Juan Jesús Meza Roman

Expediente 106/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
106/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Juan Jesús Meza Roman

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, misma en la que se negó el amparo; sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, la secretaria hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    agréguese a los autos la misiva 4574 firmada por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual acusa recibo del oficio en el que se le hizo del conocimiento la resolución dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación planteados por el quejoso son infundados, por las consideraciones que se analizaran a continuación. El accionante del amparo expone en una parte de sus motivos de inconformidad, que la sala debió ordenar al juzgado de primera instancia que dictara un nuevo acuerdo o bien aquélla dictar un proveído en el que fundamentara por qué se considera que el mediador privado no tiene facultad para promover diligencias de jurisdicción voluntaria. El argumento anteriormente sintetizado es infundado, tal como se demostrará a continuación: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". El derecho público subjetivo que se consagra en la norma transcrita, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos preceptuados el que el documento escrito en el que se exprese el acto de molestia, se encuentre debidamente fundado y motivado. Al respecto tiene aplicación la tesis jurisprudencial VI.2º. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 769, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, de marzo de 1996, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.". La fundamentación radica en el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los ordenamientos y preceptos jurídicos que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la exigencia de motivación ha sido referida a la manifestación de las razones y motivos particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar al caso concreto. Una vez expuesto lo anterior, este juzgador determina que contrario a lo señalado por el quejoso, la sala responsable sí expuso por qué consideró que el mediador privado no tiene facultad para promover diligencias de jurisdicción voluntaria; ello, pues la autoridad responsable precisó que el recurrente carecía de representación por las siguientes razones: Al promover dichas diligencias lo hizo por su propio derecho y no como representante o apoderado de las partes que celebraron el convenio con el que sustenta su petición. El mandato que le fue conferido en dicho convenio fue exclusivamente -como él mismo lo señaló- para que girara oficio al Registro Público del Estado de Veracruz para tramitar la inscripción del convenio en el folio real correspondiente, sin embargo, ese mandato no tiene el alcance que pretende el recurrente, es decir, para tramitar las diligencias de jurisdicción voluntaria. Esto es, no se confirió mandato para que la inscripción se llevara a cabo mediante un procedimiento distinto al señalado en dicho convenio, es decir, el que debe realizar el apelante enviando oficio al Director del Registro Público respectivo, en términos del artículo 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De ahí, lo infundado del argumento que se analiza. Por otra parte, el quejoso señala en sus motivos de inconformidad, lo siguiente: a) La facultad del mediador para girar oficio al Registro Público de la Propiedad para que se haga la inscripción del convenio de mediación, está contenida tanto en la ley como en el propio convenio. En ese sentido, basta que las partes así lo hayan establecido. b) Dicha facultad prevalece y alcanza para que el mediador haga los trámites necesarios hasta que se materialice la citada anotación. En caso de que ésta no se realice, esa facultad prevalece en el tiempo y ante cualquier autoridad hasta alcanzar la materialización de ese acto. c) Por lo anterior, el mediador tiene la facultad -personalidad- para solicitar a la autoridad judicial mediante jurisdicción voluntaria que gire el oficio al Registro Público de la Propiedad para cumplir con su mandato, previsto en la ley y cuya ejecución es a cargo del mediador ante toda instancia. d) Que en el caso, no era necesario para acreditar su personalidad, que se acompañara por separado, un poder otorgado por las partes, ya que el poder con el que actúa está inserto en las cláusulas del convenio de mediación, en términos de los artículos 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal -ahora ciudad de México- y 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Alegaciones que resultan infundadas, como se verá a continuación. Los artículos 38 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal -ahora ciudad de México- y el artículo 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente, son del tenor literal siguiente: "Artículo 38. El convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del Director General, Director o Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la presente ley. En el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a salvo los derechos del afectado para que los haga valer en la vía y forma correspondientes. Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por Secretarios, Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal que sean celebrados con las formalidades que señala esta Ley, y sean debidamente registrados ante el Centro en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda. Si el convenio emanado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado certificado por el Tribunal no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es subsanable, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario o Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades, en caso contrario se negará el registro y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente. Por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas". "Artículo 55. Por acuerdo de los mediados los convenios debidamente registrados ante el Centro podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de conformidad con las leyes respectivas. Para el trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio se requerirá oficio de solicitud por parte del mediador privado, a petición expresa de los mediados interesados, que constará en el cuerpo del convenio de que se trate, dicho oficio deberá elaborarse invariablemente