que con las medidas reclamadas no se causan daños de difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso, dado que la naturaleza jurídica de toda medida de protección estriba en asegurar o mantener situaciones de hecho o de derecho, a efecto de hacer eficaz el fallo que en su oportunidad se dicte, y no es definitiva en tanto que únicamente prevalece mientras se tramita el procedimiento de origen.****************************************Por lo que no estamos ante la presencia de actos que causen daños y perjuicios de difícil reparación.********************Suspensión provisional respecto de la orden de detención provisional con fines de extradición.********************En razón de que se reclama la orden de detención con fines de extradición, se concede la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA del acto antes citado, para el único efecto de que quede, en cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado Federal y, a disposición de la autoridad responsable, respecto a la continuación del procedimiento de extradición; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables sobre la suspensión definitiva.********************Ahora, toda vez que hasta este momento sólo se cuenta con la información que el quejoso proporcionó en su escrito de demanda de amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, en su caso, con su informe previo remitan e informen a este juzgado lo siguiente:********************1. La situación jurídica que actualmente tiene el quejoso.********************2. Si en su contra se encuentra instaurado un procedimiento de extradición en los términos que establece la Ley de Extradición Internacional en sus artículos del 16 al 37 y, de ser así, deberán informar con claridad en qué etapa en específico se encuentra el procedimiento instaurado en contra del aquí quejoso, así como la naturaleza, modalidades y características del delito o delito por los que se haya ordenado su extradición.********************3. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció en términos del artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, es decir, si ya concedió la extradición del quejoso.********************4. Las autoridades responsables, en su caso, deberán remitir a este órgano jurisdiccional, junto con su informe previo, copia certificada de todas las constancias que sustenten la información que al efecto proporcionen, a fin de que éste Juzgado de Distrito esté en condiciones de pronunciarse en torno a la suspensión definitiva en este incidente, pues hasta este momento no se cuentan con mayores datos o elementos que los proporcionados por el quejoso en su escrito de demanda de amparo; lo anterior, en la inteligencia de que de no cumplir con todo lo expuesto, subsiste el apercibimiento decretado en líneas anteriores pues se itera, la información y las constancias que al efecto remitan, serán necesarias para emitir la resolución definitiva correspondiente.****************************************Suspensión por la orden de rechazo.********************Ahora bien, es pertinente reiterar que el acto reclamado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, es la orden de rechazo del ingreso a México de los quejosos de nacionalidad hindú atribuido a las autoridades responsables.********************Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece:********************"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************I. Que la solicite el quejoso; y********************II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (.).".********************Por tanto, tales requisitos deben analizarse en su orden, si uno de ellos no se da, no se puede conceder la suspensión.********************Así, de la transcripción del precepto en cita, se advierte que para decretarse la suspensión, deben colmarse dos requisitos, el primero, consistente en que debe ser solicitada por el quejoso y el segundo, que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público y se afecte el interés social; sin embargo en la especie, el segundo requisito no se encuentra colmado.********************Asimismo, debe decirse que las disposiciones de la Ley de Migración y su reglamento son de orden público, tal como ambos ordenamientos lo señalan en su artículo 1o., los cuales son del tenor siguiente:********************"Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.".********************"Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras.".********************Además, se considera se afecta el interés social, tal como señala la responsable.********************Ello si atendemos, a que el "rechazo", es un procedimiento migratorio llevado a cabo por parte de las autoridades administrativas competentes, en ejercicio de sus facultades, de conformidad a la Ley de Migración, el cual regula la internación de una persona a territorio nacional.********************Lo anterior es así, pues los numerales 86 de la Ley de Migración y 3o., fracción II, del Reglamento de la Ley de Migración, dicen en lo conducente:********************"Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Ley, deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley.********************El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por el Instituto en los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.".********************"Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley, se entenderá por:********************[.]********************II. Acta de Rechazo: al documento en el que consta el acto administrativo que emite la autoridad migratoria, y mediante el cual se decreta la inadmisibilidad al territorio nacional de una persona extranjera que solicita su ingreso al mismo en los lugares destinados al tránsito internacional de personas.".********************De tales artículos se desprende que el documento de rechazo, es el que emiten las autoridades de orden migratorio, a través del cual se decreta la no admisión al territorio nacional de personas de origen extranjero que solicitan su ingreso al país en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, como en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en sus distintas terminales.********************Acto que es emitido por el Instituto Nacional de Migración (órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación), en el caso con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.