Juan Jiménez Martínez
Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Jiménez Martínez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el seis de agosto de dos mil veintiuno, causó estado la resolución emitida en autos; sin embargo, se omitió devolver el Toca Civil 475/2020 a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En consecuencia, devuélvase dicha documental a la autoridad responsable; solicitando acuse de recibido el mismo, por tratarse del expediente original antes referido. Notifíquese
- Principal
Agréguese únicamente a los presentes autos, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el cual remite en copia certificada el proveído dictado el dos de julio del presente año dentro del amparo directo 438/2021 de su índice. Lo anterior en virtud de que mediante proveído de veintisiete de julio del dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda promovida por Juan Jiménez Martínez, causando estado el seis del presente mes y año. Notifíquese
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Jiménez Martínez, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, se remite a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, los anexos consistentes en el toca civil 475/2020 y copia certificada del juicio ordinario civil 329/2020, solicitando la confirmación de recepción a la brevedad. Notifíquese
- Principal
***Visto el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad por el que remite los autos del juicio de amparo directo 438/2021, toca civil 475/2020 y copia certificada del juicio ordinario civil 329/2020, debido a que indica, no se interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de dos de julio actual, mediante el cual dicho tribunal declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo signada por Juan Jiménez Martínez, contra actos de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. No obstante, si bien de la certificación asentada por la Secretaria de acuerdos del mencionado Tribunal de veinte de julio actual, se advierte asentó que el acuerdo de dos de julio del presente año, consta de tres fojas útiles; sin embargo, su contenido se aprecia incompleto, al no advertirse de manera íntegra los motivos por los cuales se estimó plantear la incompetencia. Por lo anterior, únicamente a efecto de lograr la debida integración del expediente se solicita de la manera más atenta al mencionado órgano colegiado a fin de que a la brevedad posible se sirva remitir copia certificada íntegra del acuerdo de dos de julio actual. Al margen de lo anterior, y dado que de la demanda remitida se advierte el acto reclamado se hace consistir en la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 475/2020 por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que confirmó la admisión de la demanda interpuesta por Valente Jiménez Martínez contra el hoy quejoso. Luego, considerando que dicho acto reclamado no constituye una sentencia definitiva por que no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, este órgano de control constitucional asume la competencia planteada. Acúsese de recibo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 908/2021-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca número 475/2020, que confirmó el acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, en los autos del juicio ordinario civil promovido por Valente Jiménez Martínez contra Juan Jiménez Martínez, que acordó admitir a trámite la demanda planteada por el primero de los antes citados. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Del último de los preceptos legales transcritos, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que dichos actos son aquéllos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que los actos de imposible reparación, son aquéllos que de una manera inmediata, lesionan el interés de una de las partes en el juicio y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no es posible repararlos en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo: el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. A mayor abundamiento, es pertinente exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata y que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, en el caso particular se tiene que la parte quejosa en la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca número 475/2020, que confirmó el acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, en los autos del juicio ordinario civil promovido por Valente Jiménez Martínez contra Juan Jiménez Martínez, que acordó admitir a trámite la demanda planteada por el primero de los antes citados. Frente a ello, se tiene que dicha determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la premisa enunciada. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo, impugnando la determinación de que se duele, en su caso, como violaciones procesales, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "ARTICULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (... ) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En efecto, el artículo 107 constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. Así, es claro que la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, está supeditada a aquellos actos que materialmente violen derechos sustantivos. Por tanto, si las consecuencias de la determinación reclamada son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, se concluye que la determinación en estudio, esto es, en la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca número 475/2020, que confirmó el acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, en los autos del juicio ordinario civil promovido por Valente Jiménez Martínez contra Juan Jiménez Martínez, que acordó admitir a trámite la demanda planteada por el primero de los antes citados, no cumple con los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido del laudo que ponga fin a juicio. En el entendido que los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no fuera así, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número IX.1o. J/10, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Sustenta la anterior conclusión, la tesis de jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". De igual manera, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número I.1o.A.E. J/5 (10a.), cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Concluyentemente, es incuestionable que en el presente caso, se surte la causa de improcedencia al inicio invocada y con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda de amparo debe desecharse, lo anterior para los efectos legales a que hay lugar. Se arriba a tal conclusión con apoyo en lo que prevé el artículo 17 Constitucional, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la demanda que nos ocupa. Además, con apoyo en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial de demanda, esto es, las listas que se fijen en los estrados de este órgano federal, asimismo, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Gricell García Jiménez, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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