Juan Jiménez Salazar
Expediente 917/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Jiménez Salazar
Actuaciones
- Principal
En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio y anexo registrado con el número 13467.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de dos de julio de dos mil quince, dictada en el recurso de queja administrativo 47/2015, de cuyo punto resolutivo único se advierte que el Pleno del Tribunal Federal en mención, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Jiménez Salazar, contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de garantías planteada. Acúsese el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE ARS 15276
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 523/2015, promovido por CARLOS ENRIQUE CASTRUITA FLORES, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas, y de otras autoridades, que considera violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, CARLOS ENRIQUE CASTRUITA FLORES, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS OFICINA RECAUDADORA DE RENTAS ADSCRITA AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE ZACATECAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. TODOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD TESORERO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO Y/O DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. IV. ACTOS RECLAMADOS Del CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS La discusión, aprobación y expedición de los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, vigente en dos mil quince. Específicamente los artículos 29, Fracción I, II, inciso b), y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS la promulgación de los referidos decretos. Del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS el refrendo de los decretos de mérito. Del DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS la publicación de los respectivos decretos que contienen respectivamente la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y a Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como las reformas y adiciones vigentes en el presente año (2015). Del TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y/O DIRECCIÓN DE FINANZAS DE FRESNILLO, ZACATECAS. La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $18, 490.73 (dieciocho mil cuatrocientos noventa 73/100 M.N), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, términos del artículo 28 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, así como diversos conceptos tales como Levantamiento Topográfico y Certificación de Planos, según recibo de pago número 424805 C, de veinticuatro de marzo de dos mil quince". II. Trámite del Expediente. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de catorce de abril de dos mil quince, la registró y admitió a trámite bajo el número 523/2015; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso CARLOS ENRIQUE CASTRUITA FLORES, reclama del Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, todos en el Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación de los decretos legislativos por los que se expidieron la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, particularmente sus artículos 29, fracción I, 32 y 43, que establecen el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente sus numerales 21 a 27, 52, fracciones I, II, inciso b), y XVII, que regulan el cobro por derechos de inscripción y sus adicionales. Así como el primer acto de aplicación derivado del cobro de esos impuestos a cargo del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. II.2. Certeza de Actos. Son ciertos los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación de los decretos legislativos por los que se expidieron la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil quince, particularmente sus artículos 29, fracción I, 32 y 43, que establecen el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente sus numerales 21 a 27, 52, fracciones I, II, inciso b), y XVII, que regulan el cobro por derechos de inscripción y sus adicionales, pues al margen del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades que participaron en el proceso legislativo, su notoria existencia no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al contenido de la Jurisprudencia que se cita: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, es cierta la existencia de los actos atribuidos a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, lo que se obtiene de las copias certificadas del recibo de pago oficial número 424805 C que el quejoso allegó al sumario, al que se le asigna valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos, pues aunque el amparista liquidó las contribuciones motu proprio, lo cierto es que las autoridades finalmente recaudaron los tributos unilateralmente enterados, además de así haberlo reconocido en su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, visible en el folio 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El Congreso del Estado de Zacatecas, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante obra a foja 60 el acuse de recibo correspondiente; por lo que se presume cierto el acto reclamado, máxime que no está sujeta a prueba su existencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este Tribunal Federal advierte la actualización de cierta causa de improcedencia respecto del artículo 54, fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En principio, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos que debe contener la demanda correspondiente, la expresión de conceptos de violación; ya que si el quejoso no cumple con tal exigencia, el juez no podría efectuar el análisis constitucional del acto reclamado; claro, siempre que la materia de que se trate no esté comprendida en las hipótesis de suplencia de la queja deficiente a que alude el numeral 79 de la Ley de la materia. De modo que si en un asunto en que rige el principio de estricto derecho, el peticionario de amparo omite expresar conceptos de violación para combatir el acto reclamado, el juzgador no está en aptitud de abordar el estudio de éste y, por ende, debe sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.- Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Pues bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso CARLOS ENRIQUE CASTRUITA FLORES, señaló como acto reclamado, entre otros, la inconstitucionalidad del artículo 54, fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, sin embargo, omitió expresar motivo de inconformidad respecto de esa norma general. Luego, al no existir ningún motivo de queja encaminado a combatir la inconstitucionalidad del referido artículo 54, fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se actualiza, en cuanto a ese precepto, la causa de improcedencia señalada líneas atrás; por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. IV. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede analizar los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que resulte necesario transcribirlos, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Una parte de los conceptos de violación son inoperantes en lo relativo al impuesto de adquisición de bienes inmuebles, y en otra más, fundados por lo que toca al pago de derecho de inscripción de inmuebles y sus adicionales. El impetrante de amparo alega en sus motivos de inconformidad identificados como primero y segundo, que es inconstitucional el artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, al considerar que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria por contemplar una tasa fija del dos por ciento sobre el valor del inmueble para el pago del impuesto sobre la adquisición de este tipo de bienes, ya que no existe una justificación respecto a tal tasa. Que esto es así, sostiene el impetrante de amparo, porque el legislador no razonó o justificó porqué impuso una tasa del 2% y no una del 1% o del 1.5% sobre el valor del bien raíz; que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el análisis de la proporcionalidad tributaria debe hacerse en función a los elementos cuantitativos del tributo; que no se desconoce que el tributo controvertido grava una manifestación aislada de la riqueza expresada a través del valor del bien inmueble que se trate; que en ese tenor, la capacidad contributiva del sujeto pasivo se mide precisamente en función del valor del inmueble, pero que para ello, la tasa fija establecida por el legislador debe estar motivada para así justificar el monto de la tasa, lo cual no aconteció. Además, esgrime el quejoso, que la fijación del 2% de la tasa fija del bien raíz se aplica sin hacer distinción o consideración alguna al destino y características particulares que constituye el objeto del impuesto. Que lo anterior es importante, dice el impetrante de amparo, porque los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo de aportar una parte justa y adecuada a sus ingresos, utilidades, rendimientos o a la manifestación de la riqueza gravada, esto es, deben de atender a la capacidad económica de cada persona y en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. Que tiene que existir congruencia entre el impuesto y la capacidad contributiva, es decir, la contribución debe ir proporcionalmente a la riqueza manifestada por el sujeto, ya que sólo así se refleja la capacidad contributiva. Que conforme a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo es la acción de inconstitucionalidad 29/2008, resuelta en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, se desprende que el tipo de cuota progresiva aumenta a medida que incrementa la base gravable, mientras que la tasa porcentual no se modifica ante la variación de la misma sino que permanece estable, que si bien ambos sistemas se han considerados constitucionales por lo que respecta al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, en tanto que permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo ".recae sobre una manifestación aislada de riqueza.", lo cierto es que guarda cierta subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determinación, como lo es el uso o destino del mismo y en algunos supuestos, en unión de los anteriores, la situación personal del contribuyente (argumento consultable en el párrafo segundo de la foja 10 de la demanda de amparo). Sostiene la parte quejosa, que no puede soslayarse para la cuantificación del tributo en estudio, el uso o destino del bien ". para así dar un trato tanto proporcional como equitativo a los contribuyentes en razón de las características propias del inmueble objeto del tributo, designando un porcentaje distinto tomando en cuenta una categorización del inmueble tomando en cuenta destacadamente su uso y destino, lo que se puede traducir en una tarifa ad hoc al tipo de inmueble de que se trate, situación que el legislador en esta Entidad no tomó en cuenta, imponiendo una tasa fija para todos los contribuyentes por igual." (argumento consultable a foja 10 ídem). Que de los artículos 28 al 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se desprende que la tasa fija es aplicable para cualquier tipo de adquisición de éstos, por lo que no obedece, esgrime la quejosa, a una clasificación que considere los usos y destinos de los inmuebles. Que la generalidad de la tasa porcentual fija se traduce en una transgresión al principio de proporcionalidad, porque es inconstitucional paga un porcentaje igual sobre el valor de un inmueble cuyo uso está destinado al de la casa habitación que el de un adquiriente de un bien cuyo uso puede ser comercial o industrial. Que debe de tomarse en cuenta, que constituye un hecho notorio que evidencia mayor capacidad contributiva a quien adquiere un inmueble para establecer un negocio a quien sólo compró un bien con el fin de ocuparlo. Alegaciones que se consideran inoperantes en virtud de que el quejoso no demostró plenamente qué tipo de inmueble fue el que adquirió para realizar con base en ello el estudio de la proporcionalidad tributaria que demanda, en virtud de que el objeto que grava la contribución en estudio contempla la adquisición de diversos inmuebles y sus avalúos para con ello establecer la base del tributo. En primer término, debe precisarse que los artículos controvertidos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, son del tenor siguiente: "Artículo 29. Para los efectos del artículo anterior se entiende por adquisición, la que se derive de: I. Todo acto por el que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de Asociaciones o Sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la Sociedad Conyugal. II. La compra-venta en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de Sociedades. VI. La dación de pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de Asociaciones o Sociedades Civiles o Mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de esto o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII. Prescripción adquisitiva. IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Enajenación a través del fideicomiso. XI. