Juan Jesús Palma Zuñiga

Expediente 864/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
864/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Juan Jesús Palma Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Jesús Palma Zuñiga, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable como se dijo analizar integralmente la demanda de amparo y su escrito aclaratorio a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, ello en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 18, Tercera Parte, página 159, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Sobre tales bases, en la especie el acto reclamado consiste en la orden de suspensión del proceso de escrituración relacionado con el lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, que tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0004852. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto, es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, relativos a que ".acudieron a la colonia VALLE VERDE a mi domicilio unas personas que se ostentaron como autoridad de CORETT, ahora INSUS señalándome que efectivamente ellos eran la autoridad que podían generar y entregarme mis escrituras de mi terreno.de esta forma llene la petición formal y realice la solicitud mediante un formato con número de registro SLP0004852, mismo que como petición y solicitud formal firme, señalándome que me esperara que me informaran de mi tramite de escrituración.", así como de la copia simple que anexó a su escrito aclaratorio relativo al formato SLP0004852, se advierte: Que el acto que aquí se reclama, el cual consiste en la determinación de mantener suspendidos los trámites de escrituración del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0004852, entre el hoy quejoso y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, respecto del lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. La copia simple referida, adminiculada con el dicho de la parte quejosa realizado bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, y que por tanto, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del código procesal aludido. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la jurisprudencia 1a./J. 126/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 622, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial". Así pues, se está en el entendido de que dicho acto jurídico, aun teniendo características de un contrato de adhesión en formato y con estipulaciones preestablecidas, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal, al estatuir: "Artículo 1,794. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. [.]". Corrobora lo anterior que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/001-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, ya que su naturaleza jurídica es la de un contrato, pues se advierte el consentimiento de las partes, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para éstos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 30/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 38, que dispone: "CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA. Si se toma en consideración que conforme a la legislación civil los contratos de compraventa se perfeccionan cuando existe acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto de la enajenación y su precio, es indudable que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, sino que su naturaleza jurídica es la de un contrato de compraventa, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, aun cuando su clausulado contenga condiciones, salvo que la legislación civil local disponga lo contrario en razón de los efectos de la obligación condicionada. Lo anterior es así, porque en dichas cédulas está plasmado el consentimiento de las partes, esto es, el acuerdo de voluntades de los posesionarios y de los compradores respecto de la cosa cuya descripción se detalla, a saber, los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, así como su precio y la forma de su pago, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades". 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí y el aquí quejoso, atento a lo anterior: en el marco de un convenio. La celebración de un convenio de carácter civil genera por razón de su naturaleza privada obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la citada autoridad no ejerce facultades de imperio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, de la Sala referida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 103, que ordena: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común". Luego, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso, descentralizado) constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado, como en la especie sí es la invocada en la demanda de amparo, de acuerdo con las jurisprudencias últimamente transcritas y de observancia obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica del quejoso (la suspensión de los trámites de escrituración del lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, respecto del cual el promovente celebró el referido acto jurídico). Sobre esas premisas, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (la escrituración de un inmueble), pactado en el contrato de regularización SLP0004852, celebrado entre el hoy quejoso y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que sin duda alguna se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el quejoso, que el incumplimiento del contrato multicitado entre él y la autoridad responsable es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. No es inadvertido para el suscrito que el quejoso aduzca que la suspensión reclamada derive una orden emitida en la auditoria 11/2014, practicada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en virtud que la cédula de observación emitida en dicha auditoria y la cual se anexa en copia certificada al presente asunto, es un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que fue exhibida por el Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, en copia certificada en el diverso juicio de amparo 300/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. De la resolución referida se advierte que se establecieron diversas observaciones así como las recomendaciones siguientes: 1. Correctiva: Para que el Encargado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, en San Luis Potosí, realice las aclaraciones en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la firma de dicha observación. 2. Preventiva: Para que en lo subsecuente en la aceptación de Mandatos y Convenios, se apegara estrictamente al cumplimiento del objeto social de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, de conformidad con la normatividad interna y externa aplicable a los mismo. Ilustra lo anterior la siguiente reproducción digital: De lo expuesto es inconcuso que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en la cédula de observaciones de la auditoria 11/2014, únicamente emitió las indicadas observaciones y recomendaciones. De ahí que dicha cédula de observaciones emitida por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, tampoco puede ser considerada un acto de autoridad para efectos del amparo, pues no denota las características de supra a subordinación (explicadas en el presente proveído), pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del aquí quejoso, ya que sólo contiene observaciones y recomendaciones dirigidas al Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, pero no una orden de suspensión como tal. En tales condiciones, resulta claro que la suspensión del trámite que se reclama de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por más que haya sido emitido unilateralmente, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquella y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil), por lo cual el juicio constitucional no es procedente en contra de tal determinación, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), establece que hay casos de excepción en que desde el auto inicial puede analizarse si un acto es de autoridad para efectos del amparo, como sucede cuando ya esté expresamente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un acto no es de tal clase; situación que se actualiza, porque como quedó de relieve, la Primera Sala del citado Máximo Tribunal del país ya determinó en Jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, que las cédulas de contratación (génesis de la relación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable), celebrada con la (otrora) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (hoy INSUS), constituyen contratos de compraventa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo II, Octubre de 2014, página 1224, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese; y personalmente al promovente."

