Juan Jesús Lara Gil

Expediente 1739/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1739/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Jesús Lara Gil
  • Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México
  • Juan Jesús Lara Gil y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso Juan Jesús Lara Gil y el tercero interesado Sabino Mejía Sámano, no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de abril del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su depuración. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, México, el disco versátil en formato digital que contiene copia certificada del expediente laboral 506/2021 y amparo interno 158/2022, como complemento del mismo; por tanto, mediante oficio devuélvase dicho disco a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, sin que alguna de las partes hiciera manifestación al respecto. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Fecha en que se recibió nuevamente el oficio por la autoridad responsable informando el cumplimiento. Fecha de la notificación a la parte quejosa del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. Veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Tres de marzo de dos mil veintitrés. Siete de marzo del año en curso. Veintitrés de marzo del año en curso. Veintisiete de marzo del presente año. Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La multa impuesta en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada, dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral ******************** de su índice, suscrita por la responsable; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra debidamente fundado y motivado, en diverso o igual sentido, pero en este último supuesto deberán subsanarse los vicios advertidos y expuestos en este fallo. Cabe precisar que no es motivo de esta concesión, el sentido en el que resuelva el responsable, quien la hacerlo en el sentido que así estime, será con libertad de jurisdicción". El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Previas gestiones, el seis de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad responsable refirió dar cumplimiento de manera total con el fallo protector. Sin embargo, el dieciséis de marzo del año en curso, se determinó que la responsable no dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo, dado que al momento de dictar el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés con el que refirió dar cumplimiento, no lo hizo purgando los vicios formales de fundamentación y motivación que le fueron precisados en el cuerpo del Considerando Séptimo de la resolución que se dictó en el presente juicio de amparo; por tanto se requirió de nueva cuenta a la responsable para que diera cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Por tanto, el veinticuatro de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad responsable refirió dar cumplimiento de manera total con el fallo protector. Ahora bien, de los oficios y anexos, remitidos por la autoridad responsable, se advierte que cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir: 1. Dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la determinación a través de la cual se impuso la multa decretada en la audiencia de juicio de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************. 2. En su lugar, y con plenitud de jurisdicción dictó diverso proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que, en lo conducente, señaló: ".Ante tal situación, se le hicieron efectivos los apercibimientos a los demandados, es decir, se declararon por confesos, en términos del artículo 785 de la ley de la materia, al ser una consecuencia procesal por no justificar su incomparecencia a la audiencia de juicio; sin que, se haga efectivo el apercibimiento decretado consistente en multa, ya que, no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el numeral 48 de la LFT (sic), es decir, la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, puesto que su actuar, trajo como consecuencia procesal, la declaración de confesos de los demandados, en la referida audiencia de juicio.". Constancia que por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada en auto de seis de marzo del año en curso, haciendo manifestación la parte quejosa en el sentido de que, se inconforma con el cumplimiento, dado que los artículos 48 y 48 Bis de la Ley Federal del Trabajo que señala, son inaplicables a las características específicas para su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, y los motivos y razones que la autoridad responsable señaló en la resolución reclamada. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La multa impuesta en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la determinación reclamada, dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral ******************** de su índice, suscrita por la responsable; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra debidamente fundado y motivado, en diverso o igual sentido, pero en este último supuesto deberán subsanarse los vicios advertidos y expuestos en este fallo. Cabe precisar que no es motivo de esta concesión, el sentido en el que resuelva el responsable, quien la hacerlo en el sentido que así estime, será con libertad de jurisdicción". El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Previas gestiones, el seis de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad responsable refirió dar cumplimiento de manera total con el fallo protector. Asimismo, la parte quejosa, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, realizó diversas manifestaciones, en las que hizo alusión respecto a que la responsable al emitir el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, continúa sin fundar y motivar debidamente puesto que, volvió a tomar como fundamento el artículo 48 y 48 Bis de la Ley Federal del Trabajo, así como la narrativa del acontecimiento de los hechos, repitiendo el acto volviendo a argumentar y fundamentar el mismo escenario que fue impugnado, además que incrementó la multa de manera ilegal. Ahora bien, de los oficios y anexos, remitidos por la autoridad responsable, se advierte que no dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo, como bien lo precisa la parte quejosa, es decir, si bien: 1. Dejó insubsistente la determinación decretada el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, donde le impuso una multa a la parte quejosa. 