Juan Jesús Rentería Rebollo
Expediente 892/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Juan Jesús Rentería Rebollo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Tercero Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California y anexos que acompaña, consistentes en original del juicio de amparo 115/2022, y testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 111/2023, de su índice, en las que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. SEGUNDO. Se confirma la sentencia impugnada. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados a la Gobernadora y Secretario de Hacienda, ambos del Estado de Baja California, y Recaudador de Rentas del Municipio de Tijuana, Baja California, respecto de los actos reclamados precisados en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida. CUARTO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados a la Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Baja California, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de la sentencia impugnada[.]" En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído por una parte, así como por haberse negado la protección constitucional, es susceptible de conservación, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción Ill, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitidos por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Zona Tijuana, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento de catorce de agosto de dos mil veintitrés. En ese tenor, se tiene a la autoridad de referencia anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias anexadas al oficio que se atiende, a fin de que se impongan del contenido de éstas. Por tanto, a fin de dar margen a la que las partes se impongan de las documentales de cuenta, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm
- Incidental
En la ciudad de Tijuana, ********************, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en audiencia pública, Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de ********************, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 1********************8, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo y documentales anexó al mismo; y, b) informes previos rendidos por las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Después, se declara abierto el periodo probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa anexo diversas documentales a su escrito de demandada. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 14******************** y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas documentales e inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa; luego, sin pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló los de su intención. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior y por prelucido el derecho de las partes a ofrecer alegatos, por lo que se declara cerrada esta etapa. Concluidas las etapas que anteceden, se procede a dictar la resolución correspondiente.Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 892/202********************-IV, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Estado de ******************** y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, ********************, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Tribunal de Garantías del Partido Judicial de Tijuana, ********************, Fiscal Regional Tijuana de la Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional Tijuana, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas (UTMC) Zona Mariano Matamoros, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas (UTMC) Zona La Mesa, de la Fiscalía Regional Tijuana, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas (UTMC) Zona Centro, de la Fiscalía Regional Tijuana, y, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, de la Fiscalía Regional Tijuana, todas de la Fiscalía General del Estado de ********************, residentes en esta ciudad. Actos reclamados "De la ordenadora, el inconstitucional acto restrictivo y ataque a mi libertad personal, consistente en ORDEN DE DETENCION o APREHENSIÓN, librada en mi contra. De las autoridades ejecutoras, reclamo: El cumplimiento de dicha orden. El ASEGURAMIENTO Y SU EJECUCION llevada a cabo aproximadamente el día el 14 de julio del año en curso, sobre el bien inmueble ubicado en ********************, número ********************, departamento ********************, sección ********************, ********************, ********************, PROPIEDAD QUE ME ENCUENTRO ARRENDANDO EN MI CALIDAD DE INQUILINO, DESDE EL AÑO 2009." Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: ".Con fundamento en lo establecido en los artículos 125, 128, 129, 1********************6 y demás relativos de la Ley de Amparo, solicito a su Señoría se me conceda al suscrito, aquí quejoso la suspensión provisional; y, en su oportunidad, la definitiva, con efectos RESTITUTORIOS de los actos reclamados para el efecto de que me sea restituido el predio asegurado así como mis pertenencias personales; es decir, que se me restituya en posesión del mismo del cual fui desposeído en cumplimiento a lo ordenado por el Titular de la Unidad de Investigación que lleva la carpeta, el cual se desconoce y de mis pertenencias localizadas dentro del inmueble." Segundo. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 10******************** y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General ********************/201******************** emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La orden privativa de libertad (traducida en orden de aprehensión o detención girada en su contra) y su ejecución. El aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, departamento ********************, sección ********************, ********************, ********************. Tercero. No son ciertos el acto reclamado a las autoridades responsables consistente en la orden privativa de libertad (traducida en orden de aprehensión o detención girada en su contra) y su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Cuarto. Es cierto el acto reclamado respecto al aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, departamento ********************, sección ********************, ********************, ********************, ya que así lo manifestó al rendir el informe previo la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo Zona Tijuana, toda vez que refirió la existencia del cuaderno preliminar 471/202********************, en el que se ejecutó una orden de cateo en el domicilio antes citado, localizado en la vivienda "cinco bolsas tipo ziploc de metanfetamina por lo que se aseguró dicho domicilio". Ahora, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente al orden jurídico. Asentado lo anterior, resulta evidente que para que proceda la concesión de la medida cautelar solicitada respecto de acto consistente en la orden de aseguramiento del inmueble; es necesario que éste acredite la afectación directa de sus derechos subjetivos, lo que no ocurre en el caso concreto, pues de la documental que la parte quejosa allegó tanto al escrito de demanda de amparo indirecto, no se advierte la afectación que alude, pues se omitió adjuntar a su demanda de amparo, prueba suficiente para demostrar, aun de manera indiciaria, que es parte formal en el procedimiento; o en su caso, la diversa con la cual acredite la posesión del inmueble. Por ende, al no haberse exhibido algún documento que demuestre aun indiciariamente el arrendamiento que aduce, que el quejoso sea parte formal dentro del procedimiento del que emana el acto reclamado, así como que se acreditara que se encuentran en posesión del inmueble que refieren en sus escrito de demanda, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, toda vez que no acredita de manera alguna su interés suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 98/201******************** (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 201********************, Tomo I, página 4********************0, Décima Época, materia común, con número de registro digital 2005049, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1********************2 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 201********************). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 1********************2 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." Lo anterior es así puesto que, no obstante que la parte quejosa exhibió como pruebas copia simple de un estado de cuenta de Teléfonos del Noroeste a nombre del quejoso; capturas de pantalla de conversaciones de quienes aduce son la arrendadora y el apoderado legal de la misma; copia simple de un estado de cuenta bancario a nombre del quejoso; copia simple de un documento expedido por la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés; copia de recibo de pago de servicio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, del número de cuenta ********************, a nombre de ********************; y, copia de recibo de pago de servicio de la Comisión Federal de Electricidad, del número de servicio ********************, a nombre de ********************. Las cuales si bien adquieren valor indiciario en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo y sólo permiten presumir la existencia de la contratación de servicios, así como de las imágenes que se contienen en las impresiones de las capturas de pantalla y que el aquí quejoso tiene un contrato bancario, pero no demuestran la posesión material del inmueble que aduce la parte quejosa; y resultan insuficiente para acreditar aún indiciariamente que el aquí quejoso tiene algún derecho posesorio respecto del bien inmueble materia de la Litis. De igual forma, si bien, la parte quejosa ofreció como prueba de su parte la inspección judicial respecto el bien inmueble que se ubica en: calle ********************, número ********************, departamento ********************, sección ********************, ********************, ********************; la cual se encuentra diligenciada en los términos precisados en el acta relativa. Sin embargo, la misma no es la prueba idónea para acreditar la posesión del inmueble que señala el quejoso, puesto que dicha diligencia solamente tiene objeto de comprobar mediante los sentidos del servidor público que la realice la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dice existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple inspección transitoria, sino que requiere una observación de carácter permanente, que no puede realizarse en una diligencia de tan limitada duración, como es la que se trata. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia VI.1o.J/75, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 55, julio de 1992, página 47; que a su letra dice: "POSESION. NO PUEDE PROBARSE POR LA INSPECCION JUDICIAL. La inspección judicial no es el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene más objeto que hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración." De ahí que en el caso la parte quejosa no acredita ni de forma indiciaria la posesión o propiedad del bien inmueble a que hace alusión en su escrito de demanda, por lo que, de determinar lo contrario, sería contravenir al interés social y a las disposiciones de orden público; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de ********************, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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