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del porciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. XII. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero. XIII. La adjudicación de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o administrativo. XIV. La readquisición de la propiedad de bienes inmuebles o consecuencia de revocación o rescisión voluntaria de contrato. En la permuta se considerará que se efectúa doble adquisición". "Artículo 32.- El impuesto se claculará (sic) aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble". "Artículo 43. No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan la Federación, el Estado o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y procesos electorales, así como las adquisiciones por los estados extranjeros en caso de reciprocidad. Tampoco se pagará el impuesto en las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero". Debe precisarse que el objeto de este impuesto lo es la adquisición de inmuebles que consista en el suelo y las construcciones adheridas a él, así como los derechos relacionados con los mismos de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado; los sujetos de este impuesto lo constituyen las personas físicas y morales de conformidad con el artículo 30 de la ley en cita. En cuanto a la base gravable, el numeral 31 del ordenamiento en estudio, establece que se tomará en cuenta el valor que resulte más alto entre lo declarado por las partes, el que arroje el avalúo catastral o el bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por ley o bien por corredores públicos. Respecto a la tasa, el artículo 32 de la ley citada, prevé que se aplicará el dos por ciento del valor del inmueble. Por último, el artículo 41 de la ley citada establece que para el pago de dicha contribución, entre otros supuestos, los notarios deberán presentar un aviso ante la Oficina Recaudadora del acto o contrato en que intervengan que estén gravados por el impuesto y que en dicho aviso se deberá de contener el nombre y domicilio de los contratantes; la naturaleza del contrato; descripción del inmueble; valor de la operación, valor catastral del inmueble y avalúo bancario. Como puede advertirse tanto de los artículos transcritos, como de los numerales sintetizados, la determinación de la base del impuesto contiene tres supuestos, que lo son el valor del inmueble declarado por las partes, el catastral y el avalúo bancario; y que tales situaciones deben quedar plasmadas en el aviso que el notario dé a la Oficina Recaudadora. Es decir, todo lo referido pone de manifiesto que la base de cálculo para determinar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles establece diversos sistemas, pues se tomará en cuenta el valor más alto del inmueble de entre lo declarado por las partes, el catastro y los avalúos, y el que sirva para cuantificar el tributo debe quedar plasmado en el aviso que el fedatario público dé a la Oficina Recaudadora. En ese orden de ideas, el quejoso relata que adquirió un bien inmueble urbano, en la calle Panteón número cuarenta y cinco, de la colonia Barrio Alto, ubicado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, sin embargo no existe probanza alguna que demuestre lo anterior, ni que ponga de manifiesto las características exactas de dicho inmueble, no se cuenta con el avalúo o aquél que sirviera para determinar la base del tributo, ni tampoco el aviso que el fedatario tuvo que enviar a la oficina recaudadora, todo lo cual impide establecer qué fue lo que se le cobró al quejoso y, con base en ello, realizar el estudio de los conceptos de violación en los que se alega una transgresión al principio de proporcionalidad tributaria por no contemplar la tasa del impuesto los usos y destinos de los bienes adquiridos y que tampoco el legislador dio una justificación de ello. Por tanto, si se desconoce qué tipo de inmueble es el que se gravó, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido de facto para poder hacer el análisis de los razonamientos esgrimidos por la parte quejosa. En otra parte de los conceptos de violación, alega el impetrante de amparo que los artículos 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, violan el principio de equidad tributaria, previsto en la fracción IV, del artículo 31 constitucional. Que la inequidad tributaria, deriva del artículo 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, pues refiere que en tratándose de propiedad inmobiliaria exenta a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios, y prohíbe a las Entidades Federativas agregar en esa exención a otras personas o instituciones, además dicho ordenamiento excluye del supuesto de causación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, a los partidos políticos, lo que es violatoria de la garantía de equidad. Que la exención de impuestos debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tienda a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se concede, atendiendo situaciones objetivas en que se reflejen intereses sociales o económicos a favor de categorías determinadas de sujetos; exención que debe justificarse, como situación de excepción. Que en el caso, no se está ante una exención que satisfaga los requisitos para ser considerada constitucional, pues es tendente a conceder beneficios y privilegios a un grupo determinado de contribuyentes, como son los partidos políticos, sin que esté justificada dicha exención, pues la naturaleza de la adquisición no implica que se trate de categorías de contribuyentes diversos. Que no existe razón válida para que se excluya de carga tributaria del impuesto de adquisición de bienes inmuebles a los partidos