Juan Jesús Sánchez Gutiérrez

Expediente 1193/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1193/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Juan Jesús Sánchez Gutiérrez
  • Fiscal General del estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, por medio del cual informa que no se interpuso recurso de reclamación, en contra del proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual dicho Tribunal desechó el recurso de revisión promovido en contra del auto once de septiembre por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo, por ende, el mismo ha quedado firme, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, por el cual informa que el tres de octubre de dos mil diecisiete, se desechó el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan Jesús Sánchez Gutiérrez, en contra del auto de once de septiembre del año en curso, en el que este Juzgado, desechó la demanda de amparo interpuesta por el citado quejoso, el cual quedó registrado con el número de revisión penal 573/2017, de su índice; de lo cual se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.....II

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra del auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el presente juicio en el cual se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pero no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de revisión, copia del mismo, así como las copias necesarias para la substanciación del recurso interpuesto.....II

  4. Principal

    REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****** , por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Jalisco y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1193/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, en virtud de que del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." PRECISIÓN DEL PROBLEMA El promovente del amparo, expresó que el acto reclamado se hace consistir en: "LA ORDEN PARA SER DESPOSEÍDO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR: Camioneta Marca Volkswagen Año Modelo 2016, Tipo 2EX2K5 CRAFTER CARGO VAN 5.0 T LWB CAJA EXTENDIDA, Fabricación Nacional, Línea CRAFTER CARGO VAN 5.0 T LWB CAJA EXTENDIDA, color Blanco Candy, con número de serie NIV WV1LH22E5G6010949, con placas de circulación SS7167C para el Estado de Querétaro y número de motor CKU080878"; LA NEGATIVA PARA RESOLVER EN DEFINITIVA LA SOLICITUD REALIZADA EN REPETIDAS OCASIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE DICHO VEHÍCULO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a lo señalado, se expondrán los antecedentes del acto reclamado: a).- Que el quejoso llevó a cabo contrato de compraventa de la unidad antes descrita, por la cantidad de $465,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, con JUAN CARLOS MINUTY TOLEDO, quien en su momento se ostentó como socio de CESAR ESTRADA SÁNCHEZ. b).- Posteriormente, el día nueve de Febrero de dos mil diecisiete, al ir circulando el citado vehículo, por la avenida Prolongación Constituyentes a la altura del puente La Negreta, del Municipio de Corregidora, Querétaro. Con dirección a Querétaro Capital, conducido por MARCO ANTONIO LÓPEZ JIMENES, en compañía de JOSÉ ARMANDO LÓPEZ ROMERO, fueron detenidos por elementos a bordo de una patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora, Querétaro, solicitando revisar la unidad, ya que al parecer ésta tenía reporte de robo vigente en el Estado de Jalisco, procediendo a ASEGURAR en esa fecha la unidad, poniéndose a disposición de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se le informó respecto de la existencia de la carpeta de robo número 56818/2016 en el Estado de Jalisco, por robo de vehículo estacionado, desde ese momento la unidad quedó en el resguardo concesionado por el municipio de Corregidora Querétaro, denominado corralón Los Ángeles, ubicado en Libramiento Sur Poniente, km 14-200, Los Ángeles, Corregidora, Querétaro. Con lo anterior se dio inicio a la carpeta de investigación CI/QRO/4165/2017. c).- En fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso se presentó ante la unidad tres de la Fiscalía general del Estado, a presentar su denuncia por el delito de fraude cometido en su agravio, dando inicio a la carpeta de investigación CI/QRO/4297/2017, d) Después de diversas actuaciones llevadas a cabo por el quejoso, mediante acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, el Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación del Área Especializada de Robos de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, determinó que no procede la devolución de la unidad en cuestión. Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretados estos últimos en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" De lo anterior, se colige que uno de los presupuestos para acudir a la acción de amparo, es el de observar de manera ineludible los plazos fijados en la ley de la materia, bajo pena que el juicio resulte improcedente por extemporáneo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. En ese tenor, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otra de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La Jurisprudencia que precede y que se considera a fin a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a). Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. b). Una persona afectada por tal acto. c). La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d). El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e). El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, la nueva Ley de Amparo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, señalando como nuevo término para interponer el juicio constitucional quince días, salvo diversas hipótesis, en las que no se encuentran previstas; la orden de desposesión de vehículo o bien la negativa de devolución de vehículo, que es en el caso que nos ocupa, los actos que reclama el quejoso. A efecto de dar mayor claridad a la presente determinación, es conveniente analizar por separado los actos reclamados por el quejoso, por ello, primeramente se expondrá la improcedencia anteriormente señalada, respecto del acto reclamado consistente en: "LA ORDEN PARA SER DESPOSEÍDO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR: Camioneta Marca Volkswagen Año Modelo 2016, Tipo 2EX2K5 CRAFTER CARGO VAN 5.0 T LWB CAJA EXTENDIDA, Fabricación Nacional, Línea CRAFTER CARGO VAN 5.0 T LWB CAJA EXTENDIDA, color Blanco Candy, con número de serie NIV WV1LH22E5G6010949, con placas de circulación SS7167C para el Estado de Querétaro y número de motor CKU080878". Sin embargo, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, consistentes en que fue el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, la fecha en que la unidad quedó en el resguardo concesionado por el municipio de Corregidora Querétaro, denominado corralón Los Ángeles, ubicado en Libramiento Sur Poniente, km 14-200, Los Ángeles, Corregidora, Querétaro; es decir, quedo asegurada. Además, aduce el quejoso que en diez de febrero de dos mil diecisiete, se presentó ante la unidad tres de la Fiscalía general del Estado, a presentar su denuncia por el delito de fraude cometido en su agravio, dando inicio a la carpeta de investigación CI/QRO/4297/2017. Es de destacarse que, el promovente del amparo, formuló las anteriores aseveraciones, bajo protesta de decir verdad, confesión de parte que adquiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 95 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. De lo anteriormente expuesto se advierte que el amparista, tuvo conocimiento de los actos reclamados anteriormente señalados (desposesión del vehículo que defiende), desde el nueve de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que la unidad en cuestión quedó asegurada, tan es así que al día siguiente, diez de febrero del año en curso, interpuso su denuncia, por lo que es evidente que, respecto de dicho acto reclamado, la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, al exceder en demasía los quince días establecidos para su interposición. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en: "LA NEGATIVA PARA RESOLVER EN DEFINITIVA LA SOLICITUD REALIZADA EN REPETIDAS OCASIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE DICHO VEHÍCULO", por parte del Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación del Área Especializada de Robos de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco. Ahora, por lo que se refiere al diverso acto reclamado consistente en la negativa a devolverle el vehículo que defiende, se evidencia que el impetrante tuvo conocimiento del acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se le niega la devolución del vehículo que solicitó, en esa misma data; es decir, el citado once de agosto de dos mil diecisiete, momento en el que se presentó ante el del Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación del Área Especializada de Robos de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, y se impuso del contenido del referido razonamiento en sentido negativo a su solicitud de devolución del vehículo, tal como se advierte de la lectura de la constancia anexada por el propio quejoso (foja 43), y no como lo aduce, en las fechas de diecisiete (foja 5) de agosto de dos mil diecisiete o dieciocho (foja 18) de agosto del año que transcurre, por lo que de conformidad con los artículos 200 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, se estima que dicho documento hace fe de la existencia de su original y hace prueba plena en su contra, en el sentido que en el momento en que se presentó ante el órgano investigador se le hizo de su conocimiento el contenido de la determinación de negativa a devolverle su vehículo, por lo que del once de agosto del año en curso, al día de la presentación de la demanda que nos ocupa, se advierte que transcurrieron diecinueve días, por lo que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, pues el término genérico para presentarla, como ya se adelantó es de quince días, de acuerdo a los actos que reclama el quejoso. Por lo que al establecerse las improcedencias antes citadas, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizada de su parte, en términos amplios de al dispositivo 12 de la ley especial a la licenciada Patricia Yong Betancourt, no obstante, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las diversas personas que menciona, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema utilizado para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia del presente proveído.....II NP

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