********************Institución gubernamental que conforme a la Ley de Migración (artículo 19 y 20), tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas migratorias y en específico en materia de control y verificación e esa índole.********************De ahí que conforme a los artículos 37, 43 y 86 de la Ley de Migración, así como los diversos 52, 55 y 57 de su reglamento, cuando el Instituto Nacional de Migración advierta que los extranjeros solicitan el ingreso a territorio nacional en los lugares destinados al tránsito internacional de personas (aéreo, terrestre o marítimo), no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Migración, su reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables, debe emitir acta de rechazo correspondiente.********************De ahí que es de interés social y de orden público que se cumpla con las normas y políticas públicas en materia de migración, puesto que el Estado Mexicano está obligado a no permitir que ingresen a nuestro país, personas extranjeras que no reúnen los requisitos establecidos en las leyes aplicables expedidas con anterioridad a los hechos que nos ocupan, pues se incrementarían los problemas que acarrea la sobrepoblación en nuestro Territorio Nacional.********************Es decir, la sociedad nacional está interesada en que los extranjeros que ingresen a nuestro país, aporten un beneficio económico, cultural, turístico, académico, etcétera, y no por el contrario un perjuicio (delitos, desempleo, sobrepoblación, etcétera); de ahí su obligación de vigilar que se cumpla con los requisitos de la ley migratoria para que los extranjeros ingresen con todos los derechos a nuestro país y, rechazar a quienes no reúnan esos requisitos legales.********************Así, de los datos con los que hasta este momento procesal cuenta este órgano jurisdiccional y ponderando la apariencia del buen derecho e interés jurídico de los quejosos, así como el orden público y el interés social, se advierte que en torno al acto reclamado consistente en la orden de rechazo, se trata del procedimiento migratorio llevado a cabo por las autoridades del ramo en ejercicio de sus facultades que la Ley de Migración prevé, por el que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional al no cumplir con los requisitos que establecen la ley relativa, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, esto es, tienden a impedir el ingreso a territorio mexicano a personas extranjeras que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, la salud pública o el orden social de la Nación.********************Por ende, no es factible conceder la medida suspensional solicitada, toda vez que de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, acorde con lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Migración, en relación con los numerales 3o., fracción II, 55, 57, 60, 78 y 81 de su Reglamento, en la medida de que las disposiciones que prevén el rechazo de un extranjero a territorio nacional son de orden público e interés social, pues su finalidad es garantizar que no ingresen personas extranjeras que puedan afectar la seguridad nacional, la salud pública y el orden nacional.********************Lo anterior es así, porque la Ley de Migración y su Reglamento en los que se sustenta la orden de rechazo reclamada, constituyen disposiciones de orden público e interés social, ya que tienen como naturaleza y finalidad legítima -entre otras- regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.********************Luego, si se tiene en cuenta que el orden público debe entenderse como aquellas condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios y, el bien común (interés social), debe entenderse como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos, con el ingreso a territorio nacional de extranjeros que no cumplen con los requisitos que la legislación migratoria prevé para permitir el ingreso y estancia en el país de personas extranjeras, se pone en riesgo las condiciones de la sociedad mexicana para que puedan alcanzar el mayor desarrollo personal.********************Cabe precisar que el hecho de que un extranjero haya arribado por un aeropuerto mexicano, no debe considerarse que ha ingresado formalmente al territorio nacional en términos del artículo 78 del Reglamento de la Ley de Migración.********************En mérito de lo anterior, lo que procede es negar la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, toda vez que es un acto que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, en materia de control migratorio; aunado a que la responsable, es la facultada para resolver y ejecutar el rechazo de personas extranjeras en el territorio nacional; procedimiento que evidentemente es de orden público, el cual debe cumplirse debido a que se refiere a verificar la procedencia de entrada a las personas extranjeras a territorio nacional, o bien, su negativa (rechazo) al incumplirse los requisitos legales que prevé la Ley de Migración y su Reglamento.********************Suspensión respecto de la negativa de la devolución del vehículo.********************Ahora, cabe precisar que el acto reclamado por el quejoso constituye la negativa de la autoridad de devolver el aludido vehículo materia del presente asunto; en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, se niega a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, la suspensión provisional del acto reclamado, ya que el otorgamiento de la medida cautelar no podrá tener por efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, además de que al tratarse de un acto negativo no es procedente otorgar dicha medida cautelar en razón de que ello tendría efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del presente asunto.********************Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Tesis I.3º.C.25.K, visible en la página número 1468 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Marzo de 2002, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:********************"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender.".****************************************Suspensión respecto de la determinación del Agente del Ministerio Público de levantar el aseguramiento del inmueble dentro de la carpeta de investigación.