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Jesús Palma Zuñiga, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable como se dijo analizar integralmente la demanda de amparo y su escrito aclaratorio a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, ello en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 18, Tercera Parte, página 159, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Sobre tales bases, en la especie el acto reclamado consiste en la orden de suspensión del proceso de escrituración relacionado con el lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, que tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0004852. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto, es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, relativos a que ".acudieron a la colonia VALLE VERDE a mi domicilio unas personas que se ostentaron como autoridad de CORETT, ahora INSUS señalándome que efectivamente ellos eran la autoridad que podían generar y entregarme mis escrituras de mi terreno.de esta forma llene la petición formal y realice la solicitud mediante un formato con número de registro SLP0004852, mismo que como petición y solicitud formal firme, señalándome que me esperara que me informaran de mi tramite de escrituración.", así como de la copia simple que anexó a su escrito aclaratorio relativo al formato SLP0004852, se advierte: Que el acto que aquí se reclama, el cual consiste en la determinación de mantener suspendidos los trámites de escrituración del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0004852, entre el hoy quejoso y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, respecto del lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. La copia simple referida, adminiculada con el dicho de la parte quejosa realizado bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, y que por tanto, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del código procesal aludido. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la jurisprudencia 1a./J. 126/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 622, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial". Así pues, se está en el entendido de que dicho acto jurídico, aun teniendo características de un contrato de adhesión en formato y con estipulaciones preestablecidas, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal, al estatuir: "Artículo 1,794. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. [.]". Corrobora lo anterior que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/001-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, ya que su naturaleza jurídica es la de un contrato, pues se advierte el consentimiento de las partes, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para éstos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 30/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 38, que dispone: "CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA. Si se toma en consideración que conforme a la legislación civil los contratos de compraventa se perfeccionan cuando existe acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto de la enajenación y su precio, es indudable que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, sino que su naturaleza jurídica es la de un contrato de compraventa, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, aun cuando su clausulado contenga condiciones, salvo que la legislación civil local disponga lo contrario en razón de los efectos de la obligación condicionada. Lo anterior es así, porque en dichas cédulas está plasmado el consentimiento de las partes, esto es, el acuerdo de voluntades de los posesionarios y de los compradores respecto de la cosa cuya descripción se detalla, a saber, los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, así como su precio y la forma de su pago, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades". 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí y el aquí quejoso, atento a lo anterior: en el marco de un convenio. La celebración de un convenio de carácter civil genera por razón de su naturaleza privada obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la citada autoridad no ejerce facultades de imperio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, de la Sala referida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 103, que ordena: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común". Luego, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso, descentralizado) constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado, como en la especie sí es la invocada en la demanda de amparo, de acuerdo con las jurisprudencias últimamente transcritas y de observancia obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica del quejoso (la suspensión de los trámites de escrituración del lote 09, zona 01, manzana 05, del poblado "Valle Verde", en la Delegación Villa de Pozos, municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, respecto del cual el promovente celebró el referido acto jurídico). Sobre esas premisas, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (la escrituración de un inmueble), pactado en el contrato de regularización SLP0004852, celebrado entre el hoy quejoso y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que sin duda alguna se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el quejoso, que el incumplimiento del contrato multicitado entre él y la autoridad responsable es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. No es inadvertido para el suscrito que el quejoso aduzca que la suspensión reclamada derive una orden emitida en la auditoria 11/2014, practicada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en virtud que la cédula de observación emitida en dicha auditoria y la cual se anexa en copia certificada al presente asunto, es un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que fue exhibida por el Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, en copia certificada en el diverso juicio de amparo 300/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. De la resolución referida se advierte que se establecieron diversas observaciones así como las recomendaciones siguientes: 1. Correctiva: Para que el Encargado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, en San Luis Potosí, realice las aclaraciones en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la firma de dicha observación. 