con copia para el Titular del Centro. En tratándose de convenios de mediación derivados de mediación pública o a cargo de secretarios actuarios, a petición expresa de los mediados interesados, que constará en el cuerpo del convenio correspondiente, el trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio requerirá oficio de solicitud expedido por el Director General del Centro. Para la cancelación de las anotaciones, una vez que los mediados se den por satisfechos de las obligaciones pactadas, lo harán del conocimiento del mediador privado, público o secretario actuario, respectivamente, para que los mediadores privados, mediante oficio, lo hagan del conocimiento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y en el caso de los mediadores públicos y secretarios actuarios lo harán del conocimiento del Registro antes señalado, a través de oficio suscrito por el Director General del Centro. Los derechos y costos de los trámites correspondientes, correrán por cuenta de los interesados". De los artículos transcritos se desprende que, por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas. En ese sentido, para el trámite de inscripción ante dicho registro se requerirá oficio de solicitud por parte del mediador privado, a petición expresa de los mediados interesados, que constará en el cuerpo del convenio de que se trate, dicho oficio deberá elaborarse invariablemente con copia para el Titular del Centro. Ahora bien, en el caso, la cláusula 39° del convenio de mediación número MP-MCM-304/1514/2018 que aquí se analiza, es del tenor literal siguiente: "TRIGÉSIMA NOVENA.- INSCRIPCIÓN Y NO CADUCIDAD.- Como consecuencia de la cláusula anterior LOS MEDIADOS en este acto, en términos de la fracción VII del artículo 3043 y párrafo segundo del artículo 3044 del Código Civil para el Distrito Federal, 38 último párrafo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, artículo 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México y en términos de la fracción VII del artículo 3043 y párrafo segundo del artículo 3044 del Código Civil para el Distrito Federal, así como en los artículos 2735, fracciones I y IX, 2943 y 2944 fracción II del Código Civil para el Estado de Veracruz y de la Ley Registral para el Estado de Veracruz, los artículos 38 y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de la República Mexicana, acuerdan expresamente que el presente CONVENIO DE MEDIACIÓN se inscriba en el Registro Público de la Propiedad de la entidad que corresponda a los inmuebles y solicitan expresamente al mediador privado se sirva girar atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE COTZACOALCOS VERACRUZ y a los registros públicos que sean necesarios para que se sirvan inscribir el presente convenio con el carácter de anotación preventiva o anotación marginal sobre la GARANTÍA HIPOTECARIA en los LIBROS o FOLIOS ELECRÓNICOS correspondientes a los INMUEBLES otorgados en GARANTÍA HIPOTECARIA a fin de que produzcan el cierre de registro en términos del artículo 3044 segundo párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, por acuerdo expreso de los mediados y que permanezca sin caducar a pesar de que exceda de 2 años a efecto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en este convenio hasta su total cumplimiento y únicamente procederá su cancelación por pago total de los adeudos o por acuerdo expreso de las PARTES. En caso de que el presente convenio por cualquier razón no quedara inscrito en los distintos Registros Públicos de la Propiedad aquí mencionados, LA DEUDORA se obliga a firmar escritura pública que contenga la ratificación o constitución de la hipoteca en los términos contenidos en este convenio ante el Notario Público que les indique EL BANCO dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir del requerimiento que al efecto les haga EL BANCO. En caso de incumplimiento a lo aquí estipulado las partes acuerdan que EL BANCO podrá dar por vencido anticipadamente el presente convenio haciéndose exigible la totalidad de las obligaciones de pago en él contenidas." Una vez expuesto lo anterior, este juzgador determina que es correcta la determinación de la sala responsable al considerar que el mediador privado no tiene facultad para promover diligencias de jurisdicción voluntaria; ello, pues al analizar las constancias que integran el testimonio de apelación, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo expreso de su ordinal 2°, se advierte en primer lugar, que al promover dichas diligencias lo hizo por su propio derecho y en su carácter de Mediador Privado 304 certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y no como representante o apoderado de las partes que celebraron el convenio con el que sustenta su petición. En segundo lugar, el mandato que le fue conferido en dicho convenio, en términos de la cláusula 39°, fue exclusivamente -como él mismo lo señaló- para que girara oficio al Registro Público del Estado de Veracruz para tramitar la inscripción de dicho convenio en el folio real correspondiente, no obstante, dicho mandato no tiene el alcance que pretende el recurrente, es decir, para tramitar las diligencias de jurisdicción voluntaria. Esto es, no se confirió mandato para que la inscripción se llevara a cabo mediante un procedimiento distinto al señalado en dicho convenio, es decir, el que debe realizar el apelante enviando oficio al Director del Registro Público respectivo, en términos del artículo 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Máxime, que no se advierte que el mediador encargado de girar oficio al Registro Público del Estado de Veracruz haya insistido en la inscripción exponiendo al Director de esa institución los argumentos que aquí expone y que aun así el registro de dicho convenio se le hubiere negado; aunado a que, se reitera, los mediados sólo lo instruyeron, en términos del artículo 55 del Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para girar oficio para la inscripción correspondiente, no para realizar a su nombre trámites diversos para lograr ese objetivo, como sería la tramitación de diligencias de jurisdicción voluntaria. IX. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Jesús Meza Román, en su carácter de Mediador Privado 304 certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    *CITATORIO* SE NOTIFICA POR LISTA A JUAN JESUS MEZA ROMAN... LA SENTENCIA FIRMADA EL 30/09/2020.

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