********************Ahora bien, por lo que hace al acto aquí precisado, se niega la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, en virtud de que de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el mismo es un acto consumado, respecto del cual deviene improcedente la concesión de la medida suspensional solicitada, la cual no tiene efectos restitutorios, que son propios de la sentencia de fondo que, en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa.********************Tiene apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia II.3°. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y uno, Tomo 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro:********************"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.".****************************************Suspensión por auto de vinculación a proceso.********************En ese sentido, tratándose de los efectos de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 128 y 163 de la Ley de Amparo, se concede a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, así como también para que el quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido, y a disposición del juez del procedimiento respecto de su continuación y observancia de las medidas cautelares determinadas por él, hasta en tanto, se resuelva el presente incidente de suspensión.********************Asimismo, del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable suspenda el procedimiento de la carpeta judicial 10/1102/2019.********************Al respecto, deberá estarse a lo acordado en esta misma fecha, en el cuaderno principal del juicio de amparo, en donde se ordenó suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que recaiga en el juicio del que deriva la presente incidencia.****************************************Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente:********************"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.".****************************************Suspensión por el acto consistente en la calificación de la legal detención.********************Ahora bien, por lo que hace al acto aquí precisado se niega la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, en virtud de que el mismo es un acto consumado, respecto del cual deviene improcedente la concesión de la medida suspensional solicitada, la cual no tiene efectos restitutorios, que son propios de la sentencia de fondo que en su caso, se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa.********************Tiene apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia II.3°. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y uno, Tomo 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro:********************"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.".****************************************Suspensión respecto la orden de cateo y/o intervención de comunicación.********************Ahora bien, considerando que se reclama una orden de cateo y/o intervención de comunicación, se niega la suspensión provisional del acto reclamado, por no reunirse los extremos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que por la naturaleza de las ordenes reclamadas, los cuales son de orden público, ya que son una actuación derivada de la integración de una indagatoria y éstas no son susceptibles de paralizarse a través de la medida precautoria, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se investiguen los hechos delictuosos hasta su esclarecimiento para que, en su caso, se persigan a través del ejercicio de la acción penal, pues su comisión afecta a la estabilidad de la sociedad.********************Tiene apoyo lo anterior en la tesis siguiente:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE CATEO. ES IMPROCEDENTE PORQUE EL CONCEDERLA AFECTARÍA DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Resulta improcedente conceder la suspensión provisional cuando se reclama la ejecución de una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público, pues por su naturaleza, conforme al artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, constituye una herramienta con la que cuenta dicha autoridad para la persecución de los delitos conforme al numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual culminará, en su caso, con el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, no puede llevarse a cabo su paralización, pues al hacerlo, se afectarían disposiciones de orden público, es decir, la labor constitucional encomendada a dicha institución, lo que es contrario al contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.".****************************************Suspensión por la orden de arraigo.********************Ahora bien, en razón de que se reclama la orden de arraigo, así como su ejecución, y en atención a que contra este acto se actualizan en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 139 y 163, de la ley de la materia, en vinculación con el 128 del ordenamiento citado, en virtud de que el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto mencionado; además de que con la concesión de la medida suspencional no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de tal acto se causarían al peticionario de amparo daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión provisional a JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, del acto reclamado, para el único efecto de que quede, en cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado Federal, en el lugar donde deba arraigarse y, a disposición de las autoridades responsables, para la continuación del arraigo; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.********************La suspensión provisional que se concede únicamente surte sus efectos por cuanto hace a las autoridades aquí señaladas como responsables.********************Inexistencia de autoridades.********************En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrán como inexistentes y se suspenderá comunicación procesal, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia.********************Habilitación del personal del Juzgado********************Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes que emanan de este incidente de suspensión; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.********************Notifíquese y personalmente al tercero interesado.********************Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Juan Javier Rodríguez Morales, Secretario que autoriza y da fe.************************************************************ Iniciales********************

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