Juan Jesús Martínez
Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Jesús Martínez
Actuaciones
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 1041/2023 promovido por Juan Jesús Martínez, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que más adelante se precisará. ANTECEDENTES. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, el quejoso Juan Jesús Martínez, presentó su escrito ante la oficialía de partes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino, respecto a la visita de inspección de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, número *** En ese sentido, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la omisión de responder el escrito mencionado en el párrafo que antecede. El justiciable señala que la actuación impugnada vulnera sus derechos fundamentales reconocido por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el diez de octubre de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó el once de octubre de dos mil veintitrés, a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 1041/2023; se admitió a trámite el trece de octubre de dos mil veintitrés; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca: La omisión de dar respuesta al escrito de cuatro de julio de dos mil veintitrés, relativo al acta de inspección*** CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el encargado del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, debido al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de julio de dos mil veintitrés, subsistía, lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente administrativo No. *** que anexo al informe justificado. Documentales a la cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca, consistente en la falta de dar respuesta a su escrito de cuatro de julio del año dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino, respecto a la visita de inspección de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que dio origen al expediente***, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa falta de respuesta al escrito de cuatro de julio de dos mil veintitrés, porque el encargado del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, dio respuesta a la petición del quejoso, como se advierte del acuerdo de emplazamiento, de seis de noviembre de dos mil veintitrés. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Ahora, de las documentales aportadas al expediente, se advierte que el encargado del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente administrativo** ordenó su emplazamiento a éste y determinó lo siguiente: "Con la documentación presentada por la parte interesada NO se acredita técnicamente el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, vigentes al momento de la visita de inspección, toda vez, que el domicilio descrito en el libro de registro de entradas y salidas del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, así como en el domicilio del destino descrito en el Reembarque forestal con No. De Folio Progresivo 26271910, no corresponde al domicilio del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales inspeccionados, acorde al oficio de autorización para el funcionamiento de centro de almacenamiento y trasformación de materias primas forestales No. SEMARNAT-SGPA-AR-0077-2019, de once de enero de 2019, así como el domicilio citado en la Orden y Acta de Inspección objeto de la presente Opinión Técnica." (.) "Se instaura procedimiento administrativo a Juan Jesús Martínez, como posible infractor por los hechos y omisiones circunstanciadas el acta de inspección número**de veintinueve de junio de dos mil veintitrés." Además, la autoridad responsable, le hizo del conocimiento al quejoso que se le concedía un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación del proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos y omisiones contenidos en el acta de inspección. Entonces, con lo antes reseñado, queda evidenciado que la falta de dar contestación al escrito de cuatro de julio de dos mil veintitrés, cesó en sus efectos con el dictado del acuerdo de emplazamiento de seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el expediente administrativo *** con el cual se le comunicó la instauración del procedimiento administrativo en comento, como posible infractor de los hechos señalados en la citada acta de inspección. Por tanto, si el pasado seis de noviembre del año en curso, se dio contestación al escrito presentado por el quejoso el cuatro de julio de los cursantes, como se advierte del acuerdo de emplazamiento, es indudable que cesó en sus efectos la omisión reclamada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó al Encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Jesús Martínez, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio y anexo del Encargado de Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; con lo anterior dese vista a las partes. Con apoyo en el artículo 9° de la Ley de la materia, se tienen como delegados de la aludida autoridad responsable, a las personas que refiere y téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones el que proporciona. Finalmente, con relación al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se toma nota para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para hoy; sin embargo, a la fecha transcurre el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 1041/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por el impetrante de amparo********************, contra el acto reclamado al Encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Oaxaca. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que lo reclamado sea cierto, se sirva remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. Se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de la responsable, la cual deberá ser corroborada por el fedatario por cualquier medio levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación a la autoridad señalada como responsable. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda y de esta determinación. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa anunciando las pruebas que refiere en su escrito inicial de demanda. Domicilio para recibir notificaciones del quejoso. Téngase como domicilio del quejoso, el que indica en el escrito de demanda. Por otra parte, se tienen como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y del diverso 24 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, esto por no contar con cédula profesional debidamente inscrita en el mencionado sistema ni acreditar que son licenciados en derecho. Señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. En relación al correo electrónico y teléfonos que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.
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