Juan Jesus Valdes Villarreal

Expediente 1047/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1047/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Jesus Valdes Villarreal

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por lista consultable en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal a la parte tercero interesada "Notifíquese; y personalmente a las partes."

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 817/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 767/2021, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- No son materia de estudio los sobreseimientos decretados por el a quo, en los considerandos tercero y quinto del fallo recurrido. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia que se revisa. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a Omar Felipe Zamora Adame y María Guadalupe Moreno Gutiérrez, en representación de sus menores hijos M.Z.M., R.Z.M. y G.Z.M., contra los actos declarados inconstitucionales en el considerando séptimo y para los efectos que se precisaron en el considerando octavo de la sentencia recurrida." Acúsese recibo a la superioridad. Por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro respectivo y en los medios electrónicos adoptados para efectos estadísticos. Ahora bien, en términos de los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo, queda firme la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la quejosa, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila, ambas con residencia en Saltillo; sin embargo, resulta inconducente requerir a dichas autoridades. Lo anterior es así, dado el sentido de la sentencia de amparo, y atendiendo al principio de relatividad de las sentencias contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro y contundente en señalar los efectos de las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo, las que sólo comprenden a los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto la ley que motivó el juicio de amparo. En tales condiciones, respecto a las autoridades que participaron en la creación de la ley resulta innecesario pretender exigir el cumplimiento del fallo protector; ya que el efecto de la concesión únicamente se constriñe a que no se aplique a la parte agraviada, los preceptos tildados de inconstitucionales. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación que es de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NO PUEDE INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERAN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS"; tesis que es aplicable conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de la Amparo vigente. Por lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que, dentro del término de tres días, siguientes a partir de que le surta efectos la notificación por oficio relativa a este proveído, cumpla con la ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional, en la inteligencia de que los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: "OCTAVO. Efectos de concesión. Por todo lo anteriormente expuesto, se concede el amparo y protección a la parte quejosa para los efectos siguientes: 1. Las autoridades no apliquen a la parte quejosa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 2. Desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 3. Se deje sin efecto el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenido en el recibo de pago con número de referencia 763678601, de veintidós de octubre de dos mil veinte, expedido por la Administración General de Recaudación, y se devuelvan las cantidades realmente erogadas. En el entendido que las cantidades antes descritas deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido." Apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa consistente en ochocientas Unidades de Medida y Actualización (antes denominado salario mínimo), al momento en que se realice la conducta sancionada, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante las autoridades competentes. En la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nora Victoria Bon

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la defensora público federal Esperanza Soto Alonso, mediante el cual acepta y protesta el cargo como asesora jurídica del quejoso ****, proporciona domicilio, correo electrónico y solicita consulta electrónica. ACEPTA CARGO En tales condiciones, se tiene a la defensora público federal ****, aceptando y protestando el caro de defensora público del quejoso ******, lo anterior para los efectos legales conducentes. DOMICILIO Y CONSULTA ELECTRÓNICA Asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se precisa en el escrito de cuenta, y proporcionando el correo electrónico ****@correo.cjf.gob.mx, a fin de que se establezca el contacto respectivo, en los casos en que se estime necesario. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Como lo solicita, se otorgan las autorizaciones para la consulta del expediente electrónico bajo el nombre de usuario ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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