políticos, por lo que se contravienen los artículos 1°, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que al exentarlos crea inequidad tributaria, respecto de los demás contribuyentes. Alegaciones que se consideran son inoperantes porque al respecto existe criterio jurisprudencial de Nuestro Máximo Tribunal que ha calificado así tales conceptos de violación en los que se esgrime la inequidad de la exención otorgada por un congreso local respecto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles en contravención al artículo 115, fracción IV, constitucional, ante la imposibilidad de concretar los efectos de una eventual concesión del amparo; tesis de jurisprudencia que es la número 2ª./J. 96/2010, Materias Constitucional y Administrativa, registro 164370, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 268, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. LO ES EL RELATIVO A LA INEQUIDAD DE LA EXENCIÓN OTORGADA POR UN CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 100/2001, P./J. 34/2002, P./J. 44/2003 y P./J. 116/2006, de rubros: "ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO).", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", sostuvo que las normas legales que establezcan exenciones respecto de las contribuciones reservadas a favor del Municipio violan el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, las exenciones establecidas por un Congreso Local en la respectiva ley de hacienda municipal respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sin que medie solicitud del Municipio que es a quien corresponde otorgar las exenciones, violan el artículo 115, fracción IV, inciso a), y párrafo segundo, constitucional, al existir prohibición expresa tanto para las leyes federales como para las estatales de establecer exenciones sobre las fuentes de ingreso consagradas a favor del Municipio, salvo tratándose de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, siempre y cuando no sean utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público, prohibición dentro de la que se ubica el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles al tratarse de una contribución sobre la traslación de la propiedad inmobiliaria. Ahora bien, si se parte de que los efectos de una sentencia de amparo que otorga la protección constitucional contra la norma que establece la exención de una contribución son los de extender el beneficio relativo a la quejosa, lo que implica que el Municipio ya no recaude la contribución correspondiente y, en caso de que haya sido enterada, debe devolverla, se concluye que el concepto de violación que plantee la inequidad de la exención es inoperante al existir imposibilidad jurídica para que una eventual concesión del amparo surta sus efectos, porque la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada implicaría contravenir la prohibición constitucional al ampliarle el privilegio de la exención al quejoso, en detrimento del Municipio relativo y de la finalidad perseguida por el Constituyente de establecer fuentes primarias de ingresos propias e intocables al Municipio con el fin de no afectar su derecho a percibir los ingresos correspondientes y garantizar con ello el régimen de libre administración hacendaria mediante la autosuficiencia económica que asegure su autonomía." Por otro lado el quejoso, reclama la inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I, II, inciso b), y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por ser violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso, para sostener lo anterior, en síntesis, destacó los siguientes argumentos: Que los principios tributarios, no pueden aplicarse de manera igual que en los impuestos, que es otro ingreso tributario, ya que para los impuestos el legislador establece una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado. Que para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que represente para la autoridad el servicio relativo. Que la norma controvertida impone a los contribuyentes el deber de pagar el derecho de registro o inscripción de testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de derechos reales, estableciendo para ello una cantidad que se determinará según el valor del inmueble, y para inscripciones cuyo monto rebase la tarifa máxima ahí contenida, se aplicará el uno por ciento al monto excedente. Que es evidente que las disposiciones señaladas como inconstitucionales, son contrarias a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, pues para el cálculo de los derechos en cuestión no se atiende al tipo de servicio prestado, ni a su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, lo que produce que por un mismo servicio, registro o inscripción de testimonios notariales, en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de derechos reales, así como por el registro o inscripción por contratos de hipoteca celebrados por instituciones de crédito, los contribuyentes de estos derechos paguen mayores o menores cantidades, las cuales dependen del valor que tenga el bien materia del contrato o acto jurídico, ya que tratándose de derechos por servicios no puede atenderse a aspectos que reflejen capacidad económica del gobernado, pues su naturaleza jurídica es distinta a la de los impuestos. Los anteriores conceptos de violación, resultan fundados por un lado e infundados por otro. En efecto, para una mejor comprensión del concepto de violación antes mencionado, es oportuno tener presente el texto del artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que literalmente dispone: "Artículo 52.- Los servicios que presten por concepto de: Salarios Mínimos (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) I. Calificación Registral, por testimonio o documento .........................$ 33.00; II. Inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles: (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) a). Tratándose de inmuebles con valor de hasta $168,630.00, se cubrirá la tarifa mínima general por inmueble equivalente a:... $726.00; (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) b). Tratándose de inmuebles cuyo valor se sitúe entre los $168,630.00 y $337,260.00 se cubrirá la tarifa base por inmueble de:.$1,914.00; Para inscripciones cuyo monto rebase el rango de valor establecido en el inciso anterior, se aplicará la tarifa adicional del 1.0% al monto excedente. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) En ningún caso, los derechos por inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles, excederán el equivalente de $33,000.00 para cada predio en particular. La base gravable será el valor que resulte mayor entre el avalúo practicado por la Dirección de Catastro y Registro Público, el inserto en el documento o el avalúo bancario. (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE 2008) Registro de instrumentos notariales celebrados ante fedatarios públicos de otras entidades federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, de otras entidades federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, adicionalmente el monto de derechos que cause el acto, 30 cuotas (DEROGADO SEXTO PÁRRAFO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2013) Para los efectos de este capítulo se equiparan a la compraventa los siguientes actos o contratos: 1.- Inscripción de diligencias para acreditar construcción, o manifestación de obra nueva; 2.- Adjudicación de la propiedad por usucapión o información de dominio; 3.- Aplicación de bienes de la sociedad conyugal a persona distinta de los cónyuges, o del titular registral; 4.- Aportaciones de bienes inmuebles a asociaciones o sociedades mercantiles o civiles y la adjudicación o fusión de estas, sobre el capital adjudicado o fusionado; 5.- Cesión de derechos hereditarios o legatarios, independientemente de que se adjudique a terceros; 6.- Compra venta a plazos con reserva de dominio o cualquier otra condición resolutoria o suspensiva; 7.- Dación en pago; 8.- Donación; 9.- Permuta, aplicándose la base gravable al valor que se determine para cada uno de los inmuebles; 10.- Aplicación de bienes por la disolución de la sociedad conyugal respecto al cónyuge que no sea titular del derecho registral; 11.- Información posesoria; 12.- Adjudicación por herencia; 13.- Inscripción de título de fraccionamiento expedido por el Ejecutivo del Estado; 14.- Fideicomisos traslativos de dominio; 15.- Inmatriculación judicial o administrativa; 16.- Tratándose de títulos bajo el PROCEDE o el programa que se instituya en su lugar, estará exento de pago; 17.- Tratándose de títulos otorgados por la CORETT e INFONAVIT y otras instituciones oficiales, o por los programas que se instituyan en su lugar, se estará sujeto a los acuerdos institucionales que se celebren para el caso. (ADICIONADO, P.O. 2 DE ENERO DE 2002) 18.- División de copropiedad, por cada uno de los predios resultantes. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) [.] XVII. Cancelación de inscripción o anotación: ......................................... $132.00, y (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2014) [.] ." En principio, se estima que son infundadas las alegaciones del impetrante del amparo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues tales contribuciones contenidas en esas fracciones (I. Calificación Registral, por testimonio o documento..........$33.00; y XVII. Cancelación de inscripción o anotación: ............ $132.00), establecen una cuota única a pagar por cualquier sujeto que reciba ese tipo de servicio, es decir, ya sea que se califique registralmente el testimonio o documento a inscribir, o bien, se haga una cancelación de inscripción o anotación registral, con lo que se cumple a cabalidad con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, ya que se paga una sola cuota por tales conceptos, entendiéndose así, el costo aproximado que para el Estado representa la ejecución del servicio; de ahí que resulte lo infundado de sus argumentos. Sin embargo, se afirma que son fundados los motivos de disenso esgrimidos por el quejoso, en el sentido de que el artículo 52 en su fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las cuotas que por concepto de derechos se cobran, no atienden al costo real del servicio proporcionado, sino al valor de la operación que se registre, cuyas tarifas a pagar están fijadas según el precio que arroje el avalúo practicado por la Dirección de Catastro y Registro Público, el inserto en el documento o el avalúo bancario, que constituyen elementos extraños al servicio, como lo es el valor de los actos que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de tal manera que por un mismo servicio algunos contribuyentes enterarán mayor o menor cantidad dependiendo del valor de la operación a registrar. Es importante destacar que constitucionalmente se han establecido límites al poder público, en los principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límite, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en los Estados y Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad: los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características siguientes: 1. Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. 2. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. 3. Sólo se pueden crear mediante ley. 4. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. 5. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, se puede establecer como concepto de contribuciones o tributos, aquel que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estado o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Así, tenemos que la contribución o el tributo, se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Los citados conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva en virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal; y, e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto para la Federación como para cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. De lo expuesto, se puede afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, Estado o Municipio, mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. La anterior consideración, encuentra sustento en la jurisprudencia que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." Conforme a lo anterior, los "derechos" respetan los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos. Lo anteriormente razonado, permite concluir que las alegaciones esgrimidas por el quejoso, respecto a que el artículo 52 