2. Preventiva: Para que en lo subsecuente en la aceptación de Mandatos y Convenios, se apegara estrictamente al cumplimiento del objeto social de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, de conformidad con la normatividad interna y externa aplicable a los mismo. Ilustra lo anterior la siguiente reproducción digital: De lo expuesto es inconcuso que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en la cédula de observaciones de la auditoria 11/2014, únicamente emitió las indicadas observaciones y recomendaciones. De ahí que dicha cédula de observaciones emitida por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, tampoco puede ser considerada un acto de autoridad para efectos del amparo, pues no denota las características de supra a subordinación (explicadas en el presente proveído), pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del aquí quejoso, ya que sólo contiene observaciones y recomendaciones dirigidas al Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, pero no una orden de suspensión como tal. En tales condiciones, resulta claro que la suspensión del trámite que se reclama de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por más que haya sido emitido unilateralmente, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquella y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil), por lo cual el juicio constitucional no es procedente en contra de tal determinación, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), establece que hay casos de excepción en que desde el auto inicial puede analizarse si un acto es de autoridad para efectos del amparo, como sucede cuando ya esté expresamente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un acto no es de tal clase; situación que se actualiza, porque como quedó de relieve, la Primera Sala del citado Máximo Tribunal del país ya determinó en Jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, que las cédulas de contratación (génesis de la relación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable), celebrada con la (otrora) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (hoy INSUS), constituyen contratos de compraventa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo II, Octubre de 2014, página 1224, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese; y personalmente al promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Jesús Palma Zuñiga, contra el acto de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ahora Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Delegación San Luis Potosí (INSUS); fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el progresivo 864/2018-IV. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, atienda lo siguiente: 1. Partiendo de la premisa de que una omisión de autoridad consiste en una abstención o un dejar de hacer lo que la ley ordena, y que -en cambio- un acto puede consistir en una determinación u orden en la que la autoridad resuelve acerca de lo pedido, ya sea en sentido favorable o desfavorable a los intereses de quien formuló la petición: Señale de manera concreta y precisa, absteniéndose de agregar calificativos, cuál es el acto u omisión que reclama, toda vez que en el capítulo respectivo señala que lo es ". LA OMISIÓN POR LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE TODO TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN.", lo cual implica en esencia una determinación de suspender el trámite de regularización y escrituración a su favor, respecto del lote ubicado en la Colonia Valle Verde, Ejido Rancho Viejo, Municipio de San Luis Potosí. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes manifiesta que recurre al presente juicio de amparo para el efecto de que se obligue a la responsable a dar respuesta a su petición formal y solicitud de la entrega de las escrituras del citado lote, señalando en su único motivo de disenso que se viola en su contra (entre otros) el artículo 8º constitucional (derecho de petición), lo cual implica una omisión de responder o de emitir una determinación. De modo que no queda claro si lo que atribuye a la autoridad responsable es un acto (la determinación de suspender el trámite de regularización y escrituración que menciona) o si es una omisión (abstención de dar respuesta a una petición de escrituración). En tanto que una y otra, no pueden coexistir simultáneamente tratándose de la misma petición derivada del formato con registro SLP0004852 que menciona en el capítulo de antecedentes de la demanda. De allí que deba precisar el acto u omisión que reclama. Lo cual se hace necesario a efecto de fijar la litis de manera correcta y la autoridad esté en posibilidad de rendir de manera adecuada su informe justificado. Ilustra lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 2. En caso de señalar como acto reclamado la omisión de dar respuesta a una petición, bajo protesta de decir verdad deberá exhibir el original o copia simple del escrito a través del cual la formuló, en el que obre el sello original de su recepción por parte de la autoridad responsable, o en su caso manifieste igualmente bajo protesta de decir verdad si la realizó de manera verbal. 