2. En su lugar, dictó el diverso acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, donde -en lo que interesa- señaló: ".Aunado a ello, dicha situación reflejó la manifiesta intensión del apoderado de afirmar hechos falsos, en relación con la incomparecencia al desahogo de la prueba confesional a cargo de los demandados ********************, ya que al exhibir las recetas médicas, manifestó bajo protesta de decir verdad que los demandados se encontraban en su domicilio guardado el reposo absoluto, ordenado por prescripción médica, lo que en el caso concreto no aconteció, pues como ya se refirió, en la diligencia realizada por el Notificador Adscrito a este Tribunal, quien cuenta con fe pública en términos del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México (medio de convicción que adquiere pleno valor en términos de los artículos 785 y 795 de la LFT); los demandados no se encontraban en dicho domicilio; evidenciando el actuar del apoderado legal de los demandados cuya intención era la de engañar a este órgano jurisdiccional a fin de justificar la inasistencia de sus representados, al desahogo de la prueba confesional ofrecida en su persona. Elementos que, en conjunto, permiten concluir el pleno conocimiento del apoderado legal sobre la falta de justificación, para que sus representados comparecieran a la audiencia de juicio de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; y con ello, la manifiesta intención de falsear la información con el propósito de que este Tribunal, en términos del artículo 873-I, fracción II, de la LFT, señalara nuevo día y hora para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, y con ello retrasar, obstaculizar la sustanciación y resolución de un juicio laboral; lo cual se traduce, en un hecho notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación de un juicio laboral. Lo anterior, además revela una conducta contraria a los principios de veracidad, concentración, económica, sencillez procesal y celeridad, que rigen el presente procedimiento, en términos del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; ocasionando, no solo la realización de actuaciones notoriamente improcedentes, sino además el retraso injustificado en la celebración de las audiencias programas (sic) para el día de la fecha en que se desahogó la audiencia de juicio, la distracción de las actividades previamente programadas por el Notificador Adscrito a este Tribunal, el desgaste innecesario del aparato jurisdiccional y los recursos públicos destinados para tales fines; y, la diligencia innecesaria (cuatro de noviembre de dos mil veintidós, realizada por el Notificador adscrito a este Tribunal), para la demostración de hechos que, pese a que eran de su conocimiento, fueron falseados y posteriormente alegados para obtener un derecho que no le asiste a sus representados. En ese contexto, se advierte que la conducta del Licenciado ******************** constituye una actuación notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación del juicio laboral, en términos del (sic) artículos 48 bis, en relación con el artículo 48, quinto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que, al haberse actualizado en el presente asunto, el retraso, la obstaculización en la sustanciación y resolución en el juicio laboral, por una conducta notoriamente falsa e improcedente, se actualiza la sanción con una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, por lo que, atendiendo a la gravedad de la infracción, se procede a analizar el monto de la misma, en tal sentido, considerando que el mínimo señalado en el Ley Federal del Trabajo son 100 veces, y, el máximo es de 1000, se identifican tres niveles: el bajo, el intermedio y el máximo, y, por ende, la media entre los antes señalados es de 550 veces; de lo anterior, se deduce un monto mínimo, uno intermedio y uno máximo, considerando el primero y último se encuentran previstos en la ley, mientras que le intermedio resulta de la partición de estos, se le impone al Licenciado ******************** la multa media de 550 Unidades de Medida y Actualización ($96.22 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 22/100 M.N. vigente al ocurrir los hechos), equivalente a $52,921.00 (cincuenta y dos mil novecientos veintiún pesos 00/100 m.n.), pues los hechos afirmados por el citado profesional fueron desvirtuados con la diligencia realizada por el Notificador adscrito a este Tribunal, de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; no obstante, haber quedado apercibido en la audiencia de juicio antes referida, de manera personal, las consecuencias, en que incurriría, en caso de ser falsos los hechos con los que pretendió justificar la incomparecencia de los codemandados. Asimismo, hágase del conocimiento del apoderado ******************** que los artículos 154 y 156 del Código Penal del Estado de México castigan con penas de prisión y multas hasta setecientos cincuenta días, a los que declaren con falsedad ante autoridad judicial, por lo que se le apercibe de que, para el caso de reincidir en la conducta señalada, este tribunal en términos del artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, dará vista al ministerio público competente a fin de que, previa la sustanciación del procedimiento que corresponda, sea sancionado. En el entendido que el monto de la Multa impuesta, deberá ser exhibida ante este Tribunal Laboral, la cual será aplicable en beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de México". No obstante ello, de lo anterior, se advierte que la autoridad responsable no cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, al momento de dictar el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, con el que refiere dar cumplimiento, no lo hizo purgando los vicios formales de fundamentación y motivación que le fueron precisados en el cuerpo del Considerando Séptimo de la resolución que se dictó en el presente juicio de amparo. Esto es así, pues del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable de aquélla, aunado a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa se concluye que en el caso particular no se ha dado cumplimiento al fallo protector, puesto que, como se dijo, la responsable no emitió el auto subsanando los vicios advertidos y expuestos en el cuerpo de la ejecutoria dictada por este Juzgador el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, en el que se indicó -en lo que interesa- ".Esto es así, pues para la imposición de la multa a la que alude dicho precepto legal, era necesario que expusiera los motivos por los que consideró que con la presentación de los hechos falsos aludidos, tuvo la intención de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación del juicio laboral, pues el simple señalamiento de que se presentaron hechos falsos, no es suficiente como para que se dé dicha circunstancia; sobre todo porque incluso como consecuencia de la inasistencia de los co-demandados aludidos en el juicio de origen, se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en audiencia preliminar, esto es, se les tuvo por confesos de las posiciones y preguntas formulara el oferente de la prueba, en términos del artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo.". Por lo tanto, se concluye que en el caso particular no se ha dado cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de la constancia que así lo acredite; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Secretario Instructor "C" del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, remite copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente 506/2021, de su estadística, con lo cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibidas que, en caso de ser omisas, se resolverá lo correspondiente, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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