en su fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es inconstitucional, son fundadas, ya que no respeta los principios de proporcionalidad y equidad, contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, pues la tarifa por concepto de derechos deben determinarse atendiendo al costo aproximado que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que sean fijas e iguales para todos los que reciban el mismo servicio. Además, del mismo ordenamiento legal se advierte que por una misma inscripción, se tendrán que pagar cantidades distintas dependiendo del monto de la operación, llegando al absurdo que una misma persona que registre, por ejemplo, el traslado de dominio de dos inmuebles, uno con un costo de un millón de pesos y otro por dos millones de pesos, tendrá que pagar distintas cantidades, atendiendo a que la base se fijará de acuerdo al avalúo que del inmueble se haga, no obstante que el despliegue técnico y administrativo sea el mismo respecto de ambos registros; lo que demuestra fehacientemente que el precepto cuestionado está dando trato desigual y desproporcional a los iguales, ya que no obstante que preste el mismo servicio (inscripción), está cobrando tarifas distintas. Resulta aplicable a la anterior determinación la diversa Jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero". Igualmente resulta aplicable la Jurisprudencia que se lee: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo". La anterior conclusión implica que el trato inequitativo que establece el artículo reclamado afecta al sistema que regula la carga impositiva por cuanto hace al pago por servicio de inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles, y por ende los efectos del amparo se traducen en desincorporar de la esfera de obligaciones del quejoso, las imposiciones que se establecen a su cargo por tal motivo, y que derivan del dispositivo impugnado. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación, resulta procedente conceder a Carlos Enrique Castruita Flores, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas, y Tesorero Municipal de Fresnillo, todos del Estado de Zacatecas, los cuales se hicieron consistir, en su ámbito de competencia, en la discusión, expedición, aprobación, promulgación, refrendo, así como la orden de publicación del decreto que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en específico, del artículo 52, fracción II, inciso b), relativo al pago de derechos registrales por inscripción de bienes inmuebles, contenido en el recibo oficial número 424805C, que ampara el pago de derechos de inscripción de bien inmueble. En ese tenor, tomando en consideración que es a las autoridades exactoras a quienes corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en su carácter de entes estatales encargados de la recaudación, deberá requerirse tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, con sede en esta ciudad, para que ordene la devolución del importe que el quejoso hubiere pagado, correspondiente a la diferencia en la tasa pagada de más, y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar por el citado servicio, siempre y cuando lo haga conforme a la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria. Sustenta lo anterior, por las razones que la animan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que reza: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con la quejosa; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio de la quejosa. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro ". Asimismo, la tesis que dispone: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso ." En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en su discusión, aprobación, expedición, promulgación, sanción y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general ". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 523/2015, promovido por Carlos Enrique Castruita Flores, contra la inconstitucionalidad del artículo 54, fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como su acto de aplicación, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expresados en el considerando III de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Enrique Castruita Flores, contra la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción I, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, así como del diverso artículo 52, fracciones I y XVII, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, y sus actos de aplicación, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos precisados en la parte considerativa de esta resolución constitucional. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Enrique Castruita Flores, contra la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y, su acto de aplicación, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy veintiocho de mayo de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe."
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 26 D EMAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISDO B) DE LA LEY DE AMPARO. "Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de mayo de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido los INFORMES JUSTIFICADOS de las autoridades responsables Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto del Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con sede en México, Distrito Federal; debiendo relacionarse nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre; luego, con su contenido dese vista a las demás partes para que en el término de tres días contados a partir de que tengan conocimiento del presente acuerdo, se impongan de las constancias que remitió la referida autoridad y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable, con sustento en el numeral 9° la ley de trato, se tienen como delegados de su parte a las personas que indica, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de junio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día quince de mayo de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como los cuadernos del incidente de suspensión definitiva SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento y en el segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
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