Juan Jiménez Manuel

Expediente 1446/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1446/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Jiménez Manuel

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En este sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1466/2023-VII. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la dilación de proveer de manera eficaz el cumplimiento de la sentencia definitiva del veintisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión 671/2022, del índice de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México la cual modificó la diversa dictada por juicio contencioso administrativo 25/2021 del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con el acto descrito en el inciso a) se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de estudio de un recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En este punto, es menester destacar que sobre el tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1/2012 (10a.) publicada en la página 894, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció que las dependencias públicas demandadas ante un tribunal contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte el incumplimiento de una sentencia de nulidad; lo anterior bajo la premisa que el incumplimiento debe persistir después de la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación, lo que dejó plasmado en la ejecutoria respectiva, la cual en la parte que interesa dice: ".Conforme a las premisas expuestas, derivadas del precedente citado, es de concluirse que en el procedimiento contencioso administrativo, ideado para ventilar los conflictos que se susciten entre gobernantes y gobernados, se está en presencia de relaciones de supra a subordinación, puesto que a través de tal procedimiento los gobernados controvierten precisamente la actuación de los órganos del Estado. Cierto es que dentro del procedimiento contencioso administrativo los órganos del Estado adquieren el carácter de parte demandada; sin embargo, ello no transforma la relación de supra a subordinación en una relación de coordinación, pues la relación jurídica existente entre las partes sigue siendo la de una autoridad y un gobernado, y el hecho de que sean demandada y actor no genera que la relación de supra a subordinación se transforme en una relación de coordinación. Esto es, el origen del acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos y el carácter de la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). No existe, pues, ninguna razón jurídica que conduzca a sostener que el juicio de origen en que se dicta la sentencia cuyo incumplimiento sea reclamado en un juicio de amparo implique la existencia de una relación jurídica de coordinación entre el ente de la administración pública y el particular, una relación entablada en un plano de igualdad y bilateralidad, pues no es así como surgió el conflicto cometido al conocimiento del contencioso administrativo, y el hecho de que se ventile el conflicto en el procedimiento contencioso administrativo no produce un cambio en dicha relación. Luego, si con motivo de la sentencia firme derivada del juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para la parte actora (gobernado) y una obligación correlativa para la parte demandada (gobernante) el incumplimiento de ésta conlleva, en primer término, a que el gobernado acuda, desde luego, al procedimiento para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada, es decir, las que hayan sido favorables a la parte actora. Así, por ejemplo, el actor podrá acudir en queja (en las legislaciones que prevean tal medio de impugnación) ante la Sala respectiva en caso de incumplimiento de la sentencia, la cual habrá de llevar a cabo el procedimiento que establezca la ley relativa y, en su caso, sancionar a la autoridad renuente. La ejecución forzosa de una sentencia como acto definitivo no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario (con el simple conocimiento de la sentencia). No obstante, si el gobernante agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de aquellas determinaciones y las autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que el gobernado puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Así, vemos que el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular consiste en que con tal omisión, con motivo del desacato a la decisión del tribunal administrativo, se le impide satisfacer el derecho que la sentencia reconoce u otorga a su favor, lo que puede ser subsanado mediante el juicio de amparo ante el carácter propio de las autoridades que fueron demandadas en el juicio contencioso administrativo y la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados." De la ejecutoria parcialmente transcrita, se desprende que para obligar a las responsables a dar cumplimiento al fallo cuya falta de ejecución se controvierte, las partes pueden hacer uso de los medios de apremio previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, normativa que contiene de manera detallada el catálogo de acciones a seguir para lograr la ejecución, y entre sus disposiciones figuran las sanciones o medidas que deben imponerse a las autoridades demandadas que se oponen al cumplimiento de un fallo ejecutoriado. En ese tenor, toda vez que el juicio de nulidad de origen, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, cuya tramitación se encuentra regulada por los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de lo que se colige que el presente juicio de amparo resulta improcedente. En efecto, el procedimiento para lograr su cumplimiento no ha culminado, ya que aún se continúa en el ejercicio de facultades para lograr que se cumpla en su totalidad, por lo que es incuestionable que en el presente asunto se encuentra en curso el medio legal previsto por la ley que rige el acto, para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva; de ahí que se actualice la citada improcedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis XXI.2o.P.A.86 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009, materia Administrativa, página 2637. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, SI SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN QUE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INICIÓ A PETICIÓN DEL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes determinó que al establecer la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo que el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, deriva que esa hipótesis contiene los siguientes elementos: a) El acto reclamado debe provenir de un procedimiento tramitado ante los tribunales ordinarios; b) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo debe estar en trámite un recurso o un medio de defensa legal en contra del acto reclamado; c) Este recurso debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, d) Debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Por su parte, los artículos 135 a 142, contenidos en el capítulo VI del título cuarto del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevén expresamente el específico procedimiento para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas dictadas en los juicios contencioso administrativos en las que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada, esto es, las que hayan sido favorables a la parte actora; de ahí que el aludido procedimiento constituye el medio de defensa legal previsto por la ley que rige al acto para lograr el cumplimiento de dichas determinaciones. En esas condiciones, si en el juicio de garantías indirecto se impugna la omisión por parte de las autoridades responsables de cumplir con la sentencia de nulidad, el que no es un acto autoritario aislado, autónomo e independiente, sino que necesariamente constituye una consecuencia directa e inmediata del cumplimiento de dicha sentencia, porque es precisamente en ésta donde tiene su origen el derecho de cuya negativa de cumplimiento se quejan los peticionarios del amparo, y se encuentra en trámite el procedimiento que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo inició a petición del actor para lograr el cumplimiento de la propia sentencia, se actualiza la invocada causal de improcedencia del juicio de amparo." Por otra parte, conviene señalar que la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, establece como restricciones, que la promoción del juicio de amparo procede exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o bien, respecto de los remates, sólo puede reclamarse la resolución definitiva, es decir, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución. Resulta aplicable la tesis XI.5o.(III Región) J/1, del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, materia Común, página 1071. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu." Criterio similar fue sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la queja 255/2017 de su índice, en cuyo único punto resolutivo declaró infundado el medio de impugnación de mérito. Sirve de apoyo la tesis XVII.4o.4 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con registro digital 186402, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418, de rubro y texto: "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". Máxime que si bien el quejoso se duele de una afectación cometida dentro de la ejecución de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Sirve de apoyo la la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª), con registro digital 2011580, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 30, página 1418, Mayo de 2016, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Téngase por autorizado al usuario "yordyzamora" y "odecespinosa" para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Asimismo, háganse por esa vía las notificaciones que ameriten ser realizadas de manera personal, las restantes háganse por medio de lista electrónica. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en virtud de que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, aunado a lo expuesto en los párrafos que anteceden. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberá contar con el registro respectivo. Por último, se les hace saber a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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