3. En cualquiera de los casos (acto u omisión que reclame), manifieste bajo protesta de decir verdad si la respuesta que obtuvo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación San Luis Potosí, relativa a que "el trámite de la colonia Valle Verde se había detenido", se le informó por medio de oficio o de manera verbal, y de ser el primer supuesto exhiba copia simple de ésta. 4. Exhiba copia certificada o simple del formato con registro SLP0004852. Hágase de su conocimiento que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término conferido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiando en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.7º. A100 K, Tomo XXIII, abril de 2006, publicada en la página novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos datos son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el mismo orden de ideas, es aplicable la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a Juan Martín Cano Silva y José Alberto Moreno García, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 2344456 y 2753370, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizada en términos restringidos del citado numeral a Grecia Carolina Díaz Acosta, toda vez que los datos que proporciona no se encuentran registrados en el referido sistema, así como a Johana Beyruth Cano Carmona, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Jesús Palma Zuñiga, contra el acto de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ahora Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Delegación San Luis Potosí (INSUS); fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el progresivo 864/2018-IV. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, atienda lo siguiente: 1. Partiendo de la premisa de que una omisión de autoridad consiste en una abstención o un dejar de hacer lo que la ley ordena, y que -en cambio- un acto puede consistir en una determinación u orden en la que la autoridad resuelve acerca de lo pedido, ya sea en sentido favorable o desfavorable a los intereses de quien formuló la petición: Señale de manera concreta y precisa, absteniéndose de agregar calificativos, cuál es el acto u omisión que reclama, toda vez que en el capítulo respectivo señala que lo es ". LA OMISIÓN POR LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE TODO TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN.", lo cual implica en esencia una determinación de suspender el trámite de regularización y escrituración a su favor, respecto del lote ubicado en la Colonia Valle Verde, Ejido Rancho Viejo, Municipio de San Luis Potosí. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes manifiesta que recurre al presente juicio de amparo para el efecto de que se obligue a la responsable a dar respuesta a su petición formal y solicitud de la entrega de las escrituras del citado lote, señalando en su único motivo de disenso que se viola en su contra (entre otros) el artículo 8º constitucional (derecho de petición), lo cual implica una omisión de responder o de emitir una determinación. De modo que no queda claro si lo que atribuye a la autoridad responsable es un acto (la determinación de suspender el trámite de regularización y escrituración que menciona) o si es una omisión (abstención de dar respuesta a una petición de escrituración). En tanto que una y otra, no pueden coexistir simultáneamente tratándose de la misma petición derivada del formato con registro SLP0004852 que menciona en el capítulo de antecedentes de la demanda. De allí que deba precisar el acto u omisión que reclama. Lo cual se hace necesario a efecto de fijar la litis de manera correcta y la autoridad esté en posibilidad de rendir de manera adecuada su informe justificado. Ilustra lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 2. En caso de señalar como acto reclamado la omisión de dar respuesta a una petición, bajo protesta de decir verdad deberá exhibir el original o copia simple del escrito a través del cual la formuló, en el que obre el sello original de su recepción por parte de la autoridad responsable, o en su caso manifieste igualmente bajo protesta de decir verdad si la realizó de manera verbal. 3. En cualquiera de los casos (acto u omisión que reclame), manifieste bajo protesta de decir verdad si la respuesta que obtuvo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación San Luis Potosí, relativa a que "el trámite de la colonia Valle Verde se había detenido", se le informó por medio de oficio o de manera verbal, y de ser el primer supuesto exhiba copia simple de ésta. 4. Exhiba copia certificada o simple del formato con registro SLP0004852. Hágase de su conocimiento que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término conferido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiando en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.7º. A100 K, Tomo XXIII, abril de 2006, publicada en la página novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos datos son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el mismo orden de ideas, es aplicable la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a Juan Martín Cano Silva y José Alberto Moreno García, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 2344456 y 2753370, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizada en términos restringidos del citado numeral a Grecia Carolina Díaz Acosta, toda vez que los datos que proporciona no se encuentran registrados en el referido sistema, así como a Johana Beyruth Cano Carmona, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano